CE - 110010315000202205198011SENTENCIA20230210115829

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) seguridad social; iii) acceso a la administración de justicia y iv) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 1.° de noviembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.2

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora , a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , porque, a su juicio,

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora , a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de abril de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 410012333000201300037-02, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 0402/12 de 17 de septiembre de 2012, mediante el cual le negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de los derechos laborales gen erados en virtud de los servicios prestados . Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) declarar la existencia de una relación laboral entre las partes, sin solución de continuidad por el período comprendido entre el 16 de enero de 1998 hasta el 30 de junio de 2011, y ii) ordenar el reconocimiento de prestaciones sociales.

4. Indicó que, el Tribunal Ad ministrativo del Huila , mediante sentencia de 8 de febrero de 2016, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.

sociales.

4. Indicó que, el Tribunal Ad ministrativo del Huila , mediante sentencia de 8 de febrero de 2016, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 7 de abril de 2022, resolvió:

“[…] ADICIONAR un numeral de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2016, el cual será del siguiente orden:3

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

«1. 1. Declarar parcialmente probada, la excepción de prescripción extintiva de las prestaciones sociales a que tendría derecho la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT por el período comprendido entre el 16 de diciembre de 1998 a 31 de diciembre de 2003. No obstante lo anterior, la demandante tiene derecho a que l a ESE CARMEN EMILIA OSPINA realice las cotizaciones a pensión, por dicho lapso, salvo las interrupciones advertidas por tratarse de una prestación imprescriptible».

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y tercero al siguiente tenor:

PRIMERO. DECLARASE la existencia de una relación laboral entre la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT y la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina de Neiva entre el 16 de diciembre de 1998 al 30 de junio de 2011, salvo las interrupciones advertidas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la ESE CARMEN

Neiva entre el 16 de diciembre de 1998 al 30 de junio de 2011, salvo las interrupciones advertidas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA a reconocer y pagar a la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, causadas durante el período laboral comprendido entre el 4 de agosto de 2005 y el 30 de junio de 2011, para lo cual se tomará como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos de prestación de servicios.

Se precisa que las pres taciones a que haya lugar a pagar solo deberán ser reconocidas por los tiempos efectivamente laborados, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que hubo interrupciones».

TERCERO: REVOCAR el aparte del numeral TERCERO. de la referida providencia que ordenó pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud, que debió trasladar el empleador a los fondos respectivos durante el período en que se acreditó la prestación del servicio, y que no se encuentran afectados por el fenómeno de la prescripción y en su lugar, NEGAR la devolución al demandante de los aportes a salud y pensión que realizó de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: ADICIONAR el numeral DÉCIMO del fallo recurrido, el cual quedará así:

«10. SE ORDENA a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA efectuar las cotizaciones a pensión en el respectivo fondo de pensiones del demandante, solo en el porcen taje

«10. SE ORDENA a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA efectuar las cotizaciones a pensión en el respectivo fondo de pensiones del demandante, solo en el porcen taje que le correspondía como empleador para las fechas en que fueron suscritos los contratos de prestación de servicios, es decir del 16 de diciembre de 1998 al 30 de junio de 2011 salvo las interrupciones advertidas».

QUINTO: CONFIRMAR, en todo lo demás la sentencia de 8 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT contra la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, por las razones expuestas en la parte motiva […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio, se colige que la señora Nelcy Ortiz Betancourt prestó sus servicios como enfermera en la ESE Carmen Emilia Ospina, como se pudo colegir de las órdenes de servicios anteriormente referenciados […]”.4

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

[…]

“[…] De otra parte, cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), ello no comporta que el contratista obtenga la condición de empleado público, ya que no median los componentes para

de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), ello no comporta que el contratista obtenga la condición de empleado público, ya que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior […]”.

[…]

“[…] En cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad […] Ahora bien, de conformidad co n la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque para efectos de contabilizar las interrupciones, en tanto que se ha dispuesto fijar un período de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la n o solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con el anterior cuadro sumario, y siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, se precisa que durante el vínculo contractual de la demandante se presentaron interrupciones que superaron los 30 días […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, en el entendido que según el artículo 167 ibidem a la parte

contractual de la demandante se presentaron interrupciones que superaron los 30 días […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, en el entendido que según el artículo 167 ibidem a la parte demandante le asistía la carga de la prueba, se concluye que desde el 1 de octubre de 2001 al 31 de julio de 2003, en la Cooperativa de Trabajo Asociado de Neiva es imposible afirmar que existió una relación laboral entre la señora Nelcy Ortiz y la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, por cuanto no obra prueba que así lo acredite, pues si bien se encuentra la certificación laboral, no se allegaron los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Neiva y mucho menos el contrato suscrito entre la Cooperativa de Trabajo Asociado de Neiva y la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, de los cuales se pudiera tener certeza que efectivamente la demandante fue trabajadora en esa entidad […]”.

[…]

“[…] el beneficio que se deriva de la declaratoria de existencia de una relación laboral, en materia de seguridad social en pensiones es imprescriptible y solo abarca la obligación de la administración de verificar y efectuar el pago al respectivo fondo, de los porcentajes de cotización que debió realizar como empleador, y, en lo que atañe a los aportes a sa lud, los mismos no son susceptibles de devolución, no por la consideración de estar sometidos a la figura prescriptiva sino por su naturaleza y finalidad […]”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

La solicitud de tutela

Pretensiones

finalidad […]”.5

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Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con base en todo lo anteriormente relatado, respetuosamente solicito a esa máxima Corporación TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOB RE LAS FORMAS, ENTRE OTROS QUE SE IDENTIFIQUEN, como vulnerados por la Accionada en su sentencia, por tanto, pido se DEJE SIN EFECTOS los apartes de esa providencia en donde se Declara “(…) parcialmente probada, la excepción de prescripción extintiva de la s prestaciones sociales a que tendría derecho la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT por el período comprendido entre el 16 de diciembre de 1998 a 31 de diciembre de 2003. No obstante lo anterior, la demandante tiene derecho a que la ESE CARMEN EMILIA OSPINA realice las cotizaciones a pensión, por dicho lapso, salvo las interrupciones advertidas por tratarse de una prestación imprescriptible (…)”; y consecuencialmente con esto, se ordene que dentro de un término prudencial a la notificación del fallo, adopte las medidas necesarias para reparar de la afectación a los derechos de la Accionante, y se proceda a dictar nueva sentencia debidamente motivada y cimentada en todo el material probatorio y el precedente jurisprudencial que sobre la materia existe […]”.

reparar de la afectación a los derechos de la Accionante, y se proceda a dictar nueva sentencia debidamente motivada y cimentada en todo el material probatorio y el precedente jurisprudencial que sobre la materia existe […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, toda vez que no valoró en debida forma los documentos y testimonios allegados al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, con los que, a su juicio, se demostraba que ella prestó sus servicios como enfermera en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de manera continua y sin interrupción, por 12 años, desde el 16 de diciembre de 1998 hasta el 30 de junio de 2011 y , en consecuencia , no había lugar a declarar la prescripción de sus prestaciones sociales.

8. Manifestó que la autoridad judicial demandada omitió valorar en forma integral y en conjunto, algunos documentos allegados al proceso, tales como: i) la certificación emitida por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina mediante la cual se informa sobre los contratos de prestación de servicios suscritos por la accionante con dicha entidad desde 1999 hasta el 2011; ii) las cuentas de cobro presentadas por la actora ; iii) la certificación de pagos a salud y pensión ; y iv) las afirmaciones efectuadas por la parte demandante y ratificadas por la demandada en la dem anda, contestación y alegatos.6

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Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

9. Sostuvo que, a su juicio, se valoraron de forma indebida los testimonios de las

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Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

9. Sostuvo que, a su juicio, se valoraron de forma indebida los testimonios de las señoras Nancy Milena Aya Vargas, Victoria Eugenia Delgado y el interrogatorio de parte de la demandante, con los que se acreditaba el periodo laborado en la entidad hospitalaria.

10. Indicó que, atendiendo a que la E.S.E. Carmen Emilia Ospina no alegó la prescripción de las prestac iones sociales, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió una decisión extra petita, en la medida en que se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación, razón por la cual, a su juicio, se desconoció el principio de congruencia.

11. Finalmente, adujo que la autoridad judicial demandada incurrió en violación directa de la Constitución, toda vez que desconoció preceptos de orden constitucional como la seguridad social, el mínimo vital, el debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia y el principio de primacía de la realidad sobre las formas, al no valorar en debida forma los elementos probatorios allegados al proceso ordinario.

Actuación

12. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 3 de octubre de 2022: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la autoridad judicial demandada; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Huila y a la E.S.E.

tutela; ii) ordenó notificar a la autoridad judicial demandada; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Huila y a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó negar la acción de tutela, al considerar que no vulneró derecho fundamental alguno de la

actora. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, es de recordar que la acción de tutela no procede como una tercera instancia y que para que se configure el mencionado defecto es necesario7

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

demostrar que la decisión judicial se produjo con desconocimiento de las reglas de la sana crítica.

La Sala, al realizar una valoración conjunta del material probatorio aportado, explicó las razones por las cuales no tuvo en cuenta la certificación de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Neiva y relacionó los contratos de prestación de servicios q ue suscribió la señora Nelcy Ortiz Betancourt con la ESE Carmen Emilia Ospina, para luego evidenciar múltiples vinculaciones como enfermera con interrupciones superiores a 30 días hábiles; situación que, conforme a los parámetros de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, conllevó a declarar la prescripción extintiva de prestaciones sociales causadas en varios períodos, salvo el

superiores a 30 días hábiles; situación que, conforme a los parámetros de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, conllevó a declarar la prescripción extintiva de prestaciones sociales causadas en varios períodos, salvo el comprendido entre el 4 de agosto de 2005 y el 30 de junio de 2011 […]”.

14. La E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] De conformidad con lo anterior, es dable concluir que las pretensiones del tutelante respecto al reconocimiento de un periodo presuntamente laborado para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, exigen revivir el periodo probatorio y en consecuencia analizar nuevamente los elementos de convicción reducados al proceso y particularmente convertir al Juez de Tutela en una tercera Instancia, frente a obligaciones que no se surtie ron por la parte demandante en el proceso ordinario, según la carga probatoria que le asiste.

Pese a que en el escrito de tutela se advierte la existencia de distintos medios probatorios con los que se pretende acreditar la prestación del servicio de la señora NELCY ORTIZ BETANCOURT durante los periodos comprendidos entre 2001 a 2003, lo cierto es que no aportó los contratos de prestación de servicios que a juicio del fallador eran necesarios para declarar la existencia de un contrato realidad en dicho int erregno, por ende la carencia probatoria del demandante no puede trasladarse al Juez de Instancia o que dicha omisión se impute una deficiente valoración probatoria que al respecto no se ha configurado, pues no

realidad en dicho int erregno, por ende la carencia probatoria del demandante no puede trasladarse al Juez de Instancia o que dicha omisión se impute una deficiente valoración probatoria que al respecto no se ha configurado, pues no pueden suplirse con otros medios probatorios, que no acreditan circunstancias de tiempo, modo, lugar, contraprestación, obligaciones y demás características necesarias para valorar las condiciones de la prestación del servicio, todo ello, sin siquiera entrar en la discusión del régimen jurídico de la Cooperativa de trabajo asociado, quien funge como empleador obligado a cotizar al régimen de seguridad social, que tal y como lo refiere el actor en su escrito de tutela la cooperativa realizó las cotizaciones al fondo de pensión al cual se encontraba afiliada la accionante, adicionalmente, hay soportes que acreditan que la cooperativa realizó pago de las prestaciones sociales durante dicho periodo por lo cual obra de mala fe y deslealtad procesal la accionante al pretender un doble pago […]”.

[…]

“[…] Finalmente se advierte que los fundamentos de la sentencia resultan razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, puesto que responden adecuadamente al problema jurídico abordado por la autoridad judicial demandada. La sentencia da cuenta del estudio de los elementos fácticos y jurídicos para determinar la existencia o no de un contrato realidad. El hecho de que la accionante no los comparta, no significa que se hubiese tomado una decisión irracional, absurda o contraeviden te; al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la jurisprudencia aplicable […]”.8

hubiese tomado una decisión irracional, absurda o contraeviden te; al margen de las premisas normativas, de las pruebas y de la jurisprudencia aplicable […]”.8

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

15. El Tribunal Administrativo de Huila allegó los enlaces de acceso al expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 410012333000201300037-02.

La sentencia impugnada

16. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 1.° de noviembre de 2022, por medio de la cual

resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Nelcy Ortiz Betancourt, a través de apoderado, contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] se advierte que contrario a lo manifestado por la parte tutelante, la Corporación Judicial accionada efectuó un análisis adecuado y coherente de los elementos probatorios allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, con la cual definió los criterios o parámetros en los que procede la prescripción de prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de existencia de un contrato realidad en aplicación del principio de “la

Sección Segunda de esta Corporación, con la cual definió los criterios o parámetros en los que procede la prescripción de prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de existencia de un contrato realidad en aplicación del principio de “la primacía de la realidad sobre las formalidades” (artículo 53 de la Constitución Política).

De igual manera se observa que la providencia cuestionada también tomó como referente la sentencia de uni ficación de 9 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para determinar el periodo de tiempo (30 días hábiles) a partir del cual se entiende que hay interrupción en la prestación del servicio y se configura una solución d e continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios.

Debe precisarse que la autoridad accionada explicó las razones fácticas y jurídicas, por las cuales consideró que el contrato de prestación de servicios era el elemento idóneo para acreditar el vínculo contractual entre el accionante y hospital demandado, toda vez que se trata de un documento solemne, cuya información, le permite a la autoridad judicial tener certeza y seguridad sobre los tiempos laborados por la actora, las funciones y la remuneración devengada, con el fin de identificar los elementos de la relación laboral que se pretende demostrar, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Subsección, en sentencia 12 de octubre de 2016 (rad 13001-23-33-000-2013-00047-01) citada en la providencia acusada […]”.

[…]9

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Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

[…]9

Núm. único de radicación: 110010315000202205198-01

Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

“[…] En este sentido, la Subsección considera que el análisis realizado por la autoridad judicial accionada, sobre la connotación de los contratos de prestación de servicios y su incidencia para determinar la ex istencia de la relación laboral y el fenómeno de la prescripción, no comporta una actuación arbitraria o desproporcionada que desconozca la garantía Constitucional del debido proceso.

Por otro lado, es importante aclarar, que los contratos de prestación de servicios, la certificación expedida por la entidad hospitalaria, los testimonios de las señoras las señoras Nancy Milena Aya Vargas, Victoria Eugenia Delgado y el interrogatorio de parte de la tutelante, fueron instrumentos probatorios valorados en la sentencia acusada para verificar los elementos de existencia de la relación laboral, reclamada por la demandante, por lo que la inconformidad del apoderado de la accionante frente al alc ance probatorio que le imprimió la autoridad judicial accionada para otros aspectos, como el reconocimiento y pago de los emolumentos pretendidos, no implica per se, una actuación irregular que comporte una vía de hecho.

Ahora bien, en cuanto a la presun ta vulneración del principio de congruencia, alegada por la parte actora, se debe señalar que la prescripción fue un argumento propuesto por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en los alegatos de conclusión, tal y como consta en el proceso de nulidad y restable cimiento del derecho, por lo que la providencia acusada al pronunciarse sobre el asunto, no transgredió el principio de congruencia. En todo caso, no se puede desconocer que es deber del juez

como consta en el proceso de nulidad y restable cimiento del derecho, por lo que la providencia acusada al pronunciarse sobre el asunto, no transgredió el principio de congruencia. En todo caso, no se puede desconocer que es deber del juez administrativo decretar de oficio las excepciones que se encuent ren probadas, en especial la prescripción en materia sancionatoria, toda vez que ninguna penalidad puede existir de forma indefinida en el tiempo […]”.

[…]

“[…] Por otra parte se debe señalar que los argumentos alegados por el apoderado de la accionante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con e l único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses […]”.

La impugnación

17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones:

“[…] en ningún momento se utilizó este mecanismo como una instancia adicional, lo que se nota del examen efectuado por el operador judicial constitucional, es que se repite de manera idéntica el estudio que hizo el Accionado, es decir, bajo los estándares que utilizan los operador es judiciales de esta naturaleza, al punto, que se hace una evaluación muy parecida de la sentencia, sin que se adviertan

repite de manera idéntica el estudio que hizo el Accionado, es decir, bajo los estándares que utilizan los operador es judiciales de esta naturaleza, al punto, que se hace una evaluación muy parecida de la sentencia, sin que se adviertan diferencias con la investidura que los debe arropar como Juez constitucional, razón por la cual se sumerge la decisión impugnada en la s mismas equivocaciones del fallos objeto de tutela

Desde ahora es importante reiterar que lo que está siendo objeto de inconformismo, es la no utilización completa del acervo probatorio incorporado al proceso de nulidad10

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Actora: Nelcy Ortiz Betancourt

y restablecimiento de derecho, sin que existan razones que fundamenten el por qué no le se hace una valoración probatoria en conjunto del material probatorio y el alcance, configurando el defecto fáctico de la indebida valoración probatoria que se alega […] A continuación se relacionará un cúmulo de pruebas que demuestran que acreditan plenamente que sí hubo una prestación del servicio continúa por parte de la accionante y que no habían fundamentos fácticos y jurídicos para decretar probada la excepción de prescripción extintiva de las prestaciones sociales; también demuestra que la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado no las valoró conjuntamente como se debe, acción incompleta que afecta el debido proceso, el acceso efectivo a la administración de justicia y violenta el principio de realidad sobre las formas, transgrediendo de paso los derechos laborales y de seguridad social […]”.

[…]

“[…] De lo expuesto, lo que se evidencia es una defensa férrea al postulado

acceso efectivo a la administración de justicia y violenta el principio de realidad sobre las formas, transgrediendo de paso los derechos laborales y de seguridad social […]”.

[…]

“[…] De lo expuesto, lo que se evidencia es una defensa férrea al postulado constitucional de la autonomía y de la independencia del Juez, que se caracteriza por sus matices procesales, al que se le está dando mayor jerarquía, colocándolo por encima de los derechos sustanciales fundamentales que están siendo transgredidos, pulso que como lo sabemos no soporta ni re siste un ejercicio de ponderación debido a que no son pares ni iguales, es decir, que se yerra al poner por encima a esa autonomía judicial limitada que no es absoluta, sobre los derechos fundamentales, de tal manera que en nuestro ordenamiento jurídico, jurisprudencial y doctrinal, no se puede desestimar material probatorio de manera silenciosa o sin que se explique por qué no es suficiente para generar la convicción con la que se define el problema jurídico, si esto se hace cuando el Juez así lo quiere sin que exista un soporte considerativo que no se oponga a la realidad probatoria.

En este orden de ideas, no hay duda que sí se configuró un defecto fáctico con relevancia Constitucional que debe ser objeto de estudio y remedio con este mecanismo constituc ional, ya que, efectivamente y de manera irregular se vulneraron las garantías de mi representada al ser dictado el fallo en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al dejar de ser valorados elementos probatorios documentales y testimoniales incorporados en el expediente, de mayor tamaño y alcance probatorio que los que finalmente fueron usados como soporte de las decisiones, los cuales al no ser estudiados y valorados de manera integral,

probatorios documentales y testi