CE - 110010315000202205574011SENTENCIA20230414143911

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05574-01

Demandantes: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL

ESTADO, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE

RIESGO DE DESASTRES Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR

DE LA AMAZONÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del C onsejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por las entidades accionantes, quien es actúan mediante apoderad o judicial, contra la sentencia de 13 de diciembre de 2022, dictada por la Sección

La Sección Cuarta del C onsejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por las entidades accionantes, quien es actúan mediante apoderad o judicial, contra la sentencia de 13 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes1 relataron que el señor Jorge Armando Gaviria López y otros , en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión de l Riesgo de Desastres, UNGRD, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de que se les declarara patrimonial y admi nistrativamente responsables por los perjuicios causados con ocasión de la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017 , en el municipio de Mocoa.

Afirmaron que el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de 30 de junio de 2021, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ministerio del Interior . De otro lado, declaró probado el eximente de responsabilidad de fuerza mayor , por lo que negó las pretensiones de la demanda con sustento en que si bien “ el fenómeno natural de avenida

1 El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó la solicitud de amparo como apoderado de

de la demanda con sustento en que si bien “ el fenómeno natural de avenida

1 El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó la solicitud de amparo como apoderado de la Unidad Nacional para la Gestió n del Riesg o de Desastres y la Corporación Autónoma Regional para El Desarrollo Sostenible del Sur de la AmazoníaRadicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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2 torrencial ocurrido el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, en Mocoa, resultaría imputable a las entidades demandadas (…), por la omisión en la preven ción de desastres naturales por los menos de tipo inundación, no lo es menos que dadas (SIC) circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo aquí ocurrido se trató de una avenida torrencial de grandes dimensiones que afecto al 30% de ese municipio y causó la pérdida de más de 300 vidas humanas ”. Por consiguiente, consideró que el daño era imputable a una fuerza extraña, por lo que se rompe el nexo causal entre el hecho y el daño alegado.

Finalmente, manifestaron que contra la anterior la parte demandante interp uso recurso de apelación. E l Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección “B”, mediante fallo de 17 de junio de 2022 la revocó y, en su lugar, declaró la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

Tercera, Subsección “B”, mediante fallo de 17 de junio de 2022 la revocó y, en su lugar, declaró la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, al departamento de Putumayo y al municipio de Mocoa, al considerar que de las pruebas se evidenciaba que era un evento previsible por las entidades condenadas y pese a esto, no desarrollaron labores tendientes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores del municipio de Mocoa.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora 2 presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad , supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” , con l a sentencia de 17 de junio de 20 22, en l a que se declaró responsable a la UNGRD, a Corpoamazonía, al departamento del Putumayo y el municipio de Mocoa, por los perjuicios causados por la avenida torrencial que ocurrió el 31 de marzo de 2017.

En pri mer lugar , se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela respecto de los cuales concl uyeron que se encontraban superados.

Luego, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurri ó en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que desconocieron lo regulado en el artículo 64 del Código Civil que se refiere a la fuerza mayor y las sentencias de 21 de mayo de 2021 3 de la Sección Tercera,

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que desconocieron lo regulado en el artículo 64 del Código Civil que se refiere a la fuerza mayor y las sentencias de 21 de mayo de 2021 3 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado y SU-446 de 20164, “que establece que un hecho es imprevisible, cuando a pesar de ser previsible ocurre de forma repentina o súbita para el demandado o cuando las consecuencias del hecho son imprevisibles”.

Agregaron que el desconocimiento de las mencionadas sentencias generó un efecto en la resolución del caso, pues la avenida torrencial de marzo de 2017 ocurrió en un mes donde usualmente las precipitaciones no son fuertes y, además, que la lluvia demoró alrededor de unas 3 horas, lo que no había ocurrido en los últimos 20 años.

2 La Age ncia Na cional de Defensa Jurídica del E stado está legitimada para asumir la calidad de demandante de las entidades del Estado de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 4085 de 2011, modificado por el art ículo 1 del Decreto 2269 de 2019. ARTÍCULO 6o. FU NCIONES. La Agencia Nacio nal de Defensa Jurídica del Es tado cumplirá las siguientes funciones: (…) 3. En relación con el ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén

apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la r elevancia y los siguiente s criterios: la cuantía de l as pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos tácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídic os involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificac ión de un precedente de jurisprudencia; (ii) Designar apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior. (…)”. 3 Radicado No. 17001-23-33-000-2013-00012-01, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez. 4 M.P.: María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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3 De igual modo , afirmaron que en la sentencia objetada se incurrió en un defecto fáctico en su dimensión positiva , por la indebida valoración de las pruebas, pues de estas no se demostraban la previsibilidad respecto a la magnitud del fenómeno natural ni sus consecuencias, en especial se refirió a los siguientes documentos:

pues de estas no se demostraban la previsibilidad respecto a la magnitud del fenómeno natural ni sus consecuencias, en especial se refirió a los siguientes documentos:

• Escrito denominado “ identificación y carac terización de sitios críticos de amenaza”, elaborado por Corpoamazonía en marzo de 2014. • el Acuerdo No.028 de 22 de diciembre de 20085.
• El “INFORME DE AVANCE ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA Y SANGOYACO PAR A EL ÁREA RURAL, SUB -URBANA Y

URBANA DE LA POBLACIÓN DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. • El documento de seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mocoa y departamento del Putumayo, elaborado por el Ministerio d e Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial y Corpoamazonía en diciembre de 2009. • El “ INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EN LA CIUDAD DE MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017 ”, desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Rie sgo de Desastres el 31 de marzo de 2017.

Señalaron que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa , pues no tuvo en cuenta el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ni la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales advirtieron que los efectos de la

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ni la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales advirtieron que los efectos de la avenida torrencial fueron imprevisibles, inusitados y repentinos.

Indicaron que las pruebas del expediente ordinario no se valoraron en conjunto, pues solo se analizaron aquellas que señalaban que la avenida torrencial era un hecho predecible sin considerar lo resuelto por el IDEAM, entidad que señal ó que fue un evento inusitado y repentino.

Por último, resaltaron que en la providencia objetada no se tuvieron en cuenta las sentencias de 4 de junio de 2021 6 y de 30 de julio de 2021 7 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, así como el fallo de 11 de octubre de 20218 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formuló la siguiente:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE L RIESGO DE DESASTRES y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZON IA, vulnerados con la actuación de la autoridad judicial accionada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida por la Subsección

B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

actuación de la autoridad judicial accionada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida por la Subsección

B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5 “Por medio del cual se ajusta, complementa y adopta el plan básico de ordenamiento territorial para el municipio de San Miguel de Agreda Mocoa, se redefinen los usos del componente urbano y se dictan disposiciones para el suelo suburbano, suelo rural y de protección. El Concejo Municipal del municipio de Mocoa, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial las contenidas en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios”. 6 Radicado No.: 08001-23-31-000-2013-00188-02, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. 7 Radicado No.: 08001-23-33-004-2013-00208-01, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. 8 Radicado No.: 25000-23-26-2008-00177-01, M.P.: Alberto Montaña Plata.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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TERCRO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa

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TERCRO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa No. 11001 -33-36-031-219-00047-01 teniendo en cuenta el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que interpretó el artículo 64 del Código Civil acerca de la fuerza mayor y el caso fortuito”.

4. Pruebas relevantes

A través de correo electrónico de 8 de noviembre de 202 2, la secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió link de acceso al cuaderno principal del expediente digital No. 11001-33-36-031-201900047-01, que contiene las actuaciones del medio de control de reparación directa que adelantó el señor Jorge Armando Gaviria López y otros contra la Nación , Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada , así como a la Nación, Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al departamento de Putumayo y al señor Jorge Armando Gaviria López

la parte demandante y a la autoridad judicial accionada , así como a la Nación, Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al departamento de Putumayo y al señor Jorge Armando Gaviria López junto con los demás demandantes del proceso de reparación directa. Con el fin de notificar a estos últimos, comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección “B”, por lo que libró despacho comisorio con los insertos del caso.

6. Oposición

6.1. Respuesta de l Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

En escrito de 11 de noviembre de 2022, el apoderado coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que la sentencia obj etada i ncurrió en los defectos alegados por la parte accionante.

Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial, en concreto, la sentencia de 4 de junio de 2021 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se negaron las p retensiones tendientes a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados por la ruptura del Canal del Dique que causó la inundación a los predios de los demandantes, en razón a que la ola invernal de 2010 fue un hecho imprevisible, irresistible y externo.

Por último, s ostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto fáctico, toda vez que dio un valor probatorio que no tenían las pruebas del expediente, pues si bien con ellas se acreditó que las lluvias y avenid a torrencial

defecto fáctico, toda vez que dio un valor probatorio que no tenían las pruebas del expediente, pues si bien con ellas se acreditó que las lluvias y avenid a torrencial de marzo de 2017 era un hecho previsible, estas no demostraron la previsibilidad de las consecuencias del fenómeno natural. Además, que no se tuvo en cuenta el informe del IDEAM y la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas.

6.2. Respuesta del departamento del Putumayo

En oficio de 10 de noviembre de 2022, la apoderada de la entidad pidió que se accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos f undamentales de las entidades accionantes.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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5 Insistió en que la autoridad judicial accionada no valor ó adecuadamente las pruebas allegadas en el curso del proceso de reparación directa, además que no se tuvo en cuenta el informe que presentó el IDEAM.

Sostuvo que no está acreditada la falla en el servicio, para lo cual, resaltó que el artículo 167 del C ódigo General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio

artículo 167 del C ódigo General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio y que responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, lo cual no cumplió la parte demandante.

Afirmó que la sentencia objetada carece de un estudio global de las pruebas, pues de haberse analizado el in forme del IDEAM en marzo de 2021, se hubiese concluido que el fenómeno natural ocurrido en el municipio de Mocoa, fue un evento extraordinario de tal magnitud y particularidad que adquirió el carácter de imprevisible e irresistible, configurándose así la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor.

Finalmente, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que establece que un hecho es imprevisible, cuando a pesar de ser previsible ocurre de forma repentina o súbito para el demandado o cuando las consecuencias del hecho son imprevisibles, pues la avenida torrencial de marzo de 2017 ocurrió en un mes donde usualmente las precipitaciones no son fuertes, las lluvias se concentraron en 3 horas, no había ocurrido una situación parecida en más de 20 años y ninguna de las pruebas predijeron la magnitud y consecuencias de la avenida torrencial”.

6.3. Respuesta del municipio de Mocoa

En escrito de 1 1 de noviembre de 2022, el alcalde municipal coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial

avenida torrencial”.

6.3. Respuesta del municipio de Mocoa

En escrito de 1 1 de noviembre de 2022, el alcalde municipal coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial accionada no efectuó una valoración estricta de todas las pruebas del expediente ordinario, de las que se evidenciaba el rompimiento del nexo causal, pues el daño se generó como consecuencia de un hecho imprevisible e irresistible.

Afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta todas las acciones desplegadas por el municipio de Mocoa , con el fin de mitigar el riesgo a partir de su deficiente capacidad presupuestal.

Señaló que en el expediente ordinario existían suficientes pruebas para que la autoridad judicial accionada concluyera que lo ocurrido el 31 de marzo de 2017 constituyó un hecho extraord inario q ue desbordó los l ímites y capacidades administrativas y presupuestales del municipio.

Agrego que el informe del IDEAM evidenciaba que las precipitaciones que ocurrieron el día de la avenida torrencial duraron alrededor de 3 horas, por lo que el hecho dañino devino de una situación imprevisible e irresistible.

Por último, manifestó que la autoridad judicial debió tener en cuenta los precedentes judiciales de los Juzgados Administrativos de Bogotá y los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y N ariño que negaron las pretensiones de las demandas por los daños causados a los habitantes del municipio de Mocoa, con el fin de evitar inseguridad jurídica.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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fin de evitar inseguridad jurídica.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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6 6.4. El señor Jorge Armando Gaviria López junto con los demás demandantes del proceso de reparaci ón directa se les notificó junto con su apoderado , pese a lo anterior guardaron silencio a un cuando se les notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “ A” del Consejo de Estado por sentencia de 13 de diciembre de 202 2, negó las pretensiones de solicitud porque no se configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

Señaló que la autoridad judicial accionada valoró, entre otros documentos , el Acuerdo No. 36 de 9 de diciembre de 2000, el informe de Corpoamazonía, el documento de seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mocoa – departamento del Putumayo, elaborado por Corpoamazonía, el Convenio In teradministrativo 596 de Corpoamazonía y la gobernación de Putumayo, escrito denominado “ Identificación y caracterización de sitios críticos de amenaza ” en Mocoa elaborado por Corpoamazonía y la intervención del congresista Orlando Guerra de la Rosa el 5 de agosto de 2015, de las cuales encontró que durante el 2002 y 2008 se advirtieron los rie sgos más

sitios críticos de amenaza ” en Mocoa elaborado por Corpoamazonía y la intervención del congresista Orlando Guerra de la Rosa el 5 de agosto de 2015, de las cuales encontró que durante el 2002 y 2008 se advirtieron los rie sgos más comunes de desastres naturales en el municipio antes mencionado.

Agregó que las principales zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos del municipio estaban asociadas a las corrientes de agua, que al bajar de la cordillera y montañas aledañas podían producir erosión y avenidas torrenciales al igual que la fuerte precipitación por cuestiones climáticas produce también inundaciones. Sin embargo, los deslizamientos por escorrentía y la amenaza de avenidas torrenciales era lo que realmente afectaba y ponía en permanente riesgo a la población.

Sostuvo que dentro del trámite de primera instancia del proceso ordinario se recepcionó declaración del ingeniero civil Jo rge Armando Buelvas Farfán, profesional especializado de la UNGRD, quien explicó el Subsistema de Gestión del Riesgo: (i) conocimiento del riesgo, (ii) la reducción del riesgo y (iii) manejo de desastres. Del estudio de las pruebas antes mencionadas, el tribunal accionado precisó que si bien es cierto que la avenida torrencial es un fenómeno de la naturaleza que supera la voluntad humana , pues su causalidad reside únicamente en los eventos naturales, en este caso no se trataba de un asunto imprevisible , pues solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corporamazonía se relacionan 46 avenidas torrenciales

en los eventos naturales, en este caso no se trataba de un asunto imprevisible , pues solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corporamazonía se relacionan 46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos.

Indicó que para e l tribunal accionado resultaba plenamente previsible para las autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna entidad ejecutó labores tendentes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de las áreas amenazadas.

Resaltó que aunque el desastre natural fuese externo, irresistible y de ocurrencia súbita, ello no implica que sea un hecho imprevisible, toda vez que al proceso se aportaron abundantes documentos referentes al historial de fenómenos hidrológicos, y que desde 2014 las entidades demandadas en el medio de control de reparación directa se comprometieron a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar de manera conjunta el proyecto de apoyo a la mitigación de riesgos mediante la realización de estudios detallados deRadicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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7 amenaza de inundación con referencia a una máxima avenida de las quebradas Taruca y Conejo en el municipio de Mocoa.

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7 amenaza de inundación con referencia a una máxima avenida de las quebradas Taruca y Conejo en el municipio de Mocoa.

Afirmó que las entidades demandadas estaban obligadas a rea lizar acciones propensas a prevenir el daño y (i) no ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes, tendentes a conjurar la destrucción descomunal presentada en Mocoa por los hechos materia del proceso, (ii) desconocieron la participación coordinada y p lanificada en los diferentes niveles del territorio a instancias de articulación necesaria para las adecuadas g estiones del riesgo y ambiental y (iii) omitieron el deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención requeridas en el caso concreto, pues ni siquiera se contaba en el momento de los hechos con un sistema de alertas tempranas en el municipio.

Por último, manifestó que en el presente asunto se configura ron los defectos alegados, toda vez que las conclusiones a las que llegaron l os funcionarios judiciales para resolver el caso y negar las solicitudes de la parte demandante no obedecieron al capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpreta ción normativa y jurisprudencial.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia , solicitó que se revo que y, en su lugar, para que acceda al amparo constitucional solicitado.

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia , solicitó que se revo que y, en su lugar, para que acceda al amparo constitucional solicitado.

Afirmaron que en la sentencia impugnada no se resolvieron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, pues frente al primero, se alegó que en la sentencia objetada se concluyó erróneamente que la avalancha o currida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa era previsible, cuando lo cierto es que los elementos de convicción permitían advertir que lo previsible era una avenida torrencial, más no una avalancha de la magnitud o grado de afectación como la que se presentó, a lo que agregó que no se valoraron dos pruebas fundamentales que demostraban que la avalancha fue imprevisible , específicamente, el oficio de 6 de marzo de 2021 expedido por la directora de l IDEAM y el testimonio técnico rendido por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de la UNGRD.

Agregaron que en el escrito de tutela se alegó el desconocimiento de las sentencias de 4 de junio de 2021, de 30 de julio de 2021 y de 11 de octubre de 2021 de la Sección Tercera del Consejo de Estado que resolvieron casos similares relacionados con desastres naturales.

Indicaron que para determinar si la sentencia objetada presentaba un defecto fáctico positivo, necesariamente el juzgador de primera instancia debió valorar aquellas pruebas que se identificaron en el escrito de tutela, para determinar si de

Indicaron que para determinar si la sentencia objetada presentaba un defecto fáctico positivo, necesariamente el juzgador de primera instancia debió valorar aquellas pruebas que se identificaron en el escrito de tutela, para determinar si de ellas era posible, con base en la lógica, la sana crítica y las reglas de la experiencia, arribar a la inferencia de la autoridad judicial accionada o si le asistía razón a los accionantes, y que de aquellas pruebas no era posible inferir que la avalancha ocurrida era previsible.

Sostuvieron que para determinar si la sentencia objetada había incurrido en un defecto fáctico negativo, necesariamente se debió valorar el oficio del 6 de marzo de 2021 expedido por la directora del IDEAM y el testimonio técnico rendido por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de la UNGRD, para posteriormente establecer si de dichas pruebas era posible concluir que laRadicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01

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8 avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa constituyó un fenómeno de la naturaleza de características imprevisibles e irresistibles.

Agregaron que para establecer si la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial vertical fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la decisión impugnada se debió hacer referencia a las providencias que se

Agregaron que para establecer si la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial vertical fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la decisión impugnada se debió hacer referencia a las providencias que se señalaron en el escrito de tutela , p