CE - 110010315000202205557011SENTENCIASENTENCIA20230504161350

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

Demandante: María Consuelo Gómez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-05557-01 Demandante MARÍA CONSUELO GÓMEZ Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad y prueba del elemento subordinación. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora María Consuelo Gómez contra la sentencia de 2 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que dispuso lo siguiente: «PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de María Consuelo Gómez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de octubre de 20221, mediante apoderado judicial, la señora María Consuelo Gómez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de octubre de 20221, mediante apoderado judicial, la señora María Consuelo Gómez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO. Solicito que se RESGUARDE el derecho fundamental a la igualdad, derecho a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso y el derecho a la primacía de la realidad sobre las formalidades, de mi mandante MARÍA CONSUELO GÓMEZ, toda vez que se ha p robado el vínculo realidad de acuerdo con los parámetros establecidos por el precedente judicial del Honorable Consejo de Estado. SEGUNDO. En concordancia con lo anterior, solicito que se REVOQUE la sentencia proferida por El Juzgado Décimo (10) Administr ativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. -- Sección Segunda, el día 27 de abril de 2021.

TERCERO: Como consecuencia del resguardo de los derechos fundamentales de mi mandante, solicito que se REVOQUE la sentencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo Sección Segunda de Cundinamarca el día Veintisiete (27) de abril del año 2022.

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

Demandante: María Consuelo Gómez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO. Como consecuencia del resguardo de los derechos fundamentales de mi

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO. Como consecuencia del resguardo de los derechos fundamentales de mi mandante, solicito que se REVOQUE el Oficio No. 2016ER28585 del 13 de mayo de 2016, que le negó la solicitud de pago de las prestaciones sociales, en virtud del vínculo REALIDAD. que existió entre el 15 de julio de 2011 al 3 de febrero de 2016. QUINTO. En concordancia con los numerales anteriores, solicito que se acceda a los pedimentos formulados en el libelo de la demanda formulada».

2. Hechos Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2018, la señora María Consuelo Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá pretendiendo la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir, entre otras. 2.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá conoció en primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 11001-33-35-010-2018 0006400. Mediante sentencia del 27 de abril de 2021, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó el elemento de la subordinación, esencial en la configuración del contrato realidad. 2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subs ección C que,

de la subordinación, esencial en la configuración del contrato realidad. 2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subs ección C que, mediante sentencia del 27 de abril de 2022 la confirmó por las mismas razones.

3. Fundamentos de la acción Tras argumentar que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora sostuvo que, al proferir la sentencia de 27 de abril de 2022 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente y que transgredió el principio de la realidad sobre las forma s, por las razones que se expondrán a continuación. 3.1. Desconocimiento del precedente: Para sustentar este defecto manifestó que «las Providencias mencionadas hicieron un análisis superfluo del material probatorio, las normas y jurisprudencia aplicable, afectando gravemente a mi mandante y vulnerando su derecho a la igualdad (…) la situación concreta de mi mandante sí se circunscribe a las pautas de identificación del vínculo realidad, especialmente porque de las pruebas, contrario al análisis probatorio de los jueces de primera y segunda instancia, sí se deduce, sin dubitación alguna, la subordinación a la que fue sometida».

Asimismo, censuró que en la providencia atacada se haya argumentado que existió un cambio sustancial entre las funciones que realizó como empleada de planta y contratista, pues para efectos de determinar si se trataba de un contrato realidad es irrelevante que ella haya desempeñado distintos cargos y funciones a lo largo de su paso por la entidad demandada.

de planta y contratista, pues para efectos de determinar si se trataba de un contrato realidad es irrelevante que ella haya desempeñado distintos cargos y funciones a lo largo de su paso por la entidad demandada. También expresó su desacuerdo con que en el fallo se haya indicado que no se cumplía con el requisito de identidad de funciones con los empleados de planta y contratista debido a que no existía evidencia que permitiera concluir que la demandante realizaba funciones del personal de planta; y que, en todoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, la realización de actividades misionales no es per se reprochable dentro de la contratación estatal. Al respecto, la parte actora adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado no exige que haya una igualdad estricta entre el cargo del contratista y un empleo de planta, sino que se refiere a la equidad o similitud de funciones. Sin embargo, afirmó que las funciones a ella asignadas hacen parte de las Resoluciones 1178 del 19 de diciembre de 2007 y 1611 del 6 de octubre de 2014 de la Secretaría Distrital de Salud, en las cuales se consagran los cargos permanentes de la planta de personal y las correspondientes funciones. Y aseguró que las funciones dispuestas en cada uno de los contratos celebrados son inescindibles con la misión de la Secretaría Distrital de Salud. Seguido, la parte actora se refirió a la sentencia del 4 de febrero de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

son inescindibles con la misión de la Secretaría Distrital de Salud. Seguido, la parte actora se refirió a la sentencia del 4 de febrero de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se indicó lo siguiente: «Para la Sala es claro que las actividades encomendadas no eran ocasionales, accidentales o transitorias, ya que los servicios de asistencia técnica, coordinación, elaboración de informes, revisión presupuestal, coordinación y elaboración de planes operativos y proyectos, promoción del liderazgo de las entidades territoriales, inducción de personal, seguimiento al cumplimiento de metas del POA, entre otras, contratadas por la entidad, contradicen el carácter temporal propio de este tipo de acuerdo. Debe rec ordarse que la modalidad contractual de prestación de servicios se encuentra justificada como un instrumento temporal y excepcional, para atender funciones ocasionales y no funciones permanentes o propias de la entidad, o que siendo parte de ellas no puede n ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados. En el presente caso, las actividades desarrolladas son permanentes e inherentes a la dirección del sector salud en el ámbito departamental a cargo de la Unidad Administrativa E special de Salud de Arauca, en ese orden, corresponden al giro ordinario de la entidad. En el proceso no se acreditó la existencia de cargos similares dentro de la planta de personal de la entidad para el desarrollo de las actividades contratadas, sin emba rgo, dicha situación no exonera de responsabilidad a la entidad demandada toda vez que por tratarse de actividades inherentes al objeto de la entidad que debían ser desarrolladas de forma permanente y subordinada, no podían ser contratadas con terceros». Por otro lado, aseguró que, contrario al análisis probatorio de los jueces de

responsabilidad a la entidad demandada toda vez que por tratarse de actividades inherentes al objeto de la entidad que debían ser desarrolladas de forma permanente y subordinada, no podían ser contratadas con terceros». Por otro lado, aseguró que, contrario al análisis probatorio de los jueces de primera y segunda instancia, de las pruebas sí se deduce la subordinación a la que fue sometida. Puntualmente, se refirió a los testimonios de las señoras Diana Magaly Calderón y Laura Natalia Rodríguez, por medio de los cuales se evidenció que cumplía con un estricto horario de 8 horas diarias, los 5 días de la semana. E indicó que ese horario se mantuvo incólume desde su ingreso a los puntos por el derecho a la salud, hasta el 3 de febrero de 2016. Puntos en los cuales, además, se le asignó un puesto de trabajo y un inventario de oficina para cumplir con sus labores. De otra parte, manifestó que, de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado, la subordinación es el element o que por excelencia diferencia un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral. Sobre ese punto, transcribió fragmentos de la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esa corporación, en la cual se indicó lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

Demandante: María Consuelo Gómez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «según el artículo 23 del CST, es considerado como el determinante para distinguir la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para exigir el

www.consejodeestado.gov.co «según el artículo 23 del CST, es considerado como el determinante para distinguir la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier moment o, en cuanto al tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. (…) Sin embargo, esa disponibilidad permanente implica que las actividades contractuales se desarrollaban en circunstancias de tiempo, modo y lugar que no podían ser escogidas libremente por la demandante, y que, en consecuencia, se traduce en que sus labores no eran ejecutadas con la libertad, independencia y autonomía propias de un contratista por prestación de servicios, sino como una auténtica empleada en la medida en que se encontraba sujet a a la voluntad del empleador sobre la forma en que debía desarrollar su trabajo y someterse a las consecuencias legales que le impusiera el ente hospitalario por incumplimiento del contrato». Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la subordinación alude a que la entidad trate como funcionario al contratista, circunstancia que en su criterio se encuentra plenamente probada en su caso, pues (i) cumplió funciones en representación de la Secretaría Distrital de Salud, como por ejemplo en los comités de seguimiento de las subredes que conforman la red hospitalaria de la ciudad; y (ii) existen varios actos administrativos que se refieren a quienes realizaban las mismas labores que ella como «funcionarios».

comités de seguimiento de las subredes que conforman la red hospitalaria de la ciudad; y (ii) existen varios actos administrativos que se refieren a quienes realizaban las mismas labores que ella como «funcionarios». 3.2. Transgresión del principio de la realidad sobre las formas: La parte actora sostuvo que se transgredieron los artículos 2, 6, 25, 53 y 122 de la Constitución Política, porque se desconoció que aquella tuvo un vínculo realidad con la Secretaría Distrital de Salud, ya que cumplió con las labores encom endadas de forma personal, bajo la completa y permanente subordinación de la entidad, a cambio de un salario mensual. Manifestó que el juez de tutela debía analizar el caso a la luz del principio fundamental de la «Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones contractuales», puesto que sí existe un contrato de trabajo. Agregó que también se quebrantó el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, pues se desconoció que los contratos de prestación de s ervicios solo son procedentes cuando dichas actividades no puedan celebrarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados. Sin embargo, tal modalidad no se puede emplear para desarrollar funciones permanentes y del giro ordinario de l a Secretaría Distrital de Salud, tales como las que ella desarrolló. Sostuvo que también se vulneraron los artículos 5 y 27 del Decreto 1569 de 1998, pues no se tuvo en cuenta que cumplió con las labores misionales permanentes de la entidad. Finalmente, sostuvo que «se probaron los elementos de un vínculo realidad, por lo tanto, de acuerdo con el elemento de la subordinación, las pruebas presentadas ante los Despachos

misionales permanentes de la entidad. Finalmente, sostuvo que «se probaron los elementos de un vínculo realidad, por lo tanto, de acuerdo con el elemento de la subordinación, las pruebas presentadas ante los Despachos son contundentes, puesto que, tanto los documentos, el interrogatorio de parte y cada uno de los testigos recaudados, permite dilucidar que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, pretendió ocultar un vínculo realidad, existente entre la demandada y mi poderdante. De acuerdo con las pruebas recaudadas, no hay lugar a duda alguna, frente a que mi poderdante prestó sus servicios personalmente, como tampoco la hay de que fue remunerada, frente al elemento de la subordinación también es clara su configuración, en la medida que estaba bajo constante supervisión, tenía una jornada equivalente a un horario de tiempo completo, se identificaba como cualquier otro funcionario de la Secretaría, le suministraron elementos de trabajo, tenía un puesto de trabajo asignado, siempre disfrutó de las actividades de bienestar, lo cual es una facultad privativa de los funcionarios de planta de la Entidad, y aún más diciente, tenía facultades reglamentarias de representación de la Entidad, concedidas por el mismoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Secretario Distrital de Salud».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 24 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora María Consuelo Gómez contra el Tribunal Administrativo de

Secretario Distrital de Salud».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de 24 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora María Consuelo Gómez contra el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. En la misma providencia se ordenó notificar en calidad de tercera interesada a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ; se reconoció personería al abogado José Alejandro Morales Gómez como apoderado de la tutelante; y se dispuso efectuar las demás las notificaciones correspondientes. 4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C indicó que del análisis de las pruebas recaudadas se arribó a la conclusión de que no se acreditó la existencia de una relación laboral entre la demandante y la Secretaría Distrital de Salud, dada la ausencia del elemento de la subordinación. Por el cont rario, manifestó que los objetos pactados en cada uno de los contratos revelaron que la actora fue contratada en un principio para prestar asistencia técnica a las oficinas del servicio al ciudadano y participación social; y luego para prestar sus servicio s especializados, dada su formación profesional como psicóloga. Además, sostuvo que no se encontraron otros medios de prueba que cotejados con los testimonios permitieran deducir que la tutelante recibía órdenes e instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o ejecutar el contrato. Tampoco se advirtió la existencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado dichas órdenes.

ejecutar el contrato. Tampoco se advirtió la existencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado dichas órdenes. Por lo anterior, concluyó que no se configura la alegada vulneración al derecho a la igualdad por la supuesta interpretación superflua de las pruebas y los hechos aducidos en la demanda. Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela interpuesta. 4.3. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá guardó silencio en el trámite de la acción.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C consideró que la tutela interpuesta es improcedente pues no encontró que la decisión cuestionada fuera caprichosa o arbitraria; y, en cambio, sí advirtió que los argumentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por el juez natural.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, bajo los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe

proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la improcedencia de la

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cua ndo quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)

proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, ii i) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

Demandante: María Consuelo Gómez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acción de tutela interpuesta por la señora María Consuelo Gómez, por no cumplir con el requisito general de procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales, denominado relevancia constitucional. En caso de superar dicho análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la sentencia de 27 de abril de 2022, en el medio de control tramitado bajo el radicado 11001-33-35-010-2018-00064-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

11001-33-35-010-2018-00064-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en los defectos alegados por la parte actora.

4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis del caso 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y, aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos crit erios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razon able la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen co n las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05557-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Consuelo Gómez

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta pers pectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a

importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como con secuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el ju