CE - 110010315000202205027011SENTENCIA20230425115335

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 1001-03-15-000-2022-05027-01

Accionantes: ANA MARÍA TORRES RAMOS Y OTRO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE CONJUECES Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte accionante en contra de la sentencia 2 de febrero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos Ana María Torres Ramos y Carlos Emilio Díaz Anaya, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron al auto de 15 de marzo de 2022, proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del

administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron al auto de 15 de marzo de 2022, proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000-2019-00587-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Comentó que promovió ante el Consejo de Estado demanda que acumula las siguientes pretensiones:

• Pretensión de nulidad simple en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración de Judicial con el fin «[…] QUE SE DECLARE NULO EL MEMORANDO DEAJ15 -232 DEL 13 DE MARZO DE 2015 DE LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRIGIDO A

LOS DIRECTORES SECCIONALES DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

SOBRE: "EFECTOS SENTENCIA DECLARATORIA DE NULIDAD CONSEJO DE ESTADO 29 DE ABRIL DE 2014 APARTES DE DECRETOS

SALARIALES PRIMA ESPECIAL" […]».

• Pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla

• Pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla para «[…] QUE SE DECLARE NULOS: LAS RESOLUCIONES Nos. 555 DEL 23 DE FEBRERO DE 2016 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICIÓN” Y 709 DEL 9 DE MARZO DE 2016 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICIÓN”DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CARTAGENA - BOLÍVAR Y EL OFICIO No. DES-001401 DEL 26

DE MAYO DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA

PETICIÓN, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA SOLICITUD DE LOS DEMANDANTES SOBRE

LA RELIQUIDACIÓN DE SUS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

COMO FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA NACIÓN COLOMBIANA,

SEGÚN LA PRETENSIÓN ANTERIOR […]».

2.2. Expuso que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió en providencia de 15 de marzo de 2022, entre otros asuntos, lo siguiente:

[…] SEGUNDO: ESCINDIR la demanda de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

TERCERO. - ADMITIR en única instancia la demanda de nulidad presentada por Carlos Emilio Díaz Anaya y Ana María Torres Ramos contra el Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, proferido por la Dirección Ejecutiva de

TERCERO. - ADMITIR en única instancia la demanda de nulidad presentada por Carlos Emilio Díaz Anaya y Ana María Torres Ramos contra el Memorando DEAJ15-232 del 13 de marzo de 2015, proferido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre “EFECTOS SENTENCIA DECLARATORIA DE NULIDAD CONSEJO DE ESTADO 29 DE ABRIL DE 2014 APARTES DE

DECRETOS SALARIALES PRIMA ESPECIAL”.

CUARTO. - REMITIR la demanda de la referencia para que las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho sean conocidas por los juzgados administrativos de Cartagena, de conformidad con lo expuesto en esta providencia […].

2.3. Refirió que, con fecha 18 de abril de 2022, radicó recurso de reposición en contra del auto de 15 de marzo de 2022, teniendo en cuenta que el articulo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACApermite la acumulación de pretensione s conexas de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, relativa a contratos y de reparación directa . Igualmente, resaltó que: «[…] La mayoría de la Sala de Conjueces no examina en parte alguna del Auto impugnado el cumplimiento de los requisitos de l Art. 165 citado porque su argumento se limita a especular sobre la conveniencia de este mecanismo de acumulación de pretensiones, en un discurso que critica, más bien, al legislador, pero no trata razones de inconstitucionalidad que le den lugar a inaplicar el Art. 165. Esto nos conduce a sostener que la demanda como tal está ajustada a las previsiones legales […]».3

al legislador, pero no trata razones de inconstitucionalidad que le den lugar a inaplicar el Art. 165. Esto nos conduce a sostener que la demanda como tal está ajustada a las previsiones legales […]».3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

2.4. Señaló que la autoridad judicial accionada, mediante auto de 7 de junio de 2022, resolvió: «[…] CONFIRMAR el Auto del 15 de marzo de 2022, mediante el cual se ordenó escindir la demanda y se dispuso no acumular las pretensiones de nulidad simple con las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho […]».

2.5. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial debido a que desatendió lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del «[…] (Expediente No. 11001-03-25-000-2007-00087-00. No. Interno: 1684 -07), en la cual de cretó las nulidades suplicadas considerando que los decretos demandados parcialmente, quebrantaron el Ordenamiento Superior cuando el lugar de considerar la prima especial como un factor agregado a los demás que componen la remuneración de los citados func ionarios por el Art. 14 de la Ley 4a. de 1992, la incluyeron como parte del salario básico reduciéndolo. […]».

2.6. Aseveró que, con sustento en la mencionada decisión del Consejo de Estado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

2.6. Aseveró que, con sustento en la mencionada decisión del Consejo de Estado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura «[…] expidió como orden general el Memorando: DEAJ 15-232 del 13 de Marzo de 2015 sobre "EFECTOS SENTENCIA DECLARATORIA DE NULIDAD CONSEJO DE ESTADO 29 DE ABRIL DE 201 4 APARTES DE DECRETOS SALARIALES PRIMA ESPECIAL"(sic), en el cual dispuso que los Directores Seccionales debían negar todas las solicitudes de acuerdo con los argumentos, hechos y razones que en ese mismo documento se entregaban a los Directores para su ob edecimiento y cumplimiento […]».

2.7. Igualmente, y en lo que atañe a la aplicación del artículo 165 del CPACA, señaló lo siguiente : «[…] tenemos que la demanda cumple exactamente con todos los requerimientos establecidos en el Artículo 165 del CPACA, el cual se encuentra vigente ya que no ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional ni la misma Sala de conjueces lo ha inaplicado en este caso por considerar que se opone al Ordenamiento Fundamental colombiano o porque se han desobedecido todas o algunas de tales exigencias del citado Art. 165. […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] ordene a la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación revocar el Auto del 15 de Marzo de 2022 recaído en el presente asunto y en su lugar acepte la demanda en los términos en que fue interpuesta porque de esa manera se ampara y respeta el debido proceso, el Estado Social de Derecho en

Marzo de 2022 recaído en el presente asunto y en su lugar acepte la demanda en los términos en que fue interpuesta porque de esa manera se ampara y respeta el debido proceso, el Estado Social de Derecho en cuanto se cumple con el Artículo 6o. de la Constitución Política de Colombia, se acata lo dispuesto por el Artículo 165 del Código Contencioso Administrativo y se da el acceso a la Justicia en cuanto derecho fundamental que es según el artículo 229 […]. (Negrillas y subrayas del texto original)4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 22 de septiembre de 2022, admitió la acción de tutela de la referencia . En la misma providencia se dispuso vincular como tercero con interés en los resultados de este proceso a la

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por conducto del conjuez ponente de la providencia que motivó la interposición de este mecanismo constitucional, rindió informe en el que advirtió que la tutela debe ser declarada improcedente , habida cuenta que: «[…] La tutela es extemporánea: transcurrieron cerca de 6 meses entre la expedición del acto atacado (que es del

declarada improcedente , habida cuenta que: «[…] La tutela es extemporánea: transcurrieron cerca de 6 meses entre la expedición del acto atacado (que es del 15 de marzo) y la presentación de la tutela (en septiembre). Si bien no existe un término legal para presentar una acción de tutela, toda vez que la Corte Constitucional declaró inexequible el término de 4 meses que consagraba el Decreto 2591 de 1991, también es cierto que se exigió que la tutela debe ser “oportuna”, a criterio del fallador, en cada caso concreto, con el fin de que se presente dentro de un “plazo razonable” […]».

5.2. Explicó que la tutela no es un a instancia judicial que opera una vez se hayan agotado todos los recursos ordinarios que proceden contra una providencia en cada caso en particular, teniendo en cuenta que: «[…] contra el Auto del 15 de marzo de 2022, que ord enó escindir las pretensiones, el apoderado de los accionantes interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Sala de Conjueces. Agotado ese recurso, el apoderado interpone ahora acción de tutela […]».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 2 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.

7. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia indicó que los accionantes reiteraron en el escrito de tutela los argumentos que habían sido

de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.

7. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial de primera instancia indicó que los accionantes reiteraron en el escrito de tutela los argumentos que habían sido expuestos en el recurso de reposición contra el auto del 15 de marzo de 2022, a través del cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó escindir la demanda , por lo que se estaba utilizando esta acción constitucional como una tercera instancia.5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. Los tutelantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que en el presente asunto: «[...] Es evidente que el debido proceso, el acceso a la justicia y demás derechos fundamentales allí correlacionados están en juego por lo cual mediante esta impugnación pido a la Sección Cuarta pronunciarse al respecto, ante todo en protección de los derechos fundamentales ya invocados como quebrantados por estas decisiones de la Sala de Conjueces y por el auto recurrido de la Sección Tercera. [...]».

9. Tal como lo enfatizó en el recurso de reposición y en el escrito de tutela, señaló que los accionantes: «[...] se vieron en la necesidad, prevista en las normas procesales, de demandar la orden general de la Administración que obligaba a las Seccionales a negar las pretensiones por orden del citado memorando DEAJ15-232 del 13 de Marzo de 2015 y los actos administrativos particulares que fueron expedidos de esa manera negando sus solicitudes [...]».

Seccionales a negar las pretensiones por orden del citado memorando DEAJ15-232 del 13 de Marzo de 2015 y los actos administrativos particulares que fueron expedidos de esa manera negando sus solicitudes [...]».

10. Advirtió que: «[…] cuando se trate de demandas contra actos admirativos generales que tengan una relación sustancial con el acto particular y concertó que, además, constituye su fundamento de hecho o de derecho, procede la acumulación prevista en el Artículo 165 del CPACA, dando lugar a una norma de orden público que no puede ser discutida por las partes, menos aún por el juez que teniendo en cuenta el orden procesal, a él se somete porque se trata de actuaciones dentro del Estado de Derecho al cual debemos todo el respeto ciudadano [...]». (sic en toda la cita)

11. Con fundamento en las anteriores premisas, los actores solicitaron revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado

noviembre de 20173. VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la providencia de 15 de marzo de 2022, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000-2019-00587-00, vulneró los derechos fundamentales de l os actores, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

radicado número 11001-03-25-000-2019-00587-00, vulneró los derechos fundamentales de l os actores, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

22. Los ciudadanos Ana María Torres Ramos y Carlos Emilio Díaz Anaya, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyen al auto de 15 de marzo de 2022, proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de

amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyen al auto de 15 de marzo de 2022, proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000-2019-00587-00.

7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

23. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

25. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

25. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, lo siguiente:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarr ollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Ramírez. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05027-01

Accionante: Carlos Emilio Díaz Anaya y otro

una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige a dvertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a est e requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, l o cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. (…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprome