CE - 110010315000202205570011SENTENCIAFALLO20230302154518

Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

Demandantes: QUERUBÍN DE JESÚS LOAIZA HINCAPIÉ Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA

PRIMERA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Caducidad – Reparación Directa – caso por grave violación a los derechos h umanosdelito de lesa humanidad – Confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 17 de noviembre de 2022, proferido por la Subsección “ B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 19 de octubre de 2022, el señor Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros1, a

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 19 de octubre de 2022, el señor Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros1, a través de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín , con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al “libre acceso a la administración de justicia; debido proceso; tutela judicial e fectiva y la no denegación de justicia; igualdad; reparación integral; vida e integridad personal de las víctimas”.

Las mencionadas gara ntías las consideraron vulnerada s con la expedición de la s providencias de 14 de enero y 6 de abril de 2022, que establecieron, en primera y segunda instancia respectivamente, que la demanda de reparación directa con radicado N.º 05011-33-33-030-2021-00365-01 había caducado.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1 La parte accionante la integran los señores Querubín de Jesús, María Erlinda, Fermín Antonio y María Magdalena Loaiza Hincapié; Eseidan, Luz Mábel y Gladys Omaira Loaiza Marín y María Olga, María Noelia, William de Jesús, Heriberto, María Berlarmina y Felipe Santiago Marín Pérez y los herederos del señor Felipe Santia go Marín Pérez, esto es, las señoras María Olga Marín Pérez y Patricia Marín Valencia.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros

los herederos del señor Felipe Santia go Marín Pérez, esto es, las señoras María Olga Marín Pérez y Patricia Marín Valencia.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Tutelar los dere chos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no dene gación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales-); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artícul o 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa huma nidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Con vención

Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Con vención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano est ablecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; declarando que la providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, con ponencia del Magistrado JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, del 6 de abril de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 05 001 33 33 030 2021 00365 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Antioquia se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de

una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T -640/15).”. (Mayúsculas sostenidas del texto original y sic a toda la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

 El 6 de diciembre de 2021, el señor Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros , presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional con el fi n de que se declarara su responsabilidad administrativa por la ejecución extrajudicial del señor Eudilio d e Jesús Loaiza Marín; que sucedió el 13 de enero de 2004.

 El 14 de enero de 202 2, el Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín declaró la caducidad del medio de co ntrol con fundamento en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado2.

 El juzgado efectuó el cómputo del término perentorio desde el 9 de noviembre de 2007, cuando el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla - Antioquia condenó a los militares que participaron en el homicidio del señor Loaiza Marín y concluyó

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

los militares que participaron en el homicidio del señor Loaiza Marín y concluyó

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el plazo máximo para accionar el aparato judicial fue hasta el 8 de noviembre de 2009.

 Dicha decisión fue objeto de apelación, oportunidad en la que se expuso que se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, en atención a que se estaba en presencia de un acto de lesa humanidad y porqu e la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 “viola la constitución o la ley”.

 Agregó que se debía implementar (i) un fallo de tutela de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 en “donde finalmente se dejó sin efecto un auto que declaró la caducidad con sustento en la SU del 29 de enero de 2020 del C.E y la SU de la Corte Constitucional ”, y (ii) el precedente del Tribunal Administrativo de Antioquia4 y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Resaltó que la Sección Tercera de esta Corporación “venía cumpliendo a cabalidad

SU de la Corte Constitucional ”, y (ii) el precedente del Tribunal Administrativo de Antioquia4 y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Resaltó que la Sección Tercera de esta Corporación “venía cumpliendo a cabalidad antes del 29 de enero de 2020, con el bloque de constitucionalidad y el precedente jurisprudencial internacional (ONU-CIDHH.O.E.A.-CPI), al armonizar sus decisiones sobre actos de lesa humanidad pr esentados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con la normativa interna, haciéndose necesaria la flexibilización para estos casos específicos del plazo de caducidad, so pena de infringir el ius coges en estas materias (…)”.

 El 6 de abril de 20 22, la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó lo resuelto por el a quo , luego de resaltar el carácter obligatorio de la jurisprudencia y de también hacer alusión a la posición unificada de la Sección Tercera de esta Corporación frente a la caducidad en casos por daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad y de citar el literal “i” del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA.

 Particularmente expuso que los demandantes conocieron del dañ o “desde el mismo momento en que tal suceso ocurrió”, porque en la demanda contenciosa así lo aceptaron en los hechos 3.3. y 3.45.

 Finalmente, el ad quem destacó que en “gracia de discusión y ii) aun cuando hayan esperado a la decisión de la investigació n que adelantó la DIRECCIÓN ESPECIALIZADA

 Finalmente, el ad quem destacó que en “gracia de discusión y ii) aun cuando hayan esperado a la decisión de la investigació n que adelantó la DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, en cabeza de la Fiscalía 106 especializada de Medellín, la cual se profirió el 27 de noviembre de 2017 (sic), una vez más, al momento de haberse radicado la demanda, esto es, el 07 de diciembre de 2021, la oportunidad para impetrar la acción de reparación directa estaba caducada ”

3 “Radicado. C.E. 11001-03-15-000-2021-00097-01(AC)”. 4 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria, auto de 16 de febrero de 2021, expediente 05001-33-33-017-2019-00377-01, M.P. Gonzalo J. Zambrano Velandia. 5 “3.3. El 13 de enero de 2004 en horas de la mañana, varios militares ingresaron a la casa de habitación de EUDILIO DE JESUS LOAIZA MARIN y lo retuvieron, procediendo luego a vestirlo con prendas de uso privativo de las fuerzas armadas y llevándolo con el rostro cubierto por un pasamontaña hasta la vivienda del joven GENARO DE JESUS QUINTERO. Después de ubicar al último de los mencionados, ambos fueron asesinados y llevados al cementerio de San Carlos, presentándolos como guerrilleros muertos en combate. 3.4. La familia LOAIZA MA RIN se enteró de los hechos porque un vecino de nombre OCTAVIO les

presentándolos como guerrilleros muertos en combate. 3.4. La familia LOAIZA MA RIN se enteró de los hechos porque un vecino de nombre OCTAVIO les dio aviso y de inmediato GLADYS OMAIRA y ESEIDAN hermanas de EUDILIO fueron al cementerio a corroborar la información; al llegar al sitio, el Ej ército no quería darles información ni permiso de ver a las víctimas y los iban a sepultar como NNs., pero al final de tanto suplicar, lograron identificar a su hermano, les entregaron sus restos mortales y como familia pudieron darle el último adiós a EUDILIO”.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (mayúsculas del texto original) , ya que inclusive la presentación de solicitud de conciliación prejudicial fue extemporánea, porque se hizo el 9 d e diciembre de 2020.

 La providencia de segunda instancia fue notificada el 3 de mayo de 202 2 y la acción de tutela de la referencia fue radicada el 19 de octubre de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine los accionantes consideraron que se le vulneraron sus derechos fundamentales al configurarse los defectos, fáctico y por desconocimiento del precedente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine los accionantes consideraron que se le vulneraron sus derechos fundamentales al configurarse los defectos, fáctico y por desconocimiento del precedente.

Mencionaron que la s autoridades judiciales accionadas no tuv ieron en cuenta , para establecer que se trata de un delito de lesa humanidad: (i) las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Penal del Circuito de Marinilla el 9 de noviembre de 2007 y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia, de 5 de mayo de 2009, en las cuales se condenó a los militares que participaron en el homicidio del señor Loaiza Marín ; y (ii) la Resolución SDSJ No. 1247 , de la Jurisdicción Especial para la Paz, emitida en el proceso en el que se enjuicia al compareciente SLP (R.) 6 John Fernando Londoño Marín, en el que se hizo un recuento de los fallos condenatorios en mención.

Precisaron que, si bien se implementó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, las demandadas desconocieron “ fallos incluso POSTERIORES de la misma institución de cierre ante lo contenci oso administrativo en los que se respetó la supremacía de principios como el de restitutio in integrum, y derecho sustancial, sobre las normas procedimentales que orientan y limitan el acceso a la jurisdicción contenciosa, (…)”.

En este punto, la Sala destaca que los tutelantes relacionaron varias providencias, pero de fechas anteriores a la sentencia de unificación 7 y solo una del Consejo de

(…)”.

En este punto, la Sala destaca que los tutelantes relacionaron varias providencias, pero de fechas anteriores a la sentencia de unificación 7 y solo una del Consejo de Estado que cumple con su dicho, la cual trata de un fallo de tutela de 30 de julio de 2020, proferido al interior d el expediente N.º 11001 -03-15-000-2019-04842-01, que, según el extremo activo, inaplicó la SU del proceso con radicado interno N.º 61.033.

Indicaron que “de igual forma el Consejo de Estado en reciente auto del 18 de febrero de 2022, inaplicó la SU de la misma Corporación, aduciendo argumentos de derecho constitucional y garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso ”, sin embargo, no identificaron plenamente esta providencia.

Agregaron que tampoco se analizaron dos salvamentos de v oto que guardan consonancia con lo expuesto y que se suscribieron por el magistrado Alberto

6 Soldado profesional retirado. 7 Se citaron las siguientes sentencias: “T -352 de 2016, (…) del 28 de junio de 2019 (Exp. 61.147) , (...) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. SALA PRIMERA DE ORALIDAD. Auto del 19 de julio de 2019. M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Rad.05001 -33-33-010-2018-00254-01 (…), CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. C.P. Alberto Montaña Plata. Sentencia del 31 de julio de 2019. Rad.

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. C.P. Alberto Montaña Plata. Sentencia del 31 de julio de 2019. Rad. 25000-23-36-000-2018-00109-01 (63119), (…)”.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Montaña Plata; en los expedientes con radicados “ 61.033 del 29 de enero de 2020 (…) y 11001-03-15-000-2022-02527-00”.

Por su parte, precis aron que se trasgredió el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente los Casos de Órdenes Guerra Vs. Chile y de Familia Julien Grisonas Vs. Argentina, que se refieren a la imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos.

Señalaron que “es razonable concluir que la interpretación e implementación r estrictiva del artículo 164. 2. i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecida en la Sen tencia de Unificación (Rad. 61.033 del 29 de enero de 2020), es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano”.

1.5. Trámite de la acción

de 2020), es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano”.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 26 de octubre de 202 2, el ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los tutelantes, así como al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y al Juzgado Treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en calidad de demandados.

Además, requirió al profesional del derecho que presentó el mecanismo constitucional para que aportara “los poderes especiales a él otorgados para actuar en representación de los señores María Olga, Heriberto y Felipe Santiago Marín Pérez ”, lo cual fue atendido por el abogado, quien allegó el documento que lo facultaba para representar a los señores Heriberto y María Olga Marín Pérez y por ello le fue reconocida personería para actuar.

Por su parte acreditó que el señor Felipe Santiago Marín Pérez falleció y por ello radicó los poderes de las señoras María Olga Marín Pérez y Patricia Marín Valencia, quienes manifestaron ser sus herederas.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, las partes guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 17 de noviembre de 2022, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela de la referencia , al considerar que se aplicó en debida forma el precedente en mater ia de caducidad de la acción , cuando el daño proviene de un a trasgresión a los derechos humanos.

Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela de la referencia , al considerar que se aplicó en debida forma el precedente en mater ia de caducidad de la acción , cuando el daño proviene de un a trasgresión a los derechos humanos.

Destacó que “si bien es cierto que el ordenamiento jurídico internacional, como los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Conve nción Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, indican que los delitos de esa naturaleza son imprescriptibles, ello no deriva en que en demandas de reparación directa relacionadas con aquellos no se apliqu e laDemandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caducidad, tal como lo concluyó esta Corporación en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020”.

Resaltó, frente al desconocimiento del precedente, que “ los pronunciamientos invocados por los actores se emitieron antes de que esta Corporación dictara la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en la que se concluyó que la institución procesal de la caducidad se aplica en asuntos relacionados con hechos dañosos que involucran grave afectación de derechos humanos, regla que debían atende r las autoridades accionadas, dado que tiene fuerza vinculante para la jurisdicción contenciosode la caducidad se aplica en asuntos relacionados con hechos dañosos que involucran grave afectación de derechos humanos, regla que debían atende r las autoridades accionadas, dado que tiene fuerza vinculante para la jurisdicción contenciosoadministrativa, en armonía con lo previsto en el artículo 10 del CPACA”.

1.8. Impugnación8

Los accionantes solicitaron revocar el fallo de primera instancia, al no compartir los argumentos del a quo constitucional, para lo cual, expusieron que reiteraban todas las razones y fundamentos jurisprudenciales expuestos en la acción de tutela.

Hicieron especial énfasis en : (i) los dos salvamentos de voto enunciados e n el acápite 1.4. de esta providencia, (ii) el desconocimiento del precedente consistente de los casos : Órdenes Guerra Vs. Chile y Familia Juiien Grisonas Vs.

Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y (iii) la interpretación e implementa ción “restrictiva del artículo 164.2. i. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecida en la Sentencia de Unificación (Rad. 61.033 del 29 de enero de 2020), es una violación directa a la Convención Americana de Derechos Humanos, que generaría responsabilidad internacional del Estado colombiano”.

Finalmente, el abogado solicitó que se le reconociera personaría para actuar en nombre de las herederas del señor Felipe Santiago Marín Pérez.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por los

nombre de las herederas del señor Felipe Santiago Marín Pérez.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por los accionantes, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El apoderado de los accionantes solicitó que se le reconociera personería para actuar en representación de las señoras María Olga Marín Pérez y Patricia Marín Valencia, por ser presuntamente hered eras del señor Felipe Santiago Marín Pérez, requerimiento que so lo se accederá frente a la señora Patricia Marín Valencia.

8 El fallo fue notificado el 16 de diciembre de 2022 y la impugnación se presentó el 23 siguiente.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la aceptación se realizará, no por considerarse heredera, ya que est a condición no se probó, sino porque se acreditó, con el registro civil de nacimiento, que es hija del entonces demandante, lo que permite colegir que tiene interés en las resultas del proceso , sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de la señora

condición no se probó, sino porque se acreditó, con el registro civil de nacimiento, que es hija del entonces demandante, lo que permite colegir que tiene interés en las resultas del proceso , sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de la señora Marín Pérez, ya que no se conoce cuál es el vínculo con el se ñor Felipe Santiago Marín Pérez.

2.3. Problema jurídico

En primer lugar, esta Colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará a la providencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Antioquia, por ser la decisión que puso fin al proceso.

Aclarado lo anterior, c orresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 17 de noviembre de 2022 de la Subsección “B ” de la Sección Segunda del Consejo de Est ado, que negó la tutela de la referencia.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad adjetiva; (iii) la generalidad del defecto alegado y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 9 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la p rocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió

la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. 12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor:

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandantes: Querubín de Jesús Loaiza Hincapié y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2022-05570-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates

constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para int erpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privada s; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

Sobre el p articular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos fund amentales y en particular de la garantía de acceso a la administración de justicia , ante la posible configuración de los defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

Al respecto, cabe destacar que la decisión que declaró la caducidad del medio de control se dio en la etapa inicial del proceso, antes de que se trabara la litis, aspecto que sin lugar a dudas encuentra mayor importancia frente al estudio de fondo del mecanismo, ya que, de entrada, se vislumbra la imposibilidad de activar el aparato judicial.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las

fondo del mecanismo, ya que, de entrada, se vislumbra la imposibilidad de activar el aparato judicial.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión incurrió en un vicio judicial, al no estudiar los fundamentos d e la acción contenciosa , lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión controvertida.

En este orden de ideas, se insiste en que se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el