CE - 110010315000202205542011SENTENCIACONFIRMA20230504150635

Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2022-05542-01 Demandante: MARÍA EUGENIA ARROYAVE MÚNERA Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 3 de marzo de 2023, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, declaró la improcedencia de la acción. I. ANTECEDENTES 1. La petición de amparo Mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2022 en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, la señora María Eugenia Arroyave Múnera, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, con el objeto de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido. Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo del 1º de abril de 2022, que revocó la sentencia del 21 de octubre de 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia

había denegado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura de la accionante como concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2021-01706-01, promovido por la señora Daiana Andrea Álvarez Herrera en su contra. En concreto, solicitó a esta Corporación: “PRIMERA: Con base en los hechos narrados y lo expuesto en las consideraciones y fundamentos jurídicos que se presentarán a continuación, solicito que mediante sentencia se sirva tutelar los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia en concordancia con los principios de igualdad de las partes, bilateralidad de laDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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audiencia, cláusula general de permisibilidad y el principio de mayor favorabilidad; vulnerados a la ciudadana MARÍA EUGENIA ARROYAVE MÚNERA. También ha de tenerse en cuenta la observancia de normas sustanciales sobre procesales y motivación de las providencias; así como el derecho fundamental a elegir y ser elegido, en concordancia con lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución. SEGUNDA: En consecuencia, se ordene REVOCAR en su totalidad la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, el día 01 de abril de 2022, que decretó la pérdida de investidura de la concejal MARÍA EUGENIA ARROYAVE MÚNERA. TERCERA: Solicito, señor Juez, que en caso de encontrar en la presente acción otra vulneración a mis derechos fundamentales, estos sean protegidos”. 2. Hechos La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto: Indicó que fue elegida concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, para el período 2020-2023, cargo en el que se posesionó el 3 de enero de 2020. Señaló que el 19 de febrero de 2020, la plenaria de la corporación la designó como delegada ante la Junta Municipal de Educación. Refirió que el 23 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una solicitud de pérdida de investidura presentada en su contra por la señora Daiana Andrea Álvarez Herrera.

Lo anterior, bajo el argumento de que había incurrido en la causal de incompatibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, relativa a la imposibilidad de pertenecer a juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del municipio, o de instituciones que administraran tributos procedentes del mismo. Sostuvo que, a través de sentencia del 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda al determinar que solo estaba demostrado el elemento objetivo de la conducta, esto es, haber pertenecido a la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros, pero no el subjetivo, comoquiera que no se probó que actuara de forma dolosa o gravemente culposa. Según la autoridad judicial de primera instancia, la señora Arroyave Múnera ejercía por primera vez el cargo de concejal, no contaba con la capacitación suficiente y, en todo caso, había sido designada por la plenaria del concejo municipal para pertenecer a la junta, circunstancias que demostraban que había sido inducida en un error invencible.Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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Destacó que la demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar (i) que el hecho de ostentar por primera vez un cargo de elección popular no eximía al elegido para cumplir las normas, y (ii) que ser postulado por un tercero no conllevaba la ausencia de culpa, máxime cuando en las corporaciones de elección popular no es común la auto postulación. Afirmó que, mediante fallo del 1º de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, decretó su pérdida de investidura. En esta providencia no se volvió a estudiar el elemento objetivo de la conducta porque no fue objeto del recurso de alzada, pero sí se encontró demostrada la configuración del elemento subjetivo, bajo el argumento de que la señora Arroyave Múnera contaba con suficiente información para determinar que su conducta se encontraba incluida dentro de una de las causales de incompatibilidad establecidas en la Ley 136 de 1994. Así mismo, la autoridad judicial concluyó que la demandada omitió realizar las consultas jurídicas que le hubieran permitido identificar la irregularidad en la que incurriría al aceptar la designación como delegada ante la Junta Municipal de Educación, por lo que estaba acreditada su culpa grave. 3. Sustento de la vulneración Según la parte actora, la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido. Al respecto, alegó que la sentencia del 1º de abril de 2022 incurrió en los siguientes defectos: 3.1. Defecto sustantivo Explicó que si bien el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 prohíbe expresamente que los concejales pertenezcan a juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio,

3.1. Defecto sustantivo Explicó que si bien el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 prohíbe expresamente que los concejales pertenezcan a juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, lo cierto es que el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de 1994 establece que las juntas municipales de educación deben estar conformadas por “un representante del respectivo concejo municipal o de las juntas administradoras locales”. Sostuvo que la autoridad judicial demandada estudió esa contradicción normativa, citando una sentencia del 28 de enero de 20101 en la que la misma Sección Primera del Consejo de Estado advirtió que, cuando el legislador utilizó la expresión “representante del concejo municipal”, tenía por objeto permitir la participación de cualquier miembro de esa corporación en las juntas municipales de educación siempre y cuando no fuera un concejal propiamente dicho. 1 Radicado 05001-23-31-000-2009-00725-01.Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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Afirmó que tal postura constituye una aplicación errada y contra legem del artículo 162 de la Ley 115 de 1994. Consideró que esa disposición debía armonizarse con lo estipulado en el régimen municipal vigente para la época, esto es, el Decreto Ley 1333 de 1986, el cual permitía a los concejales pertenecer como máximo a dos juntas o consejos directivos municipales. Expresó que, bajo ese entendido, la intención inequívoca y expresa del legislador al expedir la Ley 115 de 1994 era que el “representante del concejo municipal” ante la junta municipal de educación fuera un concejal, ya que la normatividad vigente así lo permitía. Comentó que la argumentación utilizada por la Sección Primera es inválida, ya que se fundamenta en premisas inexactas que llevan a la hipótesis falsa de que el representante del concejo municipal ante ese tipo de juntas no puede ser un concejal. Refirió que esa disparidad de criterios generaba una duda razonable que tenía que ser resuelta a su favor, por lo que debió ser exonerada de una sanción tan gravosa como lo es la pérdida de investidura. 3.2. Defecto fáctico Aseguró que la autoridad judicial consideró que su formación profesional le permitía comprender el hecho o las circunstancias que la llevarían a configurar una causal de pérdida de investidura, aseveración que no cuenta con un sustento probatorio suficiente que la respalde. Sostuvo que tampoco existe prueba de que hubiera aceptado la designación realizada por la plenaria del concejo municipal ni mucho menos de que se hubiera posesionado ante la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros. Adujo que el único elemento que soporta ese argumento es la Resolución No. 10 del 20 de febrero de 2020, en la que el concejo la nombró representante ante la referida junta. Destacó que,

la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros. Adujo que el único elemento que soporta ese argumento es la Resolución No. 10 del 20 de febrero de 2020, en la que el concejo la nombró representante ante la referida junta. Destacó que, a pesar de lo anterior, la sola designación efectuada en ese acto administrativo no era suficiente para producir efectos jurídicos de índole particular, pues de acuerdo con lo previsto en el Decreto Reglamentario 1581 de 1994, también se requería que el alcalde municipal posesionara a los integrantes de la junta, situación que no se dio en su caso. Mencionó que la sentencia controvertida no tuvo en cuenta una certificación aportada con la contestación de la demanda, a través de la cual el alcalde municipal dejaba constancia de que ella nunca se posesionó ante la junta, así que no podía tenerse por demostrada su aceptación del cargo. Aseguró que el Consejo de Estado, Sección Primera llegó a esa conclusión aDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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partir de las actas del 21 de abril y del 15 de julio de 2020, en las que se registraba su participación en la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros; sin embargo, advirtió que estos documentos no dejaban por sentado que se hubiera posesionado en algún momento. Agregó que resultaba inverosímil que una persona que no aceptó un cargo y que tampoco se posesionó en el mismo, pueda desempeñarse como tal. Aclaró que el único documento que firmó fue un registro de asistencia del 21 de abril de 2020 y que, en todo caso, estas reuniones eran de carácter público a las cuales podía acudir en su condición de concejal. Insistió que ni siquiera en las actas aportadas se demuestra que haya realizado votación o proposición de asuntos. Expresó que lo único que está demostrado es que asistió a unas reuniones, mas no su desempeño como representante del concejo ante esa junta. 3.3. Violación directa de la Constitución Sostuvo que en la providencia cuestionada se reprochó que no hubiera solicitado conceptos o asesorías frente a la designación realizada y la posibilidad de incurrir en una causal de incompatibilidad, conducta que resultaba inexcusable y, por ende, gravemente culposa. Alegó que estos reparos parten del hecho de que cometió una conducta ilegal, lo cual no está demostrado ya que nunca aceptó el cargo ni se posesionó en el mismo. Recalcó que, en ese orden de ideas, resultaba contrario a la Constitución que se le exigiera la acreditación de asesorías o consultas respecto de una conducta que siempre estuvo ajustada a derecho. Señaló que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que era su primera vez en el cargo de concejal, que no contaba con formación jurídica ni capacitación suficiente y que la designación como representante ante la Junta Municipal de Educación fue efectuada por el pleno del concejo. Aseguró que

Señaló que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que era su primera vez en el cargo de concejal, que no contaba con formación jurídica ni capacitación suficiente y que la designación como representante ante la Junta Municipal de Educación fue efectuada por el pleno del concejo. Aseguró que el análisis efectuado en la sentencia cuestionada omitió la presunción de buena fe y dio por sentado que estaba obligada a conocer el marco normativo y jurisprudencial del régimen de incompatibilidades a pesar de no ser abogada. Insistió en que la Sección Primera del Consejo de Estado debió estudiar sus condiciones personales y las circunstancias externas que influyeron en su conducta, pues así podría haber determinado que no era procedente exigirle un conocimiento específico sobre el tema a una persona que no cuenta con formación jurídica.Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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Precisó que fue inducida a un error invencible, situación que la eximía de toda responsabilidad en el caso concreto y por la cual se debieron negar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que también se transgredió la garantía del in dubio pro reo, pues al no existir claridad de si había sido capacitada por la ESAP en los temas propios de su cargo, debió resolverse esa duda en su favor y no decretar la pérdida de su investidura. 3.4. Desconocimiento del precedente Indicó que en el fallo censurado se citó una sentencia del 28 de enero de 20102, en la que la misma Sección Primera del Consejo de Estado había establecido que no existía contradicción entre la prohibición de los concejales a pertenecer a las juntas municipales (Ley 136 de 1994) y la participación de un representante del concejo en dichas juntas (Ley 115 de 1994), pues debía entenderse que ese “representante” correspondía a cualquier funcionario que no fuera concejal. Alegó que esa posición desconocía la providencia del 20 de febrero de 2019, proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado en el trámite de una pérdida de investidura3, en la que se estableció que no podía aplicarse la “analogía iuris y legis” o “interpretación extensiva” para desfavorecer al demandado. Manifestó que la autoridad judicial trajo a colación una sentencia del 2010 para que fuera aplicada por analogía a su caso, sin tener en cuenta la prohibición de la analogía iuris y legis. Consideró que los efectos de esa providencia solo eran inter partes, así que sus consideraciones no podían extenderse para resolver su situación particular. Alegó como desconocida la sentencia del 5 de julio de 2019, dictada por la misma Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de investidura con

de esa providencia solo eran inter partes, así que sus consideraciones no podían extenderse para resolver su situación particular. Alegó como desconocida la sentencia del 5 de julio de 2019, dictada por la misma Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado 05001-23-33-000-2018-02483-01, relacionada con la obligación de efectuar un juicio de culpabilidad que esté regido por el principio pro homine. 4. Trámite de la acción de tutela A través de auto del 21 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Primera de esta Corporación. Así mismo, dispuso la vinculación de la señora Daiana Andrea Álvarez Herrera, demandante dentro del proceso objeto de controversia, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente tramite constitucional. 2 Radicado 05001-23-31-000-2009-00725-01. 3 No indicó el número de radicado.Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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Finalmente, requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegara copia digital del expediente del proceso de pérdida de investidura en el que se profirió la sentencia cuestionada. Mediante auto del 23 de noviembre de 2022, se ordenó requerir al presidente del Concejo Municipal de San Pedro de Los Milagros para que informara si la curul de la accionante ya había sido ocupada por otra persona y, en caso afirmativo, indicara su nombre y datos de contacto para efectos de notificación. En respuesta al requerimiento efectuado, el presidente de dicha corporación informó que el señor Elkin Orlando Múnera Restrepo se había posesionado el 23 de mayo de 2022 en el cargo que había dejado vacante la accionante, razón por la cual se ordenó su vinculación al presente trámite constitucional a través de providencia del 7 de diciembre de 2022. Por medio de proveído del 25 de enero de 2023, se dispuso la remisión del expediente al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil al considerar que podía ser acumulado al trámite de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2022-03883-00, debido a que en ambos casos se cuestionaba la sentencia del 1º de abril de 2022. Sin embargo, mediante auto del 3 de febrero del presente año, el doctor Vanegas Gil ordenó la devolución del expediente por no cumplir las prerrogativas dispuestas en el Decreto 1834 de 2015 para su acumulación, comoquiera que en el caso estudiado en esa oportunidad se declaró la falta de legitimación en la causa por activa, mientras que en el presente asunto la accionante era la directa afectada por la decisión cuestionada. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia La autoridad judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del expediente del proceso objeto de

afectada por la decisión cuestionada. 5. Argumentos de defensa Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia La autoridad judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del expediente del proceso objeto de controversia. 5.2. Daiana Andrea Álvarez Herrera Solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su defecto, se deniegue el amparo de tutela. Afirmó que no se cumple el requisito de inmediatez porque la solicitud fue radicada más de seis meses después de proferida la sentencia cuestionada. Sostuvo que los argumentos expuestos por la accionante ya fueron considerados tanto en primera como en segunda instancia, así que lo pretendido con la acción de tutela es reabrir nuevamente la discusión que ya se surtió ante las autoridadesDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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judiciales que conocieron del proceso de pérdida de investidura. Resaltó que en la sentencia de primera instancia se dio por acreditado el elemento objetivo de la causal, decisión que no fue apelada por la señora Arroyave Múnera y frente a la cual no existió pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado por no ser objeto de la alzada. Manifestó que algunos de los argumentos relacionados con el elemento subjetivo no fueron planteados en el trámite del proceso bajo cuestionamiento, por lo que se trata de hechos y situaciones nuevas que no fueron discutidas y frente a las cuales no hay lugar a realizar un estudio de fondo. Recalcó que la accionante guardó silencio cuando se le dio traslado del recurso de apelación, no solicitó pruebas en segunda instancia, no apeló la acreditación del elemento objetivo ni allegó muchos de los medios de prueba que pretende introducir en la presente acción de tutela, por lo que se infiere que su intención es revivir instancias que ya fueron superadas en la oportunidad procesal pertinente, con el fin de subsanar sus omisiones defensivas dentro del proceso. Señaló que, aun si se aceptaran los argumentos y elementos probatorios que pretende incorporar de forma novedosa en el trámite constitucional, lo cierto es que se debería llegar a la misma conclusión de la sentencia cuestionada, esto es, que se acreditaron los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura y, por lo tanto, la decisión controvertida está ajustada a derecho. 5.3. Consejo de Estado, Sección Primera El magistrado ponente de la sentencia objeto de reproche advirtió que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque se fundamenta en argumentos de mera legalidad que fueron planteados en el proceso y sobre los cuales ya se resolvió lo pertinente en la providencia acusada. Consideró que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una

que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional porque se fundamenta en argumentos de mera legalidad que fueron planteados en el proceso y sobre los cuales ya se resolvió lo pertinente en la providencia acusada. Consideró que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, razón por la cual resulta improcedente. Refirió que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, ya que la señora Arroyave Múnera no apeló la sentencia de primera instancia, respecto de la decisión de encontrar configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, así que no es posible efectuar algún pronunciamiento de fondo sobre ese aspecto, máxime cuando en el fallo solo se resolvió lo concerniente al elemento subjetivo por ser el único motivo de la alzada. En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos endilgados. Sobre el punto, indicó que los reproches elevados en relación con la afirmación relativa a que el representante del concejo ante las juntas municipales debía ser cualquier otro funcionario distinto a los concejales, corresponde a una inconformidad con la sentencia del 28 de enero de 2010, decisión que es ajena aDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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la adoptada en el proceso en el que se decretó la pérdida de investidura. Aclaró que la postura plasmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en dicha providencia no ha cambiado desde esa época. Insistió que, en todo caso, esas afirmaciones están dirigidas a cuestionar las conclusiones sobre el elemento objetivo de la causal, frente a las cuales no se interpuso recurso alguno y por eso no existió un pronunciamiento concreto en relación con ese aspecto. Mencionó que solo se estudiaron los argumentos y las pruebas relacionadas con el elemento subjetivo, estudio a partir del cual se pudo determinar que la accionante no actuó con la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad como concejal, pues no solicitó conceptos o asesorías ni realizó indagaciones sobre la aceptación de su designación como representante ante la Junta Municipal de Educación o el régimen de incompatibilidades de los concejales. Adujo que el cargo relacionado con la violación directa de la Constitución no cuenta con una explicación clara, por lo que el mismo no está acreditado. Recalcó que la configuración del elemento subjetivo no respondió a una presunción de culpabilidad sino a un análisis adecuado de las pruebas, a partir de las cuales se concluyó que la accionante actuó sin la debida diligencia al no indagar sobre una posible incompatibilidad, hecho del que no se desprendía alguna duda que debiera ser resuelta a su favor en desarrollo del principio in dubio pro reo. Finalmente, precisó que las sentencias invocadas como desconocidas no constituyen precedente, pues no contienen un criterio jurisprudencial aplicable al caso concreto. Explicó que los presupuestos fácticos estudiados en dichas providencias no guardan similitud con el caso de la accionante, por lo que no podían ser tenidas en cuenta al momento de proferir la sentencia cuestionada. 5.4. Elkin Orlando Múnera Restrepo No contestó la acción de tutela

fácticos estudiados en dichas providencias no guardan similitud con el caso de la accionante, por lo que no podían ser tenidas en cuenta al momento de proferir la sentencia cuestionada. 5.4. Elkin Orlando Múnera Restrepo No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le fue notificado electrónicamente mediante Oficio 129829 del 15 de diciembre de 2022. 6. Sentencia de primera instancia El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 3 de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Como sustento de su decisión, estableció que la discusión se centraba en la inconformidad de la accionante con que se hubiesen tenido por acreditados losDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura en su caso concreto. Por lo anterior, el a quo estimó pertinente estudiar los cuatro defectos endilgados a la providencia censurada, distinguiendo aquellos que se referían al elemento objetivo de los relacionados con el subjetivo. En ese sentido, consideró que los defectos sustantivo y fáctico (este último solo en lo relativo a la participación efectiva de la accionante en la junta municipal de educación), estaban dirigidos a cuestionar el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura. Al respecto, advirtió que la acción de tutela resultaba improcedente frente a estos cargos porque en la sentencia de segunda instancia no se hizo estudio alguno en relación con este elemento. Precisó que la solicitud de amparo procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas en las que se viole o haya violado un derecho fundamental; sin embargo, aclaró que en este caso no existe tal acción u omisión puesto que la autoridad judicial no se refirió a la configuración del elemento objetivo porque este aspecto no era objeto del recurso de apelación. Expresó que la actuación de la Sección Primera del Consejo de Estado, en cumplimiento del principio de congruencia, estuvo restringida al análisis del elemento subjetivo por ser el único punto que fue objeto de censura en la alzada, así que no le era posible pronunciarse sobre las circunstancias que rodearon la configuración del elemento objetivo de la causal. En tales condiciones, concluyó que no era posible estudiar unos defectos respecto de argumentos que no obraban en la decisión cuestionada, por lo que la acción de tutela devenía improcedente en este punto. En relación con los demás defectos, sostuvo que los mismos tenían por objeto cuestionar la acreditación del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, para lo cual efectuó el siguiente análisis: Determinó que el defecto fáctico planteado por la accionante,

En relación con los demás defectos, sostuvo que los mismos tenían por objeto cuestionar la acreditación del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, para lo cual efectuó el siguiente análisis: Determinó que el defecto fáctico planteado por la accionante, sustentado en la falta de pruebas que demostraran que tenía los conocimientos y la capacitación suficientes para dimensionar las consecuencias de su conducta, carecía de relevancia constitucional pues la autoridad judicial sí efectuó un análisis probatorio adecuado, a partir del cual pudo concluir que la accionante conocía sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios y, por ende, debía saber que su comportamiento podía conllevar a una incompatibilidad con el cargo de concejal. Explicó que el análisis probatorio efectuado por la Sección Primera fue razonable, por lo que la inconformidad de la parte actora con las razones allí expuestas no era suficiente para lograr la intervención del juez constitucional. Respecto del defecto por violación directa de la Constitución, aseveró que carecíaDemandante: María Eugenia Arroyave Múnera Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

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de carga argumentativa pues la accionante no expuso de manera clara cuales eran los elementos que dieron lugar a su configuración. Destacó que la señora Arroyave Múnera se limitó a señalar que la autoridad judi