CE - 110010315000202205134011SENTENCIA20230321110932

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: GONZALO SIERRA MEJÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – falta de relevancia constitucional e instancia adicional / ACCIÓN DE GRUPO – nulidad de acto administrativo cuando afecta a más de 20 personas individualmente determinadas – Gravamen por ejecución de obras de interés público.

La Sala decide la impugna ción presentada por el demandante contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022, por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de septiembre de 2022 1, a través de ap oderada, el señor Gonzalo Sierra Mejía y otros ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se am parara su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con la pro videncia del 19 de septiembre de

Mejía y otros ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se am parara su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con la pro videncia del 19 de septiembre de 2022, dictada en el marco de la acción de grupo con radicado 05001-33-33-0062019-00197-01. Formularon las siguientes pretensiones:

Solicitamos que se reconozca que el Tribunal Administ rativo de Antioquia incurrió en una vía de hecho: por defecto sustancial o material por violación de los principios de legalidad, reserva de ley y certeza; y por desconocimiento de precedente de las altas cortes, en relación con las sentencias dadas dentro del proceso con radicado interno 21895.

1 Se advier te que, el 10 de febrero de 2023, el pro ceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Como consecuencia de lo anterior, solicit amos que se ordene al Tribunal proferir una nueva sentencia en la que se reconozca que la contribución que pretende cobrar la Gobernación de Antioquia es inconstitucional, d ebiéndose proceder con la anulación de la Resolución distribuidora de la contribuci ón correspondiente al proyecto “Puente Iglesias – Líbano, Camino de la Virgen (Támesis)”, y al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda.

1.2. Hechos

correspondiente al proyecto “Puente Iglesias – Líbano, Camino de la Virgen (Támesis)”, y al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

En ejerc icio de la acción de grupo , el se ñor Gonzalo Sierra Mejía y otros demandaron al departamento de Antioquia, para que se declara ra la nulidad de la Resolución 060237812 del 14 de agosto de 2018, expedid a por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Antioquia, mediante la cual se ordenó el cobro de la contribuci ón de valorización por «el mejoramiento y pav imentación del proyecto “Puente Iglesias – Líbano, Camino de la Virgen (Támesis)”».

Mediante providencia del 6 de julio de 2022 , el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Medellín negó las pr etensiones de la de manda, decisión que fue confirmada por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 19 de septiembre de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Para la parte a ctora, en la providencia del 19 de septiembre de 2022, se incurrió en defecto sustantivo , pues, contrario a lo dispuesto en el artículo 338 d e la Constitución Política , el T ribunal accionado consideró que la determinación del sistema y el método para calcu lar el costo, el benef icio y la forma de hacer el reparto de la contribución por valorización correspondiente al proyecto Puente Iglesias – Líbano (Támesis), podía ser una facultad delegada en el Gobernador,

sistema y el método para calcu lar el costo, el benef icio y la forma de hacer el reparto de la contribución por valorización correspondiente al proyecto Puente Iglesias – Líbano (Támesis), podía ser una facultad delegada en el Gobernador, cuando la norma constitucional establece e xpresamente que esto debe se r establecido en las leyes, ordenanzas o acuerdo s que, para el caso concreto , corresponden a las ordenanzas 57 y 62 de la Asamblea de Antioquia.

De igual forma, alegó el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del 5 de julio de 2018, radicado interno 21895 , dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , que, en un caso similar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, por considerar que son «los concejos, las asambleas o el Congreso , según el caso que corresp onda, los que debenRadicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

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determinar el sistema y el método » para calcular el costo, el beneficio y la forma de hacer el reparto de la contribución.

Precisa la Sala que la parte actora también manifestó que, en sede de tutela, le corresponde al Consejo de Estado «determinar si la contribución de valorización cobrada a través de los actos administrativos demandados cumple con el principio constitucional de reserva de ley », por lo que procedió a presentar argumentos contra el acto administrativo cuya nul idad so licitó en el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

constitucional de reserva de ley », por lo que procedió a presentar argumentos contra el acto administrativo cuya nul idad so licitó en el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de E stado admitió la s olicitud de amparo, pero solo respecto del señor Gonzalo Sierra Me jía, teniendo en cuent a que, a la acción de la referencia, solo se aportó el poder especial suscrito por este, por lo que se rechazó la tutela frente a los demás demandantes.

En la misma decisión se ordenó notifi car al Tribunal Administr ativo de Antioquia , como autoridad judicial demandada , y, en calidad de tercero s con interés , a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. - Seguros Confianza S.A. y a los demás demandantes e inte rvinientes en la acción de grupo con radi cado 05001-33-33006-2019-00197-00/01. Asimismo, se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, por conducto de uno de sus magistrados, reiteró los argumentos expuestos en la decisión atacada y solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela , para lo cual señaló que la decisión judicial impugnada no desconoció ni realizó una indebida interpretación de la normativa aplicable al caso. Que, por tanto, no se evidenciaba la configuración de un yerro que llevara a conceder el amparo solicitado por el accionante.

judicial impugnada no desconoció ni realizó una indebida interpretación de la normativa aplicable al caso. Que, por tanto, no se evidenciaba la configuración de un yerro que llevara a conceder el amparo solicitado por el accionante.

2.3. La Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, p or medio de su representante legal, solicitó que se negara la tutela, por no haberse configurado ningún defecto que vulnerara los derechos fundamentales del accionante.

2.4. El departam ento de Antioquia, por su parte, solicitó que se rechazara por improcedente la tu tela por no cumplir con el requisito de la relevanciaRadicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

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constitucional, dado que se propusieron los mismos argumentos que fueron objeto de debate en el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, los cuales, en todo caso, no lograron demostrar los demandantes.

2.5. Los demás vinculados a la tutela guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la tutela, por considerar que el tribunal accionado había realizado un minucioso estudio sobre las etapas que se debían cumplir para percibir una la contribución, como son «i) la prefactibilidad, ii) la decretación (sic), iii) el estudio de factibilidad, iv) la convocatoria a la

el tribunal accionado había realizado un minucioso estudio sobre las etapas que se debían cumplir para percibir una la contribución, como son «i) la prefactibilidad, ii) la decretación (sic), iii) el estudio de factibilidad, iv) la convocatoria a la comunidad para elegir junta de representantes, v) l a promoción del proyecto, vi) l a declaración de inmuebles, vi) el inicio de obras, vii) la distribución de la contribución, viii) la ejecución, ix) el recaudo, x) el balance final y xi) la liquidación del proyecto».

Todas estas etapas, según concluyó , se agotaron debi damente por parte del departamento de Ant ioquia, lo cual fue estudiado por el tribunal demandad o a la luz de l as normas y la jurisprudenci a aplicables al caso concreto , sin que se evidenciara arbitrariedad alguna o vulneración de los derechos de la parte actora.

4. Impugnación

El señor Gonzalo Sierra Mejía impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y manifestó que la providencia atacada había avalado la actuación de la administración, que profirió ilegalmente la Resolución 060237812 del 14 de agosto de 2018, vulnerando así el derecho al debido proceso y los principios de imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y eficacia.

Asimismo, formuló ataques contra el acto administrativo en mención, para justificar que el debate jurídico giraba en torno al contenido, alcance y aplicación de uno de los postu lados constitucionales so bre los cuales se fundamentab a el sistema tributario, por lo que, a su juicio, al avalar las irregularidades presentadas en la

que el debate jurídico giraba en torno al contenido, alcance y aplicación de uno de los postu lados constitucionales so bre los cuales se fundamentab a el sistema tributario, por lo que, a su juicio, al avalar las irregularidades presentadas en la acción de grupo, el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, por inde bida aplicación de lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impu gnación, corresponde a la Sala determi nar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 5 de diciembre de 2022, proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado . Para el efecto, l o primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los requisitos gene rales de la tutela contra providencia judicial , en especial e l de relevancia constitucional, cuyo incumplimiento fue alegado por el departamento de Antioquia.

Si se cumplen, se establecerá si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia del 19 de septiembre de 2022, incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque se está ejerciendo para c onvertir este val ioso mecani smo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.

De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque se está ejerciendo para c onvertir este val ioso mecani smo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.

Concretamente, la parte actora considera que, en contravía de lo dispuesto en el artículo 338 d e la Co nstitución Política , el T ribunal accionado concluyó que la determinación del sistema y el método para calcular el costo, el beneficio y la forma de hacer el reparto de la contribución por valorización correspondiente a l proyecto Puente Iglesias – Líbano (Támesis), podía ser una facultad delegada en el Gobernad or, cua ndo, en su criterio, la norma constitucional establece expresamente que ello debe estar previsto en las leyes, ordenanzas o acuerdo s que, para el caso concreto , corresponden a las ordenanzas 57 y 62 de la Asamblea de Antioquia.

Sería del caso analizar si s e configuró o no el def ecto sustantivo alegado por la parte actora, sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constituc ional, pu es se pretende convertir la acción de tute la en una instancia adicional del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así, d e la simple comparación entre las razones esgrimida s en el recurso de apelación interpuesto c ontra la sentencia de l 6 de julio de 2022 , dictada por el

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Así, d e la simple comparación entre las razones esgrimida s en el recurso de apelación interpuesto c ontra la sentencia de l 6 de julio de 2022 , dictada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Medellín, y los propuestos en la solicitud de tutela, se evidencia que el de fecto sustantivo en que supuestamente incurrió la parte dema ndada fue invocado para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido dentro del medio de control ordinario.

En efecto, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia dictada en el proceso ordi nario, la parte actora alegó que la Asamblea Departamental no fijó el sistema ni el método de la contri bución de valor ización, tal como lo establece el artículo 338 de la Constitución Política. Así lo expuso:

[P]ara el caso concreto tenemos que la Gobernación de Antioqui a derramó la Contribución Especial de Valorización a través de la Resolución objeto de esta acción, amparado en la autorizac ión que le hace la Asamblea Departamental en el artículo sexto de la Ordenanza 62 del 02 de enero de 2017 […].

En ningún otro de los art ículos de la mencionada Ordenanza 62 del 2017 se hizo mención al “sistema” o “método” que debía seguir la Gobernación d e Antioquia en la determinación de la Contribución Especial que se decretó para la ejecución de las vías numeradas.

No puede entenderse la referencia realizada al Estatuto de la Contribución de Valorización del Departamento de Antioquia (antes Ordenanza 0 4 de 20 07,

la ejecución de las vías numeradas.

No puede entenderse la referencia realizada al Estatuto de la Contribución de Valorización del Departamento de Antioquia (antes Ordenanza 0 4 de 20 07, derogada por la Ordenanza 57 de 2016) como una determinación clara del “sistema” y “método” que deberá seguir la Gobernació n en la determinación de la contribución derramada, pues en el mencionado Estatuto están descritas de forma general todos los mét odos para asignar contribuciones. En este caso se dejó en plena libertad a la Gobernación para que esta escoja el “método” según su arbitrio, violando el principio de legalidad y de certeza del tributo, abiertamente en contra de lo dispuesto en el a rtículo 338 de la Carta Política […].

En ninguna parte se hace pronunciamiento sobre ninguno de los métod os previstos en el artículo 30 del Estatuto de la Contribución de Valorización (es decir, ni en la Ordenanza se deter mina cuál es el método que debe seguir la Gobernación, ni la Gobernación dice cuál método de los permitidos utilizó) configurándose una clara violación a los principios de legalidad, de certeza jurídica, y del debido proceso, específicamente del derecho de defensa:

En cuanto al sistema, nada se dice en la Ordenanza de cuál será aquel que se debe seguir para llevar a cabo en la determinación de la Contribución, esto pues (i) no se dispusieron cuáles serían los elementos generales para calcular la contribuci ón, (ii) no se regularon las form as de m edición económica, de valoración y ponderación de los diferentes factores que componen la contribución, (iii) no se fijaron reglas generales para delimitar las zonas de

la contribuci ón, (ii) no se regularon las form as de m edición económica, de valoración y ponderación de los diferentes factores que componen la contribución, (iii) no se fijaron reglas generales para delimitar las zonas de influencia (iv) ni se fijaron criterios general es para calcular el monto distribuible y los costos a incluir, lo cual indiscutiblemente es competencia de la Asamblea en los términos del artículo 338 de la Constitución.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

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La Asamblea no determinó cuál sería el “método” o “sistema” que debía seguir la Gob ernación en una clara violación d el prin cipio de legalidad y representación […].

Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que e xpuso la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario y los de la solicitud de amparo, conviene señalar que estos fuer on estudiados y resueltos por la Sala Cuarta d e Oralidad d el Tribunal Administrativo de Antioquia así:

Como se precisó en e l capítulo dedicado a la delimitación de los fundamentos jurídicos de la regulación y determ inación de la Contribución por va lorización, concretamente, en lo que respecta a los métodos para determinar el beneficio y la contribución por valorización, se ind icó que, la Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016, en el artículo 30 determinó los métodos para calcular la contribución, describiéndolos así:

determinar el beneficio y la contribución por valorización, se ind icó que, la Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016, en el artículo 30 determinó los métodos para calcular la contribución, describiéndolos así:

“ARTÍCULO 30: MÉTODOS PARA ASIGNAR CONTRIBUCIONES. De acuerdo con las características propias de cada obra y la manera de incidir sus efectos valorizadores sobre las propiedades beneficiadas, se podrán utilizar entre otros los siguientes métodos:

1. Método de los factores de beneficio: Según el cual los beneficios se mensuran mediante el empleo de un coeficiente sin unidades de medida, logrado con base en todos los factores que puedan influir en el mayor valor de los bienes inmuebles. Topografía del terreno, calidad del suelo, frente, área, forma, distancia, precio de la tierra, utilización de la misma, cambios de usos del suelo, densidad y vocación de ocupación, según normas de Planeación, condiciones de accesibilidad vehicular, servicios y otros aspectos que se consideren importantes.

2. Método de las zonas: Utilizado este método, la distribución se efectúa en zonas paralelas al eje de la obra de interés público, determinadas por líneas isobenéficas; las zonas absorben un porcentaje decreciente del gravamen a medida que se alejan del eje de la obra.

3. Método simple de áreas: cuando el beneficio que produce la obra de interés público sea uniforme en toda la zona, la distribución de las contribuciones se efectuará en proporción a la s áreas de los pre dios beneficiados.

4. Método de los frentes: Cuando los frentes de los bienes inmuebles a una vía determinen el grado de absorción de una obra de interés

contribuciones se efectuará en proporción a la s áreas de los pre dios beneficiados.

4. Método de los frentes: Cuando los frentes de los bienes inmuebles a una vía determinen el grado de absorción de una obra de interés público, se distribuirán las contribuciones en proporción a ellos, es decir, que a mayor frente, mayor gravamen, sin descartar las características físicas del bien inmueble.

5. Método de los avalúos: Empleando este método la distribución de las contribuciones se efectúa en forma proporcional a las difer encias de los avalúos de los pred ios, antes y despué s de la ejecución de la obra de interés público.

6. Método de los factores únicos de comparación: Consiste en la distribución de la contribución con base en factores únicos por categorías de uso y por zonas, sector o franja, que se determina a partir del análisis de bienes inmuebles semejantes y comparables, donde seRadicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

generó un beneficio por la ejecución de las obras, plan o conjunto de obras similares.

PARÁGRAFO: Cuando las circunstancias lo exijan, lo s anteriores métodos podrán combinarse para obtener mayor exactitud en la medida del beneficio.”

Mientras que, los artículos 1° y 6° de la Ordenanza 62 del 02 de enero de 201723 “Por medio de la cual se de creta el cobro y ejecución de unas obras por el sistema de la contribución de valorización”, estableció lo siguiente:

Mientras que, los artículos 1° y 6° de la Ordenanza 62 del 02 de enero de 201723 “Por medio de la cual se de creta el cobro y ejecución de unas obras por el sistema de la contribución de valorización”, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. Decretar por el sistema de la contribución de valorización el mejoramiento y pavimentación de los siguientes proyectos, los cuales serán ejecutados por la Secretaría de Infra estructura Física de la Gobernación de Antioquia: (…)

3. Puente Iglesias – Líbano, Camino de la Virgen (Támesis)…”

ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Señor Gobernador del Departamento de Antioquia, para que ante s, durante la ejecución de las obras determinadas en el Artículo Primero, o con posterioridad a ella, asigne las contribuciones de valorización a los propietarios de los predios ubicados en la zona de influencia causadas con la ejecución de las obras a las cuales se refiere la presente Ordenanza, como contraprestación al beneficio eco nómico recibido por los predios. El método para calcular tales beneficios económicos y la forma de hacer su reparto, serán los previstos en la Ordenanza 04 del 14 de marzo de 200724, Estatuto de la Contribución por Valoriza ción en el Departamento de Antioq uia o l as que la modifiquen, adicionen o sustituya”

Por otra parte, afirmó el recurrente que la Resolución No. 060237812 del 14 de agosto de 2018, no indicó el “sistema”, est o es, la forma como se determinaron los elemento s generales para calcular la cont ribución, ni se menciona cuáles fueron las formas de medición económica, valoración o

de agosto de 2018, no indicó el “sistema”, est o es, la forma como se determinaron los elemento s generales para calcular la cont ribución, ni se menciona cuáles fueron las formas de medición económica, valoración o ponderación de los diferentes factores que componen la contribución, ni se hace mención de las reglas que se siguieron para delimitar las zonas de influencia ni se hace m ención a los criterios que se usaron para calcular el monto distribuible o los costos a incluir, y tampoco indicó el método usado para la determinación de la contribución.

Con relación a este punto acotado por el recurrent e, conviene reseñar, que en la Resolución No. 060237812 del 14 de agosto de 2018, expedida por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia, lo que hace es aprobar la zona de influencia be neficiada por el Mejoramiento y Pavimentación del Proyecto Puente Iglesias – Líbano, Camino de la Virgen (Támesis) y distribuye y asigna la contribución de valorización, pero este acto administrativo se efectúa con base en la Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016 “Estatuto de la Contribución por Valori zación en el Departamento de Anti oquia” y la Ordenanza 62 del 02 de enero de 2017 “Por medio de la cual se decreta el cobro y ejecución de unas obras por el sistema de la contribución de valorización”.

Del estudio de factibilidad realizado por la sociedad CONVALOR S.A.S., se desprende qu e el mé todo aplicado y considerado como más beneficioso para los predios dentro de la zona de citación, fue el método de factores de beneficio, todo ello enmarcado en el Artículo 30 de la Ordenanza 57 del 27

desprende qu e el mé todo aplicado y considerado como más beneficioso para los predios dentro de la zona de citación, fue el método de factores de beneficio, todo ello enmarcado en el Artículo 30 de la Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016, y para el cual se atendier on todas las observaciones realizadas por los Representantes de los propietarios de la vía “Puente Iglesias-Líbano, Camino de la Virgen”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Los resultados presentados en ese Estudio correspondieron a la información predial s uministrada por la Dirección de V alorización de la Secretaría de Infraestructura a CONVALOR S.A.S. (sociedad que efectuó los estudios de factibilidad del proyecto, con el fin de determinar la viabilidad de los mismos, en relación a la distribución de contr ibuciones de valorización) y a lo s requerimientos de esta dependencia con el fin de que los resultados de la distribución fueran más acordes con el costo de la obra y por tal motivo se escoge como plazo para el pago de la valorización la cifra de 8 años y un Coeficiente de pago de valoriz ación d el 26%; y en dicho estudio se encuentra la metodología aplicada, la delimitación de la zona con su localización y delimitación de la zona de citación con su justif icación, los tramos de las vías a intervenir, los cua les se encuentran dentro de la zo na de influencia donde los demandantes tienen sus predios […].

Aunado a lo anterior, en el estudio de factibilidad, se indicó el método utilizado para la obtención de las contribuciones de valorización expresando

de influencia donde los demandantes tienen sus predios […].

Aunado a lo anterior, en el estudio de factibilidad, se indicó el método utilizado para la obtención de las contribuciones de valorización expresando dicho estudio que correspondió al “Método de factores de beneficios”, el cual a continuación se transcribe:

“9.2.1 METODO DE LOS FACTORES DE BENEFICIO

El Artículo 30 de la Orde nanza 57 de 2016 de la Asamblea Departamental establece, entre otros, como forma de as ignar las contribuciones el Métod o de ac tores de beneficio, el cual se adopta debido a que es el método donde se pueden aplicar factores que están en concordancia con las características de la zona:

De acuerdo con las características de la región se esco gen factores perfectamente mensur ables q ue son introducidos al Sistema de Información Geográfico que actualmente se diseña y que luego son transferidos a la base de datos d onde a través del programa Valor.exe, diseñado por Convalor S.A.S., se realizan los cálculos para la determinación del Monto Distribuible.

El modelo bajo el cual se calculan las contribuciones de valorización se basa en variables que son medidas en el Sist ema de Información Geográfico y luego como variables independientes permiten el cá lculo de los factores relacionados en la aplicación Valor.exe.

Estas variables son las siguientes: -La topografía -El Uso del suelo -La distancia del centroide del predio al eje del proyecto -Tipo de acceso al proyecto”.

De ahí que, no cabe la menor dud a que la Asamblea Departamental d e Antioquia mediante las Ordenanza citadas, sí definió los métodos y el sistema para asignar la contribución de valorización, y fue con base en

proyecto”.

De ahí que, no cabe la menor dud a que la Asamblea Departamental d e Antioquia mediante las Ordenanza citadas, sí definió los métodos y el sistema para asignar la contribución de valorización, y fue con base en dichas Ordenanzas que la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia, expide la Resolución No. 060237812 del 14 de agosto de 2018 demandada.

Ahora bien, para distribuir las contribuciones de valorización por los proyectos descritos en el artículo 1° de la Ordenanza 62 del 02 de enero de 2017, el Departamento de Antio quia, cumplió a cabalidad con tod o lo plasmado en la Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016, ya que la Asamblea Departamental de Antioquia, en el artículo 6° de la Ordenanza 62 del 02 de enero de 2017 remite expresamente para que se cumpla lo ordenado por ese misma corporación en el Est atuto de la Contribución de Valorización en el Departamento de Antioquia.

De la misma manera, la Ordenanza 57 de 2016, no exige que la resolución distribuidora contenga los detalles de la aplicación del método, el sistema, ni el estudio sobre ellos, basta la rem isión a los artículos 37 y 38 de estaRadicación: 11001-03-15-000-2022-05134-01

Demandante: Gonzalo Sierra Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ordenanza en los que se establece no sólo qué es la resolución distribuidora, sino también enlista los elementos que debe contener la misma, esto es el “contenido de la resolució n distribuidora”, dichos artículos indican:

ordenanza en los que se establece no sólo qué es la resolución distribuidora, sino también enlista los elementos que debe contener la misma, esto es el “contenido de la resolució n distribuidora”, dichos artículos indican:

“Artículo 37: Resolución Distribuido