CE - 110010315000202205276011SENTENCIA20230526160943

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: JUDITH MARITZA JAIMES TIBAMOZA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se confirmó reconocimiento pensional en v irtud del principio de la non reformatio un pejus. Defecto sustantivo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la acto ra, quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 11 de noviembre de 202 2, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con los presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con los presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que es hija de la señora Marina Tibamoza de Jaimes quien falleció el 10 de enero de 2022 y precisó que acude a la acción de tutela por “el interés legítimo que tiene en el proceso objeto de tutela”.

Señaló que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimi ento del derecho la señora Marina Tibamoza de Jaimes demandó al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio y al departamento de Arauca , con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 4279 de 5 de noviembre de 2013 que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Manifestó que en la demanda pidió que para analizar el requisito de tiempo de servicios se incluyera el period o comprendido entre el 2 de mayo de 1990 y 23 de noviembre de 199 4, en el que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios en el departamento de Arauca.

Refirió que, en primera instancia , por sentencia de 27 de noviembre de 20 14, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió a las pretensio nes de la demanda y ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar la pensión de jubilación en favor de la señora Tibamoza Jaimes a partir delRadicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar la pensión de jubilación en favor de la señora Tibamoza Jaimes a partir delRadicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

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2 24 de julio de 2010, con efectos fiscales desde el 9 de agosto de 2013 conforme el 75% de los factores devengados durante el último año de servicios.

Indicó que la parte demandante interpuso recurso de apelación , al considerar que el monto pensional deb ía reconocerse conforme con el 75% de lo devengado durante el último año de ser vicios anterior al momento en que alcanzó el estatus pensional, y que no podía condicionarse el pago al retiro del servicio , lo cual se produjo el 16 de septiembre de 2014 con ocasión del reconocimiento de la pensión de invalidez.

Por último, expresó que por sentencia de 24 de febrero de 2022 , la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, por razones difer entes, al seña lar que la beneficiaria ya percibía una pensión de invalidez que era incompatible con la pensión de jubilación, y porque no era posible incluir en el tiempo de servicio el periodo que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos

no era posible incluir en el tiempo de servicio el periodo que estuvo vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y de acceso a la administración de justicia, los cuales consider a vulnerados con la sentencia de 24 de febrer o de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” que confirmó el fallo d e 27 de noviembre d e 2014 , dictado por el Tribunal Administrativo de Arauca , que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por su madre la señora Marina Tibamoza de Jaimes contra e l Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Arauca , con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 4279 de 5 de noviembre de 2013 que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

La actora alegó el desconoc imiento del principio de la non reformatio in pejus lo que, a su juicio, se produjo porque aunque la autoridad judicial accionada confirmó la sen tencia de primera instancia que había accedido al reconocimiento de la pensión de jubilaci ón, en el fallo de segunda instancia abordó aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación y que al ser apelante única no pod ía revisar, como es el caso del incumplimiento de los presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en razón a que ( i) ella ya perci bía una

revisar, como es el caso del incumplimiento de los presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en razón a que ( i) ella ya perci bía una pensión de invalidez y (ii) porque consideró improcedente que se incluyera el periodo en que estuvo vinculada bajo la mo dalidad de prestación de servicios , lo “que empeoró o desmejoró una situación que no fue objeto de apelación”.

En ese orden de ideas , aseveró que lo único que debió ser objeto de pronunciamiento era la compa tibilidad entre la pensión de jubilación y el salario , por lo que la autoridad judicial accionada debió decidir únicamente el cargo relativo a si era o no procedente condicionar el pago de la pensión de jubilación al retiro del servicio, como lo había concluido el Tribunal Administrativo de Arauca.

Por últim o, alegó la configuración de un defecto sustantivo por la indebida interpretación del artículo 5 del Decreto 224 de 1972 , del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 que, a juicio de la actora, permiten a los docentes percibir la pensión de jubilación y el salario.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

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3 “PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del

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3 “PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Expediente No. 81001 -23-33-000-2014-00050-01 (N.I.: 2631 -2015) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés al confirmar la sentencia del 27 de noviembre de 2014 emitida por el Tri bunal Administrativo de Arauca, el cual otorga una pensión de jubilación docente en el marco de la Ley 33 de 1985 y condicionándolo al retiro del servicio, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proc eso judicial, al trabajo en condiciones dignas y justas, el ac ceso de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable Corporación.

SEGUNDA.- Declarar que el fallo de segunda instancia de febrero 24 de 2022, notificada en marzo 31 del mismo año, con radicaci ón No. 81001 -23-33-000-201400050-01 (N.I.: 26312015) carece de efectos legales.

TERCERAEn consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente el señor Juez Consti tucional, la Corporación accionada profiera nueva sentencia ap licando correctamente las normas referentes a la pensión de jubilació n docente en el marco del régimen de excepción y l a compatibilidad de la prestación con el salario”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

docente en el marco del régimen de excepción y l a compatibilidad de la prestación con el salario”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 24 de febrero de 2022 , proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

• Copia de la sentencia 27 de noviembre de 2014 , dictada por el Tribunal

Administrativo de Arauca.

Del mismo modo, se allegó copia digitalizada del expediente No 81001-23-33-0002014-00050-01 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Judith Maritza Jaimes Tibaboza contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales d el Magisterio y el departamento de Arauca.

5. Trámite procesal

Por auto de 7 de octubre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial acci onada, así como a l Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de Arauca, en calidad de terceros interesados en el resultado del proceso.

Del mismo modo, dispuso que se oficiara al Tribunal A dministrativo de Arauca para que remitiera copia digitalizada del ex pediente No 81001 -23-33-000-201400050-01 correspo ndiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promov ido por Judith Maritza Jaimes Tibaboza contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterio y

00050-01 correspo ndiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promov ido por Judith Maritza Jaimes Tibaboza contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Mag isterio y departamento de Arauca.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad alegó falta de legitimación en la causa por pasiva , al considerar que no tiene competencia para ate nder lasRadicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

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4 pretensiones de la demanda por lo que pid ió que se desvincule del trámite constitucional.

6.2. Respuesta Secretaría de Educación de Arauca

El Secretario de Educación Departamental solicitó que se declare improcedente la acción de tutela , bajo e l argumento de que no se cumplió con la carga argumentativa mínima.

Del mismo modo, consideró que no se vulneraron los derec hos fundamentales alegados, en tanto la autoridad judicial acc ionada profirió una decisión que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.

6.3. Respuesta de Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas de la compañía se pronunció sobre la acción de tutela actuando como administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La coordinadora de tutelas de la compañía se pronunció sobre la acción de tutela actuando como administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Manifestó que la accionante no cumplió con la carga argu mentativa mínima porque no desarrolló las causales específicas de procedenci a de tutela contra providencias judiciales.

6.4. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, pese a que fue notificada en debida forma del auto admisorio de la demanda, guardó silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado por sentencia de 11 de noviembre de 2022, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los presupuestos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

En relación con el primero señaló que la accionante emplea el mecanismo de protección constitucional como una insta ncia adicional para revivir el debate ya superado por el juez ordin ario. Al respecto, señaló que no le corresponde al juez de tutela evaluar la interpretación y alcance que da el juez natural d e la controversia a la normativa aplicable para resolver el cas o c oncreto, así como tampoco “refutar” la valoración probatoria adelantada en el proceso ordinario.

Finalmente, en relación con los reproches relativos al pronunciamiento sobre aspectos que no fueron objeto de recurso de apelación, el a quo consideró que no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto la act ora dispone de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir este aspecto como lo es el recurso extraordinario de revisión.

se cumple el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto la act ora dispone de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir este aspecto como lo es el recurso extraordinario de revisión.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia , para lo cual solicitó que se revocara y se acced a a las pretensiones de la solicitud. Los ar gumentos en los que sustentó su escrito se pueden resumir, así:

Comenzó por reiterar los argumentos expuestos en la acción de tut ela. E n ese marco, insistió en que la autoridad ju dicial accionada incurrió en un error al condicionar el pago de la pensión de vejez al retiro del servicio . Ello a su juicio , configura un trato desigual frente al resto de docentes oficiales vinculados ant esRadicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

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5 del 27 de junio de 2003, quienes han sido benef iciados con el reconocimiento de la pensión de jubilación compatible con el salario.

Manifestó que el a quo no analizó de manera rigurosa “la jurisprudencia sobre el principio de la non reformatio in pejus ”, lo que considera necesario para fundamentar la improcedencia de la acción de tutela. Ello, por cuanto, adujo “Mientras en las consideraciones, el juez de segundo grado afirma que el apel ante

principio de la non reformatio in pejus ”, lo que considera necesario para fundamentar la improcedencia de la acción de tutela. Ello, por cuanto, adujo “Mientras en las consideraciones, el juez de segundo grado afirma que el apel ante se encuentra protegido por el principio antes citado, la sente ncia termina aniquilando la regla. Confirma la dec isión con el argumento que la actora no cumple con los 20 años de servicio c omo docente porque no demostró cotizaciones durante los periodos en modalidad contractual”.

Indicó que contrario a lo considerado en la decisión de primera instancia, sí se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional toda vez que no acudió a la acción de tutela como una instancia adicional pues “no se trata de debatir situaciones jurídicas ya presentadas y estudiadas en la s ordinarias, se busca que se corrijan los yerros judiciales en que incurrieron los juzgadores de las instancias ordinaria”, y que se garantice una aplicación correcta del ordenamiento jurí dico en aras de proteger los derechos fundamentales vulnerados por la autoridad judicial accionada.

Por último , afirmó que “De esta manera, [queda] demostrado que, al declarar la improcedencia de la acción constitucional, no se aplicó las reglas y subreglas de la línea de jurisprudencia con relación a las vías de hecho judiciales, especialmente a la vulneración del principio de la reformatio in pejus, amerita la impugnación para que se estudie de fondo y se proteja de manera integral los derechos fundamentales vulnerados”.

Asimismo, en escritos complementarios, hizo ref erencia a sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado en las que se abordan temáticas relacionadas

que se estudie de fondo y se proteja de manera integral los derechos fundamentales vulnerados”.

Asimismo, en escritos complementarios, hizo ref erencia a sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado en las que se abordan temáticas relacionadas con la inclusión de los tiempos de vinculación como docente bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios. En ese sentido , se refirió a las sentencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2022 1, de 22 de enero de 2022 2, de 30 de junio de 2022 3 y a la proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” el 19 de enero de 20234.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Polític a, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acu erdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es compet ente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos de l escrito de impugnación, determinar si, como lo sostuvo el a q uo, la solicitud de tutela incumple con los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

1 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-07366-00. 2 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-0683000.

1 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-07366-00. 2 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2021-0683000. 3 M.P. Milton Chaves García. Expediente No 11001-03-15-000-2022-01551-01. 4 M.P. William Hernández Gómez. Expediente No. 15001-23-33-000-201900103-01Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

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6 En caso de que la respuesta sea negativa y se cumplan los restantes requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deb erá determinar si la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debid o proceso, trabajo y de acceso a la administración de justicia con la sentencia de 24 de febrero de 2022 , que confirmó el fallo de 27 de n oviembre de 2014 dictado por el Tribunal Administrativo de Arauca, en el que se dispuso el reconocimiento de pensión de jubilación en favor de la señora Marina Tibamoza de Jaimes condicionado el pago al retiro d el servicio, por desconocer el principio de la non reformatio in pejus y supuestamente incurrir en defecto sustantiv o al inobservar preceptos legales que consagran la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación, por lo que el pago de esta

servicio, por desconocer el principio de la non reformatio in pejus y supuestamente incurrir en defecto sustantiv o al inobservar preceptos legales que consagran la compatibilidad entre el salario y la pensión de jubilación, por lo que el pago de esta prestación económica no puede condicionarse al retiro del servicio.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contr a providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vu lnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir la procedencia excepc ionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación d el 5 de agosto de 20148, precisó el ámbito de aplicación de la acci ón de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, tambié n, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades púb licas

judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, tambié n, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades púb licas que “pueden e ventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afec tada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la v ulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe qued ar claro que la mis ma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci ón como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci ón en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

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7 Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia co nstitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 10; (ii) Defecto procedimental absoluto 11; (iii) Defecto fáctico 12; (iv) Defecto material o sustantivo 13; (v) Error inducido 14; (vi) Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defe ctos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuest os han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo C ontencioso Adminis trativo17 y de la Corte Constitucional18.

interesado. Estos presupuest os han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo C ontencioso Adminis trativo17 y de la Corte Constitucional18.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el caráct er prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constituci onales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tu tela c umple el presupuesto de la subsidiariedad y la relevancia constitucional, por lo que es procedente el estudio de fondo

El juez de tutela de primera inst ancia declaró la improce dencia de la acción de tutela porque no encontró cumplidos los requisitos de subs idiariedad y relevancia constitucional.

En el escrito de impugnación, la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, en ese marco , aseveró que el a quo omitió realizar un pronunciamiento en torno a l principio de la non reformatio in pejus, lo q ue consideró necesario p ara fundamentar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por ese hecho.

Del mismo modo, indicó que el caso sí reviste relevancia constit ucional porque no es cierto que pretenda revivir el debate ya superado en el trámite del proceso

10 Se presenta cuando el funcionario judicial q ue profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

10 Se presenta cuando el funcionario judicial q ue profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicac ión del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexisten tes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 14 Que se presenta cuando el juez o tribu nal fue víctima de un e ngaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 15 Que implica el in cumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fác ticos y jurídicos de su s decisiones en el ente ndido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley lim itando sustancia lmente dicho alcance. E n estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur ídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 17 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. S tella Jeannette Carvajal Basto (exp. 20 16 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moren o Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01),

Sentencia del 24 de n oviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 18 Cfr., Sentencias SU -556 de 20 16, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU -490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mend oza Mar telo, SU -659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05276-01

Demandante: Judith Maritza Jaimes Tibamoza

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8 ordinario, pues lo que pretende con la acción de tutela es que “se corrijan los yerros judiciales en que incurrieron los ju zgadores de las instancias ordinaria s” y se garantice una aplicación correcta del ordenamiento jurídico en aras d e proteger los derechos fundamentales vulnerados por la autoridad judicial accionada.

A juicio d e la Sala, los referidos presupuestos general es de procedencia se encuentran cumplidos, por las siguientes razones:

Contrario a la conclusión que arribó el a quo, el recurso extraor dinario de revisión no es el medio de defensa judicial idóneo para resolver esta controversia, teniendo en cuenta que la decisión de man tener el derecho pe nsional de la beneficiaria se

Contrario a la conclusión que arribó el a quo, el recurso extraor dinario de revisión no es el medio de defensa judicial idóneo para resolver esta controversia, teniendo en cuenta que la decisión de man tener el derecho pe nsional de la beneficiaria se sustentó justamente en el principio de la non reformatio in pejus, aun cuando la autoridad judicial accionada concluyó que no cumplía los requisitos para acceder al mismo. De allí que aun cuando esgrimió razones para sustent ar por qué no consideraba procedente el recon ocimiento del derecho pensiona l, en últimas confirmó la decisión favorable de primera instancia.

De igual modo , el requ isito de la relevancia constitucional también se encuentra cumplido en esta oportunidad. Al r especto, la Sala observa que la decisión judicial objeto de tutela se sus tentó en r azones distintas a las del juzgado r de primera instancia, lo que permite concluir que la intención de la demandante no es re abrir el debate legal que ya fue resuelto en inst ancia, sino que su inconformidad radica en las razones que llevaron a la autoridad judicial accio nada a conf irmar la decisión que accedió al reconocimiento de su pensión de jubilación.

De igual forma , (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 19 establecidos como plazo razonable precisado por esta Cor poración y la Corte Constitucional20; (iv) los hechos y las p retensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

Así las cos as, como quiera que los requisit os de subsidia riedad y relevan cia constitucional se encuentran cumplidos, así como los demás que ha precisado la

manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

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