CE - 110010315000202205380011SENTENCIA20230328081345

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

Accionante: GESTIONES MPG S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se revoca el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad accionante en contra de la sentencia de 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Gestiones MPG S.A.S. en liquidación, por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 29 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 29 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-038-2015-00152-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Comentó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia, «[…] por la falla del servicio consistente en la omisión de ejercer la inspección, vigilancia y control de INTERBOLSA S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN en calidad de administradora de la CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA

CREDIT […]».2

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Accionante: Gestiones MPG S.A.S. en liquidación

2.2. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito d e Bogotá, autoridad judicial que, en sentencia de 19 de mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Expuso que la decisión anterior fue confirmada por el Tribunal accionado, mediante sentencia de 29 de agosto de 2022.

sentencia de 19 de mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Expuso que la decisión anterior fue confirmada por el Tribunal accionado, mediante sentencia de 29 de agosto de 2022.

2.4. Manifestó que en la anterior decisión se incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales porque se configuró un defecto sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

2.5. Respecto del defecto sustantivo señaló que no era cierto que no logró demostrar el daño que le fue causa do por la omisión de la Superintendencia Financiera de Colombia de ejercer la función de vigilancia sobre la comisionista y que , además, los artículos 90 constitucional y 140 del CPACA no son «[…] una patente de corso para exonerar a las autoridades administ rativas de responsabilidades por sus acciones u omisiones que generen perjuicios a los ciudadanos […]».

2.6. En cuanto al d efecto fáctico adujo que la autoridad accionada «[…] no tuvo en cuenta de forma integral las puertas (sic) aportadas y practicadas dentro del proceso, puesto que desconoció El Estatuto Orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), artículo 108, numeral 1, ordinal a […]». Asimismo, se «[…] omitió la valoración de documentos allegados al proceso, puesto no valoró las pruebas en debida forma, al obviar que los hechos que perjudicaron a los inversionistas de la Cartera Credit fue ejecutado muchísimo antes de que la Superintendencia Financiera tomará posesión y ordenada (sic) liquidación de la misma […]».

pruebas en debida forma, al obviar que los hechos que perjudicaron a los inversionistas de la Cartera Credit fue ejecutado muchísimo antes de que la Superintendencia Financiera tomará posesión y ordenada (sic) liquidación de la misma […]».

2.7. Respecto del argumento asociado con la causal de procedibilidad atinente a la decisión sin motivación expuso lo siguiente:

[…] Se entiende que incompleta la providencia que se discute a través de la presente acción, porque No existe la norma legal, constitucional o el precedente jurisprudencial en dicha sentencia, que establezca el vínculo o el camino para partir del hecho probado y de la norma escogida como de aplicación y llegar a la decisión que está en la parte resolutiva de la sentencia.

La exposición que desprenda la aplicación que se da entre la norma y el hecho de la omisión, se realice de forma lógica o dialógica, puesto que en la sentencia entutelada no se sabe que normas o jurisprudencias utilizó para emitir la decisión de fondo.

De la norma citada no se sabe a qué hechos fueron aplicados, porque no relacionó de forma clara que norma a que hecho aplicó, pues Tal como consta en el caso de los descuentos de pagare y como fue declarado por el sr Juan Francisco López, testigo técnico de la parte demandada, que constató que se realizó visita el 23 de agosto 2011 a Interbolsa S.A y se evidencio la irregularidad, pero has ta el 21 de diciembre del mismo año se ordenó la suspensión de los descuentos pagarés, periodo de cuatro meses donde se3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

irregularidad, pero has ta el 21 de diciembre del mismo año se ordenó la suspensión de los descuentos pagarés, periodo de cuatro meses donde se3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

Accionante: Gestiones MPG S.A.S. en liquidación

evidencia se dejó desprotegido los intereses de los inversionistas, en tanto ese periodo se continuó la ejecución de la conducta prohibida por el reglamento de la Cartera Colectiva Credit, sin mediar ninguna medida cautelar o aviso a los inversionistas hasta que se emitiera la decisión definitiva por parte del ente demandado.

Y así mismo, sucedió en las visitas que realizaba el demandado a la Comisionista, puesto que si de haber dado alerta de las irregularidades a los inversionistas, hubiera quedado desprovista de las consecuencias, a quienes evaluando dichos riesgos dejaran sus inversiones activas en la Cartera Credi t […].

2.8. En cuanto a la violación directa de la Constitución afirmó que esta causal se configuró por violación a los artículos 29 y 229 superiores, en tanto la autoridad accionada «[…] no aplicó en debida forma las pruebas como las normas vigentes para el momento d e los hechos, en el cual claramente había un vacío en las actuaciones surtidas por el demandado, puesto al ser tan tardías, que ni siquiera había la posibilidad de dejar seguir operando la Cartera hasta obtener una recuperación de los fondos […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Primero: Solicito respetuosamente se amparen y tutelen los derechos

recuperación de los fondos […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Primero: Solicito respetuosamente se amparen y tutelen los derechos fundamentales del accionante GESTIONES MPG SAS EN LIQUIDACION del derecho al debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia, desconocidos por la providencia del 29 de agosto del 2022 dentro del proceso de reparación directa de radicado 11001333603820150015202, objeto de tutela.

Segundo: En consecuencia a lo anterior, solicitó que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B revocar en su totalidad el fallo emitido el día 29 de agosto del 2022 y en consecuencia proferir nueva providencia, bajo los argumentos anteriormente expuestos […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 21 de noviembre de 2022 , admitió la acción de tutela de la referencia , asimismo, vinculó a la Superintendencia Financiera de Colombia como tercero con interés en los resultados de este proceso.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada, se advierte que se allegó el siguiente informe:4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

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que se allegó el siguiente informe:4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

Accionante: Gestiones MPG S.A.S. en liquidación

5.1. La Superintendencia Financiera de Colombia, por intermedio de apoderada judicial, rindió informe en el que advirtió que la parte actora estaba ejerciendo esta acción constitucional como una tercera instancia, por lo que debía declararse su improcedencia.

5.2. Igualmente, aseguró que el análisis probatorio efectuado por el Tribunal accionado de ninguna manera fue irracional o arbitrario, por el contrario, a su juicio, la decisión aquí censurada fue debidamente motivada, coherente y congruente con lo demostrado dentro del proceso contencioso.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió negar el amparo deprecado por la parte actora, luego de considerar, en síntesis, lo siguiente:

[…] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B, sustentó la decisión en un análisis normativo y probatorio integral, en consonancia con las pautas jurisprudenciales que ha fijado esta corporación, lo que le permitió inferir qu e el eventual daño patrimonial que hubiese podido padecer Gestiones MPG SAS consecuencia de la no restitución de la totalidad de los dineros invertidos en la Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit no era antijurídico y no guardaba relación alguna c on las funciones de inspección, vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia

de los dineros invertidos en la Cartera Colectiva Escalonada Interbolsa Credit no era antijurídico y no guardaba relación alguna c on las funciones de inspección, vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que era una exposición propia de las operaciones que se realizan con las acciones en el mercado de valores de las cuales tenía conocimiento la parte demandante.

En esa medida, concluyó que no se probó omisión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia; sino que por el contrario, se determinó que el eventual perjuicio o daño alegado por la actora obedeció a una causa extraña consistente en la actuación individual de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A., e incluso al propio hecho de la accionante, porque se acreditó un actuar pasivo u omisivo respecto a la verificación periódica de su portafolio respecto de sus inversiones.

Por lo anterior, es claro para esta Sala que la Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B no incurrió en defecto fáctico, toda vez que realizó un análisis ín tegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica y la providencia cuestionada contiene una carga argumentativa suficientemente sustentada en la aplicación de las normas vigentes, lo que descarta una actuar arbitra rio por parte de la autoridad demandada […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La sociedad tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiterando en líneas generales los argumentos expustos en el escrito inicial de tutela.5

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La sociedad tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiterando en líneas generales los argumentos expustos en el escrito inicial de tutela.5

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8. Adiconalmente, expuso que la autoridad judicial de primera instancia omitió estudiar y resolver los argumentos expuestos en el escrtio de tutela tendientes a demostrar la configuración de las casuales de procedibilidad asociadas con el defecto sustantivo, con la violación directa de la Constituciona y con la decisión sin motivación.

9. Insistió en que: «[...] Si la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, hubiera vigilado permanentemente cómo era su deber, hubiera aplicado alguna de las anteriores medidas cautelares a la sociedad INTERBOLSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN que ante ese control no hubiera malgastado los entregados por GESTIONES MPG SAS EN LIQUIDACION con destino a inversiones de la CARTERA COLECTIVA ESCALONADA “INTERBOLSA CREDIT", con lo cual se hubiera podido reunir su inversión y haber dispuesto de sus activo

[...]».

10. Por lo anterior, afirmó que la Superintendencia demandada «[...] incurrió en evidentes fallas en su función de inspección, vigilancia y control como ha quedado acreditado y en ese sentido se debe pronunciar su despacho accediendo a las súplicas de la acción de tutela de la referencia, puesto las medidas tomadas no

evidentes fallas en su función de inspección, vigilancia y control como ha quedado acreditado y en ese sentido se debe pronunciar su despacho accediendo a las súplicas de la acción de tutela de la referencia, puesto las medidas tomadas no fueron oportunas ni eficaces, lo que no evitó que el inversionista perdiera parte de los activos [...]».

11. Con fundamento en las anteriores premisas, la sociedad actora solicitó revocar el fallo impugano y que, como consecuencia de ello, se accediera al amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario

del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 29 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001 -3336-038-2015-00152-02, vulneró los derechos fundamentales de la sociedad actora, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción

4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

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no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

22. La sociedad Gestiones MPG S.A.S. en liquidación, por intermedio de apoderada judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus

6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

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derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 29 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-038-2015-00152-02.

proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-36-038-2015-00152-02.

VI.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

23. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

25. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para

la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En

y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9

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26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Pol ítica o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una a fectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplica r o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela inter puesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno est rictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación

llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…)

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05380-01

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d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. (Negri