CE - 110010315000202205329011SENTENCIA20230423085856

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2022 05329 01

Demandante: Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en

Liquidación

Demandados: Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE S.A. ESP y

PROMOCALI S.A. ESP

Temas: Tutela contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali / Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 3 de febrero de 2023 , mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo deprecado.

1. La acción de tutela

La Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en Liquidación , a través de apoderado promueve acción de tutela contra el laudo arbitral proferido el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali integrado por2

de agosto de 2021 por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali integrado por2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05329 01

Demandante: Empresa de Servicio Público de Aseo de CaliEMSIRVA ESP en Liquidación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los señores Óscar Ibáñez Parra, María Teresa Palacios Jaramillo y William Barrera Muñoz, convocado para dirimir las controversias surgidas entre las empresas PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP y EMSIRVA ESP en liquidación, en el marco de los contratos números 089 de 2008 y 005 de 2010, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicita:

PRIMERO: Se declare que el Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE y PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, de los que es tit ular la sociedad EMSIRVA ESP en liquidación, al abstenerse injustificadamente de apreciar los dictámenes periciales técnico y financiero presentados por esa sociedad en el trámite del proceso arbitral que cursó bajo el número de radicación 20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo de fecha 3

injustificadamente de apreciar los dictámenes periciales técnico y financiero presentados por esa sociedad en el trámite del proceso arbitral que cursó bajo el número de radicación 20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo de fecha 3 de agosto de 2021, incurriendo así en una vía de hecho por defecto procedimental, originada en la no apreciación de una prueba en los términos señalados en la legislación procesal.

SEGUNDO: Se declare que el Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE y PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, de los que es titul ar la sociedad EMSIRVA ESP en liquidación, al abstenerse de considerar los dictámenes periciales técnico y financiero, y las demás pruebas que demostraban el cumplimiento de obligaciones a cargo de EMSIRVA ESP dentro del trámite del proceso arbitral que cursó ante ese Tribunal bajo el número de radicación 20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo de fecha 3 de agosto de 2021, incurriendo así en una vía de hecho por defecto fáctico, originada en la no apreciación de pruebas determinantes en el resultado del proceso.

TERCERO: C omo consecuencia de las anteriores declaraciones se deje sin efecto el laudo de fecha 3 de agosto de 2021 y se ordene al Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE y PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, proferir un nuevo laudo en el que se aprecien, tanto los dictámenes periciales presentados por EMSIRVA ESP , como las pruebas que acreditan el

convocado por PROMOVALLE y PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, proferir un nuevo laudo en el que se aprecien, tanto los dictámenes periciales presentados por EMSIRVA ESP , como las pruebas que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente y con plena observancia del debido proceso.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la sociedad accionante señaló los siguientes:3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) El 20 de agosto de 2008, EMSIRVA ESP , Y PROMOVALLE S.A. ESP, suscribieron los contratos número 087, 088 y 089 /08, para la

operación y explotación del servicio de aseo en los componentes de recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades en la zona número 1 de la ciudad de Cali.

1. El 27 de mayo de 2015, PROMOVALLE, PROMOCALI y EMSIRVA suscribieron el otrosí número 09 y adición número 02 al contrato No. 089/08, el otrosí número 04 y adición número 01, al contrato No. 005/10, para modificar: i) «El ajuste del porcentaje de reconocimiento de EMSIRVA (%R)» y ii) «La fórmula de ajuste del porcentaje de reconocimiento de EMSIRVA (%R), para neutralizar el impacto del cambio tarifario que empezaría a regir en 2016».

1. El 2 de septiembre de 2019, PROMOVALLE S .A. ESP y PROMOCALI S .A. ESP, presentaron ante el Centro de Conciliación , Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali solicitud de convocatoria de tribunal de arbitrament o para dirimir las controversias con EMSIRVA, «relativas a los contratos número 089 del 20 de agosto de 2008 suscrito entre PROMOVALLE S .A. ESP y EMSIRVA ESP en liquidación y el número 005 del 18 de enero de 2010, suscrito entre PROMOCALI S.A.

ESP y EMSIRVA ESP en liquidación».

1. El 3 de agosto de 20 21, el Tribunal de Arbitramento conformado por los árbitros Oscar Yezid Ibáñez Parra, William Barrera Muñoz y María Teresa Palacio Jaramillo

ESP y EMSIRVA ESP en liquidación».

1. El 3 de agosto de 20 21, el Tribunal de Arbitramento conformado por los árbitros Oscar Yezid Ibáñez Parra, William Barrera Muñoz y María Teresa Palacio Jaramillo declaró el incumplimiento de EMSIRVA ESP y la condenó a «mantener el nivel de ingresos de diciembre de 2014 y al pago de las sumas contenidas en el dictamen pericial de parte aportado por PROMOVALLE y PROMOCALI, por concepto de ‘descuentos no establecidos contractualmente que afecten ese nivel de ingresos como s on los que se le vienen haciendo por concepto de balance de disposición final, estación de4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transferencia y tratamiento de lixiviados. Adicionalmente se condenó a EMSIRVA a la fijación de un nuevo R».

1. EMSIRVA ESP promovió recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral, con fundamento en la causal contenida en el numeral 7.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 , declarado infundado mediante sentencia del 1.° de junio de 2022

por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1.3. Fundamentos jurídicos de la empresa accionante

La empresa accionante consideró que el Tribunal de Arbitramento al proferir el laud o arbitral incurrió en el siguiente defecto:

1.3. Fundamentos jurídicos de la empresa accionante

La empresa accionante consideró que el Tribunal de Arbitramento al proferir el laud o arbitral incurrió en el siguiente defecto:

1.3.1. Defecto fáctico

1. El Tribunal Arbitral se abstuvo de apreciar los dictámenes de parte rendidos por B&P SERVICIOS SAS -Beatriz Polanía - y GAB Consultores SAS así como «otras pruebas aportadas el proceso», sin valorararlas conforme a las condiciones exigidas en la ley procesal -artículos 164, 176 y 232 del CGP-, circunstancia que contraviene el derecho fundamental al debido proceso.

1. Las convocantes PROMOVALLE y PROMOCALI en la primera pretensión de la demanda y sus cinco subsidiarias, señalaron que se había presentado una reducción en el nivel de los ingresos que tenían a diciembre de 2014 ; sin embargo, se aportó oportunamente un dictamen financiero elaborado por GAB Consultores SAS1 que demostraba que no se había presentado la disminución alegada, no obstante lo cual y a pesar que las demandantes no probaron su dicho , el Tribunal de Arbitramento la despachó favorablemente.

1. El dictamen financiero presentado por la e mpresa B&P SERVICIOS SAS , refutaba la procedencia técnica del reclamo y cuestionaba la liquidación requerida por las demandantes, razón demostrativa de que el tribunal no falló en derecho sino en

1 En palabras del accionante: «al que sólo se hace referencia al dictamen en el punto 5.2.2. cuando se relaciona la prueba».5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05329 01

1 En palabras del accionante: «al que sólo se hace referencia al dictamen en el punto 5.2.2. cuando se relaciona la prueba».5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05329 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conciencia, al limitarse a determinar la existencia de la responsabilidad contractual sin atender los argumentos de defensa y contradicción relacionados con el monto del perjuicio, es decir a los supuestos valores dejados de percibir por las demandantes por desbalances.

1. El dictamen aportado por EMSIRVA demostraba los errores en que habría incurrido el perito de las convocadas , que de haberse valorado en la forma establecida en la ley, habría permitido al tribunal contar con elementos de juicio suficientes para definir el litigio garantizando el derecho a la igualdad de la accionante. Se refirió puntualmente a aspectos como: i) la diferencia en la distancia al relleno sanitario, ii) la diferencia en kilómetros de barrido y iii) a los elementos que son fundamentales para el correcto cálculo del %R.

1. «EMSIRVA tenía derecho a conocer las razones por las cuales el TRIBUNAL se apartó del dictamen que presentó, así como las que le asistieron para acoger en forma íntegra el aportado por las demandantes, no obstante existir en estas inconsistencias que ponían en duda los resultados en el contenido , lo cual derivó en el incumplimiento del deber de apreciación de la prueba pericial en los término s del

íntegra el aportado por las demandantes, no obstante existir en estas inconsistencias que ponían en duda los resultados en el contenido , lo cual derivó en el incumplimiento del deber de apreciación de la prueba pericial en los término s del artículo 232 del CGP». A estos efectos, reiteró algunos apartes contenidos en el recurso de anulación, especialmente los referidos a: i) la devolución de sumas de dinero por concepto de peajes, ii) los servicios especiales, iii) error en las tonelada s dispuestas en estación de transferencia o relleno sanitario, en el costo de las actividades a cargo del operador de disposición final y en los valores pagados a INTERASEO, iv) los descuentos pagados por INTERASEO y EMSIRVA.

1. Aunque el anterior análisis juicioso de las pruebas no condujera a la prosperidad de las excepciones propuestas por EMSIRVA, sí permitía concluir que el dictamen presentado por las demandantes «adolecía de errores y que éstos estaban demostrados con docume ntos aportados por EMSIRVA, con la propia declaración del perito Villarreal y el interrogatorio de parte de la representante legal de PROMOVALLE y PROMOCALI y, especialmente, con el dictamen de parte presentado por EMSIRVA».6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, señaló que: «[e]s imposible creer, o admitir en sana lógica, que

www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, señaló que: «[e]s imposible creer, o admitir en sana lógica, que frente a un ejercicio de valoración que culmina con una suma de la magnitud de la que contiene el dictamen ( TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES , DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NU EVE PESOS ($32.170.232. 649.oo) M/Cte.), el copioso material probatorio aportado por EMSIRVA haya sido insuficiente para demostrar al menos un solo error, que ameritara detraer un solo peso».

1. La falta de valoración de los dictámenes allegados por EMSIRVA, conllevó a que el tribunal accionado no se pronunciara frente a algunas excepciones propuestas por dicha empresa, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la valoración de las pruebas en condiciones de igualdad2 y de acceso a la administración de justicia.

1. Respecto del dictamen técnico, referenció que «al no estudiar el aportado por EMSIRVA, el Tribunal privó a esa sociedad de la contradicción de la prueba y la consecuente posibilidad de demostrar los erro res en que había incurrido el perito, tanto en aspectos técnicos, como en la inclusión de sumas no debidas».

Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación SU -103 de 2022, sobre la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 30 de noviembre de 2022 , se ordenó notificar como demandados a los doctores María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid

1.4. Actuación procesal

Por auto del 30 de noviembre de 2022 , se ordenó notificar como demandados a los doctores María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid Ibáñez Parra, integrantes del Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo arbitral del 3 de agosto de 2021 objeto de litis, y como terceros interesados a l as empresas PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP, para que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

2 La empresa accionante trajo a colación la sentencia C-407 de 1997.7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Intervenciones

1.5.1. El apoderado de las empresas PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP,3 Humberto Sierra Porto, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, porque no se cumplen los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, toda vez que el recurso de anulación que fue interpuesto resolvió exactamente los mismos cuestionamientos planteados por el accionante.

Precisó que no se configuró la falta de valoración probatoria alegada, dado que los tres dictámenes presentados por las partes del proceso arbitral fueron valorados por

cuestionamientos planteados por el accionante.

Precisó que no se configuró la falta de valoración probatoria alegada, dado que los tres dictámenes presentados por las partes del proceso arbitral fueron valorados por el tribunal accionado de acuerdo con las reglas de la sana crítica , y contrario a lo sostenido por la empresa accionante, los dictámenes no fueron el único elemento de prueba valorado por el tribunal accionado, sino que también se tuvieron en cuenta cinco testimonios, ocho carpetas de pruebas documentales, el informe del liquidador de EMSIRVA, el interrogatorio de parte del representante legal de PROMOVALLE y PROMOCALI y dos informes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en virtud de lo cual no procede afirmar que se configuró el defecto fáctico alegado.

Adujo que «los árbitros se refirieron en múltiples ocasiones a los dictámenes periciales de Beatriz Polanía de B&P SERVICIOS SAS y Giovanni Arrieta Bernate de GAB Consultores SAS; señalaron que dichas pruebas técnicas no se corresponden con el contenido del contrato y por lo tanto sus conclusiones son equivocadas. De manera que, estas pruebas si fueron analizadas por los juzgadores, no obstante, valoradas en relación con los demás elementos de prueba que componen el expediente del proceso, no tenían la veracidad sufici ente para acreditar los hechos que con ella se pretendían probar».

Agregó que lo anterior fue evidenciado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que al conocer del recurso de anulación, concluyó que el Tribunal de

pretendían probar».

Agregó que lo anterior fue evidenciado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que al conocer del recurso de anulación, concluyó que el Tribunal de Arbitramento «definió e l incumplimiento de la convocada respecto a la aplicación de los descuentos por concepto de costo de disposición final, estación de transferencia

3 Expediente digital de tutela.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y tratamiento de lixiviados y el cálculo de la fórmula de reajuste de precio de los contratos, con fundamento en la ley y en las pruebas practicadas en el proceso».

Con fundamento en lo expuesto, advirtió que la acción de tutela intentada no cumple con el requisito de relevancia constitucional, dado que la empresa accionante pretende reabrir el debate de fondo, ya surtido en el trámite del recurso de anulación, relacionado con la presunta falta de valoración por los árbitros de los dictámenes que aportó, a los que supuestamente no les reconocieron el debido valor probatorio solicitado carencia a la que se aúna la comprobada reiteración en el escrito de tutela de los argumentos y cargos esbozados en el recurso de anulación.

1.5.2. María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid Ibáñez Parra, integrantes del Tribunal de Arbitramento , en calidad de árbitros

1.5.2. María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid Ibáñez Parra, integrantes del Tribunal de Arbitramento , en calidad de árbitros del Tribunal de Arbitramento ,4 a pesar de que fueron notificados del presente trámite con el fin de rendir el respectivo informe, guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, S ección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 3 de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo.

Al verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial en el presente caso, advirtió que no cumple el requisito de relevancia constitucional respecto del laudo arbitral, bajo el entendido de que tanto en la actuación constitucional como en el recurso extraordinario de anulación formulado, se plantearon exactamente iguales motivos de inconformidad.

Al efecto, puso de relieve que la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia alegada por EMSIRVA se sustentó en la supuesta falta de valoración de los dictámenes que se allegaron al proceso arbitral y que, a su vez, conllevó a que el tribunal accionado no se pronunciara frente a algunas excepciones propuestas por dicha empresa.

4Expediente digital de tutela.9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que el recurso extraordinario se sustentó en la causal de anulación prevista en el numeral 7.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 -fallo en conciencia o equidad-, la que se habría configurado porque el tribunal arbitral :«(i) no resolvió todas las excepciones frente a los descuentos realizados por la entidad y al cálculo de la cláusula de reajuste de precio; (ii) no valoró todas las pruebas y (iii) condenó a una suma desproporcionada por agencias en derecho».

En ese contexto, concluyó que la empresa tutelante adujo y sustentó ante el juez de tutela idénticos argumentos a los conocidos y resueltos por el juez contencioso administrativo –que es el primer encargado de salvaguardar los derechos fundamentales al conocer el recurso de anulación –, cometido que se cumplió mediante providencia del 1.º de junio de 2022, proferida por la Sección T ercera, Subsección C, de esta corporación.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que en el evento de que se estimara que el fundamento de la causal invocada en sede de anulación no guardara identidad con el sustento de los defectos atribuidos al Tribunal de Arbitramento accionado –indebida valoración de los dictámenes allegados al proceso arbitral –, se configura otra causal de improcedencia de la acción de tutela, en este caso, la de inmediatez, toda vez que

sustento de los defectos atribuidos al Tribunal de Arbitramento accionado –indebida valoración de los dictámenes allegados al proceso arbitral –, se configura otra causal de improcedencia de la acción de tutela, en este caso, la de inmediatez, toda vez que la demanda de tutela debió ser presentada dentro del término considerado como razonable por la corporación -seis meses contados a partir de la notificación de la decisión cuestionada -, sin que fuer a necesario agotar y decidir el recurso extraordinario de anulación, lo que no aconteció en el sub lite.

Destacó que el laudo arbitral –de fecha 3 de agosto de 2021 - se notificó ese mismo día -según la afirmación de la empresa accionante-, y la demanda de tutela se radicó el 5 de octubre de 2022, esto es, transcurrido más de un año desde que se advirtió la vulneración de los derechos fundamentales.

1.7. Impugnación

1. El apoderado de la sociedad accionante insistió en que el juez a quo de tutela interpretó de forma indebida la inconformidad planteada, pues ella residió no en la indebida valoración de los dictámenes allegados al proceso arbitral sino en la10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co omisión del Tribunal de Arbitramento de realizar su valoración conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T -315, T-044 y SU -124www.consejodeestado.gov.co omisión del Tribunal de Arbitramento de realizar su valoración conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T -315, T-044 y SU -124todas del año 2020-, dando con ello origen al defecto fáctico alegado.

Frente al dictamen financiero, como lo explicó en la demanda, el Tribunal omitió por completo su estudio y respecto de l dictamen técnico aportado por EMSIRVA, al tampoco haber sido considerado, privó de la facultad de contradicción de la prueba y la consecuente pos ibilidad de demostrar los errores en que había incurrido el perito de la contraparte, tanto en aspectos técni cos, como en la inclusión de sumas no debidas.

1. En lo referente al recurso de anulación, advirtió que éste se fundamentó en la jurisprudencia de esta corporación que ha reconocido que la falta de valoración probatoria puede determinar la configuración de un fallo en conciencia, así que en este caso, al existir fundadas razones para su interposición , era evidente que su no agotamiento habría conducido a que la acción de tutela fuera rechazada por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que estando demostrada su procedencia, no resultaba dable a la Sección Tercera , en sede de tutela , declarar la improcedencia del amparo por no cumplir el requisito de inmediatez, máxime cuando el laudo arbitral estuvo suspendido desde la admisión del recurso de anulación por el Consejo de Estado hasta la expedición de la sentencia, circunstancia que influye en el estudio de razonabilidad y proporcionalidad del lapso de tiempo transcurrido entre su expedición y la solicitud de amparo.

2. Consideraciones de la Sala

Consejo de Estado hasta la expedición de la sentencia, circunstancia que influye en el estudio de razonabilidad y proporcionalidad del lapso de tiempo transcurrido entre su expedición y la solicitud de amparo.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada por EMSIRVA ESP contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A , de esta corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,5 en cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda

5 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la s ección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar, en primer lugar, si se encuentra cumplido el término de inmediatez de la acción de tutela intentada contra el laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara

Se contrae a determinar, en primer lugar, si se encuentra cumplido el término de inmediatez de la acción de tutela intentada contra el laudo arbitral del Tribunal de Arbitramento Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali proferido el 3 de agosto de 2021 y, en segundo lugar, si procede el cargo que por defecto fáctico alegó la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en liquidación contra el mismo y si propuso algún desacuerdo frente a la providencia judicial del 1.° de junio de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró infundado el recurso extraordinario de anulación.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales

El inciso 3.° del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta habilitación constituye el fundamento constitucional para que los particulares ejerzan dicha atribución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitramento, y su naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.

Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos, implican que los laudos arbitrales se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias. Sobre esta específica materia, en Sentencia TPrecisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos, implican que los laudos arbitrales se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias. Sobre esta específica materia, en Sentencia T244 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales, en los siguientes términos:

En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual además legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral.

La equivalencia –materialque existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial, activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento.

activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento.

En la Sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los administradores de justicia, sean permanentes o temporales, no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la Carta Política,