CE - 110010315000202205168011SENTENCIA20230609115904

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 y acumulados

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA MORENO Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01, 11001-03-15-000-2022-05150-01, 11001-03-15-000-2022-05156-01, 11001-03-15-000-2022-05165-01, 11001-03-15-000-2022-05166-01, 11001-03-15-000-2022-05169-01, 11001-03-15-000-2022-05171-01 y 11001-03-15-000-2022-05173-01

(acumulados)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA MORENO, JOSÉ HORACIO

ORTEGÓN SEGURA, EN NOMBRE PROPIO Y EN

REPRESENTACIÓN DE SANTIAGO ALEJANDRO Y

SEBASTIÁN ANDREI ORTEGÓN CEBALLOS, KAREN

VANESA TAPIERO RUIZ, GLORIA NANCY ALBA DÍAZ, LUZ

MARINA ALBA DÍAZ, BIBIANA GÓMEZ ROMERO, MARÍA ANA

SEBASTIÁN ANDREI ORTEGÓN CEBALLOS, KAREN

VANESA TAPIERO RUIZ, GLORIA NANCY ALBA DÍAZ, LUZ

MARINA ALBA DÍAZ, BIBIANA GÓMEZ ROMERO, MARÍA ANA

ROSA MORENO Y ALEZ ALBERTO ISEDA SALAZAR

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO

PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por privación injusta de la lib ertad. Homicidio en persona protegida. Defectos sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la s impugnaciones presentadas por el Juzgado Primero Adm inistrativo del Circuito de Ibagué y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué , contra la sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que resolvió:

“PRIMERO: ORDENAR la acumulación de los procesos No. 11001 -03-15-000-202205150-00, 11001-03-15-000-2022-05156-00, 11001-03-15-000-2022-05165-00, 1100103-15-000-2022-05166-00, 11001 -03-15-000-2022-05169-00, 1100 1-03-15-000-202205171-00 y 11001 -03-15-000-2022-05173-00 al proceso No. 11001 -03-15-000-202205168-00, por los fundamentos dados.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la presunción de inocencia de Horacio Ortegón Segura, Santiago Alejandro Ortegón Cebollas, Sebastián Andrei Ortegón Cebollas, Karen Vanesa Tapiero Ruiz, Gloria Nancy Alba Díaz, Luz Marina Alba Díaz, Martha Yolei Rivera Moreno, Bibiana Gómez Romero, María Ana Rosa Moreno y Alez Alberto lseda Solazar, por las razones expuestas en la presente providencia.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA Y OTROS

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TERCERO: En consecuencia , DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de segunda instancia de 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, en el proceso de reparación dir ecta No . Rad. 73 001-33-33-001-2017-00049-01 y ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte la providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte motiva de esta Sentencia.

ORDENAR a aquella autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte la providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte motiva de esta Sentencia.

CUARTO: N OTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito

(artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 ), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigir la, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

En tanto los escritos de tutela de los procesos acumulados son idénticos, la Sala, por razones de economía procesal, efectuará un solo relato de los hechos, así:

Los accionantes manifestaron que el 2 de octubre de 2013, la Fiscalía 77 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos realizó a los señores Florentino Rivera Moreno, José Sandalio Alba Díaz, José Horac io Ortegón Segura, Otoniel Ruiz Yara y Alez Alberto Iseda Salazar, todos miembros de las fuerzas militares , audiencia de imputación de cargos dentro del proceso penal adelantado en su contra ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ib agué, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal, en la que los declaró legalmente imputados.

Sostuvieron que el proceso penal se inició como consecu encia d e una

protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal, en la que los declaró legalmente imputados.

Sostuvieron que el proceso penal se inició como consecu encia d e una investigación que reveló que el día 9 de abril de 2007, entre las veredas Gaverales y San Isidro del corregimiento de Tres Esquinas, municipio de Cunday, Tolima, fue asesinado con arma de fuego el señor Rosemberg Ramos Rodríguez, quien sufría de una enfermedad mental que lo incapacitaba para valerse por sí mismo, por un grupo de militares de una sección de la Compañía Escorpión del Batallón de Contraguerrillas No. 6 Pijaos, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con sede en Ibagué – Tolima, a la que pertenecían los imputados, actuación que la Fiscalía General de la Nación consideró como un “falso positivo”.

Refirieron que, para fundamentar la solicitud de la medida de aseguramiento, el Fiscal 77 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos afirmó que los imputados constituían un peligro para la sociedad, en razón a que “ desviaron la misión constitucional (…) y la defensa y protección a la protección civil” (…) “… y en vez de acatar su deber hicieron todo lo contrario y retuvieron una person a para darle muerte sin misericordia…” (…) “Allí lo hicieron cambiar de ropa para ponerlo de camuflado, le dispararon sin compasión, (…) le colocaron un arma de fuego y unos explosivos, fingieron un combate, o hicieron unos cuantos disparos para gastar mun ición, y lo hici eron ver ante sus superiores y ante la opinión pública

de camuflado, le dispararon sin compasión, (…) le colocaron un arma de fuego y unos explosivos, fingieron un combate, o hicieron unos cuantos disparos para gastar mun ición, y lo hici eron ver ante sus superiores y ante la opinión pública como un peligroso terrorista explosivista del frente 15 de las farc”.

Afirmaron que el 2 de octubre de 2013 , los imputados fueron apresados en el centro de reclusión militar del Batall ón de A SPC No. 6 Francisco Antonio Zea , y que el 4 de diciembre de 2013 su abogado defensor solicitó audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento, la cual fue coadyuvada por el mismoRadicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 fiscal que dos meses antes había solicitado la medida de asegur amiento, quien argumentó la probabilidad de que los actores no h ubieran sido los que dieron muerte al señor Rosemberg Ramos Rodríiguez, “sino que otros militares diferentes a los privados de la libertad fueran los presuntos autores y además que la defensa de los militares en la audiencia de medida de aseguramiento, posiblemente pudo estar manipulada por quienes realmente habrían dado muerte al señor Ramos”.

Adujeron que el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué desaten dió las solicitudes de la defensa y de la Fiscalía

estar manipulada por quienes realmente habrían dado muerte al señor Ramos”.

Adujeron que el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué desaten dió las solicitudes de la defensa y de la Fiscalía General de la Nación, en tanto resolvió no revocar la medida de aseguramiento, bajo el argumento de que no había cambiado nada desde su imposición pues no carecía de nuevos elementos materiales probatorios que so portaran la solicitud . Afirmó que esa decisión fue apelada por la defensa y que el juez denegó el recurso “declarando supuestamente su inexistencia y dejando sin la posibilidad a los actores que su recurso fuera estudiado por el superior jerárquico y en consecuencia los imputados debieron permanecer privados de la libertad hasta la finalización del juicio oral”.

Relataron que el 28 de enero de 2014 , el Fiscal 77 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos radicó escrito de acusación en contra de los imputados como coautores de delito de homicidio en personal protegida, y que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, en sentencia de 11 de septiembre de 2014, resolvió absolver de los cargos a los acusados, luego de considerar que la Fiscalía General de la Nación no aportó prueba de ADN, ni certificado de defunción, ni el acta de inspección a cadáver, tampoco la necropsia que demostrara que el señor Rosemberg Ramos Rodríguez fuera la misma persona que se reportó muerta en combate.

Agregaron que la se ntencia absolutoria fue apelada por el apoderado de las

demostrara que el señor Rosemberg Ramos Rodríguez fuera la misma persona que se reportó muerta en combate.

Agregaron que la se ntencia absolutoria fue apelada por el apoderado de las víctimas, bajo el argumento de que se violó el debido proceso porque la Fiscalía General de la Nación cometió errores, recurso que fue negado por el mismo despacho judicial por auto de 1º de octubre de 2014, al considerar que carecían de legitimación en la causa para interponerlo 1 .

Adujeron que luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué ordenara la libertad, el Comandante del Batallón ASPC No. 6 Francisco Antonio Zea expidió constancia de tiempo con medida de aseguramiento en el CRM de Unidad Técnica Nivel I del SLP a nombre de los imputados , con su correspondiente boleta de libertad , para un total de tiempo privado s de la libertad de 11 meses y 10 días.

Sostuvieron que, con base en lo anterior, en ejercicio de l medio de control de reparación directa solicit aron la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios que le fueron ocasionados con la privación de la libertad de la que fueron objeto. En primera instancia conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, qu e en sentencia de 23 de octubre de 2019 negó las pretensiones de la demanda , luego de cons iderar que i) no podía endilgarse ningún tipo de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, en razón a que las funciones jurisdiccionales de la entidad fueron suprimidas con la expedición de

pretensiones de la demanda , luego de cons iderar que i) no podía endilgarse ningún tipo de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, en razón a que las funciones jurisdiccionales de la entidad fueron suprimidas con la expedición de la Ley 906 de 2004, quedando exclusivamente a cargo de la Rama Judicial las

1 Contra esa decisión las víctimas presentaron recurso de queja que se declaró desierto mediante auto de 5 de febrero de 2015.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA Y OTROS

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4 decisiones que puedan afectar los derechos fundamentales de las personas por una privación injusta de la libertad y ii) la Rama Judicial no era responsable, como quiera que la detención preventiva se encontraba justificada, toda vez que la imposición de la medida se dio conforme a los indicios existentes para el momento en que se decretó.

Señalaron que en dicha sentencia se indicó que, lo que ocurrió en el caso, fue que en una etapa posterior del proceso penal la Fiscalía General de la Nación no realizó las gestiones necesarias para acreditar que el cuerpo encontrado en el lugar de los hechos correspondiera al del desaparecido Rosemberg Ramos Rodríguez, víctima respecto de la cual se realizó la imputación, “lo que conllevó a la absolución de los imputad os, pero sin que ello significara la inocencia de los acusados respecto de los delitos que les fueron enrostrados, al existir serios

Rodríguez, víctima respecto de la cual se realizó la imputación, “lo que conllevó a la absolución de los imputad os, pero sin que ello significara la inocencia de los acusados respecto de los delitos que les fueron enrostrados, al existir serios elementos de juicio que comprometían su responsabilidad en la comisión de delitos, tal como lo dejo evidenciado el juez de conocimiento”.

Refirieron que contra la precitada sentencia presentaron recurso de apelación, en el que manifestaron que la imposición de la medida de aseguramiento impuesta no fue expedida con las formalidades legales y convencionales, en tanto el juez n o presentó pruebas de que los acusados pudieran constituirse en un peligro para la comunidad o realizar acciones para obstaculizar el proceso . Así mismo , que la Fiscalía General de la Nación “después de haber dicho en la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que los actores no eran responsables del delito por el que estaban privados de la libertad, el Fiscal 77 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos radicó escrito de acusación contra de estos”, y que la Rama Judicial se negó a revo carla a pesar de la solicitud de la defensa con coadyuvancia del ente acusador, quien argumentó la posibilidad de que los actores no hubieran sido los que dieron muerte al señor Ramos Rodríguez, sino que otros militares diferentes a los privados de la libertad fueran los autores del delito.

Por último, a dujeron que el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo de 17 de marzo de 2022, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda ,

Por último, a dujeron que el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo de 17 de marzo de 2022, confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda , bajo el argumento de que no se configuró la antijuric idad de l daño , en tanto la medida de aseguramiento se ajustó a los presupuestos de la ley, y a la circunstancia de que la Fiscalía General de la Nación en la etapa del juicio optara por retirar los cargos por falta de su actividad investigativa para aclarar los hechos constitutivos de las conductas por las que los imputó, por sí misma, no tornaba injusta la restricción de la libertad, “dado que en la etapa de imputación en la que fue decretada, la norma procesal exige para su imposición que los elementos materiales probatorios permitan inferir razonablemente que el imputado es responsable de la conducta delictiva, nivel de convicción que aumenta en la etapa de acusación, en la que se requiere que las pruebas lleven a afirmar, con probabilidad de verdad, que el imputado era coparticipe del hecho punible, y en la etapa de juzgamiento exige certeza o convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda, para proferir decisión condenatoria”.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la s sentencias de 17 de marzo de 2022 y 23 de octubre d e 2019 , mediante las cuales el Tribunal

constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la s sentencias de 17 de marzo de 2022 y 23 de octubre d e 2019 , mediante las cuales el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito deRadicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA Y OTROS

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5 Ibagué, respectivamente, negaron las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación directa que promovi eron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le s declarara administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados por la presunta privación injusta de la libertad que soportaron los señores Florentino Rivera Moreno, José Sandalio Alba Díaz, José Horacio Ortegón Segura , Otoniel Ruiz Yara y Alez Alberto Iseda Salazar.

En primer lugar, hicieron referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia s judic iales. En concreto, respecto de la relevancia constitucional señalaron que “en el caso de marras el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneraron flagrantemente las garantías fundamentales del accionante, al debido proceso, coartándole de plano el derecho de acceder a una recta

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneraron flagrantemente las garantías fundamentales del accionante, al debido proceso, coartándole de plano el derecho de acceder a una recta administración de justicia, pues en el mismo texto de las sentencias incurrieron en yerros que afectan gravemente los derechos del accionante”.

Agregaron que se impu sieron cargas a los demandantes que son contrarias a la Constitución Política y a la ley “como replicar que el fallo absolutorio no desvirtuó su inocencia o que luego de un fallo absolutorio no es totalmente inocente, que a pesar del fallo absolutorio se m antenían incólumes serios indicios que comprometían su responsabilidad, afirmaciones todas que son abiertamente ilegales e inconstitucionales”.

De otra parte , sostuvieron que los fallos objetados incurren en i) defecto sustantivo, por desconocer los artíc ulos 7. 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de la Constitución Política y 2, 3, 7, 27, 306, 307, 308 y 336 del Código de Procedimiento Penal, “al imponer la medida de aseguramiento de que fue ron objeto, al no revocar la medida de ase guramiento y por el Fiscal 77 de Derechos humanos al continuar con una actuación procesal con personas privadas de la libertad a sabiendas de que no eran responsables de los hechos por los cuales fueron investigadas y privadas de la libertad”.

Refirieron que las sentencias atacadas desconocieron que, desde el punto de vista convencional, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de los procesados “ podrá estar condicionada a

Refirieron que las sentencias atacadas desconocieron que, desde el punto de vista convencional, el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la libertad de los procesados “ podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecen cia en el juicio , es decir no contempla privación de la libertad por peligro para la comunidad o la víctima y obstrucción a la justicia”. Agregaron que la restricción de la libertad de la que fue ron objeto se dio por considerarlo s un peligro para la comuni dad y p ara imped ir que supuestamente obstaculizara n el proceso, aun cuando , refirió, los elementos presentados en la audiencia por el fiscal se refirieron a la inferencia razonable de autoría o participación , pero no a demostrar porqu é los fines constitucionales que pretendía proteger con la medida estaban en riesgo.

Agregaron que la sentencia de primera instancia guardó silencio “ sobre la irregularidad presentada en la audiencia del 27 -12-2013 adelantada en el Juzgado 8º de Garantías de Ibagué con el fin de soli citar la revocatoria de la medida de aseguramiento, desconociendo la existencia del inciso 2º del Código de Procedimiento Penal que indica que “por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modifica ción o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada; juez que además no concedió el recurso para que

un juez superior suyo estudiara la decisión errada”.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

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6 Finalmente, indic aron que las sente ncias atacadas omitieron realizar pronunciamiento alguno sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación de continuar con el juicio “a pesar de que el Fiscal sabía que los actores no eran responsables de los hechos por los cuales fuer on inve stigados y privados de la libertad con anterioridad a radicar el escrito de acusación, desconociendo la existencia del artículo 336 del código de procedimiento penal”.

De otra parte, afirm aron que las sentencias objetadas incurren en ii) defecto fáctico, en tanto, en su concepto “ valoraron erradamente algunas de las pruebas allegadas al expediente y dejaron de valorar otras para justificar la decisión en el sentido de que la medida de aseguramiento proferida por el Juez 2º PMFG el 2 de octubre de 2013 estuvo ajustada a las normas vigentes, al igual que la decisión de no revocar la medida de aseguramiento emitida el 27 -12-2013 por el Juez 8º PMFG y la actuación de la fiscalía de acusar a los implicados en el ca so a pesar de no existir probabilidad que hubiera cometido el hecho investigado, aspecto que era de pleno conocimiento del fiscal al momento de realizar la acusación y sobre lo cual las dos instancias guardaron silencio”.

de no existir probabilidad que hubiera cometido el hecho investigado, aspecto que era de pleno conocimiento del fiscal al momento de realizar la acusación y sobre lo cual las dos instancias guardaron silencio”.

Adujeron que las providencias objeto de tutela valoraron equivocadamente l as pruebas allegadas al proceso, en especial los audios de la audiencia de medida de aseguramiento de 2 de octubre de 2013, “ mediante la cual se evidencia claramente que el fiscal no aportó ningún elemento de conocimiento para demostrar que los imputados eran un peligro para la comunidad y podía n obstruir el proceso ”, y agregaron que no tuvieron en cuenta que el fiscal solo hizo manifestaciones violatorias del principio de presunción de inocencia , sin presentar elementos de conocimiento para demostrar el as pecto subjetivo y el riesgo de los fines constitucionales que pretendía proteger.

Refirieron que las autoridades judiciales accionadas desconocieron la existencia de la “prueba documental en la que el fiscal argumentó la probabilidad de que los privados d e la li bertad no habrían sido los que dieron muerte al Señor ROSEMBERG RAMOS RODRIGUEZ, sino que otros militares diferentes a los privados de la libertad podían ser los presuntos autores y que para ese momento no se encontraban presentes los presupuestos p ara man tenerlos privados de la libertad y señalando que la fiscalía quería realizar justicia y no un falso positivo judicial”.

Sostuvieron que esa misma prueba fue desconocida en las dos instancias y se omitió pronunciarse al respecto de la irregularidad generada por la Fiscalía General de la Nación, “ al radicar el escrito de acusación a sabiendas que conocía

judicial”.

Sostuvieron que esa misma prueba fue desconocida en las dos instancias y se omitió pronunciarse al respecto de la irregularidad generada por la Fiscalía General de la Nación, “ al radicar el escrito de acusación a sabiendas que conocía que no era probable que los imputados fueran responsables de los hechos investigados, posición que mantuvo la fiscalía sin variación alguna desde la audiencia de re vocatoria de medida de aseguramiento hasta la audiencia juicio oral - alegatos de conclusión, coadyuvando con esta irregularidad sin lugar a dudas a mantener una medida de aseguramiento que debió cesar por lo menos el 27 de diciembre de 201 3 y no en el mes de septiembre de 2014 como efectivamente ocurrió”.

Indicaron que ese yerro fáctico condujo a que tanto el juzgado como el tribunal accionados desestimaran de plano que la privación de la libertad fue injusta, “ pues para las dos instancias la act uación de la fiscalía no incidió en la irregularidad planteada y las actuaciones de los jueces se realizaron ajustadas a las normas vigentes lo cual como se ha venido indicando, no es cierto ”. Agregaron , que la falta de apreciación de las mencionadas pruebas llevaron a las dos instancias aRadicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

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7 conclusiones equivocadas que , finalmente, condujeron a desestimar que la

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7 conclusiones equivocadas que , finalmente, condujeron a desestimar que la privación de la libertad era injusta “y contrario sensu a declarar que los privados de la libertad debían asumir esa carga a pesar de las irr egularidades probadas en el proceso”.

Por último, señalaron que las sentencias objeto de tutela incurren en iii) violación directa de la Constitución , concretamente de los derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto, aducen, vulneraron los fines esenciales del Estado social de derecho, “ ya que el espíritu de la Constitución busca a través de la reglamentación de las leyes que prevalezca la dignidad humana de todas las personas que habitan o se encuentran en nuestro territorio, por eso existen una serie de garantías, derechos y principios que buscan su protección, lo cual ciertamente desconocieron los jueces singular y colegiado, quienes en sus decisiones judiciales soslayaron esos derechos inalienables del ser humano, estructurando de ahí en adelante una concatenada violación a otros derechos fundamentales a pesar que son el eje principalísimo en la axiología que inspira la Carta de 1991”.

Afirmaron que en el caso se desconocieron y omitieron las pruebas obra ntes en el proceso que indicaban “ sin mayores elucubraciones que para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento no se presentaron elementos de conocimiento que probaran que los imputados eran un peligro para la comunidad o podían obstruir e l desar rollo del proceso y que al momento de la solicitud de

imposición de la medida de aseguramiento no se presentaron elementos de conocimiento que probaran que los imputados eran un peligro para la comunidad o podían obstruir e l desar rollo del proceso y que al momento de la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento ya no existía inferencia razonable de autoría o participación”.

Adujeron que tampoco se valoró la actuación del fiscal que acusó a los privados de la li bertad sin existir la probabilidad de que ellos hubieran cometido el hecho que estaba siendo investigado, y que las sentencias atacadas vulneraron el principio de presunción de inocencia al argumentar que la privación de la libertad no fue injusta, recogiendo apartes de la sentencia absolutoria del proceso penal en la que se indicaba que los procesados no eran totalmente inocentes y que a pesar de haber sido absueltos conservaban grado de responsabilidad.

3. Pretensiones

En l os escritos de tutela se formu laron, de manera idéntica, las siguientes pretensiones:

“1.- TUTÉLENSE los derechos fundamentales del debido proceso (art. 29) y acceso a un recta y cumplida administración de justicia (art. 229), consagrados en la Constitución Política, el Bloque de Cons titucionalidad y los demás tratados internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales fueron vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué Tolima y el Tribunal Administrativo del Tolima, al emitir las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 23 de octubre de 2019 y 17 de marzo de 2022 notificada el 25 de marzo de 2022, respectivamente.

2.- Como consecuencia de lo anterior dígnese REVOCAR los fallos de primera

segunda instancia de fechas 23 de octubre de 2019 y 17 de marzo de 2022 notificada el 25 de marzo de 2022, respectivamente.

2.- Como consecuencia de lo anterior dígnese REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia proferidos por el Juzgado Primero Admini strativo del Circuito de Ibagué Tolima y Tribunal Administrativo del Tolima, que al emitir las providencias judiciales identificadas como sentencia de primera instancia de fecha 23 de octubre de 2019 y sentencia de segunda instancia de fecha 17 de marzo de 2022 n otificada el 25 de marzo de 2022, respectivamente porRadicación: 11001-03-15-000-2022-05168-01 (acumulados 2022-05150-01 y otros)

Demandantes: MARTHA YOLEI RIVERA Y OTROS

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8 configurarse en ellas los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.

3.- Dígnese ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué – Tolima y H. Tribunal Administrativo del Tolima, para que, dentro de un plazo razonable subsiguiente a la notificación del fallo de tutela, adopte las medidas necesarias para corregir los yerros denunciados, revocando en su totalidad las sentencias de primera y segunda instanc ia que negaron l as pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad de JOSÉ SANDALIO ALBA DÍAZ”.

4. Pruebas relevantes

totalidad las sentencias de primera y segunda instanc ia que negaron l as pretensiones de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad de JOSÉ SANDALIO ALBA