CE - 110010315000202205578011SENTENCIA20230210173940

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

Demandante: Antonio José Estévez García

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

Demandante: ANTONIO JOSÉ ESTÉVEZ GARCÍA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de reparación directa – caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 17 de noviembre de 202 2, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió:

“1o) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Antonio José́ Estévez García, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

“1o) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Antonio José́ Estévez García, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Antonio José Estévez García interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1º Amparar los derechos fundamentales al debido proceso judicial, acceso a la administración de justicia y dignidad humana, supuestamente vulnerados por el JUZGADO 01 ADMINI STRATIVO DE OCA ÑA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE

SANTANDER

2o. Ordenar a los accionados, revocar los numerales 2o y 5o de la decisión judicial contenida en los autos de fecha 14 de junio [de] 2022 y del 25 de agosto de la misma anualidad, radicado bajo No. 54 -001-33-33-009-202100202-00 N° y 54 -001-33-33-0092021-00202-001, y todos aquellos que sean contrarios a la constitución, las leyes, y la jurisprudencia. (...)”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

Demandante: Antonio José Estévez García

2

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

Demandante: Antonio José Estévez García

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El 2 de noviembre de 2021 el señor Antonio José Estévez García ejerció medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa , Ejército Nacional con el fin de que se declarara n administrativamente responsable del daño sufrido por la muerte del señor Dioselín Estévez Carrascal, que ocurrió el 12 de junio de 1995 , en cercanías del municipio de Convención, Antioquia, por hechos relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciale s.

El Juzgado Primero Administrativo de Ocaña, en auto de l 14 de junio de 2022 , rechazó la demanda con fundamento en que oper ó el fenómeno de caducidad de la acción, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, porque, de las pruebas que obraron en el proceso , fue posible advertir que los familiares de la víctima, por lo menos el señor José Estévez García, desde el año 2008 , tuvo conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en los hechos que

las pruebas que obraron en el proceso , fue posible advertir que los familiares de la víctima, por lo menos el señor José Estévez García, desde el año 2008 , tuvo conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en los hechos que originaron la muerte de su hij o, adicionalmente, para el año 2015 se conoció la declaración juramentada del señor Leonel Ballesteros Jácome, en la que se dio más información sobre la participación de miembros de las fuerzas militares con la muerte de su hijo.

La parte actora interpuso recurso de apelación con fundamento en que el hecho dañoso se trató de un delito de lesa humanidad de homicidio en persona protegida, por lo que considera que la acción penal es imprescriptible y susceptible de acción en cualquier tiempo . Además, refirió que “ante la existencia de elementos subjetivos sobre la competencia de la justicia penal militar en el caso en concreto, en consideración a que existe controversia en las circunstancias de operación militar legitima, desarrollada por los agentes del Estado, en tal contexto, se establece la restricción y limitación que dimana de la Constitución Nacional, que por regla general concede al juez natural competencia para sancionar conductas punibles cometi das por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo”.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirm ó la decisión en auto del 25 de agosto de 2022, porque, de la lectura de la demanda , se advirtió que el daño invocado provino de la muerte violenta del señor Dioselin Estévez Carrascal el 12 de junio de 1995 y, a pesar de que la parte demandante señaló que no se podía declarar la caducidad porque est aban en controversia la s circunstancias en

el 12 de junio de 1995 y, a pesar de que la parte demandante señaló que no se podía declarar la caducidad porque est aban en controversia la s circunstancias en que ocurrió la operación militar en q ue falleció la víctima y la responsabilidad penal de los agentes involucrados, lo cierto es que la parte demandante conoció de la posible responsabilida d del Estado, cuanto menos, en el año 2015, debido a la declaración extrajuicio rendida bajo juramento p or el testigo presencial Leonel Ballesteros Jácome.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora , el Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad, con fundamento en los argumentos que se pasan a r eseñar.

Mencionó que “La justicia ordinaria de acuerdo a las consideraciones de la Corte, tiene competencia para conocer aquellos procesos en los que exista duda sobre el vínculo directo entre la actividad del servicio y el delito cometido por miembros de la fuerza pública. Ha indicado que “los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar pueden ser promovidos por la fiscalía general de la nación, ante posibles graves violaciones a los derechos humanos”. Adicionalmente, cuando exista duda sobre la relación directa del delitoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

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investigado con el servicio militar no es posible acreditar el supuesto funcional de activación de la jurisdicción penal militar. Por tanto, dado el carácter excepcional y restrictivo del fuero militar, el conocimiento de los hechos investigados le corresponda a la jurisdicción penal ordinaria. A esta conclusión llegó la Sala Plena, al considerar que la justicia penal militar solo conocerá de aquellos casos en los que se determine claramente que el delito cometido tiene relación con el servicio militar o policivo. En caso de duda, deberá aplicarse la regla general de competencia, motivo por el cual la investigación será́ adelantada por la justicia ordinaria”.

Explicó que, “Lo anterior, en consideración a que, si la jurisdicción penal militar conoce de delitos que no fueron cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, es decir, como aquellos en que el agente se separa de su misión y se extralimita en sus funciones, ello generaría una diferencia de trato en cuanto al órgano llamado a conocer del caso, respecto de conductas delictivas que no requieren de un sujeto activo cualificado. Este escenario, vulneraria el principio de igualdad, juez natural e independencia judicial”.

Se refirió al “fuero penal militar como una excepción a la jurisdicción ordinaria” y la

escenario, vulneraria el principio de igualdad, juez natural e independencia judicial”.

Se refirió al “fuero penal militar como una excepción a la jurisdicción ordinaria” y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos e internacional humanitario, para lo cual se refirió a la sentencia SU -312 de 2020 de la Corte Constitucional, según la cual, “la prescripción de la acción penal es una garantía que le asiste a todo ciudadano a fin que se defina su situación jurídico dentro de un término fijado por la ley; por cuanto es contrario al derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 superior, que una persona tenga que estar sujeta permanentemente a una imputación que se ha proferido en su contra (…)”.

Igualmente, hizo mención sobre el término de caducidad de la acción de reparación directa frente a delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra por parte de agentes del estado, según el cual, los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio si no que solo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional, indicó que, en el caso concreto, para la época de los hechos “se encontraba en vigencia el decreto 2550 de 1988, que en su título I capitulo único artículo 14 determina la aplicación de la norma penal militar a los miembros

para la época de los hechos “se encontraba en vigencia el decreto 2550 de 1988, que en su título I capitulo único artículo 14 determina la aplicación de la norma penal militar a los miembros de la fuerza pública en servicio activo relacionado con el mismo servicio”.

A juicio de la parte actora “la falta de apertura de las investigaciones en la jurisdicción ordinaria, bien sea por parte de la Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos, los Juzgados Penales competentes o la Justicia Especial Para la Paz, contenida en el acto legislativo 01 de 2017, en virtud del Capítulo III Art. Transitorio N° 5 indiscutiblemente genera una violación flagrante al derecho fundamental al debido proceso judicial, y de contera al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los actores, tanto en el contexto penal, como también en el contexto administrativo, mediante los autos que declaran la caducidad d e acción de reparación directa, en consideración que, la falta de competencia de la justicia penal militar por una presunta ruptura del elemento funcional del fuero penal militar, conlleva a desvirtuar los fundamentos de los despachos judiciales, en sus resoluciones del asunto, debido a que lo anterior deslegitima las interpretaciones sobre la procedencia de la caducidad a partir del mes de noviembre de 2008 como lo manifiestan en sus autos”.

Que, así mismo , la declaración extra juicio rendida por el ciudadano Leonel Ballestero Jácome en el año 2015, no se puede determinar como un elemento de juicio que implique la responsabilidad del Estado, sino simplemente como en medio de prueba en el contexto de las investigaciones cor respondientes, a su

Ballestero Jácome en el año 2015, no se puede determinar como un elemento de juicio que implique la responsabilidad del Estado, sino simplemente como en medio de prueba en el contexto de las investigaciones cor respondientes, a su juicio, “le corresponde por competencia a las autoridades judiciales relacionadas, por lo que conRadicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

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estas apreciaciones, quedaría desvirtuada también las afirmaciones de los accionados con respecto al termino de caducidad del año 2015”.

Considera, tales circunstancias, violan de manera flagrante “el contenido del presupuesto (ii) La procedencia de la demanda reparación directa ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en auto del 26 de octubre de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al titular del Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y ordenó vincular a la Nación – Ejército Nacional.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que las decisiones

Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y ordenó vincular a la Nación – Ejército Nacional.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que las decisiones judiciales que declararon la caducidad del medio de control de reparación directa formulado por la parte accionante, no incurrieron en los defectos referidos en la acción de tutela, pues en los autos cuestionados se valoraron, de forma razonable, todas las circunstancias fácticas relevantes, en concordancia con las normas y jurisprudencia que rigen la caducidad y con base en esa situación sustentaron la configuración del fenómeno en el medio de control de reparación directa.

Adicionalmente, destacó la improcedencia de pretender cambiar decisiones que ya están en firme mediante la acción de tutela, pues, de permitir dicha situación se estaría atentando gravemente contra el principio de seguridad jurídica.

Insistió en que la providencia dictada por el Tribunal no incurrió en defecto material o sustancial, en desconocimiento del precedente jurisprudencial, en vicios en el procedimiento, defecto fáctico, procedimental, ni alguna otra actuación caprichosa, pues los motivos que con suficiencia y claridad se expusieron en el pronunciamiento, constituyen una interpretación judicial válida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de pro cedibilidad de la acción de tutela contra providencias y, por tanto, no hay violación alguna a los derechos fundamentales de la parte accionante.

Por las anteriores razones, solicitó declarar improcedente la acción constitucional.

El Juzgado Primero Admi nistrativo de Ocaña informó que el despacho decidió rechazar la demanda por caducidad, al considerar que había sido presentada por

Por las anteriores razones, solicitó declarar improcedente la acción constitucional.

El Juzgado Primero Admi nistrativo de Ocaña informó que el despacho decidió rechazar la demanda por caducidad, al considerar que había sido presentada por fuera de la oportunidad legal prevista para ello en el artículo 164 numeral 2, literal i) del CPACA.

Que en esa oportunidad precis ó que se probó que los familiares de la víctima, al menos el señor José Estévez García (accionante), desde el año 2008 tuvo conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en los hechos que originaron la muerte de su hijo Dioselin Estévez Carrascal; adicionalmente, que para el año 2015 conoció la declaración juramentada del señor Leonel BallesterosRadicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

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Jácome, en la que se dio más información sobre la participación de miembros de las fuerzas militares en la muerte de su hijo.

Al respecto, resalt ó que como el hecho generador del daño se circunscribía a la muerte del señor Dioselin Estévez Carrascal debía tenerse en cuenta el término de caducidad común de 2 años, contabilizado desde el año 2008, momento en el

Al respecto, resalt ó que como el hecho generador del daño se circunscribía a la muerte del señor Dioselin Estévez Carrascal debía tenerse en cuenta el término de caducidad común de 2 años, contabilizado desde el año 2008, momento en el que, de acuerdo con lo probado en el expediente, los accionantes conocieron que el deceso del señor Dioselin Estévez Carrascal se caus ó con ocasión del actuar del Ejército Nacional, por lo que podía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado desde ese momento.

No obstante lo anterior, el despacho también estudió la posibilidad de entender como fecha de conocimiento de los hechos de la demanda el 14 de diciembre de 2015, fecha en la que el señor Leonel Ballesteros J ácome rindió declaración juramentada, sin embargo, en ese escenario el medio de control también habría caducado.

Que, ante la i nconformidad con dicha decisión, la apoderada de la parte demandante presentó recurso de apelación, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 25 de agosto de 2022.

Por lo tanto, destacó que a la fecha el expediente se encuentra con auto de obedézcase y cúmplase, debidamente notificado y todas las actuaciones procesales surtidas, y debidamente ejecutoriadas.

6. Intervención del tercero interesado

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional solicitó que se desvincule a la entidad del presente trámite, por cuanto la decisión judicial de decretar la caducidad del medio de control correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cumplimiento de

a la entidad del presente trámite, por cuanto la decisión judicial de decretar la caducidad del medio de control correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Ocaña y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cumplimiento de su deber y en el estricto cumplimiento de normas existentes en el ordenamiento jurídico y cumplimiento de la jurisprudencia.

Sin embargo, se refirió al caso concreto, en el sentido de señalar que el término preclusivo de dos años para demandar debía contarse desde el día siguiente al momento de la causación del daño, que corresponde al día 13 de junio de 1995, fecha en la que aduce la parte actora se produjo la muerte de los ciudadanos Dioselin Estévez Carrascal y Nume ral Sánchez Lindarte, ocurrida en el municipio de Convención, Norte de Santander, ya que se tiene que, desde el 12 de junio de 1995 la parte demandante tenía total conocimiento de las muerte causada a los ciudadanos.

Finalmente, indicó qu e los accionados no han vulnerado algún derecho fundamental como lo quiere hacer ver la parte actora, toda vez que la acción de tutela no puede ser una tercera instancia en la que se controvierta una decisión adversa, que, por el contrario, el fundamento d e la tutela contra providencias judiciales debe configurar una violación al derecho al debido proceso por causales específicas.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

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7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado , en sentencia del 17 de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo porque el mecanismo no cumplió el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que no satisfizo el mínimo de suficiencia argumentativa las razones po r las cuales se considera que la providencia atacada incurrió en un defecto o yerro de bulto, pues la simple inconformidad con la decisión de instancia no basta para que el estudio sea procedente.

8. Impugnación

La apoderada judicial del accionante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual preciso que la “acción de tutela impetrada por los actores, tiene como finalidad especifica lograr demostrar la perdida de competencia de la jurisdicción penal militar en caso en concreto, que se resume a la muerte de dos (2) ciudadanos en operaciones militares”.

Que, “ante la existencia de dudas o cuestionamientos en la legalidad de las actuaciones de los agentes del Estado, ameritan que el conocimiento de las investigaciones sea asumido por la jurisdicción ordinaria; es decir, que en la actualidad es competencia de la Jurisdicción Especial Para La Paz, de conformidad con el acto legislativo 01 del 4 de abril de 2017”.

A su juicio, “en el contexto de la perdida de competencia de la justicia penal militar para

Para La Paz, de conformidad con el acto legislativo 01 del 4 de abril de 2017”.

A su juicio, “en el contexto de la perdida de competencia de la justicia penal militar para desarrollar las investigaciones sobre la muerte del ciudadan o Dioselin Estévez Carrascal, la alegada caducidad de la acción administrativa de reparación directa, quedaría desvirtuada precisamente por el cambio de jurisdicción que obligatoriamente deberá surtirse ante la JEP, de acuerdo a los parámetros normativos del citado acto legislativo 01 de 2017”.

Insistió que en virtud de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020, se concluye que la imprescriptibilidad de la acción penal no es absoluta, sin embargo, en el marco jurídico del artículo 8 de la Ley 2098 de 2021, que modifica el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, “quedando consignado la prescripción de la acción penal que en ningún caso será inferior a (5) cinco años, ni excederá de veinte (20) años”.

Al respecto, explicó que “el reproche en las actuaciones de los despachos administrativos, se circunscribe a la omisión en la aplicación de las reiteradas jurisprudencias de la honorable Corte Constitucional con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que necesariamente modifican la declaratoria de caducidad de acción administrativa, en el contexto de la perdida de competencia de la jurisdicción penal militar para conocer sobre los acontecimientos que dieron lugar al fallecimiento del ciudadano Dioselin Estévez Carrascal”.

En lo demás, reiteró lo señalado en el escrito de tutela .

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

acontecimientos que dieron lugar al fallecimiento del ciudadano Dioselin Estévez Carrascal”.

En lo demás, reiteró lo señalado en el escrito de tutela .

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2022-05578-01

Demandante: Antonio José Estévez García

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3

de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Como se indicó, en el trámite de primera instancia el a quo determinó que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional porque no tiene una carga mínima argumentativa, toda vez que d el escrito de tutela no fue posible evidenciar las razones en que la parte actora sustentó la inconformidad y del mismo tampoco fue posible advertir de alguna manera los defectos invocados.

Sin embargo, en el escrito de impugnación la parte actora precisó: (i) de un lado, que la “acción de tutela … tiene como finalidad especifica lograr demostrar la perdida de competencia de la jurisdicción penal militar en caso en concreto, que se resume a la muerte de dos (2) ciudadanos en operaciones militares” y, (ii) del otro que “el reproche en las actuaciones

competencia de la jurisdicción penal militar en caso en concreto, que se resume a la muerte de dos (2) ciudadanos en operaciones militares” y, (ii) del otro que “el reproche en las actuaciones de los despachos administrativos, se circunscribe a la omisión en la aplicación de las reiter adas jurisprudencias de la honorable Corte Constitucional con respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que necesariamente modifican la declaratoria de caducidad de acción administrativa, en el contexto de la perdida de competencia de la jurisdicción penal militar para conocer sobre los acontecimientos que dieron lugar al fallecimiento del ciudadano Dioselin Estévez Carrascal”.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y d espués del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe ac ometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta deb e tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredi eron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establ