CE - 110010315000202205254011SENTENCIA20230607140508

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: CODENSA S.A.E.S.P. – ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial / Controversias contractuales / Defecto fáctico , sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución Política

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P. , en contra de la sentencia proferida el 24 de febrero de 202 3 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P., promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampar aran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión

Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P., promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampar aran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B , en el medio de control de controversias contractuales identificado con el radicado 25000-33-36-000-2015-01397-01 (58425).

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P., en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, instauró demanda en contra de l Distrito Capital de Bogotá y la empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., con el fin de que se declarara el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 766 del 30 de abril de 19971 y del Acuerdo del 25 de enero de 20022, con ocasión del no pago del IVA respecto del canon de arrendamiento de la infraestructura de alumbrado público.

1 Para la prestación y pago del servicio de alumbrado público. 2 Establecer la metodología para calcular la remuneración generada por el convenio.2

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Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P.

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante sentencia del 28 de septiembre de 20 16 negó las pretensiones de la demanda al considerar que el convenio celebrado entre las partes no tenía por objeto el arrendamiento de ningún

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante sentencia del 28 de septiembre de 20 16 negó las pretensiones de la demanda al considerar que el convenio celebrado entre las partes no tenía por objeto el arrendamiento de ningún bien mueble o inmueble. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de la sentencia del 13 de julio de 202 2 confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que correspondía a la parte demandante el pago del valor del IVA en razón a que era la dueña de la infraestructura con la que se presta el servicio de alumbrado público, y porque en la remuneración estaba incluido el reconocimiento del uso de los activos para ello, sin que la obligac ión de la UAESP fuera en calidad de arrendatario de la infraestructura de propiedad de Codensa S.A. E.S.P.

1. En relación con esa decisión, la sociedad tutelante alega vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto la corporación demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo, decisión sin motivación y violación de la Constitución Política, por lo

siguiente:

1. Defecto fáctico: En la medida en que no se valoró el convenio, el acuerdo y sus anexos, en los que se diferenciaron las obligaciones a cargo de C odensa S.A.

E.S.P., para que el distrito garantizara la prestación del servicio de alumbrado público.

En relación con lo anterior, explicó que la autoridad judicial consideró qu e en el contrato celebrado entre la UAESP y CODENSA S.A. E.S.P. no se suscribió un

público.

En relación con lo anterior, explicó que la autoridad judicial consideró qu e en el contrato celebrado entre la UAESP y CODENSA S.A. E.S.P. no se suscribió un arrendamiento, sino una prestación de servicios de alumbrado público a cargo de esta última, y a partir de ello, concluyó erradamente que la empresa de energía debía asumir el pago del IVA.

La providencia objeto de amparo no fue clara, al contener afirmaciones indefinidas que carecen de congruencia, lo cual conllevó a que se confundiera la prestación del servicio de alumbrado público con el suministro de energía eléctrica, y se concluyera que el servicio de alumbrado público lo prestaba CODENSA S.A. E.S.P., por ser la propietaria de la infraestructura y porque la remuneración del contrato incluía el uso de los activos requeridos para tal función.

El fallo cuestionado no examinó la totalidad de los argumentos planteados en el recurso de apelación, en oposición al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, el juez de segunda instancia tiene la facultad para examinar la totalidad de la demanda y pronunciarse sobre todos los cargos y las excepciones.

2. Defecto sustantivo: En tanto se omitió dar aplicación a las normas en materia de alumbrado público, IVA y arrendamiento, pues, no se tuvo en cuenta el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 2424 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, lo cual conllevó a concluir erróneamente que la prestación del servicio de3

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2007, lo cual conllevó a concluir erróneamente que la prestación del servicio de3

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Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P. alumbrado público era responsabilidad de CODENSA S.A. E.S.P.

Tampoco se analizaron los artículos 420 y siguientes del Estatuto Tributario, la doctrina de la DIAN y la jurisprudencia de l Consejo de Estado, Sección Cuarta, mencionada en la demanda y en el recurso de apelación, ni se decidió acerca de la discriminación del IVA en el contrato, lo que deja ver el desconocimiento de la diferencia que existe entre el sujeto pasivo jurídico —CODENSA S.A. E.S.P. — y el económico —UAESP— de la obligación tributaria, y a que la referida empresa de servicios asumiera el pago del mencionado impuesto.

3. Decisión sin motivación: Ya que las conclusiones adoptadas se sustentan en una interpretación del convenio que no corresponde a su sentido real y literal, y en afirmaciones que carecen de fundamento.

4. Violación directa de la Constitución : Por un lado, se vulneró el principio de congruencia, en tanto el «[…] análisis del Convenio y del Acuerdo (pruebas del proceso) [fue] confuso e incongruente […]» porque la autoridad judicial cuestionada no se pronunció sobre los argumentos planteados por CODENSA S.A. E.S.P. en el recurso de apelación. Además, «[…] incurrió en múltiples contradicciones en el análisis del Convenio o del Acuerdo [sin] sustentar su decisión en las normas en materia

el recurso de apelación. Además, «[…] incurrió en múltiples contradicciones en el análisis del Convenio o del Acuerdo [sin] sustentar su decisión en las normas en materia de IVA y del servicio de alumbrado público […]», y no tuvo en cuenta el Concepto 100202208-0881 emitido el 4 de septiembre de 2017 por la DIAN, que se aportó al proceso mediante memorial radicado el 23 de octubre del mismo añ o, en el que se indicó que el servicio de alumbrado público no estaba amparado en la exclusión del IVA.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 13 de julio de 2022, en el proceso de controversias contractuales con radicado 2500023-36-000-2015-01397-01 (58425).

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3, manifestó que debe declararse la improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, debido a que Codensa S.A. E.S.P Enel Colombia S.A. E.S.P tenía a su alcance el recurso extraordinario de revisión como medio judicial idóneo y eficaz para la protección de su derecho fundamental al debido proceso por el desconocimiento del precedente invocado.

También adujo que en el proceso ordinario no se vulneraron los derechos referidos por la parte demandante, pues los argumentos expuestos en el escrito de amparo se dirigen a que se estudie, una vez más, un asunto ya decidido como si se tratara de

También adujo que en el proceso ordinario no se vulneraron los derechos referidos por la parte demandante, pues los argumentos expuestos en el escrito de amparo se dirigen a que se estudie, una vez más, un asunto ya decidido como si se tratara de

3 Ver índice 9 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_CAROLINAMOR(.pdf ) NroActua 9.4

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Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P. una tercera instancia, pese a que la sentencia cuestionada se fundamentó en los elementos fácticos y jurídicos aplicables al caso.

1.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios 4, manifestó que la solicitud de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en atención a que, por medio del recurso extraordinario de revisión, la parte demandante podía poner en conocimiento del juez natural las inconformidades relacionadas con la sentencia cuestionada en sede de amparo constitucional.

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.5

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través de sentencia del 24 de febrero de 2023 declaró improcedente el mecanismo constitucional invocado por la parte tutelante al considerar que carece de relevancia constitucional, toda vez que:

«[…] En el caso concreto, CODENSA S.A. E.S.P – ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. afirmó

la parte tutelante al considerar que carece de relevancia constitucional, toda vez que:

«[…] En el caso concreto, CODENSA S.A. E.S.P – ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. afirmó que la sentencia cuestio nada en sede de tutela vulneró los derechos invocados en su escrito porque incurrió en un defecto fáctico, en la medida en que no examinó ni se pronunció sobre la totalidad de los argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, en especial sobre la obligación que tienen las entidades territoriales de prestar el servicio de alumbrado público, y la causación del IVA. Así mismo, adujo que el mencionado fallo violó directamente la Constitución, porque no respetó los principios de imparcialidad judicial y de congruencia, y porque no fue lo suficientemente claro, dado que en su contenido hay afirmaciones indefinidas que carecen de coherencia y que hacen que el fallo no sea congruente.

Pues bien, con respecto a lo anterior, la Sala resalta que, frente a los argumentos antes mencionados, la solicitud de amparo no cumplió con el requisito bajo análisis en tanto la parte accionante tenía a su alcance otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para actuar en procura de la protección de los derechos fun damentales que consideró vulnerados […] En ese orden de ideas, es evidente que los yerros estudiados tratan una mera inconformidad con un aspecto que debe ser resuelto por los jueces ordinarios en su labor de interpretación de las obligaciones adquiridas en virtud del Convenio y del Acuerdo celebrado para la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito de Bogotá, con el fin de determinar si en efecto, ocurrió o no incumplimiento. Por esa razón, los

celebrado para la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito de Bogotá, con el fin de determinar si en efecto, ocurrió o no incumplimiento. Por esa razón, los defectos bajo análisis no justifican razona damente la existencia de una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales cuya protección fue solicitada, pues al tratarse de una diferencia de criterio entre la postura de la parte accionante y el examen realizado por la Subsección B de la S ección Tercera del Consejo de Estado, frente a la interpretación del Convenio y del Acuerdo, hace que sean fundamentos que no trasciendan de esa mera inconformidad […]»

1.4. Escrito de impugnación7

4 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_CAROLINAMOR(.pdf ) NroActua 11. 5 Mediante auto del 5 de octubre de 2022, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Procurador 11 Judicial Administrativo . 6 Ver índice 36 de SAMAI 7 Ver índice 23 de SAMAI5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P.

Codensa S.A. E.S.P. Enel Colombia S.A. E.S.P. impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual insistió en que es procedente el estudio de fondo del asunto , además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación

además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 8 y el Acuerdo 80 de l 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 11 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de

distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P.

Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena, 12 adoptó los criterios

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P.

Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena, 12 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 13 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de

deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vici o o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿ la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad?

De ser favorable la respuesta al anterior interrogante, se determinará si: ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de Codensa S.A. E.S.P. - Enel S.A. E.S.P. con ocasión de la sentencia del 1 3 de julio de 2022 dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-33-36-000-2015-01397-01(58425), con la que incurrió,

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos

Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P. presuntamente, en defecto fáctico y sustantivo, decisión sin motivación y violación de la Constitución Política al concluir que el convenio suscrito con el Distrito Capital de Bogotá no era de arrendamiento y, por tanto, este último no tenía la carga de pagar el impuesto de IVA?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla

Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 16, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un ampar o efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

Una vez establecidas las actuaciones relevantes en el presente asunto, es pertinente precisar que, aun cuando la parte actora adecuó el reclamo formul ado a las vías de hecho establecidas en la jurisprudencia para cuestionar providencias judiciales a través de la solicitud de tutela, esta Sala de decisión evidencia que la inconformidad manifestada gira en torno a la falta de congruencia de la decisión judicial proferida por el juez de segunda instancia, la cual hace consistir en que «[…] no fue lo suficientemente clara, pues solo contiene afirmaciones indefinidas que carecen de

manifestada gira en torno a la falta de congruencia de la decisión judicial proferida por el juez de segunda instancia, la cual hace consistir en que «[…] no fue lo suficientemente clara, pues solo contiene afirmaciones indefinidas que carecen de coherencia y que hacen que el fallo no tenga congruencia. Tal falta de claridad, llevó a que la autoridad judicial contra la que se dirigió la acción, por un lado, confundiera la prestación del servicio de alumbrado público con el suministro de energía eléctrica, y, por otro, concluyera que el servicio de alumbrado público lo prestaba CODENSA S.A. E.S.P., por la simple razón de ser propietaria de la infraestructura y porque la remuneración del contrato incluía el uso de los activos requeridos para tal función. [...]».

A juicio de la Sala, se tiene que los argumentos expuestos como vías de hecho, tales como: i) la falta de valoración del convenio, acuerdo y sus anexos en los que se

16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P. diferenciaron las obligaciones; ii) no se examinaron la totalidad de los argumentos planteados en el recurso de apelación; iii) no se aplicaron las normas en materia de alumbrado público, IVA y arrendamiento; iv) se interpret ó el convenio en un sentido que no corresponde al real y material; y v) múltiples contradicciones en el análisis del convenio o del acuerdo, guardan relación directa con la falta de congruencia que

alumbrado público, IVA y arrendamiento; iv) se interpret ó el convenio en un sentido que no corresponde al real y material; y v) múltiples contradicciones en el análisis del convenio o del acuerdo, guardan relación directa con la falta de congruencia que se le endilga al fallo cuestionado, de tal manera, serían objeto de análisis en el recurso extraordinario de revisión, por lo que el juez de amparo constitucional no puede pronunciarse al respecto, so pena de invadir la compete ncia del juez natural del asunto.

En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la parte actora deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del recurso extraordinario de revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la Ley 1437 de 201117, que señalan:

«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.»

«Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. [..:]»

En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de subsidiariedad en asuntos de contornos similares, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021 sostuvo lo siguiente:

como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de subsidiariedad en asuntos de contornos similares, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021 sostuvo lo siguiente:

«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano. Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil, penal y laboral– y la jurisdicción co ntencioso-administrativa[36], es una excepción al principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”[37].

5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias que llevaron al juez a emitir un fal lo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas en el mom ento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud” [39]. Este recurso, en tonces, constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que

revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud” [39]. Este recurso, en tonces, constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.

17 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05254-01

Demandante: Codensa S.A. E.S.P. – Enel Colombia S.A. E.S.P.

5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo, debido a su naturale za excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:

“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que ademá s procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el

no sólo extraordinaria, sino que ademá s procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”[40]

[…]

5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente las irregu