CE - 110010315000202205545011SENTENCIASENTENCIA20230216150001

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

Demandante: Yeimi Julieth Tique Santa y otra

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-05545-01

Demandante YEIMI JULIETH TIQUE SANTA Y ANA YIBE TIQUE AROCA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa a la Constitución. Medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad. Atipicidad objetiva vs. Atipicidad subjetiva. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Yeimi Julieth Tique Santa contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el mecanismo frente a los yerros por desconocimiento del precedente de la sentencia relacionada en el numeral 1.4.2.3. de este

del Consejo de Estado, que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el mecanismo frente a los yerros por desconocimiento del precedente de la sentencia relacionada en el numeral 1.4.2.3. de este proveído, sustantivo y el cargo por violación directa de la Constitución por la trasgresión al derecho de acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: NEGAR en lo demás el amparo de los derechos fundamentales deprecados por

las señoras Yeimi Julieth Santa y Ana Yibe Tique Aroca.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de octubre de 20222, Yeimi Julieth Santa y Ana Yibe Tique Aroca, en nombre propio, interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones3: “Solicito de manera respetuosa a ustedes Honorables Magistrados, ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Tercera -Subsección “A”, proferir una nueva decisión respecto del trámite de la segunda instancia dentro del proceso de reparación directa No. 11001333003-2016-00046-01, en la que se atienda lo indicado por la corporación cierre de lo Contencioso Administrativo respecto del análisis de la conducta dentro del proceso penal del ciudadano al que le fuera impuesta medida de aseguramiento de forma preventiva y no mediante el análisis de las actuaciones desplegadas por el ciudadano antes del inicio del proceso penal, así como con la indicaciones que sean tenidas en cuen ta todas las pruebas

del ciudadano al que le fuera impuesta medida de aseguramiento de forma preventiva y no mediante el análisis de las actuaciones desplegadas por el ciudadano antes del inicio del proceso penal, así como con la indicaciones que sean tenidas en cuen ta todas las pruebas que obran dentro del proceso y que permiten ver que las demandadas tenían elementos de prueba que permitan evitar la solicitud y posterior decreto de la detención preventiva.” (Negrillas del texto original y sic para toda la cita)

1 Página 19 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 22. 2 La acción de tutela se radicó a través de la Ventanilla Virtual de esta Corporación. Samai, índice 2. 3 Página 14 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

Demandante: Yeimi Julieth Tique Santa y otra

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 15 de julio de 2013, el señor RSTS 4 fue capturado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá le impuso medida de as eguramiento de detención preventiva en la misma fecha.

El 27 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías negó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al señor RSTS. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de

de Control de Garantías negó la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al señor RSTS. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá dio lectura del fallo en el sentido de absolver al imputado por atipicidad de la conducta. Esto, porque se acreditó que el señor RSTS desplegó la conducta reprochada bajo el convencimiento de que la joven tenía más de 14 años. El investigado estuvo privado de la libertad desde el 15 de julio de 2013 hasta el 3 de julio de 2014. 2.2. Como consecuencia de lo anterior, los señores RSTS; María Griselda Tique Santa, en nombre propio y en representación d e sus menores hijos LYTS, YTS, YAMT y JDMT5; Dayana Valentina Otavo Tique; Duván Tique Santa; Yeimi Yulieth Tique Santa y Anayive Tique Aroca promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor RSTS. 2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito de Girardot, bajo el radicado Nro. 25307-3333-003-2016-00046-00. Mediante sentencia del 26 de octubre de 2021, se declaró la responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria de las demandadas con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor RSTS. En consecuencia, las condenó al pago de perjuicios de orden patrimonial y extrapatrimonial.

administrativa, patrimonial y solidaria de las demandadas con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor RSTS. En consecuencia, las condenó al pago de perjuicios de orden patrimonial y extrapatrimonial. Como fundamento de su decisión, expuso que la parte demandante acreditó la concreción de un daño antijurídico que supera las cargas públicas q ue los ciudadanos deben soportar por vivir en sociedad. Esto, por cuanto en el proceso se probó que el imputado fue absuelto, en sentencia ejecutoriada, de responsabilidad penal por atipicidad de la conducta. Situación que, a juicio del fallador, conlleva la declaración de responsabilidad del Estado. 2.4. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.

4 La Sección encuentra pertinente reservar el nombre del entonces demandante para proteger su derecho a la intimidad y buen nombre de quien fuera investigado en el proceso penal por delitos relacionados con la integridad sexual de una menor de 14 años. Al respecto, sentencia Auto A094 de 2017, T-973 de 2011 y T856 de 2007. Conviene agregar que la decisión de reserva en relación de nombres en la acción de tutela no implica la afectación del principio de publicidad en relación con las partes y de más usuarios del servicio de justicia. Una determinación en tal sentido no se traduce en prohibición en la publicación de las actuaciones, sino que se concreta en la modificación del nombre, en este caso, del accionante. 5 La Sala también mantendrá a reserva de identidad de los menores hijos de la señora María Griselda Tique Santa, en garantía de la protección a la intimidad de los niños y niñas que figuraron como demandantes en

5 La Sala también mantendrá a reserva de identidad de los menores hijos de la señora María Griselda Tique Santa, en garantía de la protección a la intimidad de los niños y niñas que figuraron como demandantes en el medio de control de reparación directa.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La primera entidad sostuvo que la medida de aseguramiento impuesta no desbordó l os criterios de razonabilidad ni de proporcionalidad, pues estuvo soportada en serios indicios de responsabilidad. Agregó, de otra parte, que el daño emergente no se acreditó según las exigencias de la sentencia de unificación del 18 de junio de 2019. La Rama Judicial manifestó que la medida cautelar atendió a los requisitos establecidos en la Ley penal para su imposición. También consideró que el demandante no cumplió con la carga de la prueba para acreditar los perjuicios que reclama. 2.5. En sentencia del 7 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó a la parte demandante al pago de agencias en derecho a favor de las demandadas. En la parte motiva de la sentencia, el Tribunal accionado indicó que teniendo en cuenta la gravedad del delito investigado y los elementos de conocimiento recolectados, correspondía a la Fiscalía General de la Nación adelantar la acción penal contra el sindicado e, incluso, solicitar la medida de

en cuenta la gravedad del delito investigado y los elementos de conocimiento recolectados, correspondía a la Fiscalía General de la Nación adelantar la acción penal contra el sindicado e, incluso, solicitar la medida de aseguramiento. En consecuencia, no encontró acreditada una falla en el servicio atribuible a esa entidad. De otra parte, indicó que, la medida de aseguramiento que decretó el juez penal de la causa cumplía con los presupuestos legales exigidos por el Legislador para tal fin. La providencia se notificó a través de correo electrónico remitido el 12 de julio 20226 a los sujetos procesales.

3. Fundamentos de la acción Las accionantes estiman que, al proferir la sentencia del 7 de julio de 2022 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial, en defecto fáctico y en violación directa a la Constitución. 3.1. Sobre el precedente judicial, destaca desconocida la sentencia Proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019, dentro del proceso constitucional número 11001 -03-15000-2019-00169-01. Dijo que en la sentencia en comento la Corporación se propuso contener la extralimitación de las funciones del juez de lo contencioso administrativo frente a la presunción de inocencia del demandante, cuando se pretende la condena del Estado por privación injusta de la libertad.

Recordó que, a efectos de romper el ne xo causal, el juez de lo contencioso administrativo solo podrá considerar la conducta procesal del investigado, no

pretende la condena del Estado por privación injusta de la libertad. Recordó que, a efectos de romper el ne xo causal, el juez de lo contencioso administrativo solo podrá considerar la conducta procesal del investigado, no la pre procesal. El análisis de esta última es competencia exclusiva del juez penal y la intrusión en su competencia podría desconocer el derecho al debido proceso de quien fue privado de la libertad. También señaló desconocida la sentencia SU072 de 2018, en la que se indicó, entre otros, que el juez de la causa tiene la potestad de seleccionar el régimen de responsabilidad que debe aplicarse a un caso, según sus particularidades. Y que en los casos en que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, se predicaba sin mayor discusión la irrazonabilidad de la privación de la libertad.

6 Samai para Tribunales Administrativos. Proceso nro. 25307333300320160004601. Índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, dijo que el Tribunal no tomó en consi deración la sentencia del 9 de abril de 2021 (exp. 47222), en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó y dio alcance a la figura de la atipicidad en la jurisdicción penal. Finalmente, discutió la condena en costas emitida por el juez de la segunda instancia, pues estima que desconoce la jurisprudencia constitucional y porque es desproporcionada.

Finalmente, discutió la condena en costas emitida por el juez de la segunda instancia, pues estima que desconoce la jurisprudencia constitucional y porque es desproporcionada. 3.2. Relativo al defecto sustantivo, la parte accionante manifestó que la sentencia acusada se fundamentó en una interpretación normativa y constitucional “desviada”. Esto, porque no es dable al juez contencioso sustituir al penal y valorar las pruebas del proceso en un sentido diferente al establecido en la sentencia penal. 3.3. Frente a la valoración de las pruebas indicó que la decisión del Tribunal accionado se fundamentó en la gravedad del delito imputado al señor RSTS, pero dejó de lado las pruebas del proceso que acreditaban la irrazonabi lidad de la medida de aseguramiento. Destacó la Fiscalía General de la Nación pidió la imposición de la medida privativa de la libertad aun cuando contaba con los siguientes elementos de conocimiento: (i) entrevista de la menor que “ denotaba lenguaje y ex presiones sexualizadas”; (ii) entrevista de MCM quién narró que la menor se le presentó a RSTS , como una joven de 16 años de edad aunque tenía 12; (iii) dictamen sexológico en el que el profesional de la salud concluyó que la menor tenía una edad clínica que oscilaba entre los 11 y 14 años para la fecha del examen. Con fundamento en estas evidencias físicas, estima que el ente investigador no debió solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, comoquiera que aquellos sugerían la configuración de un error de tipo. 3.4. Finalmente, alegó la configuración del defecto por violación directa a la

no debió solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, comoquiera que aquellos sugerían la configuración de un error de tipo. 3.4. Finalmente, alegó la configuración del defecto por violación directa a la Constitución, porque la sentencia del 7 de julio de 2022 desconoció sus derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 21 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por las señoras Yeimi Julieth Santa y Ana Yibe Tique Aroca, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y la

Nación, Fiscalía General de la Nación. En la misma providencia se vinculó, en calidad de terceros, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot, a los señores RSTS, María Griselda Tique Santa, LYTS, YTS, YAMT y JDMT, Dayana Valentina Octavo Tique y Duván Tique Santa y al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; todos ellos, sujetos procesales dentro del proceso radicado bajo el Nro. 11001333003-2016-00046-00/01. También, dispuso que se surtieran las notificaciones de rigor y ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot para que remitieran, en medio digital, las piezas procesales del proceso de reparación directa. 4.2. La Subsección a de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Girardot para que remitieran, en medio digital, las piezas procesales del proceso de reparación directa. 4.2. La Subsección a de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, intervino por conducto de la ponente de la decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque se la toma como una tercera instancia para controvertir una de cisión desfavorable a los otrora demandantes en el proceso de reparación directa. En todo caso, precisó que la medida privativa de la libertad en el proceso penal atendió a los requisitos dispuestos en el código procesal penal para tal fin. Así mismo en el hecho relevante de que se investigaba un delito contra la integridad y libertad sexual de una menor de 14 años. Destacó que la absolución penal obedeció a una atipicidad subjetiva por error de tipo , pero no porque el investigado no hubiera cometido la co nducta o porque ésta no constituyera delito. Lo que se acreditó en el curso del proceso penal fue que el procesado no conocía que la víctima era menor de 14 años. En esta línea agregó que, la decisión absolutoria penal no implica una condena automática del Estado por privación injusta de la libertad. 4.3. La Fiscalía General de la Nación expuso que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora

automática del Estado por privación injusta de la libertad. 4.3. La Fiscalía General de la Nación expuso que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora es retrotraer las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, más aún porque no se demuestra la vulneración de derecho fundamental alguno ni se sustenta la configuración de causales especiales de procedibilidad. También expuso que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad en tanto no explica, por qué, a pesar de que existen otros mecanismos judiciales idóneos para propender por la protección de sus derechos, no los ejerció. Finalmente, destacó que de la providencia atacada se extracta que el juzgador fundamentó su decisión en elementos de juicio suficientes y realizó la debida y motivada valoración de estos por lo que no se acredita la ocurrencia de un defecto fáctico. 4.4. La Nación, Rama Judicial , a través de apoderado judicial, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela en el caso particular. En todo caso, manifestó que la sentencia acusada se fundamentó en la jurisprudencia constitucional y contenciosa pertinente y vinculante para decidir casos relativos a indemnizaciones por privación injusta de la libertad.

5. Providencia impugnada En sentencia del 10 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado

casos relativos a indemnizaciones por privación injusta de la libertad.

5. Providencia impugnada En sentencia del 10 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela frente a los cargos por defecto sustantivo y violación directa a la Constitución y negó la solicitud de amparo en virtud del defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En primer lugar, declaró la improcedencia de las pretensiones relativas a controvertir la condena en costas por agencias en derecho, dado que denotaba un interés meramente económico, es decir que el cargo carecía de relevancia constitucional. También declaró la improcedencia del argumento sobre el desconocimiento del precedente judicial por la omisión en la aplicación de la sentencia del 9 de abril de 2021 (exp. 47.222) y del defecto sustantivo, porque no estaban fundamentados con la carga mínima para proceder con un estudio de fondo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, manifestó que la sentencia constitucional del 15 de noviembre de 2019, según el criterio mayoritario de esta Corporación, no constituía precedente en tanto, al tratarse de un fallo de tutela, sus efectos son inter partes. Advirtió que el Tribunal accionado no desconoció el precedente contenido en la sentencia SU072 de 2018, al haber desatado el caso sub examine bajo el régimen subjetivo de responsabilidad. Esto, porque la mencionada sentencia de unificación aclaró que

Tribunal accionado no desconoció el precedente contenido en la sentencia SU072 de 2018, al haber desatado el caso sub examine bajo el régimen subjetivo de responsabilidad. Esto, porque la mencionada sentencia de unificación aclaró que era potestad del juez de la causa determinar el régimen de responsabilidad bajo el cual deben analizarse los casos bajo su conocimiento. También precisó que la consideración de la sentencia e n comento de que deben analizarse a la luz del régimen objetivo las conductas objetivamente atípicas no es extensible, sin más, a los casos de atipicidad subjetiva, como el que se analiza. Concluyó que fue “…acertado el razonamiento que efectuó el tribuna l accionado al implementar el régimen subjetivo de responsabilidad por falla probada del servicio, según los parámetros de la SU-072 de 201830, puesto que la conducta punible en el caso concreto sí existió y fue materializada, otra cosa distinta fue que en el fallo absolutorio se descartara el dolo del entonces imputado.”7 Ahora, relativo al defecto fáctico advirtió que el Tribunal accionado fundamentó su decisión conforme a los hechos y medios de convicción que obraban en el proceso, como lo eran que se es taba en presencia de una menor de edad (11 años), la denuncia de la madre de la presunta víctima y la constatación de que el aparente agresor contaba con la edad de 17 años. Destacó que el juez de la segunda instancia también se pronunció en relación con las razones que soportaron la decisión de absolución relativas al error de tipo, pero consideró que esa situación no comprometía per se la responsabilidad del Estado. Lo anterior, porque las autoridades encargadas de solicitar e imponer la medida de

las razones que soportaron la decisión de absolución relativas al error de tipo, pero consideró que esa situación no comprometía per se la responsabilidad del Estado. Lo anterior, porque las autoridades encargadas de solicitar e imponer la medida de aseguramiento cumplieron con los requisitos de la Ley penal para tal fin, pues en ese momento procesal, era razonable inferir que el investigado podía ser el autor de la conducta por la cual se le investigó.

6. Impugnación La señora Yeimi Yulieth Tique Santa impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Reiteró los argumentos relativos al defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, pero no así las decisiones de improcedencia frente a la condena en costas, al defecto sustantivo y a la violación directa a la Constitución.

En la parte final de su escrito, frente a la sentencia del a quo manifestó que “La accionada desconoció en consecuencia precedentes de orden constitucional y precedentes verticales del máximo tribunal de lo contencioso al a firmar que la atipicidad decretada por el Juez Penal del Circuito de Fusagasugá al absolver a [RSTS] no es generadora de responsabilidad estatal ante la captura de la víctima, cuando por el contrario jurisprudencia autorizada y órganos de cierra afirman la obligación de reparar el injusto, razón por la que ahora en sede de segunda instancia dentro del trámite de la tutela se ruego el amparo de los derechos fundamentales vulnerados.” 8 (Sic para toda la cita)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo

7 Página 17 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 22. 8 Página 5 del escrito de impugnación. Samai, índice 27. 9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

Demandante: Yeimi Julieth Tique Santa y otra

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales10 y especiales11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 12 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico En el escrito de impugnación no se refutó de maner a específica la decisión y argumentación del a quo de declarar la improcedencia de los cargos relativos a la condena en costas, al defecto sustantivo y a la violación directa a la Constitución.

En consecuencia, al no haber controversia sobre el asunto, tal determinación permanecerá incólume.

condena en costas, al defecto sustantivo y a la violación directa a la Constitución. En consecuencia, al no haber controversia sobre el asunto, tal determinación permanecerá incólume. De otra parte, en el escrito de impugnación sí se discutió la decisión de negar el amparo en virtud del defecto por desconocimiento del precedente y del defecto fáctico. En consideración de la accionante, el juez conte ncioso usurpó la competencia del juez penal al pronunciarse sobre la conducta pre procesal del investigado en claro desconocimiento de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019. También acusó desconocidas la sentencia de tutela SU072 de 2018 y la sentencia de 9 de abril de 2021 (exp 47222), que respaldan que los casos de privación injusta de la libertad se analicen bajo el régimen objetivo, cuando la sentencia absolutoria sea consecuencia de la atipicidad de la conducta. En todo caso, estimó que se acreditó la falla en el servicio habida cuenta de que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial tenían a disposición elementos de

10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provi dencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.

(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v ) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05545-01

Demandante: Yeimi Julieth Tique Santa y otra

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento para prever que el caso estaba viciado por error de tipo (defecto fáctico) y aun así solicitaron e impusieron la medida privativa de la libertad. Entonces, la Sala debe establecer, si la Subsección A de la Sección Te