CE - 110010315000202205206011SENTENCIA20230331145539

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

Demandante: Miller Gómez López

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05206-01

Demandantes: MILLER GÓMEZ LÓPEZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA CUARTA DE

DECISIÓN, Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial que negó pretensiones de reparación directa que se promovió por activación de mina antipersona. Efectos temporales del precedente jurisprudencial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 22 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 29 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, Miller Gómez López pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la justicia, a

apoderado judicial, Miller Gómez López pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la justicia, a la verdad y a la reparación. A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 21 de julio de 2016 y el 22 de marzo de 2022, dictadas, respectivamente, por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila . En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD, A LA JUSTICIA, A LA VERDAD A LA REPARACION Y LOS DEMAS QUE DE OFICIO PRECISE Y ADVIERTA LA HONORABLE CORPORACION, y en consecuencia se decrete lo pertinente a fin de que se restablezcan los derechos y garantías fundamentales vulnerados al demandante en la acción de reparación directa y se ordene en un término prudencial de 30 días, emitir una nueva sentencia en estricto acatamiento de las interpretaciones dadas por el Consejo de

Estado,

SEGUNDA: Que se declare que la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA dentro del proceso; 41001-33-33-0062013-00596-00 violó los artículos 13, 29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia y los demás que el despacho considere.

El Tribunal Administrativo de Huila como autoridad judicial se le imponía el deber de cumplir la convención y valorar las pruebas correctamente viendo la preexistencia de la situación

228 y 229 de la Constitución Política de Colombia y los demás que el despacho considere. El Tribunal Administrativo de Huila como autoridad judicial se le imponía el deber de cumplir la convención y valorar las pruebas correctamente viendo la preexistencia de la situación de Minas en ese Municipio y en especial del Quebrandon sur con 2 antecedentes de Minas.

TERCERA: Que se deje sin valor y efectos la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila - Notificada a mi correo electrónico, con fecha del 28 de marzo del

2022.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se sirvan ordenar al Tribunal Administrativo del Huila, que emita la providencia de remplazo y que en derechoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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corresponda en el proceso Ordinario de Acción de Reparación Directa, referenciada en el que f unge como demandante el señor MILLER GOMEZ LOPEZ Y OTROS como demandados LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL; sentencia que no puede ser otra que la providencia que declare la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA - POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONVENCI ON AL MOMENTO DE

LOS HECHOS.

QUINTA: Que se hagan las demás declaraciones y condenas que la Honorable Corporación de oficio, y precise y advierta el Honorable Consejo de Estado. (…)

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Corporación de oficio, y precise y advierta el Honorable Consejo de Estado. (…)

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 25 de noviembre de 2011, el señor Miller Gómez López y su núcleo familiar se encontraban cortando madera en su finca ubicada en el sector Las Perlas, corregimiento Quebradón, municipio de Algeciras - Huila, cuando accidentalmente activ ó una mina antipersonal.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Miller Gómez López perdió su pierna izquierda y la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, mediante Acta No. 3569 de 17 de mayo de 2012, dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 44,20 %.

2.3. El señor Miller Gómez y su grupo familiar promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que fueran declarados administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la explosión de la mina antipersonal.

2.4. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 21 de julio de 2016, denegó las pretensiones al concluir que el material probatorio obrante en el plenario no es suficiente para declarar que el Ministerio de Defensa falló en la prestación del servicio, por inactividad y omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios (labor de detección, limpieza o destrucción de minas antipersonales); en la medida en que no se comprobó que el daño tuviera como causa eficiente una violación

reglamentarios (labor de detección, limpieza o destrucción de minas antipersonales); en la medida en que no se comprobó que el daño tuviera como causa eficiente una violación o conducta omisiva de contenido obligacional en la prestación del servicio que le correspondía.

2.5. Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló , pues, a su juicio, el Estado no cumplió con su posición de garante lo cual configura una falla en el servicio, así mismo aseguró que la parte demandada no aportó pruebas para demostrar el cumplimiento de los deberes que le impone la Constitución Política y los tratados internacionales.

2.6. Mediante sentencia del 22 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión , confirmó la decisión de primera instancia, porque no se probó que el Ejército Nacional hubiese colocado el artefacto explosivo ni se logró establecer que esa entidad hubiere tenido conocimiento que ese lugar estaba minado. Sostuvo que, por el contrario, se logró establecer que el Ministerio de Defensa estuvo trabajando en programas de desminados en el municipio de Algeciras – Huila y que, por lo tanto, sí demostró interés en ejecutar acciones tendientes a desminar esa zona del país.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1 La parte actora alegó que las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, incurrieron en defecto fáctico , porque no valoraron en debida forma los documentos allegados al expediente de reparación directa, con los que se demostraban los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios, para declarar la responsabilidad patrimonial

incurrieron en defecto fáctico , porque no valoraron en debida forma los documentos allegados al expediente de reparación directa, con los que se demostraban los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

Demandante: Miller Gómez López

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3.1.1 Al respecto, manifestó que las a utoridades judiciales demandadas omitieron valorar, adecuadamente, el oficio OFI15 -0031828/JMSC 130200 de 21 de abril de 2015, y que tampoco tuvieron en cuenta el oficio N° 002669/MDN -CGFM-CE-DIV5-BR09BATAM09-S3-81 de 18 de julio de 2014, suscrito por el comandante del Batallón de Alta Montaña N° 9.

3.2. Afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto fáctico, porque no decretó pruebas de oficio, pese a que en los alegatos de conclusión se solicitó verificar la certificación de desminado desarrollada en el municipio de Algeciras.

3.3. Añadió que las providencias acusadas, incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial , porque aplicaron la teoría del riesgo creado, tesis desarrollada por la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para desconocer la responsabilida d

desarrollada por la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para desconocer la responsabilida d de la entidad demandada, sin tener en cuenta que , para el momento de la ocurrencia de los hechos, se encontraba vigente la tesis de la falla del servicio por incumplimiento normativo.

3.4. Por último, señaló que la valoración de los elementos probat orios obrantes en el proceso ordinario, por parte del tribunal demandado, denotan la existencia de un defecto sustantivo y un exceso de ritual manifiesto.

4. Intervenciones

4.1. El Tribunal Administrativo del Huila efectuó una descripción de las actuaciones surtidas al interior del proceso de reparación directa y de los argumentos expuestos en la sentencia de 22 de marzo de 2022, para concluir que la decisión cuestionada resolvió cada uno de los alegatos de las partes y se fundamentó en los medios de convicción recaudados en el proceso, así co mo el precedente del Consejo de Estado, relacionado con la controversia jurídica sometida a estudio de la Corporación.

4.2 La Nación – Ministerio de Defensa solicitó que se declarara improcedente el amparo solicitado, en atención a que , a su juicio , el tribunal demandado efectuó una valoración adecuada del material probatorio y, además, manifestó que el precedente aplicado es el correcto para casos en los que se discuten asuntos frente a accidentes con minas antipersonales.

4.2.1. Señaló que la parte demandante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para subsanar yerros del proceso ordinario ya que no aportó en la etapa

antipersonales.

4.2.1. Señaló que la parte demandante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para subsanar yerros del proceso ordinario ya que no aportó en la etapa procesal correspondiente los medios de convicción que apoyaran su tesis.

4.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva allegó los enlaces de acceso al expediente de reparación directa sin emitir pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones alegados por la parte actora en el escrito de tutela.

4.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás demandantes del proceso ordinario no se pronunciaron, a pesar de estar debidamente notificados.

5. Sentencia impugnada

5.1. Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, denegó el amparo solicitado. Respecto del defecto fáctico, trajo a colación la relación de pruebas que realizó el Tribunal Administrativo del Huila y concluyó que, frente al oficio OFI15-0031828/JMSC 130200 de 21 de abril de 2015, la mencionada autoridad judicial sí lo valoró y le asignó el valor probatorio que en su análisis objetivo deRadicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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las pruebas consideró pertinente. De otra parte, frente al oficio N° 002669/MDN-CGFMwww.consejodeestado.gov.co 4

las pruebas consideró pertinente. De otra parte, frente al oficio N° 002669/MDN-CGFMCE-DIV5-BR09-BATAM09-S3-81 de 18 de julio de 2014, señaló que si bien es cierto este no fue tenido en cuenta por el mencionado tribunal, también lo es que en el escrito de tutela tampoco se señaló de qué manera la valoración de esa prueba hubiese inferido en la decisión que finalmente tomó la autoridad judicial demandada.

5.2. En cuanto al defecto sustantivo por no haber decretado pruebas de oficio por parte del Tribunal Administrativo del Huila, manifestó que es potestativo de l juez de instancia decretar o no pruebas de oficio, lo cual estará siempre sujeto a la pertinencia y utilidad de las pruebas y del convencimiento que le generen las que fueron aportadas al proceso frente al problema jurídico. Concluyó, por lo tanto, que no es obligatorio para los jueces y magistrados decretar pruebas de oficio.

5.3. Frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial, e n el escrito de tutela, la parte demandante, con el fin de destacar que para el momento de interposición de su demanda ordinaria de reparación directa la jurisdicción contenciosa fallaba los asuntos de minas antipersonales con la tesis de la falla del servicio por incumplimiento normativo , aportó los radicados de algunas providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que el problema jurídico se resolvió bajo la mencionada tesis

5.3.1. Al respecto, al resolver ese cargo, el juez de tutela de pri mera instancia realizó un

en las que el problema jurídico se resolvió bajo la mencionada tesis

5.3.1. Al respecto, al resolver ese cargo, el juez de tutela de pri mera instancia realizó un análisis de las providencias a que hizo referencia el actor y concluyó que ninguno de esos fallos constituye un precedente de obligatorio cumplimiento en el entendido que se trata de sentencias y posiciones que no fijan una regla única para solucionar un determinado asunto jurídico y que, por lo tanto, no se configuró el desconocimiento del precedente jurisprudencial.

5.4. Por último, el juez de tutela de primera instancia no se pronunció frente a l exceso ritual manifiesto, por cuanto el actor se limitó a mencionar el defecto, pero no expuso una argumentación suficiente que permitiera analizarlo de fondo.

6. Impugnación

6.1. El demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda de tutela. Para el efecto, sostuvo, en concreto, que la autoridad judicial demandada aplicó una sentencia de unificación que no había sido proferida al momento en que ocurrió el accidente de la mina antipersonal, pues este sucedió el 25 de noviembre de 2011 , mientras que la sentencia de unificación fue proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 7 de marzo de 2018.

6.2. Que en esa sentencia el Consejo de Estado cambió la tesis bajo la cual se analizaría la responsabilidad del Estado en asuntos como el de los accidentes con minas antipersonales, es decir, que se aplica la teoría del riesgo creado, teoría que dista del

la responsabilidad del Estado en asuntos como el de los accidentes con minas antipersonales, es decir, que se aplica la teoría del riesgo creado, teoría que dista del régimen que se venía aplicando en la Corporación hasta ese momento y que corresponde al de la falla en el servicio por el incumplimiento u omisión de los deberes normativos del estado, tesis bajo la cual el actor fundamentó la demanda de reparación directa.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando seRadicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la República1.

1.2. La Corte Constitucional, por su parte, ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, están los requisitos generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados en la sentencia C -590 de 2005, así: la relevanci a constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de

inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.

1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales. Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico 2 , defecto sustantivo 3 , procedimental4, fáctico 5, error inducido 6, decisión sin motivación 7, desconocimiento del precedente judicial8 o violación directa de la Constitución9.

1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una decisión judicial.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala decidir si el a quo acertó al denegar la tutela formulada por el señor Miller Gómez López, por considerar, entre otras, que la sentencia del 22 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, aplicó indebidamente una sentencia de unificación de jurisprudencia,

2.1.1. Así pues, la Sala se centrará en analizar la pertinencia de la aplicación de la mencionada sentencia de unificación al caso objeto de estudio, el cual, como ya se indicó, aconteció antes de que el Consejo de Estado unificara su postura en asuntos que involucren minas antipersonales.

mencionada sentencia de unificación al caso objeto de estudio, el cual, como ya se indicó, aconteció antes de que el Consejo de Estado unificara su postura en asuntos que involucren minas antipersonales.

De la providencia objeto de tutela

2.2. En la sentencia del 22 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila realizó una reseña de la evolución jur isprudencial que ha tenido el régimen de imputación en asuntos que involucren minas antipersonales. En ese sentido, explicó que, en un primer momento, las sentencias del Consejo de Estado reconocieron la responsabilidad del Estado desde la falla en el servicio atribuible a la administración por el incumplimiento de sus obligaciones para con los administrados. No obstante, señaló que, con base en otras posiciones jurídicas que en su momento adoptó la Corporación, al Estado no le son imputables todas todos los daños causados a terceros.

1 Sentencia C-543 de 1992. 2 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU050 de 2018, SU-041 de 2018. 3 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU041 de 2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016. 4 Sentencia SU-061 de 2018. 5 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.

4 Sentencia SU-061 de 2018. 5 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016. 6 Sentencia SU-261 de 2021. 7 Sentencia SU-489 de 2016. 8 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015. 9 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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2.2.1. A partir de lo anterior, la autoridad judicial demandada manifestó que en asuntos como el que ahora es objeto de estudio, donde se alega que la falla en el servicio se originó en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación, es menester demostrar no solo el perjuicio o daño, sino también que éste derivó de un hecho, que aun cuando fuera previsible, no fue evitado, posición que adoptó el Consejo de Estado a partir del 7 de marzo de 2018, cuando se profirió la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado al estudiar el expediente No. 34.359 y en la que se empezó a aplicar la teoría del riesgo creado. 2.2.2. Con base en dicha jurisprudencia , la cual unificó criterios en materia de minas

Consejo de Estado al estudiar el expediente No. 34.359 y en la que se empezó a aplicar la teoría del riesgo creado. 2.2.2. Con base en dicha jurisprudencia , la cual unificó criterios en materia de minas antipersonales, el tribunal demandado consideró que al haberse probado por parte del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que fueron realizados esfuerzos con miras a ubicar y desactivar los campos minados en ese municipio (Algeciras) , resultaba inviable condenar a la Nación, pues no solo se probó el interés de las autoridades en mitigar los efectos adversos que derivan de la instalación de minas, sino que no se logró demostrar por parte del demandante que el artefacto explosivo haya sido puesto allí por los militares, de mane ra que confirmó la sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. 2.3. De la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado

2.3.1 En este capítu lo, la Sala explicará las subreglas fijadas por la sentencia de unificación.

2.3.2. La primera subregla señala que « habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con MAP/MUSE/AEI10 en casos en los que la proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional».

2.3.3. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que existe

iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional».

2.3.3. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que existe responsabilidad del Estado en dos supuestos: (i) cuando, por la proximidad del artefacto explosivo, pueda colegirse que iba dirigido contra agentes del Estado, a título de riesgo excepcional, y (ii) cuando la explosión del artefacto suceda en una base militar y dicho artefacto haya sido instalado por el propio Ejército Nacional, a título de falla en el servicio.

2.3.4. En cuanto al primer supuesto, la Sección Tercera exp licó que el interesado debe demostrar razonablemente que el artefacto explosivo estaba destinado a afectar una base militar, estación de policía u otro bien que pueda constituir un objetivo militar para un grupo armado ilegal. También señaló que si bien lo s ataques con minas antipersona o municiones sin explotar, per se, son indiscriminados, lo cierto es que la responsabilidad puede derivarse de la cercanía con un objetivo militar (bases militares, personal del estado, etcétera), por existir un contexto de guerra y un riesgo creado para la comunidad.

2.3.4.1. Textualmente, la Sección Tercera dijo lo siguiente: «si bien los ataques con minas antipersonal o municiones sin explotar, se constituyen como un ataque indiscriminado, pues no van dirigidos específicamente contra cierta persona o entidad –de ahí el término antipersonal-, sino a generar daños a cualquiera que se tope con ellas, y en últimas buscan generar pánico en la comunidad, la cercanía del artefacto explosivo a una base militar,

antipersonal-, sino a generar daños a cualquiera que se tope con ellas, y en últimas buscan generar pánico en la comunidad, la cercanía del artefacto explosivo a una base militar, estación de policía, u otro bien que pueda constituir un objetivo militar para un grupo armado ilegal, permite inferir que se trataba de un ataque dirigido a personal del Estado, y que, si un particular resulta lesionado, se trata de un riesgo excepcional que debe ser indemnizado».

10. Minas antipersona, municiones abandonadas y artefactos explosivos improvisados.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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2.3.4.2. En el segundo supuesto, la Sección Tercera sostuvo que la responsabilidad del Estado cuando en el proceso de reparación directa se demuestra que la explosión ocurrió al interior de una base militar y que el artefacto explosivo f ue instalado por agentes del Estado. La Sección Tercera delimitó este supuesto, así: « el Estado se vería en la obligación de reparar los daños ocasionados con las minas antipersonal ubicadas en las bases militares, i) en fechas anteriores al plazo fijado p or la Convención de Ottawa para erradicarlas, en atención al riesgo al que él mismo sometió a la víctima de sufrir un accidente con la detonación del artefacto o por la falla en el servicio ante la omisión de proteger a su propio personal o civiles que ing resaran a la base militar y ii) una vez

accidente con la detonación del artefacto o por la falla en el servicio ante la omisión de proteger a su propio personal o civiles que ing resaran a la base militar y ii) una vez cumplido dicho plazo, pues se habría configurado una falla en el servicio por la inobservancia del deber contenido en la Convención y la ley que la ratificó».

2.3.5. La Sección Tercera aclaró que no es procedente imputar responsabilidad al Estado con fundamento en el principio de solidaridad, en la posición de garante o el deber de protección contemplado en el artículo 2 de la Constitución Política.

2.3.5.1. Frente al principio de solidaridad, la Sección Tercera explicó que se trata de un valor constitucional y que no confiere obligaciones concretas de protección en cuanto a accidentes por MAP, MUSE o AEI. Que «el valor hermenéutico de la solidaridad hace que su eficacia normativa se materialice en la labor legislativa y en el ejercicio que adelanta la Corte Constitucional al momento de sopesar los principios en pugna al revisar la exequibilidad de una ley, lo cual deja por fuera al juez administrativo, a menos que hubiere una ley que desarrolle el sentido de dicha solidaridad en la materia en la que debe fallar y que le permita pronunciarse respecto del incumplimiento de los deberes funcionales consagrados en la misma. Este no es el caso de los accidentes con MAP, MUSE o AEI».

2.3.5.2. En cuanto a la posición de garante, la Sección Tercera puso de presente que, en otras oportunidades, declaró la responsabilidad del Estado por daños ocasionados con MAP y MUSE instaladas por miembros de grupos armados ilegales, en virtud de la

otras oportunidades, declaró la responsabilidad del Estado por daños ocasionados con MAP y MUSE instaladas por miembros de grupos armados ilegales, en virtud de la posición de garante, por el hecho de la omisión de completar el desminado humanitario en todo el territorio nacional, de conformidad con los compromisos adquiridos con ocasión de la ratificación del tratado de Ottawa. Seguidamente, explicó que no es posible aceptar esa posic ión, puesto que no ha fenecido el plazo previsto para el cumplimiento de la obligación de desminado, prevista en la convención de Ottawa.

2.3.5.3. Conviene recordar que el artículo 5 de la convención de Ottawa prevé dos obligaciones fundamentales para los estados parte: (i) « destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte», y (ii) esforzarse «en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptar todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del

contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a l a Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados».

2.3.5.4. La Sección Tercera, en la providencia de unificación, entendió que el plazo p ara el cumplimiento de la primera obligación feneció el 1°de marzo de 2021, por virtud de la prórroga solicitada por el Estado colombiano. Que, por ende, « no es posible afirmar que el Estado ha incumplido los compromisos pactados en el tratado de Ottawa, d e “destruir, o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadasRadicado: 11001-03-15-000-2022-05206-01

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que estén bajo su jurisdicción o control” (artículo 5), ya