CE - 110010315000202205318011SENTENCIA20230410144846

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DE LOS

PRESUPUESTOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y SUBSIDIARIEDAD.

ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO

TARDÍO DE CESANTÍAS. NO INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, LA CUAL DESDE ESE MOMENTO LA

CONDENÓ AL PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 22 de noviembre de 2023, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

la sentencia de 22 de noviembre de 2023, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ESTADO1 denegó el amparo solicitado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual , a su juicio, le fue vulnerado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA3 al proferir las providencias de 1o. de diciembre de 2021 y 29 de marzo de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-33-33-002-2021-00120-01.

1 En adelante Sección Segunda. 2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

1 En adelante Sección Segunda. 2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Tribunal.3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.2.- Hechos

Sostuvo que el 23 de diciembre de 2019 , el docente FRANCISCO CORONADO RUIZ solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías, lo cual fue concedido de forma parcial mediante Resolución núm. 490 de 22 de enero de 2020, con fundamento en que la Ley 1955 de 25 de ma yo de 2019 4 dispuso de forma expresa la prohibición de destinar los recursos del FOMAG para ello.

Indicó que, por lo anterior, el señor FRANCISCO CORONADO RUIZ promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, a fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mencionado y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de 308 días de mora en el pago de las cesantías.

Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2021-00120-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia anticipada de 1o. de diciembre de 2021, lo condenó junto con el Departamento del Huila al pago

radicación 2021-00120-00 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia anticipada de 1o. de diciembre de 2021, lo condenó junto con el Departamento del Huila al pago

4 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

total de la sanción moratoria, providencia que, a su juicio , es contraria al ordenamiento jurídico.

Relató que el Departamento del Huila y el señor FRANCISCO CORONADO RUIZ interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión, los cuales fueron desatados por el TRIBUNAL que, en providencia de 29 de marzo de 2022 , modificó la decisión del a quo y, en consecuencia, condenó al ente territorial al pago de la sanción moratoria causada entre el 31 de enero al 9 de febrero de 2020 y al FOMAG a pagar la sanción moratoria causada entre el 16 de abril de 2020 al 4 de febrero de 2021.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que no se tuvieron en cuenta los supuestos jurídicos previstos en la Ley 1995 de 2019, que

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que no se tuvieron en cuenta los supuestos jurídicos previstos en la Ley 1995 de 2019, que eran necesarios para definir el litigio y que establecían con claridad la prohibición de condenar al FOMAG por mora que se genere a partir del 1o. de enero de 2020.

Sostuvo que no era viable la condena que le fue impuesta frente a la5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mora generada en vigencia 2020, pues si bien le asiste responsabilidad, es únicamente frente a los días de mora que se generaron hasta el 31 d e diciembre de 2019, pues es la entidad territorial la legitimada para el pago de la mora causada en el año 2020.

Por último, aseveró que también se incurrió en defecto fáctico, pues dentro del acervo probatorio allegado al proceso se encontraba la resolución que reconoce las cesantías, los correspondientes soportes de pago de las mismas y demás documentos que le permitían al juez no solo determinar el cálculo de la sanción moratoria sino también inferir en cabeza de qué entidad se encontraba la responsabilidad del pago de la misma.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al

no solo determinar el cálculo de la sanción moratoria sino también inferir en cabeza de qué entidad se encontraba la responsabilidad del pago de la misma.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia:

“[…] Que se dejen sin efectos jurídicos las decisiones judiciales de 01 de diciembre de 2021 y 29 de marzo de 2022, adoptadas respectivamente por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001-33-33-002-2021-00120-00, y en su lugar se elabore sentencia de remplazo donde se niegue la responsabilidad6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

atribuida de forma arbitraria y contraria a la Ley al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los días de mora que fueron generados en vigencia 2020 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO puso de presente que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales invocados y, por el contrario, en las actuaciones procesales surtidas se garantizaron los derechos fundamentales no solo al debido proceso sino también de

I.5.1.- El JUZGADO puso de presente que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales invocados y, por el contrario, en las actuaciones procesales surtidas se garantizaron los derechos fundamentales no solo al debido proceso sino también de defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, aplicando las normas pertinentes para el asunto.

Resaltó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que la actora centra la discusión en un asunto que es a todas luces meramente legal, esto es, la interpretación y aplicación de la Ley 1955 de 2019, sin que de ello se desprenda vulneración o amenaza al debido proceso.

Añadió que en las decisiones cuestionadas no concurre ninguno de los defectos que darían lugar a un eventual amparo, pues fueron expedidas por el juez competente, no se desconoció el procedimiento establecido para el efecto ni se incurrió en nulidad alguna, además,7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

estuvieron fundamentadas en las pruebas legalmente incorporadas al expediente, en consonancia con las normas aplicables al caso.

Destacó que los argumentos expuestos por la actora no se acompasan con lo establecido en la norma supuestamente dejaba de aplicar, comoquiera que a partir de la entrada en vigencia de la Ley

Destacó que los argumentos expuestos por la actora no se acompasan con lo establecido en la norma supuestamente dejaba de aplicar, comoquiera que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad por el pago de la sanción por mora en la cancelación de las cesantías no es exclusivamente del FOMAG, sino que es compartida con el ente territorial.

Así las cosas, concluyó que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad, por lo que solicitó denegar las pretensiones.

I.5.2.- El TRIBUNAL se opuso a la prosperidad del amparo deprecado, toda vez que, a su juicio, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente y, además, no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Arguyó que la parte actora no satisfizo el requisito de la relevancia constitucional, pues se limitó a señalar la vulneración al debido proceso sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa porqué la cuestión debatida amerita la intervención del juez de8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

tutela, máxime cuando lo pretendido es crear un a tercera instancia en el asunto y que se analicen temas netamente económicos, lo cual no resulta de recibo.

Aseveró que la parte actora no agotó todos los medios de defensa

tutela, máxime cuando lo pretendido es crear un a tercera instancia en el asunto y que se analicen temas netamente económicos, lo cual no resulta de recibo.

Aseveró que la parte actora no agotó todos los medios de defensa que tenía a su alcance, pues omitió interponer el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el JUZGADO, por lo que tampoco se encuentra cumplido el requisito de la subsidiariedad.

Alegó que el defecto sustantivo invocado no está llamado a prosperar, pues no se desconoció el contenido de la Ley 1955 de 2019 y, por el contra rio, se hizo expresa alusión a la citada disposición, de tal forma que la interpretación dada por la actora a la norma en comento resulta desacertada, pues la misma no contiene una expresa prohibición de condenarla por la sanción moratoria generada a partir del 1o. de enero de 2020.

Ahora, en cuanto al defecto fáctico endilgado, manifestó que contrario a lo advertido por la actora, en la decisión acusada se confirió el valor probatorio que correspondía a las pruebas arrimadas, atendiendo a lo dispuesto por el precedente y la normativa aplicable, estableciéndose que la mora en el pago de las cesantías en que9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

incurrió el ente territorial se extendió del 31 de enero al 9 de febrero de 2020 y el FOMAG desde el 16 de abril de 2020 al 4 de febrero de 2021.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Departamento del Huila advirtió que se opone a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto no existió vulneración al derecho fundamental al debido proceso, pues como parte demandada tuvieron acceso a todas las actuaciones, las cuales se surtieron dentro de los términos legales y con observancia a la normativa que las rige.

Sumado a lo anterior , refirió que este no es el mecanismo idóneo para pretender que se revisen las decisiones acusadas, pues los presupuestos no están dados al no advertirse la vulneración de derecho fundamental alguno; además, la parte actora cuenta con el recurso extraordin ario de revisión por medio del cual pueden examinarse las decisiones adoptadas, materializadas en una sentencia y revestidas de cosa juzgada.10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.6.2.- El señor FRANCISCO CORONADO RUIZ alegó que las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.6.2.- El señor FRANCISCO CORONADO RUIZ alegó que las decisiones cuestionadas se dictaron con fundamento en el m arco normativo dispuesto para el asunto, esto es, las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, así como la jurisprudencia aplicable que fijó la aplicación de la sanción moratoria para docentes oficiales y las reglas sobre el cómputo y liquidación de tal emolument o, sin que se haya vulnerado derecho fundamental alguno.

Precisó que, contrario a lo manifestado por la actora, las sentencias cuestionadas analizaron la Ley 1955 de 2019 y las pruebas allegadas al expediente, de las cuales se concluyó que la responsabilidad en la mora del pago de las cesantías correspondía al ente territorial y al FOMAG, sin que sea dable inferir una interpretación arbitraria o ajena al ordenamiento jurídico que vulnere los derechos fundamentales de la actora.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2022 , la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en los yerros endilgados.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

en los yerros endilgados.11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De una parte, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas analizaron el alcance del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, para precisar que tal normativa indica como se debe determinar la responsabilidad de las entidades públicas para el pago de la sanción moratoria, de tal forma que al examinar los hechos acreditados concluyeron que tanto el ente territorial como el FOMAG, para darle trámite a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías , superaron los términos previstos para atender la reclamación.

Así las cosas, afirmó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL luego de estudiar el asunto bajo análisis, consideraron que a las dos entidades les correspondía asumir de forma compartida y proporcional la responsabilidad por el pago de la sanció n moratoria causada al solicitante, lo que evidencia que no se incurrió en defecto sustantivo, toda vez que la decisión cuestionada estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable.

Finalmente, en cuanto al defecto fáctico, resaltó que la parte actora se limitó a manifestar que las autoridades judiciales accionadas no valoraron en debida forma los documentos allegados al proceso

jurisprudencia aplicable.

Finalmente, en cuanto al defecto fáctico, resaltó que la parte actora se limitó a manifestar que las autoridades judiciales accionadas no valoraron en debida forma los documentos allegados al proceso ordinario, con los que se podía establecer que la responsabilidad de12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

asumir la mora no correspondía al FOMAG, sin exponer con mayor claridad, ni especificar cuáles eran los elementos probatorios obrantes en el expediente, que no fueron examinados adecuadamente por los jueces de instancia y que podían influir en la decisión.

Por lo anterior, refirió que las autoridades judiciales accionadas , en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica , efectuaron una interpretación razonable de la normativa, los criterios jurisprudenciales aplicable s y los elementos probatorios obrantes en el expediente que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad para la parte actora, no se puede colegir que su actuación fue contraria a derecho.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia , para lo cual insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, lo que, a su juicio,

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia , para lo cual insistió en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo, lo que, a su juicio, pone de relieve la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente al debido proceso.13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisó que la jurisprudencia ha discurrido respecto de la capacidad operativa y financiera del FOMAG, en la que se ha concluido que no existen condiciones financieras, operativa s ni administrativas para tramitar y pagar la sanción moratoria y al mismo tiempo dar trámite a las solicitudes de retiro de cesantías.

Destacó que si bien le asiste el derecho pretendido al señor FRANCISCO CORONADO RUIZ al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, se desconoció de forma arbitraria lo previsto en la Ley 1955 de 2019, principalmente el artículo 57, en el que de manera expresa se realizó la prohibición por parte del legislador de condenar al FOMAG por mora que se genere a partir del 1o. de enero de 2020, lo que evidencia, sin lugar a dudas, que dentro de la motivación de la decisión acusada no se hizo un análisis correcto de la norma.

Ahora, en cuanto al defecto fáctico, explicó que dentro del acervo

de 2020, lo que evidencia, sin lugar a dudas, que dentro de la motivación de la decisión acusada no se hizo un análisis correcto de la norma.

Ahora, en cuanto al defecto fáctico, explicó que dentro del acervo probatorio se encuentra la resolución que reconoce las cesantías y los correspondientes soportes de pago de la misma, documentos que le permiten al juez no solo determinar el cálculo de la sanción moratoria sino también inferir en cabeza de qué entidad se encuentra la responsabilidad del pago de la misma y que no fueron tenidos en14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuenta dentro de proceso ordinario.

Finalmente, solicitó revocar la decisión del a quo y, en su lugar, acceder al amparo solicitado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201215

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar co n toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar co n toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo , se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un ef ecto decisivo o determinante en17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derec hos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial , que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tute la contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05318-01

Actora: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que i