CE - 110010315000202205568011SENTENCIASENTENCIA20230316171237

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante CIRO ALFONSO PARRA CHAPARRO

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE DECISIÓN ORAL C Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo, por decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pago de aportes paraf iscales a la UGPP. Rentista de Capital. Ingreso base de cotización IBC. Proceso de fiscalización. Liquidación oficial y sanción por omisión. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Ciro Alfonso Parra Chaparro contra la sentencia del 17 de noviembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió: “PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso a la administración de justicia e igualdad del señor Ciro

Sección Tercera, Subsección B, que resolvió: “PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al acceso a la administración de justicia e igualdad del señor Ciro Alfonso Parra Chaparro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de diciembre de 20221, el señor Ciro Alfonso Parra Chaparro, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes

pretensiones: “Principales

1. Se ordene el amparo de mis derechos fundamentales al: Debido Proceso, Derecho De Defensa y de Contradicción, Derec ho De Acceso a La Administración De Justicia, y el

Derecho A La Igualdad.

2. Se ordene revocar en todas sus partes la decisión adoptada por El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C” en la sentencia de fecha diec iséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022), bajo la ponencia del magistrado César Augusto Torres Ormaza conforme a los fundamentos de derecho expuestos.

3. Se ordene al El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORA L “C” que proceda a realizar un nuevo estudio y

1 Fecha de radicación de la tutela por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

1 Fecha de radicación de la tutela por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proyecto de sentencia ajustado a derecho, sin desconocer las normas que han sido acusadas por la violación tajante de los derechos constitucionales citados.

4. Se ordene al El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADM INISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C” someterse al imperio de la ley y la supremacía constitucional, y pronunciarse mediante sentencia debidamente motivada en el precedente judicial, así como en el desarrollo jurisprudencial de la corte Constitucional respecto a la temática de la base gravable de los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital.

5. Se ordene al El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C” confirmar la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2020 por el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, por encontr arse ajustada a derecho y a la realidad jurídica de la temática debatida.

6. Se declare que los actos administrativos proferidos por la UGPP, y confirmados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, están vi ciados de nulidad por Defecto Material Y Sustantivo, en

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C”, están vi ciados de nulidad por Defecto Material Y Sustantivo, en razón a que fueron expedidos con base a normas derogadas e inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico colombiano.

7. Que se declare que la UGPP carece de competencia para determinar el IBC o base gravable de los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital tomando como fuente de información la declaración de renta de la DIAN, lo cual no está establecido en nuestro ordenamiento jurídico colombiano.

8. Se declare que las actuaciones administrativas proferidas por la UGPP, y confirmadas en la sentencia del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL “C” causan un perjuicio irr emediable en contra de mi persona dado a que el proceso de cobro coactivo que adelanta la UGPP contra mi persona conlleva al embargo y remate de los bienes pertenecientes al patrimonio familiar.

9. Se ordene la Suspensión del proceso de cobro coactivo qu e pretenda ejecutar la UGPP contra mi representado.

Subsidiarias

1. Se ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE DECISIÓN ORAL C, proyectar la sentencia teniendo en cuenta el concepto emitido por el Ministerio de Trabajo hacia la UGPP respecto de la correcta aplicación de la norma que regula actualmente la cotización al sistema de seguridad social de los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Ciro Alfonso Parra Chaparro tiene como actividad económica la

independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Ciro Alfonso Parra Chaparro tiene como actividad económica la comercialización de leche, productos lácteos y huevos. 2.2. Para el año 2014, en la declaración de renta del actor ante la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, se reportó la suma de

$1.520.400.000. 2.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP hizo un cruce de bases de datos con la DIAN y, confrontada la declaración de renta con la información suministrada en la base de datos PILA administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, determinó que para el año 2014 el actor había reportado ingresos pero que no había realizado aportes al sistema de seguridad social en salud y en pensión por el año 2014, sino con posterioridad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Por tal motivo, la UGPP inició el proceso de fiscalización en contra del señor Ciro Alfonso Parra Chaparro y, profirió el requerimiento de información UGPP Nro. RQI -M-1607 del 26 de septiembre de 2016, mediante el cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones solicitó la información y documentación necesaria para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones al sistema de protección social por los

Subdirección de Determinación de Obligaciones solicitó la información y documentación necesaria para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones al sistema de protección social por los periodos del 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. A continuación, se profirió el requerimiento para declarar y/o corregir Nro. RCD-2016-01816 del 24 de noviembre de 2016, en el que se establece que debía afiliarse o reportar la novedad de ingreso y pagar como cotizante al sistema de seguridad social por los periodos de enero a diciembre de 2014. Posteriormente la UGPP continuó con el proceso de fiscalización y profirió la Resolución Nro. RDO-2017-01631 del 28 de junio de 2017, por medio de la cual se emitió la liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social integral, en el subsistema de salud y pensión por los periodos fiscalizados de enero a diciembre de l año 2014. En dicho acto administrativo se liquidó como total de pago por concepto de aportes a salud, pensión y fondo de solidaridad pensional la suma de $56.364.000, fijado sobre un ingreso base de cotización de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, a título de sanción se le indicó un valor a pagar por $112.728.000. El actor presentó recurso de reconsideración contra el acto administrativo de liquidación oficial. Mediante la Resolución Nro. RDC-2018-00632 del 18 de julio de 2018, se modificó el valor establecido en relación con el pago de aportes a un total de $56.162.200 y se modificó igualmente el valor de la sanción por la

de 2018, se modificó el valor establecido en relación con el pago de aportes a un total de $56.162.200 y se modificó igualmente el valor de la sanción por la omisión en la afiliación por valor de $112.324.400. 2.5. Por lo anterior, el señor Ciro Alfonso Parra Chaparro, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP, con el fin de que se declara la nulidad de los actos tanto de liquidación oficial como el que resolvió el recurso de reconsideración y, en consecuencia, pidió que se ordenara que no estaba en la obligación de cancelar suma alguna y por tanto tenía derecho al pago de los perjuicios patrimoniales, asimismo, se realizara la devolución de los pagos realizados por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral en los subsistemas de salud y pensión por los periodos de enero a diciembre de 2014. 2.6. En primera instancia conoció el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla (Radicado Nro. 08001-33-33-014-2018-00475-00) que, en sentencia del 11 de junio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda. Encontró que el cargo de falta de competencia de la UGPP para percibir los ingresos, debía prosperar, pues a juicio del a quo, para la vigencia del año 2014, aún había un vacío legal respecto al sistema de presunción de ingresos de los independientes y rentistas de capital, como lo era el demandante y que,Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

2014, aún había un vacío legal respecto al sistema de presunción de ingresos de los independientes y rentistas de capital, como lo era el demandante y que,Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hasta el 9 de junio de 20 15, no tenía una norma expresa que estableciera la base de cotización concreta al régimen contributivo para los rentistas de capital o comerciantes, de manera que, bastaba con cotizar sobre la base mínima de un salario mínimo para cumplir con la norma y que, fue solo con la expedición de la Ley 1753 de 2015, que en su artículo 267 derogó la norma anterior, y en su artículo 135 definió el Ingreso Base de Cotización para los trabajadores independientes por cuenta propia y rentistas de capital. En ese sentido , consideró que la UGPP actuó de manera desmesurada, al dividir entre los 12 meses los ingresos brutos estipulados en la declaración de renta del demandante, sin que a la vigencia del 2014, existiera una base gravable regulada por el Congreso para aplicar la tarifa de la seguridad social, por lo tanto, para el juzgado la UGPP no se encontraba facultada para ello, máxime cuando los ingresos mensuales eran variables y en algunos casos, aquellos se recibían en una o dos oportunidades como ocurría con los dividendos y rendimientos financieros. 2.7. La entidad demandada apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que en sentencia del 16

aquellos se recibían en una o dos oportunidades como ocurría con los dividendos y rendimientos financieros. 2.7. La entidad demandada apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que en sentencia del 16 de agosto de 2022 <<notificada por correo electrónico el 19 de agosto de 2022> >, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En criterio del tribunal, los rentistas de capital debían entenderse dentro de los trabajadores independientes, aportantes obligatorios del sistema general de seguridad social en salud, cuyo ingreso base de cotización se calculaba sobre los ingresos que efectivamente perciba el afiliado, siendo su límite máximo de 25 smlmv, de manera que, en el caso del actor, se evidenció que en su declaración de renta del año 2014 consignó que recibió ingr esos por la suma de $1.520.400.000, lo que dividido en 12 meses arrojaba una suma mensual de $126.700.000. Ahora, explicó que el salario mínimo para el año 2014 estaba en $616.000, por lo que el ingreso base de cotización para ese año era la suma de $15.400.000, que equivalía a los 25 smlmv, y, por consiguiente, el cálculo mensual de los aportes correspondía a $4.697.000. Frente al aspecto relacionado con los aportes y el ingreso base de cotización por el año 2014, llegó a las siguientes conclusiones: i) Sí existía norma que estableciera el ingreso base de cotización para los rentistas de capital. ii) No se aplicó la presunción de ingresos que alega el actor. iii) No se hizo el cálculo o determinación del IBC conforme a la aplicación de la

1. Sí existía norma que estableciera el ingreso base de cotización para los rentistas de capital. ii) No se aplicó la presunción de ingresos que alega el actor. iii) No se hizo el cálculo o determinación del IBC conforme a la aplicación de la fórmula p ara los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, esto es, el ingreso base multiplicado por un 40%. iv) La operación efectuada por la UGPP correspondió a la división del ingreso percibido por el actor en el año 2014, dividido entre los 12 meses del año, para obtener el ingreso base mensual y, v) Como quiera que el actor no respondió los requerimientos efectuados, entre ellos el de declarar y/o corregir, además que no aportó documento alguno dentro del trámite para que se pudieran reali zar deducciones, se calculó el IBC sobre la totalidad de los ingresos.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con el punto de la sanción por omisión en la afiliación y cotización en el sistema general de seguridad social, sostuvo que este se hizo con base en el ingreso percibido por el actor, no pudiendo éste a su arbitrio y so pretexto de que no existía norma que estableciera cual era el IBC sobre el cual debía hacer los aportes, dejar de contribuir cuando le resultaba obligatorio calcular sus aportes sobre los 25 smlmv.

3. Fundamentos de la acción El accionante consideró que, al proferir la sentencia del 16 de agosto de 2022 el

hacer los aportes, dejar de contribuir cuando le resultaba obligatorio calcular sus aportes sobre los 25 smlmv.

3. Fundamentos de la acción El accionante consideró que, al proferir la sentencia del 16 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, incurrió en los defectos sustantivo, decisión sin motivación, por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la Constitución Política, por las razones que se exponen a continuación. 3.1. Defecto sustantivo. Explicó que, para la época de fiscalización, esto es, el año 2014, tenía la calidad de independiente por cuenta propia y/o rentista de capital como se estipula en la declaración de renta y en la liquidación oficial proferida por la UGPP. En ese sentido, indicó que hasta la fecha no existe norma creada por el Congreso de la República que permita establecer la base gravable de la seguridad social sobre la cual deben cotizar los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital, motivo por el cual la UGPP no podía crear una base gravable para los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital sin tener la competencia para hacerlo, dado que dicha potestad era exclusiva del Congreso.

En esa línea, dijo que el tribunal no se detuvo a hacer un análisis minucioso y detallado de las normas sobre el tema, sino que se limitó a replicar las razones expuestas por la parte demandada en el recurso de apelación y que cae en un error al adoptar la postura que maneja actualmente la UGPP referente a establecer una base gravable para calcular los aportes a seguridad social conforme a los ingresos registrados en la declaración de renta de la (DIAN),

error al adoptar la postura que maneja actualmente la UGPP referente a establecer una base gravable para calcular los aportes a seguridad social conforme a los ingresos registrados en la declaración de renta de la (DIAN), y no sobre los ingresos efectivamente percibidos y declarados ante la administradora a la cual se afilió como lo determinaba el artículo 1º del Decreto 510 de 2003. Sostuvo que el parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 1 00 de 1993 establece que para efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentaría un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos y que, la periodicidad de la cotización para esos trabajadores podría variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos. Agregó que conforme con el a rtículo 19 de la mencionada Ley 100 de 1993, se obligaba a cotizar al trabajador independiente por cuenta propia, pero sobre los ingresos que declarara ante la entidad a la cual se afiliaran que, en ningún caso la base de cotización podía ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Que conforme al artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, referido al aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios, se establecíaRadicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ciro Alfonso Parra Chaparro

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que además de este grupo, “para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la estabilidad y estacionalidad del ingreso”, con lo que pretendía demostrar que, no había norma que le permitiera a la UGPP determinar una base de cotización sobre los independientes por cuenta propia y que, esta norma creada por el Congreso de la República solo estableció una base gravable para los independientes contratistas por prestación de servicios, y en cuanto a la base gravable de los independientes por cuenta propia dejó un vacío legal el cual ha tratado de llenar o suplir a través de normas que han sido derogadas y declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, concluyó que no existe fundamento jurídico y norma vigente que regule de forma clara y expresa la base gravable de los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital y que, en las normas no dice que la UGPP tiene competencia para tomar co mo base gravable la información reportada en la declaración de renta de la DIAN y que debe dividir la totalidad de esos ingresos reportados en 12 meses y calcular sobre ellos un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3.2. Defecto de decisión sin motivación. Señaló que el fallo del tribunal se limitó a indicar que tenía la obligación de cotizar al sistema de seguridad social y que por ese motivo había lugar a las sanciones impuestas por la UGPP, sin tener

3.2. Defecto de decisión sin motivación. Señaló que el fallo del tribunal se limitó a indicar que tenía la obligación de cotizar al sistema de seguridad social y que por ese motivo había lugar a las sanciones impuestas por la UGPP, sin tener en cuenta que dichas actuaciones sancionatorias estaban viciadas de nulidad por carecer de leyes y normas que respaldaran los fundamentos expuestos por la UGPP sobre la arbitraria base gravable que impuso en el proceso de fiscalización, que no existe duda sobre la obligación que tenia de c otizar al sistema de seguridad social, pero que lo que si resultaba importante y sobre lo cual el tribunal guardó silencio o no estudió de fondo, era la norma concreta que establecía o regulaba la base gravable sobre la cual se debía calcular y cotizar al sistema de seguridad social por parte de los independientes por cuenta propia y/o rentistas de capital, norma que insistió, a la fecha no existe. Indicó que realizó las cotizaciones al sistema de seguridad social por el año 2014 pero que esto no fue tenido en cuenta por el tribunal. 3.3. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Sostuvo que era de público conocimiento que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, lo que generó una gran incertidumbre, motivo por el que el Ministerio de Trabajo expidió un concepto unificado el 2 de agosto de 2022 dirigido a la UGPP, en el que se abordó la temática relacionada con la liquidación y pago de aportes a la seguridad social por parte de los independientes, con lo que confirmó que continúa vigente y es aplicable lo mencionado en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2002.

relacionada con la liquidación y pago de aportes a la seguridad social por parte de los independientes, con lo que confirmó que continúa vigente y es aplicable lo mencionado en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2002. Por último, citó como desconocidas las sentencias C-068 de 19 de febrero de 2020 y C-219 de 2019 de la Corte Constitucional. 3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Que advirtió, con el siguiente argumento: “[e]l Tribunal De Lo Contencioso Administrativo Del Atlántico Sala De Decisión Oral “C” se aparta del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la CartaRadicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa; Dado a que emite un fallo totalmente contrario a lo establecido por nuestra legislación colombiana referente al caso que nos ocupa, vulnerando los derechos fundamentales al Debido Proceso, Derecho De Defensa y de Contradicción, Derecho De Acceso a La Administración De Justicia, y el Derecho A La Igualdad”.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 21 de octubre de 2022 el juez de tutela de primera instancia admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionada y, ordenó la vinculaci ón como tercero con interés al Juzgado

Catorce Administrativo de Barranquilla y a la Unidad Administrativa Especial

admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionada y, ordenó la vinculaci ón como tercero con interés al Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP. 4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP, se pronunció e indicó, de una parte, que la parte actora contó con la posibilidad de pedir, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad de los actos administrativos emitidos por la entidad. De otra parte, anu nció que la unidad, en ejercicio de las facultades legales contempladas en el artículo 156 de la Ley 1157 de 2007 y en el literal b del artículo 1 del Decreto Ley 169 de 2008, profirió el requerimiento de información correspondiente a los periodos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 con el fin de verificar la adecuada, correcta y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. En ese orden de ideas, consideró que la decisión del tribunal abordó de manera acerta da el problema jurídico propuesto y que se advertía era la inconformidad del actor con la decisión. Por lo anterior, pidió ser desvinculado de la presente acción y, de manera subsidiaria, se negara o se declarara improcedente la solicitud de amparo. 4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C y el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla , no se pronunciaron en esta oportunidad2.

5. Providencia impugnada

4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C y el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla , no se pronunciaron en esta oportunidad2.

5. Providencia impugnada En sentencia del 17 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la acción de tutela.

Frente al defecto sustantivo consideró que no había una indebida aplicación de las normas al caso, ya que efectivamente, aquellas citadas en la providencia cuestionada eran las que regulaban lo relacionado con el sistema general de seguridad social de los afiliados que no estuvieran vinculados mediante contrato de trabajo, de prestación de servicios o como servidores públicos. Además, que asistía razón al tribunal al indicar que el artículo 6º de la Ley 797 de 2003 establecía que los trabajadores independientes debían cotizar sobre los

2 Ambas autoridades judiciales enviaron link de acceso al proceso ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05568-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ingresos que declararan ante la entidad a la cual se afiliaran, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. Del defecto por decisión sin motivación, anunció que tampoco se configuraba en la medida que la decisión estaba debidamente motivada, al exponer las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión e hizo un recuento de lo que mencionó el tribunal en la sentencia cuestionada en su parte considerativa y destacó que se

medida que la decisión estaba debidamente motivada, al exponer las razones fácticas y jurídicas que sustentaron la decisión e hizo un recuento de lo que mencionó el tribunal en la sentencia cuestionada en su parte considerativa y destacó que se llegó a las siguientes conclusiones: “(i) sí existía norma que estableciera el ingreso base de cotización para los rentistas de capital; (ii) no se aplicó la presunción de ingresos alegada por el actor en la demanda; (iii) la operación efectuada por la UGPP correspondió a la división del ingreso percibido por el actor en el año 2014, dividido entre 12 meses, para obtener el ingreso base mensual, y (iv) como quiera que el actor no dio respuesta al requerimiento de declarar y/o corregir, ni aportó documento alguno para que se pudieran realizar deducciones, se calculó el IBC sobre la totalidad de ingresos”. En relación con el defecto p or desconocimiento del precedente, advirtió que el precedente que el actor consideraba desconocido era un concepto proferido por el Ministerio del Trabajo el 2 de agosto de 2022, frente a lo que aclaró que los conceptos no se clasificaban como precedentes jurisprudenciales ni tampoco tenían fuerza vinculante y que, si bien señaló como desconocidas las sentencias C-068 de 2020 y C-219 de 2019 de la Corte Constitucional, frente a estas, no había una relación con el problema jurídico planteado en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el tribunal accionado no se encontraba obligado a atenderlas, adicionalmente encontró que en las mencionadas providencias se declararon inexequibles artículos del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía n regular el

derecho, por lo que el tribunal accionado no se encontraba obligado a atenderlas, adicionalmente encontró que en las mencionadas providencias se declararon inexequibles artículos del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía n regular el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes con contratos diferentes al de prestación de servicios por no existir una conexidad y trasgredir el principio de unidad de materia. Finalmente, del defecto por violación directa de la Constitución Política, agregó que no se configuraba e insistió en que el tribunal resolvió el caso conforme a las normas aplicables al caso.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un pr ocedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autorida d pública o de los

nombre, la protección inmediata de sus derecho