CE - 110010315000202205526011SENTENCIA20230316181921

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

Accionante: Jennifer Constanza Aranda Ortiz

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05526-01

Accionante: JENNIFER CONSTANZA ARANDA ORTIZ

Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL –

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

CAQUETÁ

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora no implica la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales que invoca, se trata de un asunto meramente legal y pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Jennifer Constanza Aranda Ortiz en contra del fallo de tutela proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Jennifer Constanza Aranda Ortiz promovió acción de tutela en

diciembre de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Jennifer Constanza Aranda Ortiz promovió acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá , y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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“[…] a.- Se conceda la pres ente acción, amparándose el derecho fundamental al “debido proceso” y “principio de autonomía e independencia judicial”, consagrado en el artículo 29 y 228 de la Constitución Nacional, por la violación materializada en las decisiones de primera y segunda i nstancia de la autoridad disciplinaria accionada, comportando una abierta vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo.

b.- Se ordene a la accionada en el marco de sus competencias, que en el término máximo de 48 horas, siguientes a la notificación del fallo proceda a proferir fallo de segunda instancia con todas las garantías fundamentales y teniendo en cuenta el principio de autonomía e independencia judicial y graduación de la culpabilidad por parte de la autoridad disciplinaria y la proporcionalidad de la sanción y en

a proferir fallo de segunda instancia con todas las garantías fundamentales y teniendo en cuenta el principio de autonomía e independencia judicial y graduación de la culpabilidad por parte de la autoridad disciplinaria y la proporcionalidad de la sanción y en consecuencia se dé el trámite que en derecho corresponde, o se decrete ésta directamente por su (sic) esta Corporación teniendo de presente lo explicitado con antelación en los hechos de la presente acción constitucional […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que el 21 de marzo de 2017 el señor Edelberto Arenas Cadena presentó una queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judici al de Caquetá, en su contra, como Juez Primera Penal Municipal de Florencia con funciones de control de garantías y en contra del Fiscal Primero Especializado de Florencia, Carlos Alberto Ramón Ballestas Barrios, “(…) en razón a los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2017, al instalar la audiencia para resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del proceso penal con radicado (…) seguido contra CARLOS CUELLAR RAMOS por los delitos de hurto y secuestro (…)”.

Explicó que la referida audiencia no se pudo llevar a cabo porque el nuevo apoderado del señor Carlos Cuellar Ramos, esto es, el abogado Edelberto Arenas Cadena, no presentó el paz y salvo del anterior defensor ; por lo que, en atención a lo solicitud efectuada por el delegado de la Fiscalía, no le reconoció personería para actuar y, en consecuencia, no celebró la

Arenas Cadena, no presentó el paz y salvo del anterior defensor ; por lo que, en atención a lo solicitud efectuada por el delegado de la Fiscalía, no le reconoció personería para actuar y, en consecuencia, no celebró la diligencia para resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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Afirmó que, por auto del 25 de noviembre de 2019, se formuló pliego de cargos en su contra y se ordenó el archivo de la investigación disciplinaria para el fiscal Ballestas Barrios.

Anotó que, mediante fallo del 11 de junio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá la declaró disciplinariamente responsable, en calidad de Juez Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías, por la comisión de la falta disciplinaria “(…) descrita en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución Política, 8 literal e y 120 de la Ley 906 de 2004, en concurso homogéneo con la falta disciplinaria grave culposa con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la ley 906 de 2004, en

con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la ley 906 de 2004, en armonía con los artículos 50, 44 parágrafo y 196 de la ley 734 de 2002, y, en consecuencia, le impuso sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses (…)”.

Señaló que en providencia del 27 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó la decisión de primera instancia , en el sentido de disminuir la suspensión en el ejercicio de la función a un mes “(…) por la falta disciplinaria descrita en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución Política, 8 literal e y 120 de la Ley 906 de 2004 a título de culpa gravísima (…)” , y la absolvió por la falta disciplinaria relacionada con la inobservancia d el deber establecido por el “(…) artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la Ley 906 de 2004, en armonía con los artículos 50, 44 parágrafo y 196 d e la Ley 734 de 2002 (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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(…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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Precisó que el asunto es de relevancia constitucional debido a que “(…) se trata de un proceso disciplinario adelantado por las accionadas donde se evidencian los defectos fácticos y sustantivos que comprometen abiertamente su constitucionalidad (…)”.

Advirtió que , con las decisiones cuestionadas , se incurrió en defecto sustantivo por errónea interpretación de la ley disciplinaria y por falta de interpretación sistemática debido a que el abogado que asume la representación de una persona desplazando a otro profesional del derecho tiene el deber de obtener un certificado de paz y salvo de su antecesor, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Manifestó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá incurri eron en defecto sustantivo “(…) al asumir que se configuraba la falta disciplinaria descrita en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución Política, 8 literal e y 120 de la Ley 906 de 2004 a título de culpa gravísima sin determinar si se configuraba el elemento de la ilicitud sustancial en la conducta desplegada por la suscrita investigada. Como se demuestra con las pruebas obrantes en el

de 2004 a título de culpa gravísima sin determinar si se configuraba el elemento de la ilicitud sustancial en la conducta desplegada por la suscrita investigada. Como se demuestra con las pruebas obrantes en el expediente y que referimos en el resumen del caso que aún con posterioridad a la decisión que fue objeto de sanción, otros despachos continuaron negando las solicitudes del quejoso por las mismas razo nes aducidas por la suscrita desde el 20 de febrero de 2017. Es decir, que no le asistía derecho a la libertad por vencimiento de términos al procesado CUELLAR RAMOS. Situación que claramente se enmarca en la antijuricidad material de la conducta (…)”.

Adujo que las accionadas también incurrieron en defecto fáctico al valorar arbitraria e irrazonablemente las pruebas obrantes en el expediente y no apreciar las allegadas por la investigada, donde se demostraban lasRadicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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actuaciones de los abogados que fungieron como apoderados del señor Cuellar Ramos y las solicitudes de libertad por vencimiento de términos que presentaron y fueron denegadas.

Estimó que también incurrieron en defecto fáctico y defecto sustantivo por falta de valoración de la prueba y por errónea interpretación de la ley disciplinaria “(…) al realizar la calificación de la falta a través de la

Estimó que también incurrieron en defecto fáctico y defecto sustantivo por falta de valoración de la prueba y por errónea interpretación de la ley disciplinaria “(…) al realizar la calificación de la falta a través de la gradación (sic) de la culpabilidad por parte de la autoridad disciplinaria y la proporcionalidad de la sanción, teniendo en cuenta que esta se determinó por parte de las accionadas en culpa gravísima, y en tal sentido erró en la valoración del aspecto subjetivo de la conducta e incurrieron en responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, al desestimar de plano las pruebas de la estadística del Despacho que presidia para esa fecha y el acta de la audiencia que con posterioridad a los hechos se realizó con el quejoso y procesado CUELLAR RAMOS, donde se despachó desfavorablemente por las misma razones ya expuestas por la suscrita (…)”.

Consideró que la accionadas incurrieron en defecto sustantivo por errónea interpretación de la ley disciplinaria y por falta de interpretación sistemática al infringir el principio de autonomía e independencia judicial “(…) como quiera que la decisión de la suscrita fue razonable y justificada y no caprichosa y arbitraria (…). Sumándose que la tesis imperante por los Jueces y Fiscales era la que se debía allegar paz y salvo del predecesor apoderado para adelantar la audiencia (…)”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

Accionante: Jennifer Constanza Aranda Ortiz

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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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3.1. Por auto del 21 de octubre de 20222, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá , así como vincular, en calidad de tercero s con interés, a los señores Edelberto Arenas Cadena y Carlos Alberto Ramón Ballestas Barrios 3. Adicionalmente, no decretó las medidas provisionales solicitadas.

Igualmente, requirió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá para que enviara el expediente de la investigación disciplinaria con radicado nro. 18001 11 02 000 2017 00123 004.

3.2. El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , Julio Andrés Sampedro Arrubla, ponente de la decisión de segunda instancia del proceso disciplinario, presentó en tiempo escrito vía correo electrónico5, en el que manifestó que la accionante no hizo un análisis puntual de los requisitos generales de procedencia de la tutela en contra de providencia judicial y que tampoco abordó los defectos de los que adolece la decisión; por lo que, consideró, era improcedente.

Estimó que con la presente petición de amparo se pretende reabrir un

de providencia judicial y que tampoco abordó los defectos de los que adolece la decisión; por lo que, consideró, era improcedente.

Estimó que con la presente petición de amparo se pretende reabrir un debate que ya fue zanjado por la autoridad disciplinaria en primera y segunda instancia; “(…) por eso es importante recordar (…) que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede ser concebida como una

2 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 01. 3 La notificación a los accionados se cumplió el 10 de noviembre de 2022, v isto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. La notificación del señor Edelberto Arenas Cadena se cumplió el 21 de noviembre de 2022, visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 0 5526 00. La Secretaría General dejó constancia que no fue posible la notificación del señor Carlos Alberto Ramón Ballestas Barrios debido a que falleció, v isto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. 4 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00.

05526 00. 4 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. 5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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tercera instancia en la que puedan someterse a discusión temas que ya fueron definidos por el juez natural del proceso en el correspondiente escenario judicial (…)”.

Sostuvo que la decisión se fundamentó en el artículo 120 de la Ley 906 de 2004 que dispon e que no se necesita de ningún tipo de formalidad para reconocer la personería del defensor designado ; “(…) sin embargo, la funcionaria JENNIFER CONSTANZA ARANDA ORTIZ en la audiencia llevada a cabo el 15 de marzo de 2017, decidió no reconocerle personería al abogado Edelberto Arenas Cadena para actuar como abogado defensor del investigado penalmente, a pesar de que este presentó el respectivo poder para actuar en esa diligencia, bajo el argumento de que no contaba con paz y salvo del anterior abogado, formalidad que no está prevista en la ley penal (…)”.

3.3. El señor Edelberto Arenas Cadena, quejoso en el proceso disciplinario, presentó en tiempo escrito vía correo electrónico6, en el que

la ley penal (…)”.

3.3. El señor Edelberto Arenas Cadena, quejoso en el proceso disciplinario, presentó en tiempo escrito vía correo electrónico6, en el que consideró que las decisiones cuestionadas son razonables y ajustad as a derecho. Adujo que la petición de amparo no cumple con los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

3.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá guardó silencio frente al fondo del asunto.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado , mediante sentencia del 15 de diciembre de 2022 , negó el amparo del derecho fundamental deprecado por la señora Jennifer Constanza Aranda Ortiz7.

6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. 7 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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Para dilucidar el asunto, sostuvo que no le asistía razón a la accionante cuando alega que la sentencia atacada adolece de una falta de valoración

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Para dilucidar el asunto, sostuvo que no le asistía razón a la accionante cuando alega que la sentencia atacada adolece de una falta de valoración probatoria, toda vez que advirtió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial - contrario a lo señalado por la señora Aranda Ortiz - tuvo en cuenta más de ocho elementos probatorios, e incluso se pronunció sobre el acta de audiencia del 5 de julio del 2017, con la cual la disciplinada pretendía demostrar que las solicitudes presentadas por el señor Carlos Cuellar Ramos (sindicado) siguieron siendo negadas.

En cuanto al defecto sustantivo, consideró que tampoco estaba configurado, comoquiera que la accionante alegó que en la sentencia atacada se incurrió en una interpretación errónea del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por incumplir con el deber señalado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al asumir que se configuraba la falta imputada a título de culpa gravísima, sin determinar previamente si se encontraba configurado el elemento de la ilici tud sustancial de la conducta.

Frente a este reparo, el a quo indicó que la autoridad judicial accionada explicó de manera razonable que la señora Aranda Ortiz, en su calidad de juez de control de garantías, decidió no reconocer personería jurídica al defensor designado de manera exclusiva para actuar en la audiencia preliminar por no contar con el correspondiente paz y salvo del anterior abogado, en esa medida, al no haberse sustituido el poder vigente y estar destinado el presentado para intervenir únicamente en dicha audiencia,

preliminar por no contar con el correspondiente paz y salvo del anterior abogado, en esa medida, al no haberse sustituido el poder vigente y estar destinado el presentado para intervenir únicamente en dicha audiencia, la autoridad judicial accionada concluyó que no procedía exigir paz y salvo alguno, y, por tanto, conforme al artículo 120 de la Ley 90 6 de 2004, no era necesario cumplir ninguna formalidad para reconocer la personería al defensor designado.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, la señora Aranda Ortiz lo impugnó en los siguientes términos8:

Insistió en que la decisión adoptada , consistente en que no reconoció personería jurídica para actuar, no fue arbitraria comoquiera que tuvo en cuenta las “decisiones de varios jueces en torno a la misma situación fáctica que generó la decisión reprochada disciplinariamente antes de proferir la misma, y como se pudo observar el Fiscal Delegado que suscito la discusión y también fue titular de ese mismo Despacho como Juez de Garantías, a quien se le archivo la investigación disciplinaria en esta misma causa, y que sostenía dicha posición jurídica”.

Reiteró que en la conducta desplegada por la actora no está reunido el elemento de la ilicitud sustancial y que su actuación solo encuadraba en

misma causa, y que sostenía dicha posición jurídica”.

Reiteró que en la conducta desplegada por la actora no está reunido el elemento de la ilicitud sustancial y que su actuación solo encuadraba en la ilicitud formal, dado que “las solicitudes del sindicado continuar on siendo denegadas. Es decir, que la afectación que refieren los juzgadores de los derechos procesado (sic) no fueron de una relevancia que se materializara en el derecho pretendido (libertad por vencimiento de términos)”.

Por auto del 30 de enero de 2023 se concedió la impugnación9 y la misma fue asignada por acta de reparto el 10 de febrero de 202310.

8 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. 9 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00. 10 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril d e 2021 13, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 2019 14 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El 21 de marzo de 2017 el señor Edelberto Arenas Cadena presentó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá una queja en contra de la Juez Primero Municipal con función de cont rol de garantías de Florencia, Jennifer Constanza Aranda Ortiz, y del Fiscal Primero Especializado delegado ante el Gaula, Carlos Alberto Ballestas Barrios, “(…) para que se indague si con su proceder llevado a cabo el 15 de marzo

11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada

Especializado delegado ante el Gaula, Carlos Alberto Ballestas Barrios, “(…) para que se indague si con su proceder llevado a cabo el 15 de marzo

11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913. 15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913. 15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05526 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

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a las 3:30 de la tarde, d entro del radicado nro. 182056105194 2014 80052, al negarse por parte de la señora juez primero penal municipal con función de control de garantías de Florencia (Caquetá) a desarrollar la audiencia de libertad por vencimiento de términos, por exigencia que le hiciera el señor fiscal primero especializado delegado ante el Gaula del mismo municipio, por cuanto el suscrito abogado no traía el paz y salvo, contravinieron o infringieron sus deberes, por el abuso o extralimitación de los derechos y sus funciones (…)”16.

6.2.2. Por sentencia del 11 de julio de 2021 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, resolvió17:

“[…] PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE a la doctora JENNIFER CONSTANZA ARANDA ORTIZ (…) en su calidad de Juez Primera Penal Municipal de Florencia, Caquetá, para la época de los hechos, por haber incurrido en falta disciplinaria grave culposa con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153

de Juez Primera Penal Municipal de Florencia, Caquetá, para la época de los hechos, por haber incurrido en falta disciplinaria grave culposa con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución Política, 8 literal e y 120 de la Ley 906 de 2004, en armonía con los artículos 50, 44 parágrafo y 196 de la Ley 734 de 2002, en concurso homogéneo con la falta disciplinaria grave culposa con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la ley 906 de 2004, en armonía con los artículos 50, 44 parágrafo y 196 de la ley 734 de 2002, tal como se expuso en esta providencia.

SEGUNDO: IMPONER a la doctora JENNIFER CONSTANZA ARANDA ORTIZ, en su condición de Juez Primera Penal Municipal de Florencia Juez Única Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes, Caquetá, DOS (02) MESES DE SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo, tal como se expuso en esta providencia […]”. (Resaltado del original)

6.2.3. La ahora accionante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el cual fue resuelto mediante providencia del 27 de julio de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así18:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de junio de 2021

anterior decisión, el cual fue resuelto mediante providencia del 27 de julio de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así18:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de junio de 2021 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, en

16 Ibidem. 17 Ibidem. 18 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

Accionante: Jennifer Constanza Aranda Ortiz

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuanto a las faltas sancionadas y la tasación de la sanción, las cuales quedarán así:

SANCIONAR con suspensión en el ejercicio de la función por el término de (1) un mes a la señora JENNIFER CONSTANZA ARANDA ORTIZ, en su condición de Juez Primera Penal Municipal de Florencia por la comisión de la falta disciplinaria descrita en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución Política, 8 literal e y 120 de la Ley 906 de 2004 a título de culpa gravísima.

ABSOLVER a la disciplinable por la comisión de la falta disciplinaria grave con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la Ley

grave con culpa gravísima, por incumplir el deber establecido en el artículo 153 numerales 1 y 15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 229 de la Constitución Política, 138 numeral 1 de la Ley 906 de 2004, en armonía con los artículos 50, 44 parágrafo y 196 de la Ley 734 de 2002 […].”

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de diciembre de 2022, sin examinar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, denegó el amparo del derecho fundamental invocado por la accionante bajo la consideración que no estaban con figurados los defectos sustantivo y fáctico.

En esa medida, como el a quo no se detuvo en el examen de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala estima pertinente determinar si, en este caso, está n cumplidos.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la relevancia constitucional y, para ello, se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05526 01

Accionante: Jennifer Constanza Aranda Ortiz

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Accionante: Jennifer Constanza Aranda Ortiz

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6.3.1. Los criterios