CE - 110010315000202204987011SENTENCIA20230213101258

Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

Accionante: Luis Eduardo Velásquez Tobar

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-04987-01

Accionante: LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ TOBAR

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA – SALA DE

DECISIÓN 3 Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE

DESCONGESTIÓN DE POPAYÁN

Tesis: No es procedente interponer acción de tutela contra una providencia judicial cuando no se cumple con el requisito de la inmediatez.

No es procedente interponer a cción de tutela cuando el requisito de relevancia constitucional no está cumplido porque el debate planteado por la parte accionante pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Luis Eduardo Velásquez Tobar en contra del fallo de tutela proferido el 21 de octubre de 2022 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado.

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Luis Eduardo Velásquez Tobar en contra del fallo de tutela proferido el 21 de octubre de 2022 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Eduardo Velásquez Tobar promovió acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión nro. 3, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la dignidad humana,Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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igualdad, libre desarrollo de la personalidad, honra y buen nombre, trabajo y debido proceso; para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. SE TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES del señor LUIS EDUARDO VELASQUEZ TOBAR, a la dignidad humana, igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, honra y buen nombre, al trabajo y al debido proceso y demás derechos fundamentales desconocidos por las autoridades judiciales accionadas, con ocasión de la expedición de las sentencias judiciales de 22 de mayo de 2012 y 25 de octubre de 2013, mediante las cuales se negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 0886 del 5 de julio de 2007, expedida por el Comandante del Ejército Nacional, por

mediante las cuales se negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 0886 del 5 de julio de 2007, expedida por el Comandante del Ejército Nacional, por medio de la cual fue retirado de la Institución por llamamiento a calificar servicios, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2007-00303-00 (…).

2. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de 22 de mayo de 2012 y 25 de octubre de 2013, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, respectivamente, mediante las cuales se negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. 0886 del 5 de julio de 2007, expedida por el Comandante del Ejército Nacional, por medio de la cual fue retirado de la Institución por llamamiento a calificar servicios, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2007-0030300 (…).

3. ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas para que en un término prudencial profieran sentencia de reemplazo dentro de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2007-00303-00, propuesto por LUIS FERNDADO VELASQUEZ ESCOBAR (sic) en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, de acuerdo a la Constitución y a la ley y el precedente jurisprudencial existente sobre el tema. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, de acuerdo a la Constitución y a la ley y el precedente jurisprudencial existente sobre el tema. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que ingresó al Ejército Nacional para realizar la carrera de suboficial, que una vez cumplió con los requisitos exigidos se graduó como cabo segundo y ocupó varios cargos en la institución hasta llegar al grado de sargento primero. Sostuvo que trabajó para esa entidad por 17 años y 9 meses.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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Anotó que, pese a su excelente hoja de vida y comportamiento laboral, el Comandante del Ejército Nacional expidió la Resolución nro. 0886 del 5 de junio de 2007 a través de la cual se le ordenó el retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares – Ejército Nacional por llamamiento a calificar servicios.

Afirmó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del mencionado acto administrativo por cuanto fue expedido única y exclusivamente por su condición sexual.

Sostuvo que, mediante sentencia del 22 de mayo de 2012 , el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán negó las

en contra del mencionado acto administrativo por cuanto fue expedido única y exclusivamente por su condición sexual.

Sostuvo que, mediante sentencia del 22 de mayo de 2012 , el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán negó las pretensiones de la demanda.

Indicó que el 25 de octubre de 2013 la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Cauca decidió el recurso de apelación por él presentado en contra de la anterior decisión, en el sentido de confirmarla.

Adujo que contra la decisión del tribunal presentó recurso extraordinario de revisión que fue declarado infundado mediante providencia del 17 de marzo de 2022, proferida por la Subsección B, Sección Segunda , del Consejo de Estado, “(…) fecha a partir de la cual se cuentan los seis meses para efectos de cumplir con una de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela relacionado con la inmediatez de la acción (…)”.

Estimó que las sentencias cuestionadas le vulneran su derecho fundamental a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y trabajo en razón a que, reiteró, el acto administrativo que lo retiró del servició obedeció a su condición sexual, “(…) situación que si bien es cierto, no está demostrada en el expediente mediante medios de prueba directos, si está probada a través de prueba indirecta y en especialRadicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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prueba indiciaria o circunstancial que no fue valorada en los fallos de primera y segunda instancia (…)”.

Precisó que este asunto tiene relevancia constitucional debido a que “(…) están en juego los derechos fundamentales de una persona de especial protección constitucional por su orientación sexual (…)”.

Anotó que en este asunto no procede otro medio judicial ya que se surtió el proceso ordinario en primera y segunda instancia y se agotó el recurso extraordinario de revisión.

Indicó que los fallos cuestionados incurren en defecto sustantivo por cuanto (i) no tuvieron en cuenta los artículos 229 y 299 del Código de Procedimiento Civil que regulan el testimonio ante notarios y alcaldes con fines judiciales y la ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso; (ii) omitieron la facultad oficiosa con la que cuenta el juez para decretar pruebas; (iii) no se valoró la prueba indiciaria; (iv) no tuvieron en cuenta los principios de igualdad y libertad probatoria previstos en el artículo 13 de la Constitución Política y 175 del CPC.

Asimismo, consideró que las providencias qué se atacan incurrieron en defecto fáctico por (i) omisión en el decreto de pruebas de oficio y (ii) omisión en la valoración de las pruebas aportadas al proceso.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Por auto del 21 de septiembre de 20222, la Subsección A, Sección Tercera

omisión en la valoración de las pruebas aportadas al proceso.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Por auto del 21 de septiembre de 20222, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado , admitió la tutela , dispuso notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 3, y al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán, así como vincular, por tener interés en el resultado del proceso,

2 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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al comandante del Ejército Nacional 3; no obstante, todos g uardaron silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 21 de octubre de 2022, dispuso lo siguiente4:

“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Luis Eduardo Velásquez Tobar contra el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más

Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. […]”. (Negrillas del original)

Para dilucidar el asunto, efectuó un análisis del requisito de procedibilidad general de inmediatez y advirtió lo siguiente:

“[…] De entrada, la Sala advierte que la tutela de la referencia no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que las pretensiones se dirigen en contra de los fallos dictados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el hoy accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, cuyo trámite culminó con la providencia del 25 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual, de conformidad con el Sistema de Información Siglo XXI, fue notificada por edicto desfijado el 4 de noviembre de esa misma anualidad, mientras que la demanda de tutela se presentó el 16 de septiembre de 2022, esto es, 8 años, 10 meses y 21 días después, lo que denota que se ejerció extemporáneamente.

(…)

Al respecto, se observa que en el libelo demandatorio, la parte actora manifestó que la tutela se había interpuesto oportunamente, teniendo en cuenta que en contra de la última decisión atacada mediante la presente

(…)

Al respecto, se observa que en el libelo demandatorio, la parte actora manifestó que la tutela se había interpuesto oportunamente, teniendo en cuenta que en contra de la última decisión atacada mediante la presente

3 Esta orden se cumplió el 23 de septiembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00. 4 Visto en el índice 1 0 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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acción se interpuso el recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en providencia del 17 de marzo de 2022.

A juicio de la Sala, aunado al hecho de que en la tutela no se estableció ninguna controversia en contra de la providencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, se precisa que esta no constituye un solo cuerpo con las dictadas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si se aceptara dicha tesis, tendría que admitirse también que el recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional de los procesos ordinarios, criterio que la Sala Plena de esta Corporación ya descartó (…).

derecho. Si se aceptara dicha tesis, tendría que admitirse también que el recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional de los procesos ordinarios, criterio que la Sala Plena de esta Corporación ya descartó (…).

Siendo así, es claro que en el sub lite, el plazo para ejercer la acción de tutela oportunamente no puede ser el mismo respecto de todas las providencias judiciales que afectaron al señor Velásquez Tobar, aunado al hecho que, se reitera, en la tutela no se expuso inconformidad alguna con la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión. […]”.

De otra parte, frente al defecto fáctico invocado, señaló que la tutela tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional ; para ello, precisó:

“[…] De igual forma, observa la Sala que, en el recurso extraordinario de revisión, el señor Velásquez Tobar, además de invocar la causal establecida en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, reiteró sus argumentos frente a la supuesta «falta de valoración integral del material probatorio y la omisión en el impulso del Tribunal en obtener pruebas sobre el retiro del servicio del actor, que de haber sido allegadas al proceso hubieren cambiado el sentido de la decisión».

Visto lo anterior, es palmario que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión planteada y decidida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y reiterada en el recurso extraordinario de revisión. Obsérvese que las inconformidades planteadas por la parte actora en la tutela respecto al

y decidida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y reiterada en el recurso extraordinario de revisión. Obsérvese que las inconformidades planteadas por la parte actora en la tutela respecto al defecto fáctico, s on idénticos a los propuestos ante el juez de segunda instancia en el proceso ordinario, que resolvió, razonablemente, que en el proceso no se había logrado demostrar que el llamado a calificar servicios había sido por causa de la orientación sexual del accionante.

(…)

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente. […]”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó indicando lo siguiente5:

“[…] si bien es cierto, la acción de tutela se interpuso superado el termino de seis meses contados a partir de la expedición de las decisiones expedidas por las entidades judiciales, también es verdad, tal como lo ha reconocido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, que en el caso objeto de esta acción constitucional existen situaciones que constituyen excepciones a la inmediatez, como es la permanencia de la

reconocido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, que en el caso objeto de esta acción constitucional existen situaciones que constituyen excepciones a la inmediatez, como es la permanencia de la vulneración de derechos fundamentales (…).

(…)

2.9 Descendiendo al caso que nos oc upa, el fallo impugnado declaró improcedente la tutela promovida por el señor LUIS EDUARDO VELASQUEZ por no superar el principio de procedibilidad de la inmediatez y concretamente por no haberse presentado dentro del término de seis meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca; sin embargo, se reitera que si bien es cierto la sentencia de segunda instancia data del 25 de octubre de 2013, también es verdad que el accionante no formul ó la acción de tutela, porque el señor Velásquez Tobar interpuso el recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 25 de octubre de 2013, para lo cual invocó la causal establecida en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA. Sin embargo, mediante providencia del 17 de marzo de 2022, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado declaró infundado el recurso y una vez notificado, dentro del término de seis meses se interpuso la acción de tut ela y de igual manera se debe tener en cuenta la continuidad de la violación de los derechos fundamentales (…).

(…)

De igual manera, [el] fallo recurrido concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora co n las providencias demandadas, diferencia que, en sentir de la Sala, no

fundamentales (…).

(…)

De igual manera, [el] fallo recurrido concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora co n las providencias demandadas, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga, por lo que se impone declarar improcedente la tutela, por cuanto no cumplió los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional, lo cual respeto pero no comparto, porque tal como lo manifesté en la acción de tutela, si bien es cierto, la carga de la prueba le correspondía a la parte demandante en virtud de lo previsto en el artículo 177 del C.P.C. tam bién es verdad que garantizando el principio de imparcialidad, el Juez Administrativo podía decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad en aplicación del artículo 169 del C.C.A., sobre todo en un caso de trascendencia constitucional, porque estaban de por medio los derechos

5 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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fundamentales con diversa orientación sexual como es el caso de mi poderdante, pues lo que se pretende con esta acción, además de proteger los derechos fundamentales del accionante, se ord ene a las entidades

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fundamentales con diversa orientación sexual como es el caso de mi poderdante, pues lo que se pretende con esta acción, además de proteger los derechos fundamentales del accionante, se ord ene a las entidades accionadas profieran un nuevo fallo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho No. 2007 -00303, porque los mismos adolecen de vía de hecho judicial por defecto fáctico absoluto al no apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión […]”. (Mayúsculas del original)

5.2. Por auto del 11 de noviembre de 2022 se concedió la impugnación 6 y la misma fue asignada por acta de reparto el 29 de noviembre de 20227.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 8, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 9, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 10, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 2019 11 proferido por la Sala Plena del Consejo de Es tado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

de marzo de 2019 11 proferido por la Sala Plena del Consejo de Es tado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00. 7 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 01. 8 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 9 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 10 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. Mediante la Resolución 0886 del 5 de junio de 2007 12 el comandante del Ejército Nacional dispuso el retiro del servicio activo del Ejército Nacional en forma temporal con pase a la reserva y por llamamiento a calificar servicios al sargento primero Luis Eduardo Velásquez Tobar.

6.2.2. Contra dicha decisión, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho13 con el fin de que se declarara la nulidad del precitado acto administrativo y se le reintegrara al mismo cargo que desempeñaba o a otro igual o de superior jerarquía; asimismo, (i) reclamó el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir desde el momento de su desvinculación hasta cuando fuere reintegrado y (ii) el pago de perjuicios morales.

6.2.3. En sentencia del 22 de mayo de 2012 14, el Juzgado Segundo

percibir desde el momento de su desvinculación hasta cuando fuere reintegrado y (ii) el pago de perjuicios morales.

6.2.3. En sentencia del 22 de mayo de 2012 14, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán negó las súplicas de la demanda.

6.2.4. El 25 de octubre de 201315 la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Cauca decidió el recurso de apelación presentado por el ahora accionante contra la decisión previamente referida, en el sentido de confirmarla.

12 Visto en el índice 2 de la Sede Electróni ca para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04987 00. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 15 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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6.2.5. En sentencia del 17 de marzo del 202216 la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Velásquez Tobar contra la sentencia del 25 de octubre de 2013 emitida por el Tribuna l Administrativo del Cauca.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo

la sentencia del 25 de octubre de 2013 emitida por el Tribuna l Administrativo del Cauca.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo del 21 de octubre de 2022, declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, por no cumplir con los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional.

La parte accionante impugnó la precitada decisión y para ello manifestó que no presentó antes la petición de amparo debido a que interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 25 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que fue decidido hasta el 17 de marzo de 2022.

Agregó que no comparte la decisión de primera instancia, por cuanto, si bien es cierto la carga de la prueba le corresponde a la parte demandante, en virtud del principio de imparcialidad el juez del proceso ordinario debió decretar de oficio las pruebas que considera ra necesarias para el esclarecimiento de la verdad y debió valorar en debida forma las pruebas obrantes en el proceso.

La Sala estima que debe confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones que a continuación se señalan:

16 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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6.3.1. Frente al requisito de inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulner ación, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en sentencia del 5 de agosto de 2014 unificó su jurisprudencia17 y, en cuanto al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses , contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente (…)”. (Negrillas y resaltado del texto).

Así entonces, en los eventos que se controvierten providencias judiciales, por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazo s previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en consideració n las circunstancias especiales de

extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en consideració n las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

En el asunto bajo examen, la providencia del 25 de octubre de 2013 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en el proceso ordinario que promovió el acci onante, por los hechos que hoy reclama vía tutela , fue notificada por edicto desfijado el 4 de noviembre de 2013 y la presente

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 -03-15-000-201202201-01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 04987 01

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acción radicada el 16 de septiembre de 2022, esto es, transcurridos más de nueve años desde su notificación.

Ahora bien, frente a lo afirmado por el recurrente , en el sentido que la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión que interpuso co ntra la sentencia del 25 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo del Cauca fue proferida hasta el 17 de marzo del 202218 por la Sección Segunda del Consejo de Esta do, cabe advertir por la Sala

interpuso co ntra la sentencia del 25 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo del Cauca fue proferida hasta el 17 de marzo del 202218 por la Sección Segunda del Consejo de Esta do, cabe advertir por la Sala que la sentencia acá cuestionada no es la que resolvió el recurso extraordinario de revisión y dicho recurso no se trata de una instancia adicional al proceso ordinario, ni de una tercera instancia, puesto que solo procede por las causales taxativamente previstas en la ley 19, por lo que no puede pretender el accionante que el término para promover la solicitud de amparo se cuente a partir de la notificación de la providencia que lo decidió.

Ello, salvo que la tutela se dirija contra todas las sentencias, incluyendo dentro de ellas la que declara infundado el recurso ; pues en este caso, como quiera que la revisión se pronuncia sobre la causal invocada para atacar el proceso ordinario, es posible que el conjunto de providencias sea cuestionado en sede de tutela, si el actor estima que el derecho funda