CE - 110010315000202205014011SENTENCIA20230220150154

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: JOSÉ ANTONIO TORRES CERÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA PRIMERA

DE DECISIÓN

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – no se cumple en este caso, dad o que las inconformidades planteadas por el actor, resp ecto de la decisión del Tribunal de mantener la compulsa de copias a la autoridad disciplinaria , para que investigue la posible comisión de una falta, carecen de trascendencia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022 1, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de septiembre de 2022, el señor José Antonio Torres Cerón interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de septiembre de 2022, el señor José Antonio Torres Cerón interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a la libertad de expresión y al mínimo vital y móvil, así como los principios de confianza legítima y pro homine.

1 Advierte la Sala que, el 14 de diciembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para proferir sentencia.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2 1.2. Hechos

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

El procurador 99 judicial II penal de Mocoa, Putumayo, presentó acción de tutela contra el INPEC, con el fin de que se accediera al amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana y a la vida digna de las personas privadas de la libertad en los establecimientos de detención transitoria del municipio de Mocoa.

En sentencia del 19 de octubre de 2020, El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa accedió al amparo solicitado, en los siguientes términos:

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria del municipio de Mocoa, imputables al

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria del municipio de Mocoa, imputables al municipio de Mocoa, al departamento del Putumayo y al Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC-, de conformidad con las razones vertidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ORDENAR al municipio de Mocoa y al departamento del Putumayo para que, de manera conjunta y coordinada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del presente fallo, se garanticen a los privados de la libertad del municipio de Mocoa el acceso al agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, el servicio ininterrumpido de alimentación en condiciones óptimas de conservación, calidad y preparación y en un horario que se ajuste al del común de la sociedad, sociedad conforme los lineamientos dispuestos por la USPEC para este tipo de población; se facilite el acceso a los servi cios sanitarios, productos de aseo y se suministre los elementos de bioseguridad básicos para afrontar la pandemia COVID - 19, en los términos expedidos pen el Boletín de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

TERCERO.- ORDENAR al municipio de Mocoa, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta tutela, y a futuro, se garantice y brinde la atención médica y odontológica a todas las personas privadas de la libertad en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia), para lo cual la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional de

privadas de la libertad en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia), para lo cual la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación – Dirección Seccional de Fiscalías remitirá el listado correspondiente, semanalmente.

CUARTO. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenci ario y Carcelario INPEC que dentro de las setenta y dos (72) horas, de manera coordinada con la Policía Nacional habiliten el traslado de las personas CONDENADAS Y CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO INTRAMURAL al establecimiento carcelario dispuesto por autoridad judicial o en la que sea de recibo de dichas personas, que se encuentren en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia).Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3 QUINTO.- ORDENAR a la NaciónMinisterio de Justicia y del Derecho, y a la Defensoría del Pueblo regional Putumayo y a la Personería municipal de Mocoa, conforme a los Decretos Legislativos 546, 804 y 858 de 2020, verifiquen el cumplimento del presente fallo de tutela, la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de M ocoa, deben velar por el cumplimiento de lo ordenado y presentar, de manera coordinada, el informe respectivo al despacho judicial, al vencimiento de los plazos respectivos, siendo el funcionario encargado del control y la veeduría de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los Centros de

despacho judicial, al vencimiento de los plazos respectivos, siendo el funcionario encargado del control y la veeduría de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia).

SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.

SÉPTIMO.- De no ser impugnado el presente fallo se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional, para lo de su cargo.

Sostuvo que la anterior decisión fue impugnada y que el Tribunal Administrativo de Nariño, en fallo del 24 de noviembre de 2020, resolvió:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de

Mocoa, la cual quedará así:

“PRIMERO.-TUTELAR los derechos fundamentales a la integridad personal, a la salud y a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria del municipio de Mocoa, imputables al municipio de Mocoa, al departamento del Putumayo y al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-y a la USPEC, de conformidad con las razones vertidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de Mocoa y al Departamento del Putumayo para que, de manera conjunta y coo rdinada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del presente fallo, se garanticen a los privados de la libertad del municipio de Mocoa ubicado en los establecimientos de detención

para que, de manera conjunta y coo rdinada, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del presente fallo, se garanticen a los privados de la libertad del municipio de Mocoa ubicado en los establecimientos de detención preventiva y centros de detención transitoria, el acceso a l agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, el servicio ininterrumpido de alimentación en condiciones óptimas de conservación, calidad y preparación y en un horario que se ajuste al del común de la sociedad, conforme los lineamientos dispuestos por la USPEC para este tipo de población; se facilite el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo y se suministre los elementos de bioseguridad básicos para afrontar la pandemia COVID-19, en los términos expedidos por el Bole tín de la Sala Plena de la Corte Constitucional. También deberán suministrar agua potable en la URI.

TERCERO.- ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPECque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, adelante las actuaciones pertinentes para que suministre la alimentación adecuada y de buena calidad a los reclusos que permanecen en la Unidad de Reacción Inmediata –URIde Mocoa que cuenten con medida de aseguramiento privativa de la libertad y que permanezcan en las instalaciones de la URI por un tiempo superior a 36 horas; así como también a las personas que se encuentren detenidas de manera transitoria en dicho establecimiento por un término de 36 horas, y que todavía no cu enten con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

CUARTO.- ORDENAR al municipio de Mocoa, que dentro de las cuarenta y ocho

establecimiento por un término de 36 horas, y que todavía no cu enten con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

CUARTO.- ORDENAR al municipio de Mocoa, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta tutela, y a futuro, se garantice yRadicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4 brinde la atención médica y odontológ ica a todas las personas privadas de la libertad en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia), para lo cual la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación –Dirección Seccional de Fiscalías remitirá el listado correspondiente, semanalmente.

QUINTO.- ORDENAR al Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC que dentro de las setenta y dos (72) horas, de manera coordinada con la Policía Nacional habiliten el traslado de las personas CONDENADAS Y CON MEDIDA DE ASEGURAMEINTO INTRAMURAL al establecimiento carcelario dispuesto por autoridad judicial o en la que sea de recibo de dichas personas, que se encuentren en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia).

SEXTO.- ORDENAR a la Nación -Ministerio de Justicia y del Derecho, y a la Defensoría del Pueblo regional Putumayo y a la Personería municipal de Mocoa, conforme a los Decretos Legislativos 546, 804 y 858 de 2020, verifiquen el

Defensoría del Pueblo regional Putumayo y a la Personería municipal de Mocoa, conforme a los Decretos Legislativos 546, 804 y 858 de 2020, verifiquen el cumplimento del presente fallo de tutela, la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Mocoa, deben velar por el cumplimiento de lo ordenado y presentar, de manera coordinada, el informe respectivo al despacho judicial, al vencimiento de los plazos re spectivos, siendo el funcionario encargado del control y la veeduría de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reclusión Temporal del Municipio de Mocoa (URI, Barrio La Independencia y Casa de Justicia).

SÉPTIMO.- NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela.

OCTAVO.- De no ser impugnado el presente fallo se remitirá el (…).

TERCERO (sic): Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

QUINTO: Comuníquese de la decisión al Juzgado de origen, con remisión de copias de esta providencia en medio físico o mensaje de datos.

Por auto del 7 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa abrió el incidente de desacato. Posteriormente, una vez las entidades condenadas allegaran sus respectivos informes, entre esas el INPEC, a través de proveído del

Por auto del 7 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa abrió el incidente de desacato. Posteriormente, una vez las entidades condenadas allegaran sus respectivos informes, entre esas el INPEC, a través de proveído del 29 de noviembre de 2021, sancionó al gobernador del departamento del Putumayo, al alcalde municipal de Mocoa y al director general del INPEC, cada uno con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes , por desacatar las órdenes impartidas en los fallos de tutela del 19 de octubre y del 24 de noviembre de 2020.

Dichas sanciones fueron confirmadas por el Tribunal Administrativo Nariño en grado jurisdiccional de consulta, mediante auto del 13 de diciembre de 2021, en el que, a dicionalmente, se ordenó compulsar copias del escrito presentado por elRadicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

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5 apoderado del INPEC a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que se le investigara por las faltas en que pudiera haber incurrido por irrespeto a los jueces.

El INPEC interpuso acción de tutela contra la anterior decisión y la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en fallo del 21 de febrero de 2022, accedió al amparo solicitado, por considerar que se había incurrido en defecto fáctico al imponer una sanción por desacato al director general de dicha entidad . Como

al amparo solicitado, por considerar que se había incurrido en defecto fáctico al imponer una sanción por desacato al director general de dicha entidad . Como consecuencia, dejó sin efectos el auto cuestionado y orden ó que se dictara providencia de reemplazo, en la que se valoraran en debida forma los informes presentados por INPEC.

En cumplimiento de la orden de tutela, el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de au to de l 16 de marzo de 2022, revocó la sanción por desacato impuesta al director general del INPEC, y, de otra parte, compulsó copias nuevamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , para que investigara si el apoderado del INPEC había incurrido en una falta por irrespeto a los jueces.

1.3. Argumentos de la tutela

De acuerdo con la parte actora, la decisión de compulsar de copias para que se adelantara una eventual investigación disciplinaria resulta injusta y viola sus derechos fundamentales , puesto que la Sección Tercera, Subsección B , del Consejo de Estado dejó sin efectos el auto del 13 de diciembre de 2021 , debido a la errónea valoración probatoria de los informes rendidos por el INPEC en el marco del trámite incidental de desacato.

A su juicio, no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Nariño, en la decisión de reemplazo (auto del 16 de marzo de 2022), hubiera mantenido la orden de remitir copia del escrito que presentó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Agregó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, puesto que:

[C]on base en la regla pro legislatore, el servidor o el juez, siendo una autoridad

copia del escrito que presentó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Agregó que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, puesto que:

[C]on base en la regla pro legislatore, el servidor o el juez, siendo una autoridad pública, están sometidos a la normatividad, sin perder la autonomía e independencia en cuanto a la elaboración de sus fallos o decisiones administrativas. Como en el caso que nos atañe sucede frente a las razon es que sustentaron la decisión de tutela el Honorable Consejo de Estado y con base en dicho aspecto ordeno DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 13 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo, la cual se basó estrictamente en elementos de valoraci ón probatoria frente a los informes y actosRadicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

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6 administrativos expedidos por el INPEC en acatamiento al fallo de tutela que diera origen al trámite incidental ampliamente mencionado.

Por último, el actor afirma que de ser procedente adelantar cualquier investigación, la autoridad competente es la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de un empleado público.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2021, la magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las autoridades judiciales accionadas y, como terceros con interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, a la Fiscalía General de la Nación, al

proceso en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a las autoridades judiciales accionadas y, como terceros con interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Pe nitenciarios y Carcelarios (USPEC), a la Defensoría del Pueblo Regional de Putumayo, a la Procuraduría 99 Judicial II Penal de Mocoa, al Departamento de Putumayo y al Municipio de Mocoa, con el fin de que rindieran informe.

2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del director de política criminal y penitenciaria de la cartera ministerial, pidió desvincular a la entidad del proceso o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

Expuso que dicha cartera ministerial carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que genere violación de los derechos que pretenden ser tutelados por parte del accionante, por ende, no tiene competencia sobre los asuntos objeto de la acción.

2.3. El alcalde del Municipio de Mocoa solicitó tutelar los derechos fundamentales del accionante, así como declarar la inaplicación de la sanción que le fue impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño, al constituir una vía de hecho, y en su lugar,

del accionante, así como declarar la inaplicación de la sanción que le fue impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño, al constituir una vía de hecho, y en su lugar, que se declare el cumplimiento de la decisión judicial del 29 de noviembre de 2021.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

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7 A lo largo del informe afirmó que el ente territorial que representa se ha enfocado en satisfacer las órdenes impartidas en los ordinales segundo y cuarto del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 24 de noviembre de 2020.

2.4. El Tribunal Administrativo de Nariño sostuvo que cumpli ó a cab alidad lo ordenado por el Consejo de Estado en la providencia del 21 de febrero de 2022 . Por tanto, dictó providencia de reemplazo con base en los lineamientos allí planteados.

Alegó que, si bien se ordenó nuevamente compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que investigaran la posible comisión de una conducta punible por parte del señor José Antonio Torres Cerón, este es un procedimiento normal en este tipo de actuaciones. En este caso, los magistrados de la Sala Primera de Decisión del Tribunal consideraron que las expresiones lanzadas por el apoderado del INPEC contra el juez de primera instancia podrían ser constitutivas de falta disciplinaria y, por ende, mantuvieron la decisión de compulsar copias a la autoridad competente.

Primera de Decisión del Tribunal consideraron que las expresiones lanzadas por el apoderado del INPEC contra el juez de primera instancia podrían ser constitutivas de falta disciplinaria y, por ende, mantuvieron la decisión de compulsar copias a la autoridad competente.

Explicó que lo anterior no implica per se una sanción, pues para ello debe surtirse un trámite ante la autoridad disciplinaria, quien es la encargada de examinar si existe mérito para abrir una investigación en su contra, por consiguiente, no hay vulneración a los derech os de defensa y contradicción, « puesto ni si quiera se conoce sí se aperturará (sic) una eventual investigación, razón por la cual la acción de tutela no tiene sustento».

2.5. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la USPEC, la Defensoría del Pueblo, Regional Putumayo , la Procuraduría 99 Judicial II Penal de Mocoa y el Departamento de Putumayo guardaron silencio, a pesar de que fueron notificados del auto admisorio de la demanda.

3. Fallo impugnado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de noviembre de 2022, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no se acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Concretamente, expusoRadicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

8 que el accionan te se limitó a manifestar su inconformidad hacia la orden de

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

8 que el accionan te se limitó a manifestar su inconformidad hacia la orden de compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sin que ello trascienda a un debate de naturaleza constitucional.

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión y manifestó que, a su juicio, el requisito general de relevancia constitucional no debe estudiarse como una causal propia y autónoma, puesto que este es utilizado por la Corte Constitucional «para efectos de seleccionar o no para revisión un determinado fall o de tutela », mientras que el Consejo de Estado debe estudiar en armonía los elementos generales y particulares de procedibilidad enunciados en el Sentencia C -590 del 2005, y como juez constitucional, la eventual violación de un derecho fundamental y su correspondiente amparo, siendo esta la relevancia constitucional.

Insiste en que la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño de revivir lo que se dejó sin efectos por orden del Consejo de Estado configura la relevancia constitucional, toda vez que el numeral tercero corría con la misma suerte.

A su vez, hace un recuento de las distintas normas de rango internacional que protegen la libertad de expresión y señala que la restricción de este derecho debe ser la excepción y no la regla general.

Pidió, además, que se dé cumplimiento a la presunción de veracidad, debido a que el Tribunal Administrativo de Nariño no cumplió con el requerimiento del juez constitucional, al no rendir oportunamente el informe solicitado, razón por la cual se

Pidió, además, que se dé cumplimiento a la presunción de veracidad, debido a que el Tribunal Administrativo de Nariño no cumplió con el requerimiento del juez constitucional, al no rendir oportunamente el informe solicitado, razón por la cual se deberán tener por ciertos los hechos narrados en la demanda de tutela.

Por último, alega que no cuenta con otro mecanismo distinto a la acción de tutela para defenderse de la compulsa de copias, además de haber demostrado, al menos en forma sumaria, el perjuicio irremediable «en los documentos que se encuentran en el dossier».Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de l os procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

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10 Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de t utela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que la accionante hubiera utilizado todos los

10 Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de t utela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que la accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protecció n de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causal es anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defec to orgánico, (v) error

de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defec to orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05014-01

Demandante: José Antonio Torres Cerón Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

11 d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisi