CE - 110010315000202205008011SENTENCIA20230424093129

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05008-01

Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Demandado: Sección Cuarta del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de l 13 de febrero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia del 10 de2

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Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia del 10 de2

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Actora: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

marzo de 2022 , en el proceso adelantado en ejercici o de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado co n el número único de radicación 25000-23-37-000-2015-01054-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, Bavaria S.A presentó demanda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos: i) Liquidación Oficial de Revisión No. 312412013000162 de 16 de diciembre de 2013 expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de los Grandes Contribuyentes y, ii) la Resolución Número 900023 de 19 de enero de 2015, expedida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Precisó que, como consecu encia, se restableciera en su derecho a la sociedad demandante, declarando la firmeza de la declar ación y liquidación privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios radicada bajo el Formulario No. 110160332106 y autoadhesivo

restableciera en su derecho a la sociedad demandante, declarando la firmeza de la declar ación y liquidación privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios radicada bajo el Formulario No. 110160332106 y autoadhesivo No. 91000165896069 presentada el 29 de enero de 2013, además, solicitó que no se obligara a la sociedad el pago de suma alguna por concepto de impuesto, ni de sanción pecuniaria fijados en los actos administrativos demandados.

4. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sent encia de primera instancia el 3 de mayo de 2019 , accediendo a las pretensiones de la demanda.

5. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de marzo

de 2022, resolvió:

“[…] 1.- CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2.- Sin condena en costas en esta instancia […]”.3

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5.1 Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] El artículo 565 del ET regula las formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. En el parágrafo primero, dispone que: «La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, (...) se practicará mediante entrega de una copia del acto corresp ondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante

por correo de las actuaciones de la administración, en materia tributaria, (...) se practicará mediante entrega de una copia del acto corresp ondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. (...). Cuando la notificación se efe ctúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto […]”.

[…]

“[…] Sobre el alcance del artículo 564 del ET, la Secci ón ha hecho dos precisiones: la primera, es que la facultad contenida en la norma, se pred ica, en general, del procedimiento administrativo tributario, y la segunda que constituye una disposición especial en el régimen de notificaciones en materia tributaria que «[..] (sic) permite a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes suministrar como dirección procesal otra diferente a la que figura en e l RUT, a efectos de mantener el control de los procesos de determinación de impuestos. En esa medida, esa dirección podría corresponder a la dirección de los apoderados o a una dirección del contribuyente, responsable o agente retenedor que no coincida con la que obligatoriamente se debe suministrar en el RUT. Por eso, el citado artículo exige que se notifique a esa dirección si se la ha suministrado expresamente […] “.

[…]

“[…] Asimismo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la demandada, la dirección contenida en la respuesta al requerimiento especi al no se trató de una dirección procesal en cuanto no difirió de la señalada en el RUT; se reitera -como se

“[…] Asimismo, se advierte que, contrario a lo afirmado por la demandada, la dirección contenida en la respuesta al requerimiento especi al no se trató de una dirección procesal en cuanto no difirió de la señalada en el RUT; se reitera -como se ha expresado en los precedentes - que lo disp uesto en el artículo 564 del ET, solo opera ante la manifestación expresa del interesado, de ser notificado en una dirección diferente a la que figura en el RUT; se enfatiza en que el deber de la Administración no se puede limitar a hacer una simple compro bación de la dire cción incluida en el memorial o escrito de respuesta al requerimiento especial, sin o que conlleva la obligación de confrontarla con la registrada en el RUT a fin de d eterminar si, efectivamente, se trataba de una dirección especial y difer ente de la del domicilio fiscal -que primó durante todo el proceso administrativo como bien lo advir tió el a quoque le permitiera catalogarla como procesal.

En efecto, le asiste razón al Tribunal cuando afirma que «la DIA N interpretó de manera errónea el concepto de dirección procesal previsto en el artículo 564 del ET, toda vez que en el proceso administrativo la sociedad siempre tuvo como d irección para notificaciones la registrada en el RUT, razón por la cual debió remitir el act o a esta dirección qu e, para la época de los hechos, ya se encontraba actualizada y vigente, en aplicación del artículo 563 del ET» […]”.

[…]

“[…] Así, en virtud del principio de eficacia consagrado en los artículos 209 de la CP y 3 del CPACA, que debe imperar en la función administrativa, la entidad recurrente

vigente, en aplicación del artículo 563 del ET» […]”.

[…]

“[…] Así, en virtud del principio de eficacia consagrado en los artículos 209 de la CP y 3 del CPACA, que debe imperar en la función administrativa, la entidad recurrente debió subsanar el error cuando la empresa de mensajería le advirtió de la devolución del correo por la causal “destinatario se trasladó”56 y envi ar nuevamente la liquidación de revisión a la dirección correcta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 567 del ET y en aras de garantizar que la demandante pudiera conocer d entro del4

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término legal el acto por el cual se le determinó el impuesto de renta por el año gravable 2010 […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, no le era dable acudir a la notificación subsidiaria prevista en el artículo 568 ib., la cual fue irregular y, por lo tanto, como la liquidación de revisión se podía expedir y notificar hasta el 24 de diciembre de 2013, al entenderse notificada por conducta concluye nte el 9 de enero de 2014, resulta extemporánea. Así pues, como se notificó por fuera del plazo legalmente e stablecido, en los términos del artículo 714 del Estatuto Tributario, la declaración privad a adquirió firmeza, por lo que, como lo concluyeron el a quo y el Ministerio Público, los actos acusados adolecen de nulidad, conforme al artículo 730 del ET, vigente para la época de los

que, como lo concluyeron el a quo y el Ministerio Público, los actos acusados adolecen de nulidad, conforme al artículo 730 del ET, vigente para la época de los hechos. No prospera el cargo de apelación […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se tutele en favor de mi representada el derecho fundamental al debido proceso en congruencia con los principios de la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia proferida por parte del accionado, al incurrir en el defec to material o sustantivo por inaplicación de la norma e interpretación errónea de la ley.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Consejo de EstadoSección Cuarta, que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de sentencia de la presente acción: (i) proceda a revocar la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso judicial No. 25000233700020150105401(24797), instaurado por BAVARIA SA, y (ii) ordene proferir un nuevo fallo en el que de aplicación directa al artículo 564 del Estatuto Tributario por en los términos señalados en la presente tutela, declarando que los actos administrativos acusados fueron bien notificados la dirección procesal informada por la sociedad con ocasión de la resp uesta al requerimiento especial y ordenando continuar con el proceso […].”

7. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de la ley.

Actuación

ordenando continuar con el proceso […].”

7. La actora en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación de la ley.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 22 de septiembre de 2022: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; y iv) vinculó a la Sección Cuart a del Tribunal Administrativo de5

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Cundinamarca y a Bavaria S.A. en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera n informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado adujo que:

“[…] En ese orden, lo que en el fondo pretende la accionante es som eter el litigio a una instancia adicional para obtener una interpretación ajustada a su criterio.

Así, con el ejercicio de la acción constitucional la DIAN evide ncia que no comparte el sentido de la decisión cuestionada y, por esta vía, persigue una nueva revisión del asunto, conforme con las argumentaciones que propone y que coinciden con l as expuestas a lo largo de la vía judicial, frente a lo cual debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una tercera instancia para pretender reabrir un debate

asunto, conforme con las argumentaciones que propone y que coinciden con l as expuestas a lo largo de la vía judicial, frente a lo cual debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una tercera instancia para pretender reabrir un debate culminado.

Cabe indicar que la decisión de esta Corporación no fue capri chosa ni arbitraria, puesto que se sustentó en un análisis integral del asunto concreto, bajo la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y el precedente de la Sección, de manera que no es del caso redundar en argumentos en esta respuesta para explicar la ra zón o motivación de la decisión adoptada y que es objeto de acción de tutela, pues la propia providencia cuestionada, simplemente, los soporta.

En tales condiciones, no se observa la vulneración alegada, toda vez que en la sentencia no se efectuó una interpretación contraria a los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, pues lo decidido obedeció a un estudio juicioso de las normas aplicables al caso, en ejercicio de la autonomía e independencia de los jueces.

Por lo expuesto, le solicito comedida mente, como pretensi ón principal, que se declare la improcedencia de la acción impetrada. De manera subsidiaria, en caso de que se efectúe el estudio de fondo, que se denieguen las súplicas de la demand a, toda vez que, reitero, no se vulneraron los derechos fundamentales señalados, ni los principios invocados por la accionante y, por el contrario, la actuación se ha ajustado en un todo a lo dispuesto por la ley […]”.

10. La Sección Cuarta de la Subsección B del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró lo siguiente:

en un todo a lo dispuesto por la ley […]”.

10. La Sección Cuarta de la Subsección B del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró lo siguiente:

“[…] Consecuentemente, como la notificación hecha por la DIAN una dirección inválida de la liquidación oficial no surtió efectos, se convalidó que la publicidad del acto solo se entiende acaecida por conducta concluyente el 27 de enero de 2014, fecha en la cual existe prueba de que la sociedad conoció de la expedición del acto administrativo, esto es, cuando se acercó a la División de Gestión de Liquidación de la DIAN a revisar el expediente y solicitó la expedición de copias de piezas procesales, como consta e n el folio 1477 del cuaderno de antecedentes administrativos. De esta forma, resulta claro que la Liquidación Oficial de Revisión 312412013000162 del 16 de diciembre de 2013 fue notificada de manera6

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extemporánea pues, como se advirtió líneas atrás, la DIAN contaba con plazo hasta el 21 de diciembre de 2013 para surtir ese trámite y solo se concretó hasta el 27 de enero de 2014 por conducta concluyente, dada la invalidez de la notificación por correo remitida el 17 de diciembre de 2013 a una dirección errada y no vigente.

Valga concluir que la decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en primera y segunda instancia, atiende al debido entendimiento de

correo remitida el 17 de diciembre de 2013 a una dirección errada y no vigente.

Valga concluir que la decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en primera y segunda instancia, atiende al debido entendimiento de las normas que regulan la materia y que lo pretendido por la DIAN es librar la responsabilidad que le acaecía de revisar la base de datos actualizada del RUT de manera previa a la realización de los trámites de notificación, para imponer su concepto de qué se entiende por “dirección procesal”, cuando la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha sido pacífica sobre el tema, con lo cual no puede pretender variarla a través de una acción de tutela para así beneficiarse de su propia incuria, cuando fue la Administración quien no garantizó la oponibilidad de su propio ac to dentro de la oportunidad que la ley tributaria le otorga, con lo cual perdió su competencia para emitir y producir efectos jurídicos con el acto de determinación, como fue la conclusión unánime y ajustada a derecho, en ambas instancias. […]”.

11. La sociedad Bavaria S.A., expresó que:

“[…] Lo que se advierte del fundamento de la acción es que la DIAN pretende a través de este medio constitucional que se abra nuevamente el debate jurídico y lograr controvertir los hechos y el análisis que el juez natural como es en este caso las Secciones Cuartas del C onsejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dieron al presente asunto, cr eando de esta forma una tercera instancia […]”.

[…]

“[…] De esta manera el principio del juez natural también tiene un rango de derecho

Cundinamarca dieron al presente asunto, cr eando de esta forma una tercera instancia […]”.

[…]

“[…] De esta manera el principio del juez natural también tiene un rango de derecho fundamental, que se traduce en garantizarle a los administrados que los asuntos de debate sean resueltos por el juez competente como lo es en este caso el juez contencioso administra tivo representado en el proceso cuestionado por las Secciones Cuartas del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Entrar a resolver de fondo la presente acción implicaría usurpar la com petencia del juez natural quien ya resolvió el asunto con fundamento en los hechos demostrados en el p roceso y la interpretación dada sobre la aplicación del artículo 564 del E.T. por la jurisdicción contenciosa administrativa […]”.

[…]

“[…] El argumento sobre el cual fundamenta el defecto sustantivo es en la supuesta interpretación contra legem que hace la Sección Cuarta del artículo 564 del E.T. porque (i) es contrario a los intereses de la DIAN; (ii) desconoce que el artículo 564 es una disposición de carácter especial la desarrollar el concepto de dirección procesal dentro del trámite de determinación del tribu to; (iii) la dirección procesal nunca podría ser sustituida por la dirección informada en el RUT […]”.

[…]

“[…] Por último, se debe destacar que en este caso no se usurpo o se desconoció la dirección procesal, pues la dirección que se describió la sociedad en la respuesta al7

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requerimiento especial fue la registrada en el RUT y no una diferente a esta, lo que significa que no se había establecido una dirección procesal sino la general y, por ende, no se puede alegar que se desconoció la dirección procesal cuando nunca se estableció.

En consecuencia, de todo lo expuesto se advierte que la decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado es razonable, por lo que resulta innecesario que el juez constitucional intervenga en el proceso ordinario como si se tratare de una tercera instancia, evento que desnaturalizaría el mecanismo de amparo, razón por la cual se solicita se declare improc edente la acción de tutela o en forma subsidiara se nieguen sus pretensiones […]”.

La sentencia impugnada

12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 13 de febrero de 2023 , por medio de la cual resolvió lo

siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la DIAN, por las razones expuestas […]”.

12.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el presente caso, la Sala logró evidenciar que la DIAN reiteró argumentos que ya había formulado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2015-01054-00/01. En la contestación de la demanda

que ya había formulado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2015-01054-00/01. En la contestación de la demanda y en el recurso de apelación19 contra la sentencia de primer grado, puso de presente que no estaba de acuerdo con la interpretación realizada respecto del artículo 564 del Estatuto Tributario.

En consecuencia, los reparos planteados en el escrito de tute la, a través de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, se presentan como una reiteración de los aspectos tratados y desarrollados por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho. […]”.

[…]

“[…] Debe aclarase que las diferencias inter pretativas que existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mec anismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional

Así las cosas, esta Sala concluyó que lo que se pretendió con la solicitud de amparo fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia adicional […]”.8

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La impugnación

13. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por las siguientes razones:1

“[…] Se equivoca el juez constitucional al negar el amparo solicitado toda vez que bajo ninguna lógica puede pensarse que no existe relevancia constitucional en un caso en donde se encuentra demostrado que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sección Cuarta por la expedición de la sentencia segunda instancia proferida el 10 de marzo de 2022 dentro del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación N.o 25000233700020150105401, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso en con gruencia con los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, por una evidente interpretación errónea del artículo 564 Estatuto Tributario. […]”.

[…]

“[…] Existe una evidente incongruencia argumentativa en el fallo de tutela pues si bien el despacho resalta expresamente en la providencia que el defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente invocado por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la interpretación del artículo 564 del Estatuto Tributario, no lo estudia y procede a negar el amparo solicitado porque no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela a quien no le es dable reabrir el debate judicial que se surtió ante un juez natural […]”.

[…]

con el requisito de relevancia constitucional, para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela a quien no le es dable reabrir el debate judicial que se surtió ante un juez natural […]”.

[…]

“[…] La indebida, irracional y desproporcionada interpretación normativa aplicada al caso en particular conlleva a una inestabilidad jurídica y económica tanto para la Administración Tributaria como para los administrados, pues la tesis de la providencia en contra de la cual se dirige esta tutela conlleva a que desconozca que el artículo 564 del Estatuto Fiscal constituye una disposición de carácter especial en el régimen de notificaciones en materia tributaria. Pues desarrolla el concepto de la “Dirección Procesal” dentro del trámite de la determinación del tributo o la sanción y de ninguna manera puede ser sustituida por la dirección informada en el RUT. Por tanto y al ser una disposición especial se torna ineludible su aplicación una vez sea utilizada por el contribuyente […]”.

1 Transcripción literal del escrito de impugnación.9

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro me dio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad , v ) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fu e asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

Álvarez Bello, en un asunto que fu e asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de i nconformidad; v) la identificación clara de los hechos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.11

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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impe trada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se al