CE - 110010315000202205534011SENTENCIA20230519141155

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: MARÍA CECILIA CANO MARTÍNEZ, PAOLA DEL PILAR

BETANCOURT CANO, ANGIE NATALIA RAM ÍREZ

AVELLANEDA, HÉCTOR GIOVANNY BETANCOURT CANO,

LUIS CARLOS BETANCOURT CANO Y ANDR ÉS FELIPE

BETANCOURT CANO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y JUZGADO

SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

MANIZALES

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control reparación directa con la pretensión de que se declarara una falla en el servicio por la falta de atención psicológica . Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación

por la falta de atención psicológica . Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 19 de enero de 2023 , dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Niégase la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Juan Pablo Granada D íaz, por lo señalado en la parte considerativa de esta providencia. Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Manizales y otro Rad: 11001 -03-15-000-202205534-00.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la señora María Cecilia Cano Martínez y otros frente a l os defectos procedimental y violación directa a la Constitución, por las razones analizadas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Niégase , en los demás, la acción de tutela interpuesta por la señora María Cecilia Cano Martínez en relación con los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente, conforme a lo analizado en las consideraciones de este proveído.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora aseguró que el señor Andrés Felipe Betancourt Cano ingres ó a la

las consideraciones de este proveído.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora aseguró que el señor Andrés Felipe Betancourt Cano ingres ó a la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004 en donde se desempeñaba comoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros

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2 Patrullero. Agregó que el 9 de septiembre de 2010, d entro de un control general de salud fue valorado psicológicamente, en el que se concl uyó que no requería tratamiento alguno.

Manifestó que el 17 de septiembre de 2014 fue atendido por la psicóloga Elizabeth Rodríguez Castellanos, quien lo diagnostic ó con trastorno de ansiedad generalizada.

Indicó que el 22 de mayo de 2015 , el señor Andrés Felipe Betancourt Cano asistió a cita de psicología y obtuvo una puntuación con tendencia a un estado de ánimo de fondo depresivo y alteración en el patrón del sueño , or denando seguimiento durante los 15 días siguientes.

Refirió que 22 de mayo de 2015, el señor Andrés Felipe Betancourt Cano prestó el tercer turno de seguridad en la Subestaci ón de Policía de Samaria desde las 2 :00 pm hasta las 10 :00 pm, servicio para el cual contaba con un arma de fuego de

tercer turno de seguridad en la Subestaci ón de Policía de Samaria desde las 2 :00 pm hasta las 10 :00 pm, servicio para el cual contaba con un arma de fuego de dotación oficial. Al finalizar su turno, s e dirigi ó́ en una motocicleta de la Polic ía Nacional al municipio de Pácora, en donde localizó al señor Julián Martínez López quien estaba en compa ñía del se ñor Elkin Andr és Mesa - también integrantes de la Policía Nacionaly procedió a dispararles, ambos falleciendo. La motivaci ón del señor Betancourt Caro para llevar a cabo las acciones relatadas, tuvo su origen en la molestia que ten ía frente al se ñor Juli án Martínez López y el hecho que este sostuviera una relación sentimental con su expareja.

El señor Betancourt Cano fue condenado a una pena principal de 25 a ños por los delitos de doble homicidio simple , fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y peculado por uso.

Andrés Felipe Betancourt Cano y sus familiares María Cecilia Cano Martíne z, madre, Mar ía Jos é Betancourt Pati ño y Juan Alejandro Betancourt Pati ño, hijos, Paola de Pilar Betancourt Cano, Luis Carlos Betancourt Cano, Héctor Geovanny Betancourt Cano , hermanos, Camilo Andrés Betancourt Cano , sobrino y Leidy Johana Patiño Giraldo , madre de los hijos de Andrés Felipe Betancourt Cano, presentaron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara la

Betancourt Cano , hermanos, Camilo Andrés Betancourt Cano , sobrino y Leidy Johana Patiño Giraldo , madre de los hijos de Andrés Felipe Betancourt Cano, presentaron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional (exp. No. 17001 -33-33-002-2017-00342-01/02), al considerar que la falta de atención psicológica por parte de la institución y de aplicación de los protocolos de atención fueron la causa de su actuación.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales que por sentencia de 24 de febrero de 2021 resolvió declarar probada la excepción denominada inexistencia del daño antijurídico por parte de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social y culpa exclusiva y determinante de la víctima. La decisión se sustentó que la entidad demandada prestó la atención psicológica necesaria al actor , quien se encontraba en uso de todas sus facultades mentales al momento en que desplegó los hechos, por lo que no era dable concluir que el castigo que le fue impartido sea antijurídico. En ese sentido, concluyó que el demandante tiene el deber de soportar el efecto jurídico sancionador que las conductas delictivas que realizó, como es la privación de la libertad y su destitución como servidor público.

La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, en sentencia de 7 de abril de 2022, bajo el argumento de que no se encontró demostrado el daño, porque “es claro que tanto el

La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, en sentencia de 7 de abril de 2022, bajo el argumento de que no se encontró demostrado el daño, porque “es claro que tanto el proceso judicial como el disciplinario de que fue objeto, fueron consecuencia directa de sus acciones, las cuales fueron perpetradas por este en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que sería indebido, e injusto para las v íctimas, esgrimir que el castigoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

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3 que le fue impartido es antijur ídico; Por el contrario, encuentra esta Sala que el demandante tiene el deber de soportar el efecto jur ídico sancionador que acarrearon las conductas delictivas que realizó, como es la privación de su libertad y su destitución como servidor público”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho su stancial sobre el forma l, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 7 de abril de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se confirmó la decisión de 24 de febrero de 2021 del Juzgado Se gundo

considera vulnerados con la sentencia de 7 de abril de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se confirmó la decisión de 24 de febrero de 2021 del Juzgado Se gundo Administrativo del Circuito de Manizales, en la que se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa iniciada contra el Ministerio de Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, y se declararon probadas las excepciones de inexistencia del daño y culpa exclusiva de la víctima.

En primer luga r, indicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia. Afirmó que el asunto goza de relevancia constitucional dado que lo que se discute es la vulneración de derechos fundamentales con la providencia demandada al haber negado las pretensiones de la demanda de reparación directa. En cuanto a los demás requisitos de procedencia, aseguró que (i) se agotaron todos los recursos ordinarios por lo que cumple con el requisito de la subsidiariedad ; (ii) la solicitud de amparo se interpuso dentro de un plazo razonable; (iv) se cuestiona una irregularidad procesal que tiene un efecto decisivo en la sentencia demandada y, por último, (v) se identificaron de forma razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Enseguida, sostuvo que la providencia demandada incurr ió en los siguientes defectos:

Defecto procedimental , dado que el análisis efectuado no resolvió la cuestión planteada en la demanda, esto es, la existencia de una falla en el servicio por responsabilidad médica por parte de las entidades demandadas, al no haber

Defecto procedimental , dado que el análisis efectuado no resolvió la cuestión planteada en la demanda, esto es, la existencia de una falla en el servicio por responsabilidad médica por parte de las entidades demandadas, al no haber garantizado una atención médica integral al patrullero Andrés Felipe Betancourt Cano desde septiembre de 2014, a pesar de haber presentado problemas en la relación de pareja y de que ya se le habían recomendado terapias psicológicas , sino que por el contrario , el problema jurídico que se formuló consistió en determinar si se encontraban o no probados los elementos de la responsabilidad (daño, culpa y nexo causal), lo que, en su sentir, no guarda correspondencia con la causa del litigio.

Defecto fá ctico y error inducido , dado que los funcionarios judiciales que conocieron la acci ón de reparaci ón directa, “fueron inducidos err óneamente a determinar dentro de sus sentencias que Andr és Felipe Betancourt Cano, nunca estuvo afectado por una patología psiquiátrica”.

Al respecto, aseguró que de conformidad con las pruebas que se allegaron al expediente puede concluirse que después de la atención psicológica presentada el 17 de septiembre de 2014 a Andrés Felipe Bertancourt Cano , no recibi ó atenciones de psicoterapia, ni se aplicaron protocolos por parte de la entidad prestadora del servicio de salud, ni visitas socio familiares para garantizarle el bienestar al integrante de la Policía Nacional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros

bienestar al integrante de la Policía Nacional.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

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4 Sostuvo que debió tenerse en cuenta que en la historia clínica de 21 y 22 de mayo de 2015 se omitió el registro de la información relacionada con el hecho que generó la cita prioritaria, el nombre del test y los resultados cuantitativos presentados, así como la consulta realizada por el área de psicología.

Refirió que aun cuando la Policía Nacional realiz ó un estudio de caso, donde entrevistó a las psicólogas que hacen parte de la Cl ínica La Toscana, “dicho documento no fue aportado dentro del acervo probatorio y fue mencionado en la contestación de la demanda, teniendo especial connotaci ón que la psic óloga que atendió el paciente el 21 de mayo de 2015, si conoci ó el motivo por el cual se orden ó la cita prioritaria por psicología”.

Manifestó que no se tuvo en cuenta el oficio S -2016 COMAN ASJ UR – 1.10 de fecha 3 de marzo de 2016, suscrito por el Comandante del Departamento de Policía de Caldas en donde se advierte que al “señor ANDRES (sic) FELIPE BETANCURT CANO, no se le realizaron visitas socio familiares ni por psicolog ía ni trabajo social [...] revisados los archivos que reposan en la oficina de Bienestar Social de

BETANCURT CANO, no se le realizaron visitas socio familiares ni por psicolog ía ni trabajo social [...] revisados los archivos que reposan en la oficina de Bienestar Social de la unidad no se encontraron antecedentes de visitas socio familiares por parte de profesionales en psicología y/o trabajo social al citado BETANCURT CANO”.

Además, mencionó que frente a las demás omisiones por parte de la Policía Nacional se valoraron de forma indebida las siguientes pruebas: “Oficio no. S-2017003670/ARSAN-GASIS-1.10 del 31 de enero de 2017, suscrito por el jefe del Área de Sanidad de Caldas (fls. 59 -60, C. 1) (…) “ Oficio no. S -2017-018258/GASIS-ESPIM-1.10 del 08 de mayo de 2017, suscrito por el jefe del Área de Sanidad Caldas (fls. 62-, C.1)”.

Aseveró que si bien las pruebas fueron tenidas en cuenta debió concluirse a partir de ellas que “al no existir pro tocolos de atención dentro del subsistema de salud de la Policía Nacional, los profesionales en Salud Mental, psicólogos y psiquiatras, se acogen a los establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Al no haberse dado continuidad al proceso t erapéutico iniciado por parte del Patrullero Betancourt, la seccional de sanidad de Caldas debió notificar el caso a talento humano y realizar un estudio de caso para establecer las acciones pertinentes”.

Indicó que no se tuvo en cuenta la prueba document al “Guía de Intervenciones MhGAP (Para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de

estudio de caso para establecer las acciones pertinentes”.

Indicó que no se tuvo en cuenta la prueba document al “Guía de Intervenciones MhGAP (Para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada) ”, acogida por el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la cual se puede concluir que a un cuando el actor no acudió a las terapias la entidad de salud debió adoptar un plan de acción para atender su caso.

Defecto sustantivo, desconocimiento de precedente judicial y violación directa de la Constitución, “al no haberse realizado un estudio ju icioso y detallado de la responsabilidad de las entidades demandadas por la falla en la prestaci ón del servicio de salud y la falta de aplicaci ón de protocolos ante riesgos advertidos ”, lo que a su juicio, provocó que se desconociera lo dispuest o en “el artículo 1, 13, 29, 49 y 90 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1751 del a ño 2015, en su art ículo 2, naturaleza y alcance del derecho fundamental a la salud, [la] ley 1616 de 2012, decreto 094 de 1989”. Indicó que como quiera que la autorida d judicial demandada no realizó un estudio a la luz de la falla del servicio por responsabilidad médica dejó de analizar que el día 22 de mayo de 2015, el señor Betancourt Cano presentaba una alteración emocional, como lo advirtió el psiquiatra forense Ricardo Sarmiento en el dictamen proferido el 3 de noviembre de 2015.

día 22 de mayo de 2015, el señor Betancourt Cano presentaba una alteración emocional, como lo advirtió el psiquiatra forense Ricardo Sarmiento en el dictamen proferido el 3 de noviembre de 2015.

Advirtió que existió una violación directa a la Constituci ón cuando el Tribunal no resolvió la petici ón del abogado recurrente, consistente en aplicar un control de excepción constitucionalidad al Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que atenta contra los criterios objetivos yRadicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

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5 verificables que deben realizar los jueces a la hora de tasar y liquidar las costas y agencias del proceso.

Adicionalmente, mencionó que se desconoció lo establecido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en la sentencia de 12 de julio de 2022 (exp. No. 66001233100020100022201), en cuanto a la importancia de la historia clínica en los casos de responsabilidad médica.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Se tutelen a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, derecho al acceso a la justicia y dem ás derechos fundamentales que se llegaren a declarar dentro de las atribuciones extra y ultra petita, con

“PRIMERO: Se tutelen a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, derecho al acceso a la justicia y dem ás derechos fundamentales que se llegaren a declarar dentro de las atribuciones extra y ultra petita, con ocasión a la expedici ón y publicaci ón de las siguientes sentencias: (1) Sentencia 011 de primera instancia proferida por el Juzgado segundo Administrativo de Manizales dentro del radicado 1700133-33-002-2017-00342-00 y (2) Sentenci a de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas radicado 17001 -33-33-0022017-00342-02, notificada el 19 de abril de 2022.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia No. 011 de primera instancia proferida por el Juzgado segundo Administrativo de Manizales, dentro del proceso de reparación directa radicado 17001-3333-002-2017-00342-00, promovido por ANDRES FELIPE BETANCOURT y OTROS, en contra de la NACI ÓN – MINISTERIO DE SALUD – NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, que neg ó las preten siones de la demanda, al haber prosperado la excepci ón “inexistencia de daño antijurídico por parte de la Naci ón – Ministerio de Salud y Protecci ón Social” y el medio de defensa “culpa exclusiva y determinante de la víctima”.

TERCERO: Dejar sin efe ctos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de reparaci ón directa radicado 17001 -3333-002TERCERO: Dejar sin efe ctos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de reparaci ón directa radicado 17001 -3333-0022017-00342-02, promovido por ANDRES FELIPE BETANCOURT y OTROS, en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD – NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, que confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia.

CUARTO: Ordenar a la autoridad judicial accionada para que en un t érmino prudencial profiera sentencia de reemplazo dentr o de la demanda instaurada en ejercicio de acci ón de reparaci ón directa promovida por ANDRES FELIPE BETANCOURT y OTROS, en contra de la NACI ÓN – MINISTERIO DE SALUD – NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, de acuerdo a la Constituci ón y a la ley y el precedente jurisprudencial existente sobre el estudio de responsabilidad medica del Estado y el valor probatorio de la historia clínica.

QUINTO: Las demás que se consideren necesarias, dentro de las atribuciones constitucionales extra y ultra petita”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el actor aportó copia de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales y de 7 de abril de 2022, dictada por el Tribunal Administra tivo de Caldas, Sala Primera de Decisión.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de octubre de 2022 , la Sección Quinta de l Consejo de Estado

y de 7 de abril de 2022, dictada por el Tribunal Administra tivo de Caldas, Sala Primera de Decisión.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de octubre de 2022 , la Sección Quinta de l Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y de Salud y Protecci ón Social, así como a la señora Leidy Johana Patiño Giraldo y al señor Camilo Andrés Betancourt Cano y, los menores María José y Juan Alejandro Betancourt Patiño, como terceros con interés en el trámite constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación Nos. 112058 a 112063 de 25 de octubre de 2022; 114289 y 114290 de 1 de noviembre de 2022 y CG1-2769 de 1 de noviembre de 2022, con el fin de dar cump limiento aRadicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros

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6 dicha orden1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Caldas

Mediante escrito de 31 de octubre de 2022, el Magistrado Ponente de la decisión demandada solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela o, en subsidio, se le desvincule del trámite constitucional.

Mediante escrito de 31 de octubre de 2022, el Magistrado Ponente de la decisión demandada solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela o, en subsidio, se le desvincule del trámite constitucional.

Advirtió que la providencia demanda no incurrió en ningún defecto y que en la misma se presentan de forma clara y precisa “los argumentos por los cuales se toma dicha decisión, además de que dentro del p roceso obra toda la actuación procesal de la cual se puede evidenciar el respeto al debido proceso y derecho de defensa de los actores”.

Así mismo, indicó que no se observa que de los hechos narrados por la parte actora se desprenda o se alegue vulneración de los derechos fundamentales de los mismos por parte de este Tribunal y que las pruebas solicitadas por la parte actora dentro de la oportunidad legal fueron decretadas y practicadas en debida forma.

6.2. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social

En escrito de 27 de octubre de 2022, el jefe de Grupo de Acciones Constitucionales pidió que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y solicitó su desvinculación al considerar que no es el competente para resolver lo pedido por la p arte actora, pues los reproches formulados están relacionados con la actuación por parte de autoridades judiciales frente a lo cual carece de competencia.

Agregó que no ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de los demandantes, por cuanto en ejercicio de sus competencias es la entidad encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la pol ítica pública en materia de salud pública y promoción social en salud con base en sus competencias, pero no

demandantes, por cuanto en ejercicio de sus competencias es la entidad encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la pol ítica pública en materia de salud pública y promoción social en salud con base en sus competencias, pero no es el encargado de reconocer o declarar hechos en proceso s previamente adelantados en el sistema de administración de justicia.

6.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

A través de memorial de 28 de octubre de 2022, la Asesora del Sector Defensa del Grupo de Asuntos Jurídicos pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

Afirmó que la providencia demandada no incurrió en defecto fáctico dado que allí se explicó de manera coherente y congruente cuáles fueron los fundamentos jurídicos para negar la responsabilidad a la Policía Nacional en los hechos objeto de litigio, basados en que en ningún momento se acreditó una desidia de la Policía Nacional para adoptar medidas encaminadas a prever que el señor patrullero retirado Andrés Felipe Betan court Cano le causó la muerte a dos de sus compañeros de trabajo.

1 La partes demandante y demandado y los terceros con interés fuer on notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: nacto5@hotmail.com; secadmcal@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co; notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co; admin02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin02mzl@notificacionesrj.gov.co; usuarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;

notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co; admin02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin02mzl@notificacionesrj.gov.co; usuarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co;notificacion.tutelas@policia.gov.co; johanapg2503@gmail.com; juangranadaabogado@gmail.com.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

Demandantes: María Cecilia Cano Martínez y otros

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7 Refirió que en la demanda de reparación directa el señor Andrés Felipe Betancourt Cano y sus familiares demandaron a la institución policial por omitir medidas de prevención encaminadas a que el ex policial usara su arma de dotación a pesar de conocerse unos antecedentes cl ínicos del mismo, tesis huérfana de argumentos, porque fue él quien tom ó un arma de dotaci ón sin permiso previ ó y cometi ó un hecho il ícito de homicidio sin ninguna justificaci ón, es decir, se est á ante una discordancia donde los demandantes pretenden un resarcimiento de p erjuicios causado por un hecho directamente por uno de ellos.

Al respecto, sostuvo que si bien es cierto el se ñor Andrés Felipe Betancourt Cano tuvo cierta atenci ón por profesionales de salud por la presunta ruptura con su compañera sentimental, ello per se le generó novedades para el ejercicio de sus

tuvo cierta atenci ón por profesionales de salud por la presunta ruptura con su compañera sentimental, ello per se le generó novedades para el ejercicio de sus funciones como policial, como consta en el Oficio Nro. S -2016-003105/ARSANJEFAT-29 de 9 de febrero de 2016, suscrito por la Jefe del Área de Sanidad de Caldas, en donde se deja constancia de lo siguiente: “(...) “[...] 1) El señor ANDRES (sic) FELIPE BETANCOUT, en ning ún momento estuvo incapacitado por su estado mental. 2) No existió recomendación y/o prohibición para la prestación del servicio policial, por esta misma circunstancia. 3) Aunque so licito (sic) atenci ón Psicoterapéutica por su relación con la pareja, en septiembre del 2014, no dio continuidad su tratamiento. 4) Con anterioridad a la ocurrencia de los hechos que originaron la investigación penal, no habían formulado medicamentos por la especialidad [...]”.

Así mismo, sostuvo que en el expediente reposa la declaraci ón surtida por la profesional Mónica Marcela Grisales Largo quien para ese momento laboraba como psicóloga en la institución policial, quien aclaró que el tema de exclusión de arma de dotaci ón a un policial debe estar precedido de una evaluaci ón clínica en la que se diagnostique al paciente con un trastorno afectivo como depresi ón, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, s íntomas no manifestados por el se ñor patrullero Andrés Felipe Betancourt Cano.

la que se diagnostique al paciente con un trastorno afectivo como depresi ón, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, s íntomas no manifestados por el se ñor patrullero Andrés Felipe Betancourt Cano.

Expresó que el señor Andrés Felipe Betancourt Cano “nunca manifestó de manera explícita ideas de auto o heteroagresión, pues si bien es cierto dio a conocer una situación con su pareja sentimental, ello per se no conlleva al hipotético caso de querer materializar un acto de violencia contra su persona o terceros, es decir, no estaba ante un caso previsible e inminente de la causación de un daño por parte del expolicial”.

Al respecto, aseguró que según la declaración del se ñor intendente José Ferney Arenas González, quien en calidad de mando del se ñor patrullero Andr és Felipe Betancourt Cano en la Subestaci ón de Polic ía Samaria, “el ex policial nunca presentó altercados o síntomas que pudieran prever problemas de naturaleza psiquiátrica, por el contrario, el mismo ten ía plena autodeterminación en el ejercicio de sus funciones, lo cual denota que en ning ún momento el acto il ícito cometido por el se ñor Betancourt Cano fue bajo impulsos”.

Por lo anterior, manifestó que no se estaba bajo un acto impulsivo sino premeditado pues “el se ñor patrullero (R) Andr és Felipe Betancourt Cano quien con plena capacidad de raciocinio ultim ó detalles para realizar actos donde caus ó el deceso

premeditado pues “el se ñor patrullero (R) Andr és Felipe Betancourt Cano quien con plena capacidad de raciocinio ultim ó detalles para realizar actos donde caus ó el deceso de dos de sus compañeros, por consiguiente, resulta desestimable la tesis de estar en presencia de un episodio de ira e intenso dolor por problemas maritales para efectos de endilgar una omisión a la Institución Policial en los hechos ya aludidos, al punto, que el e x policial fue condenado penalmente ”, como consta en el folio 3 del fallo de segunda instancia.

En cualquier caso, sostuvo que la solicitud de amparo resulta improcedente pues no cumple con el requisito de la subsidiariedad , a lo que agreg ó que no se comprobó que con la providencia demandada se esté configurando un perjuicio irremediable.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05534-01

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8 6.4. Respuesta de la señora Leidy Johana Patiño Giraldo , en representación del menor Juan Alejandro Betancourt Patiño

En escrito allegado el 10 de noviembre de 2022 , la señora Leidy Johana Patiño Gir