CE - 110010315000202205123011SENTENCIA20230331132347

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandantes: AURA LILI CRUZ SANDOVAL Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Tema: Acción de tutela contra sentencia que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Defensa, en calidad de tercero vinculado, contra la sentencia del 24 de novi embre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los demandantes.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare. ORDENAR a dicha autoridad judicial que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia ,

el Tribunal Administrativo de Casanare. ORDENAR a dicha autoridad judicial que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia , dicte una decisión de remplazo en la que tenga en cuenta los lineamientos a que ha hecho referencia la parte motiva de este fallo.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 23 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial, los señores Aura Lili Cruz Sandoval, Juan José Salamanca Tojuelo, Carolina Castro Mojica, Mayra Camila Salamanca Castro, Jhon Fredy Salamanca Cruz, Fabián Danilo Trujillo Cruz, Juan David Salamanca Rojas, Laura Yineth Salamanca Rojas1, Criselda Cruz Sandoval, Ediel Cruz Sandoval, Marisol Cruz Sandoval, Jonatan Yanet Cruz Sandoval, Abimelec Cruz Sandoval, Yovany Cruz Sandoval y Luz Neida Cruz pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la iguald ad, a la integridad personal y a la reparación a las víctimas.

1.2. Los demandantes estimaron vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que

1 El poder lo otorga en nombre propio y en representación de su hija Sharick Camila Salamanca Rojas.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 confirmó la caducidad del medio de control de reparación directa. En concreto, formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia y del Estado de Derecho (arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5.1, 8.1, 11, 17.1, 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho d los Tratados, los artículos 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra, los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado en febrero 8 de 20 05 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de AURA LILI CRUZ SANDOVAL; JUAN JOSÉ SALAMANCA T OJUELO; CAROLINA CASTRO MOJICA; MAYRA CAMILA SALAMANCA CASTRO; EDILBERTO CRUZ SÁNCHEZ; ROSA INÉS SANDOVAL DE CRUZ (Q.E.P.D) quien acude por medio de sus herederos universales o causahabientes; JHON FREDY SALAMANCA CRUZ; FABIAN DANILO TRUJILLO CRUZ; JUAN DAVID SALAMANCA ROJAS; LAURA YINETH SALAMANCA ROJAS; SHARICK CAMILA SALAMANCA ROJAS, menor de edad (representada legalmente por su madre Laura Yineth

Salamanca Rojas); EDIEL CRUZ SANDOVAL; MARISOL CRUZ SANDOVAL; JONATAN YANE

SALAMANCA ROJAS, menor de edad (representada legalmente por su madre Laura Yineth Salamanca Rojas); EDIEL CRUZ SANDOVAL; MARISOL CRUZ SANDOVAL; JONATAN YANE CRUZ SANDOVAL; ABIMELEC CRUZ SAND OVAL; CRISELDA CRUZ SANDOVAL; YOVANY CRUZ SANDOVAL; y LUZ NEIRA CRUZ SANDOVAL, los cuales les fueron vulnerados dentro del proceso de Reparación Directa radicado 850013333001-2016-0008401 iniciado por ellos contra la Nación, Ministerio de Defensa Naciona l y Ejército Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia del del (sic) 24 de marzo de 2022, notificada el 28 de marzo de 2022, que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia qu e fuera proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal, Casanare, a pesar de tratarse de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado de un presunto delito de lesa humanidad calificado por las autoridades penales a título de Homicidio en persona protegida cometido en el escenario del conflicto armado interno por agentes del Estado en servicio activo, en un probable episodio de los llamados “falsos positivos” que afectó los derechos de los actores. Decisión judicial adoptada contra legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en cuanto contradice la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la

legislativos del artículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T -352 de 2016 y las propias sentencia (sic)denominadas de unificación SU - 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú, T296 de 2018, Villamizar Durán y otros vs Colombia, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile y Familia Julien Grisones vs Argentina, Órdenes Guerra vs Chile vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser t ransgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia del 24 de marzo de 2022, notificada el 28 de marzo de 2022, la cual CONFIRMÓ la decisión de primera instancia DECRETANDO la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No.

DECRETANDO la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001-2016-00084-01, iniciado por AURA LILI CRUZ SANDOVAL; JUAN JOSÉ SALAMANCA TOJUELO; CAROLINA CASTRO MOJICA; MAYRA CAMILA SALAMANCA CASTRO; EDILBERTO CRUZ SÁNCHEZ; ROSA INÉS SANDOVAL DE CRUZ (Q.E.P.D) quien acude por medio de sus herederos universales o caus ahabientes; JHON FREDY SALAMANCA CRUZ; FABIAN DANILO TRUJILLO CRUZ; JUAN DAVID SALAMANCA ROJAS; LAURA YINETHRadicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 SALAMANCA ROJAS; SHARICK CAMILA SALAMANCA ROJAS, menor de edad (representada legalmente por su madre Laura Yineth Salamanca Rojas); EDIEL CRUZ SAND OVAL; MARISOL CRUZ SANDOVAL; JONATAN YANE CRUZ SANDOVAL; ABIMELEC CRUZ SANDOVAL; CRISELDA CRUZ SANDOVAL; YOVANY CRUZ SANDOVAL; y LUZ NEIRA CRUZ SANDOVAL, por el asesinato en persona protegida, Falso Positivo o Ejecución Extrajudicial, de WILLIAN

CRISELDA CRUZ SANDOVAL; YOVANY CRUZ SANDOVAL; y LUZ NEIRA CRUZ SANDOVAL, por el asesinato en persona protegida, Falso Positivo o Ejecución Extrajudicial, de WILLIAN SALAMANCA CRUZ (Q.E.P.D.), asesinado en lo que aseveraron sus autores fue un fingido combate del 26 de septiembre de 2006, en la que se “indicó que los miembros del Ejército Nacional el día 26 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 11:00 horas organizaron un p resunto operativo el cual dicen haber iniciado en cumplimiento de la Orden de Operaciones “ENIGMA” Orden Fragmentaria N° 104 “SOMBRA”, contra presuntos integrantes de las bandas emergentes al servicio de la extorsión”.

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los delitos de lesa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T -352 de 2016 y T -296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Ja ramillo y otros vs Colombia de noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 Y y (sic) Familia Julien Grisonas vs Argentina de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos

de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ó con base en los precedentes habilitantes en casos semejantes que en igual dad el Juez de Tutela decida aplicar, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida diligencia el proceso de Reparación Directa radicado 850013333001-2016-0008401, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad, para el presente caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.

CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del legislador

las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.

CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así: 1. Que por favor con efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión provisional de los efectos de la providencia proferida el 24 de marzo de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001-201600084-01, para que de esta manera, a casos similares no se les apliquen los fundamentos y efectos de dicha jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores de la presente acción y la de casos análogos.

QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 solicito respetuosamente al Juez de Tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proces o, ejerza su derecho e

el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proces o, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional.

SUBSIDIARIA

Si no prospera la petición principal TERCERA basada en el principio de imprescriptibilidad de la acción de reparación directa cuando se trata de casos de lesa humanidad, respetuosamente pido el favor se considere la siguiente solicitud. SUBSIDIRIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: QueRadicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 por favor, privada d efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se d eclare su anulación y por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por integración normativa y modulación del alcance de las Sentencias denominadas de Unificación de 29 de enero de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU 312 de 2020 adoptada por mayoría en la Corte Constitucional el 13 agosto de 2020, pero publicada apenas en marzo de 2021, se ord ene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida diligencia el proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001 -2016-00084-01, dando prioridad

marzo de 2021, se ord ene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida diligencia el proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001 -2016-00084-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que, en un escenario de buena fe y sana crítica, verificados los hechos probados de la presente acción, la demanda fue interpuesta en oportunidad, esto es, dentro de los dos años de conocida por los actores la imputación al Estado, que se produjo sólo a partir del 19 de diciembre de 2014, cuando a través de apoderado se constituye en parte civil dentro del proceso judicial adelantado en la justicia penal militar y de lo que allí constaba que había ocurrido con WILLIAN SALAMANCA CRUZ (Q.E.P.D.); e incluso por tratarse de un homicidio en persona protegida aún está habilitado el ejercicio de la acción, pues, como s e demuestra en el capítulo de los hechos y conforme al principio iura novit curia, aún continúa el proceso penal, sin responsable alguno».

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. En septiembre del 2006, se adelantó un operativo militar por parte de un grupo perteneciente al B atallón de Infantería Núm . 44 “Ramón Nonato Pérez”, en el que fue abatido el señor William Salamanca Cruz.

2.2. El 11 de marzo de 2016, los familiares del fallecido instauraron el medio de control

abatido el señor William Salamanca Cruz.

2.2. El 11 de marzo de 2016, los familiares del fallecido instauraron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, para que se indemnizaran los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor Salamanca Cruz.

2.3. El Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020, declaró probada de oficio la excepción de caducidad. Lo anterior, de conformidad con el numeral 2 del artículo 164 del CPACA y la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena del Consejo de Estado, debido a que los familiares se enteraron de la muerte del occiso el 27 de septiembre de 2006, por lo que tenían hasta el 27 de septiembre de 2008 para presentar la demanda, pero fue radicada hasta el 11 de marzo de 2016.

2.4. Inconforme con la decisión, los demandantes apelaron y el Tribunal Administrativo de Casanare, en providencia del 24 de marzo de 2022, la confirmó porque transcurrieron más de dos años desde que los familiares tuvieron conocimiento de la ocurrencia de l a muerte de la víctima, y la parte demandante no demostró ningún hecho que le impidiera ejercer el medio de control a tiempo.

2.5. Los demandantes solicitaron que se declarara la nulidad del proceso por violación al debido proceso , pero m ediante auto del 12 de septiembre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Casanare declaró improcedente la solicitud.

3. Argumentos de la demanda de tutela

al debido proceso , pero m ediante auto del 12 de septiembre de 2022 , el Tribunal Administrativo de Casanare declaró improcedente la solicitud.

3. Argumentos de la demanda de tutela

Luego de hacer un recuento de los hechos y sentencias que considera vinculantes , la parte demandante manifestó que la providencia cuestionada incu rrió en los siguientes defectos:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 3.1. “Desconocimiento de la voluntad del legislador ”, porque en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA, el literal f) establecía que la demanda se podía presentar en cualquier tiempo cuando se pretendía la reparación directa derivada de conductas que constituyen delitos de lesa humanidad. Explicó que si bien en el segundo debate de la Cámara de Representantes se suprimió el literal f), lo cierto e s que el legislador reconoció que la posibilidad de acudir a la justicia contencioso administrativa en cualquier tiempo ya había sido prevista en leyes aprob atorias de los respectivos tratados internacionales. Por ende, sostuvo que el legislador definió que el medio de control de reparación d irecta, derivado de conductas que constituyan delitos de lesa humanidad, no está sometido a caducidad.

3.2. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, del principio de convencionalidad y del ius cogens , pues, a pesar de tratarse de un caso de lesa

humanidad, no está sometido a caducidad.

3.2. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, del principio de convencionalidad y del ius cogens , pues, a pesar de tratarse de un caso de lesa humanidad, el tribunal demandado dimitió de su posición de Juez de Convencionalidad, en contravía de los artículos 1.1, 2, 5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la interpretación debida, expresada en los siguientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Barrios Altos vs Perú, García Lucero vs Chile, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile, ratificados por el caso familia Julien Grisones vs Argentina.

3.2.1. Explicó que, conforme con la jurisprudencia de la CIDH, las acciones de reparación civil o administrativa son imprescriptibles cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Que, esto fue reconocido por el Gobierno de Colombia, según Resolución 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968.

3.3. Desconocimiento del precedente horizontal y vertical existente al momento en que se radicó la demanda de reparación directa , en lo que tiene que ver con la oportunidad de la acción, por cuanto omitió que, en los casos de graves violaciones a derechos humanos cometid os por agentes estatales, el Consejo de Esta do y la Corte Constitucional inaplicaron el término de caducidad contemplado en el artículo 164 del

oportunidad de la acción, por cuanto omitió que, en los casos de graves violaciones a derechos humanos cometid os por agentes estatales, el Consejo de Esta do y la Corte Constitucional inaplicaron el término de caducidad contemplado en el artículo 164 del CPACA. En esa medida , los demandantes hicieron una relación de las providencias2

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Alfonso Vargas Pinzón, Sentencia de tutela del 20 de junio de 2011 con Rad. 11001-03-15-000-2011-0065500(AC). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , C.P: Gladys Agudelo Ordóñez, Auto del 11 de agosto de 2011 con Rad. 85001-23-31-000-2010-00177-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P: Stella Conto Díaz Del Castillo, Sentencia del 5 de abril de 2013 con Rad. 19001-23-31-0001999-00217-01(24984) y Auto de 30 de agosto de 2018 con Rad. 25000 -23-36-000-2017-0197601(61798). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Auto del 17 de septiembre de 2013 con Rad. 25000-23-26-000201200537-01 (45092), Sentencia del 7 de septiembre de 2015 con Rad. 85001-23-33-000-2013-0003501(51388), Sentencia del 7 de septiembre de 2015 con Rad. 85001-23-31con Rad. 85001-23-33-000-2013-0003501(51388), Sentencia del 7 de septiembre de 2015 con Rad. 85001-23-31000-2010-0017801(47671), Auto de 5 de septiembre de 2016 con Rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57265), Auto de 24 de octubre de 2016 con Rad. 05001-23-33-000-2016-01722-01 (58051), Sentencia de 10 de noviembre de 2016 con Rad. 19001-23 31 -000-2010-00115-01(56282), Auto de 2 de mayo de 2016 con Rad. 18001-23-33-000201400069-01 (53518). Consejo de Estado, Secci ón Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro , Sentencia de tutela del 12 de febrero de 2015 con Rad. 11001 -03-15-000-2014-00747-01. Consejo de Estado, Sección Quinta , C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia de tutela del 12 de marzo de 2015 con Rad. 11001-03-15-000-2014-0135201. Consejo de Estado, Sección Quinta , C.P. Alberto Yepes Barreiro (E) , Sentencia de tutela del 7 de septiembre de 2015 con Rad. 11001 -03-15-000-2015-01676-00(AC). Corte Constitucional, Sentencia T -352 de 2016, Referencia: Expedientes T4.254.307 y T-5.086.690. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección B, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Auto de 30 de marzo de 2017 con Rad. 25000-23-41000-2014-0144901 (AG), Auto del 12 de septiembre de 2019 con Rad. 44001-2331-000-2010-00238-01 (53833) y Sentencia de 30 de abril de 2021 con Rad. 11001-03-15-000-2020-0406801110. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 12 de octubre de 2017. C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 05001 -23-31-000-2010-01922-01(49416). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , Auto de 7 de diciembre de 2017. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, Rad. 05001 -23-33-000-2017-01395-01(59601). Corte Constitucional, Sentencia T-296 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado , Expediente T-6.630.845. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 30 de julio de 2020 con Rad. 11001-03-15000-2019-04842-01 y Sentencia de 20 de agosto de 2020 con Rad. 11001-0315-000-2019-01816-01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 sobre el término de caducidad , a través de las cuales se demuestra la postura vigente para el año 2016 en casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

3.4. Manifestó que no debió darse aplicación a la regla establecida en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado a hechos ocurridos con anterioridad a su expedición, la cual estableció que en los daños derivados de delitos de lesa humanidad el término de caducidad empieza a contar desde que las víctimas tuvieron conocimiento de la participación de agentes del Estado en la conducta generadora del hecho dañoso.

3.5. Sostuvo que el plazo de caducidad se debió contar desde la imputación material , pues en el juicio de imputación jurídica que se le hace al Estado, la fuente del daño es un hecho punible, que se origina cuando se tiene certeza de la antijuridicidad de ese daño, esto es, con la ejecutoria del proceso penal correspondiente. Que, como lo ha anotado la teoría del daño al descubierto, se opta por no decretar la caducidad de la acción cuando está probado en el expediente que la demanda sólo se interpuso cuando todavía el proceso penal no había terminado, pues de él pende la presunción de legalidad del hecho lesivo imputable al Estado.

4. Intervenciones

está probado en el expediente que la demanda sólo se interpuso cuando todavía el proceso penal no había terminado, pues de él pende la presunción de legalidad del hecho lesivo imputable al Estado.

4. Intervenciones

4.1. La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Casanare se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda , toda vez que no cumple con los requisitos de procedibilidad, por cuanto la sentencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho y acat ó los principios que rigen el debido proceso, se sustentó en razones fácticas y jurídicas y se fundamentó en las normas que rigen la materia.

4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con los requisi tos generales contra providencia judicial; o que se denegaran las pretensiones, al considerar que el fallo cuestionado se encuentra ajustado a la ley, a la jurisprudencia, a los parámetros de convencionalidad y no se demostró la existencia de los defectos invocados por los accionantes.

4.2.1. Por un lado, adujo que no se cumplen con los requisitos para habilitar el estudio de la acción de tutela, la cual no puede ser considerada como una tercera instancia . Que, debido a que el reproche versa sobre la interpretación de la norma, para que se configure la violación alegada es necesario que la hermenéutica sea completamente arbitraria y , por lo tanto, violatoria de la Constitución. Que las sentencias de unificación no solo son de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales por su efecto erga omnes, sino que además se constituyen en un marco de referencia para la labor judicial, a diferencia

por lo tanto, violatoria de la Constitución. Que las sentencias de unificación no solo son de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales por su efecto erga omnes, sino que además se constituyen en un marco de referencia para la labor judicial, a diferencia de aquellos pronunciamientos de casos p articulares en los que los efectos son inter partes y no atan al Juez.

4.2.2. Por otro lado, sostuvo que la solicitud constitucional omitió señalar con claridad los defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que hace reparos contra el precedente unificador del Consejo de Estado y reitera argumentos respecto de las sentencias de tutela de la Sección Quinta. También argumentó que no se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, los motivos por los cuales se alegó la indebida valoración probatoria y el engaño inducido, así como las normas inexistentes que provocaron los de