CE - 110010315000202205174011SENTENCIA20230413163626

Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05174-01

Demandante: JORGE ERNESTO ANDRADE

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela de fondo – niega – derecho fundamental de petición – declara carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Jorge Ernesto Andrade contra la sentencia del 16 de diciembre de 2022 , proferida en primera instancia por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación. En este fallo se negó la solicitud de amparo respecto a unas entidades y se declaró improcedente en relación con otras.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 27 de septiembre de 20221, el señor Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela contra la

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 27 de septiembre de 20221, el señor Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República. El tutelante consideró que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental de petición.

2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de la citada garantía constitucional encontró sustento en la falta de respuesta de fondo a la petición que radicó el 18 de julio de 2022. Lo anterior, en relación con la solicitud de información sobre la reglamentación de la Ley 497 de 1999 y el manejo de presupuesto, dotación y capacitaciones de los Jueces de Paz y Reconciliación.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:

1 Cfr. Índice 2 SAMAI. Exp: 11001-03-15-000-2022-05174-00.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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Tutelar mis derechos fundamentales de petición por la falta de respuestas y en donde no han dado ninguna respuestas al radicado numero RADICACION:

PQRS EXT2·2 -00048338-JULIO 18 2022. JORGE ERNESTO ANDRADERadicado VUV. Dentro de las 48 horas. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 18 de julio de 2022 , el señor Jorge Ernesto Andrade radicó ante la Presidencia de la República una petición en la que solicitó información relacionada con la reglamentación la Ley 497 de 1999 ; el presupuesto anual destinado a los Jueces de Paz y Reconciliación; y otros asuntos referidos a dichos particulares con autoridad para la resolución de conflictos y que involucran al Consejo Superior de la Judicatura, la Alcaldía de Cali, y Colpensiones.

6. El Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República , mediante Oficio OFI22 -00072295 / IDM 12000000 del 25 de julio de 2022 , le comunicó al señor Jorge Ernesto Andrade el traslado por competencia realizado de este asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho por medio de l Oficio OFI2200072367 / IDM 12000000 de esa misma fecha.

7. Sin embargo, el peticionario sostuvo que no ha obtenido una respuesta de fondo a su requerimiento.

1.4. Sustento de la vulneración

8. El actor consideró vulnerado su derecho fundamental de petición dado que, a la fecha de presentación de este mecanismo de amparo, no había recibido respuesta de fondo sobre la solicitud presentada el 18 de julio de 2022.

8. El actor consideró vulnerado su derecho fundamental de petición dado que, a la fecha de presentación de este mecanismo de amparo, no había recibido respuesta de fondo sobre la solicitud presentada el 18 de julio de 2022.

1.5. Trámite de la acción de tutela

9. En auto del 29 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de la primera instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a la Presidencia de la República. De igual manera, ordenó la vinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Alcaldía de Cali, Metro Cali S.A., y Colpensiones, concediéndoles el término de 3 días para que se pronunciaran respecto a la solicitud de amparo.

10. Posteriormente, mediante providencia del 24 de octubre de 2022, se requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, a Colpensiones y a la Alcaldía de Cali para que informaran si dieron respuesta a la petición presentada por el actor el 18 de julio de 2022. Aunado a ello, dispuso la vinculación del Consejo Superior de la

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11. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2022, se requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Consejo Superior de la Judicatura para que allegaran i) los soportes que demuestren que la respuesta otorgad a por esa entidad fue

11. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2022, se requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Consejo Superior de la Judicatura para que allegaran i) los soportes que demuestren que la respuesta otorgad a por esa entidad fue debidamente notificada a Jorge Ernesto Andrade y; (ii) los oficios mediante los que dio traslado de la solicitud a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, respectivamente.

12. Finalmente, en dicha providencia se ordenó la vinculación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca2.

1.6. Intervenciones e informes

13. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Presidencia de la República

14. El DAPRE rindió informe de los hechos que derivaron en la presente solicitud constitucional. En ese orden, señaló que no tenía legitimación en la causa por pasiva comoquiera que procedió a realizar los traslados de la petición a las autoridades competentes para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

15. Refirió que mediante Oficio OFI22-00072295 / IDM 12000000 del 25 de julio de 2022 el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República le comunicó al señor JORGE ERNESTO ANDRADE el traslado por competencia realizado en este asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho con el oficio OFI2200072367 / IDM 12000000 de esa misma fecha.

comunicó al señor JORGE ERNESTO ANDRADE el traslado por competencia realizado en este asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho con el oficio OFI2200072367 / IDM 12000000 de esa misma fecha.

16. De igual manera puso de presente que mediante oficio OFI22-00117414 / GFPU 12000000 del 6 de octubre de 2022 dicha entidad le comunicó al accionante, el traslado de la petición al Consejo Superior de la Judicatura y a la Alcaldía de Cali mediante oficios OFI22-00117457 / GFPU 12000000 y OFI22 -00117439 / GFPU 12000000, respectivamente, ambas de la misma fecha y en los aspectos propios de su competencia.

17. En subsidio, la entidad solicitó negar la acción de tutela ante la inexistencia de la vulneración de los derechos invocados.

2 Cfr. Índices 4, 14 y 24 – SAMAI. Exp 11001-03-15-000-2022-05174-00.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho

18. El Director de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de dicho ente ministerial rindió informe en el que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad.

18. El Director de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de dicho ente ministerial rindió informe en el que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad.

19. Señaló que no se tuvo conocimiento de la remisión efectuada por Presidencia de la República . Lo anterior, pues al verificar los antecedentes de esta acción constitucional, constató que dicha actuación se realizó al correo electrónico de la secretaria privada de este ministerio quien se habría retirado el 2 de mayo de 2022, quedando deshabilitado su buzón de mensajes.

20. Mediante memorial allegado al despacho con posterioridad , señaló que mediante oficio MJD-OFI22-0042790 del 3 de noviembre de 2022 remitió la respuesta al accionante al correo electrónico andradejorge293@gmail.com3.

1.6.3. Colpensiones

21. La directora de Asuntos Constitucionales de dicha entidad solicitó la declaratoria de falta de legitimación tras considerar que la acción de tutela no se dirigió en su contra y no es un asunto propio de su competencia.

22. Con posterioridad, allegó memoriales en los que señaló que mediante radicados 2022_14532073 y BZ 2022_14535409 del 06 de octubre de 2022, recibió la remisión del derecho de petición realizado por la Presidencia de la República. En vista de ello y mediante oficio BZ2022_ 14535409 2022_16156840 del 02 de noviembre de 2022 resolvió de fondo la solicitud objeto de ruego constitucional , la cual remitió al peticionario en la misma fecha4.

23. En consecuencia, solicitó la declarator ia de carencia actual de objeto por

noviembre de 2022 resolvió de fondo la solicitud objeto de ruego constitucional , la cual remitió al peticionario en la misma fecha4.

23. En consecuencia, solicitó la declarator ia de carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.4. Secretaría de Paz y Cultura de la Alcaldía de Cali

24. El secretario del despacho puso de presente que el accionante, mediante solicitud del 1 de agosto de 2022 requirió información acerca del presupuesto asignado para los Jueces de Paz y de Reconciliación, la cual fue contestada en escrito identificado con el radicado Orfeo N.° 202241640200002481 del 08 de agosto de 2022. Agregó que el actor interpuso una tutela en su contra con fundamento en que no habían dado respuesta de fondo a su pedimento, la cual fue conocida por el Juzgado 12 Penal Municipal de Cali. Por otra parte, solic itó su desvinculación del trámite y explicó las normas que rigen a los jueces de paz.

3 Lo anterior con ocasión al requerimiento efectuado por el despacho ponente mediante auto del 24 de octubre de 2022, en el que se le solicitó precisara si había dado respuesta a la petición del señor Jorge Ernesto Andrade. Cfr. Índice 19 – SAMAI. Exp 11001-03-15-000-2022-05174-00. 4 Ibidem.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura

25. Por intermedio de la magistrada auxiliar del despacho de presidencia del referido órgano, se indicó que dicha autoridad trasladó el derecho de petición presentado por el señor Jorge Ernesto Andrade el 6 de octubre de 2022 , mediante oficio OFI22-00117457 / GFPU 12000000. En consecuencia , refirió que, a su vez, remitió la misma a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, situación que fue debidamente notificada al accionante.

26. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.6. Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

27. Refirió que mediante oficio del 6 de octubre recibió traslado del derecho de petición, por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Señaló que en oficio CSJVAO22-2134 del 11 de octubre de 2022 dio respuesta a la solicitud en lo que atañe a su competenc ia, la cual envió el 19 de octubre de 2022 a los correos electrónicos suministrados por el accionante, jorgeandrade293@hotmail.com y

andradejorge293@gmail.com.

28. De igual manera, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que atañe a los temas presupuestales de la jurisdicción de

andradejorge293@gmail.com.

28. De igual manera, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que atañe a los temas presupuestales de la jurisdicción de paz, y solicitó vincular a la litis a la directora de la escuela judicial “RODRIGO LARA BONILLA”, para que se pronuncie respecto al proceso de capacitación de los jueces.

1.6.7. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

29. Mencionó que si bien no recibió directamente el escrito contentivo del derecho de petición, del contenido de la acción de tutela encontró preguntas relacionadas con su órbita de competencia, motivo por el cu al remitió la respuesta de fondo al tutelante, mediante oficio DESAJCLO22-4677 del 24 de noviembre de 2022, a los correos indicados jorgeandrade293@hotmail.com y

andradejorge293@gmail.com. En virtud de ello, solicitó la declaración de carencia actual de objeto y su desvinculación de las presentes diligencias.

1.6.8. Metro Cali S.A.

30. Pese a ser debidamente notificado, guardó silencio5.

5 Cfr. Índice 7 SAMAI. Exp 11001-03-15-000-2022-05174-00.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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1.7. Fallo impugnado

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1.7. Fallo impugnado

31. En sentencia del 16 de diciembre de 2022 6 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo deprecada respecto a los reproches endilgados a la Presidencia de la República, al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

32. Lo anterior, tras considerar que las entidades referidas dieron cumplimiento al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto remitieron la solicitud a las autoridades que consideraron competentes.

33. Respecto a la Alcaldía de Cali, Colpensiones, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, declaró improcedente la solicitud de acción de tutela por que se presentó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, tras advertir que profirieron respuestas de fondo a lo requerido por el actor.

1.8. Impugnación

34. Mediante memorial allegado al despacho del magistrado ponente el día 1° de marzo de 2023, el señor Jorge Ernesto Andrade impugnó la sentencia del 16 de diciembre de 2022. En ese orden, el actor reiteró que no se dio respuesta a las solicitudes elevadas en el derecho de petición radicado el 18 de julio de 2022.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el

solicitudes elevadas en el derecho de petición radicado el 18 de julio de 2022.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor Jorge Ernesto Andrade contra la sentencia proferida por Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta

Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

6 La providencia fue notificada a través de correo electrónico el 27 de febrero de 2023. En ese orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del CPACA, la notificación se entiende surtida el día 2 de marzo de 2023.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el

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37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Jorge Ernesto Andrade se encuentra legitimado en la causa por activa, porque en su condición de ciudadano interesado en ob tener información pública radicó la petición el 18 de julio de 2022, mediante la cual solicitó datos relacionados con los Jueces de Paz y Reconciliación . Por tanto, es el titular del derecho fundamental de petición que reclama por la falta de respuesta de fondo a su solicitud.

38. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Presidencia de la República está legitimada en la causa por pasiva. Esto, por ser la autoridad ante quien se radicó directamente el requerimiento referido.

39. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, la Alcaldía de Cali, Colpensiones, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se encuentran legitimados en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que les fue trasladada la solicitud presentada por el actor, bajo el entendido que son competentes para resolver.

40. Ahora bien, se advierte que el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitaron su desvinculación de la presente acción constitucional y en sentencia fechada el 16 de diciembre de 2022 , no se realizó pronunciamiento sobre el particular.

41. En consecuencia, la Sala procederá a negar su desvinculación por las

presente acción constitucional y en sentencia fechada el 16 de diciembre de 2022 , no se realizó pronunciamiento sobre el particular.

41. En consecuencia, la Sala procederá a negar su desvinculación por las razones indicadas en el numeral 39 de esta providencia.

42. Por otro lado, en el memorial de contestación de tutela, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitó la vinculación de la directora de la escuela judici al “ Rodrigo Lara Bonilla ” a las presentes diligencias, para que se pronunciara sobre temas presupuestales de la jurisdicción de paz.

43. La anterior solicitud será denegada, teniendo en cuenta que dicha institución constituye una unidad dentro del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que conoció de la petición objeto de controversia y hace parte del trámite. Aunado a ello, la presente no tiene objeto cuestionar la responsabilidad del Consejo Seccional, ni el contenido legal de las respuestas proporcionadas, en consecuencia, dicha vinculación no se hace necesaria.

44. Finalmente, la Sala encuentra que, mediante providencia de l 29 de septiembre de 2022, el a quo vinculó a la empresa Metro Cali S.A., quie n guardó silencio pese a ser debidamente notificada de todas las providencias judiciales y respecto de quien, se advierte, no conoció de la petición indirecta o directamente y, por ende, no le asiste interés sobre las resultas de la tutela. En ese orden de ideas, se ordenará de oficio su desvinculación de la presente acción de constitucional.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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se ordenará de oficio su desvinculación de la presente acción de constitucional.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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2.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

45. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, la vulneración alegada, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:

• ¿La Presidencia de la República y las entidades vinculadas vulneraron el derecho de petición del accionante, al no dar respuesta de fondo a la solicitud por el presentada el 18 de julio de 2022?

46. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:

(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) la caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado; y (iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

47. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

48. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción

derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

48. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Derecho de petición

49. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución»7. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

50. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»8.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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8 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

51. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no ser p osible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para este efect o, el criterio de razonabilidad del plazo será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

52. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontra rse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad sumini stre información adicional relacionada con los

desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad sumini stre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»9.

53. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo q ue se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la res puesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante»10.

54. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras

de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada11.

55. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición

la Corte Constitucional ha explicado que:

1. es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precis ado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efecti va de elevar, en términos

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efecti va de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o

9 Sentencia T-149 de 2013. 10 Ibídem. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.Demandante: Jorge Ernesto Andrade Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05174-01

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se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respues ta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la re spuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo12.

56. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

57. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se deci de sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado

58. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador13.

59. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en el vacío»14. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, «cae en el vacío»14. A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

60. Por otra parte, la Corte Constitucional 15 también ha recon