CE - 110010315000202205616011SENTENCIASENTENCIA20230309180302

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-05616-01 Demandante IRENE DÍAZ TRUJILLO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ Y JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Régimen aplicable. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Irene Díaz Trujillo contra la sentencia del 17 de noviembre 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso: “PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Irene Díaz Trujillo contra el Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.” 1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

“PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Irene Díaz Trujillo contra el Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo de Florencia.” 1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 24 de octubre de 20222, la señora Irene Díaz Trujillo, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3: “1. Sean tutelados mis derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Acceso efectivo a la Administración de Justicia, Seguridad Social en Pensi ones, Supremacía constitucional, que fueron vulnerados, producto de las irregularidades sustanciales expuestas.

2. Se deje sin efecto la Sentencia del 11 de marzo de 2019 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, Caquetá, al igual que la Sentencia de segunda instancia del 31 de agosto de 2022 proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Caquetá, presidida por el Magistrado Pedro Javier Bolaños Andrade, que decidió confirmar la negativa de las pretensiones de la demanda.

3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir sentencia de fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección de mis derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Acceso efectivo a la Administración de Justicia, Seguridad Social en Pensiones, supremacía

fondo, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección de mis derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Acceso efectivo a la Administración de Justicia, Seguridad Social en Pensiones, supremacía constitucional, analizando integralmente los precedentes jurisprudenciales relacionados.

4. Las demás que se consideren pertinentes para la protección y amparo de los derechos fundamentales de la actora.”

1 Página 19 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 17. 2 La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico remitido al buzón de la Secretaría General de esta Corporación. Samai, índice 2. 3 Página 4 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

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2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Sergio Antonio Romo, cónyuge de la accionante, ingre só al Ejército Nacional como soldado voluntario, el 20 de octubre de 1972 y fue retirado por muerte el 20 de febrero de 1984. Su muerte fue consecuencia de la acción directa del enemigo.

En los antecedentes de la acción de tutela se lee, que el tiempo de servicio del causante fue de 11 años, 5 meses y 23 días como soldado profesional, desde el 15 de marzo de 1974 hasta el 20 de febrero de 1984, como cabo primero.

En los antecedentes de la acción de tutela se lee, que el tiempo de servicio del causante fue de 11 años, 5 meses y 23 días como soldado profesional, desde el 15 de marzo de 1974 hasta el 20 de febrero de 1984, como cabo primero. Además, el causante fue ascendido de manera póstuma al grado de sargento segundo. 2.2. En Resolución Nro. 1007 del 15 de marzo de 1985, el Ejército Nacional reconoció a la señora Díaz Trujillo una compensación por la muerte de su cónyuge. Pero esta consideró que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. La petición de reconocimiento de la pensión le fue negada en Oficio del 8 de agosto de 2013, decisión confirmada a instancia del recurso de apelación en el oficio del 3 de octubre de 2013. Como fundamento de esa determinación, el Ejército Nacional expuso que, el Decreto 2728 de 1968 no consagraba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sino de la compensación por muerte. 2.3. La señora Díaz Trujillo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad de los Oficio s del 8 de agosto y del 3 de octubre de 2013 y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la luz de lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990. 2.4. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado

Primero Administrativo del Circuito de Florencia, bajo el radicado Nro. 1800133-33-001-2016-00006-00. Mediante sentencia del 11 de marzo de 2019, el juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, expuso que el caso debía resolverse en aplicación del artículo 181 del Decreto 89 de 1984, que era el aplicable al momento del deceso del causante. En consecuencia, como el soldado no había completado los 12 años de servicio no había lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes. Además, se desca rtó la aplicación del Decreto 1211 de 1990, debido a que ello no era permitido por la jurisprudencia contencioso administrativa. 2.5. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Solicitó que se revocara y se acce diera a las pretensiones de la demanda. Como argumento principal de inconformidad, la actora indicó que era beneficiaria de pensión de sobrevivientes, porque su esposo murió como consecuencia de la acción directa del enemigo y la norma más favorable, esto es, el Decreto 1211 de 1990, permite que sea reconocida la prestación. Como argumento subsidiario, solicitó que el asunto se resolviera en aplicación de la Ley 100 de 1993.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 2.6. En sentencia del 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 2.6. En sentencia del 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la decisión de primera instancia relativa a negar las pretensiones de la demanda. Precisó que el deceso del causante ocurrió el 20 de febrero de 1984, esto es, en vigencia del Decreto 89 de 1984 y antes de que el Decreto 1211 de 1990 se hubiera siquiera expedido. Entonces, como el artículo 181 del Decreto 89 exigía el cumplimiento de 12 años de servicio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y al momento del fallecimiento, el causante contaba con 11 años, 5 meses y 23 d ías, entonces, a la demandante no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión. Dijo que tampoco era aplicable la Ley 100 de 1993, porque en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013 (exp. 1605 -2009), la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que la ley aplicable para decidir el reconocimiento de pensiones es la que esté vigente al momento en que se estructura el derecho, en caso de pensiones de sobreviviente, cuando ocurre el fallecimiento. En la sentencia, al respecto, se lee: “Se tiene, así, conforme a dicho pronunciamiento, que tanto el decreto 1211 de 1990, como la aplicación de la Ley 100 de 1993, a situaciones acaecidas antes de sus respectivas entradas en vigencia vulnera el principio de irretroactividad de la Ley, por lo que la norma aplicable debe ser la que se encontraba vigente al momento de consolidación del derecho.”

aplicación de la Ley 100 de 1993, a situaciones acaecidas antes de sus respectivas entradas en vigencia vulnera el principio de irretroactividad de la Ley, por lo que la norma aplicable debe ser la que se encontraba vigente al momento de consolidación del derecho.” 2.7. La sentencia registró salvamento de voto de la magistrada Yaneth Reyes Villamizar quien consideró que el Tribunal debió acceder al reconocimiento pensional en aplicación de la normativa más favorable, porque la situación jurídica aún no se encontraba conso lidada. Esto, porque se trata del reconocimiento de una prestación periódica.

3. Fundamentos de la acción En consideración de la señora Irene Díaz Trujillo el caso particular debió resolverse en aplicación de la jurisprudencia constitucional (sentencia C -634 de 2011), pues ésta prima sobre el precedente del Consejo de Estado. Más aún cuando la tesis adoptada por el Tribunal accionado fue regresiva y lesiva de los derechos fundamentales de la demandante.

Indicó que, si las autoridades de instancia consideraba n necesario apartarse de la sentencia SU309 de 2019, debían cumplir la carga argumentativa para ello. No obstante, las sentencias de primera y segunda instancia adolecen de sustento sobre las razones por las que no se da aplicación al principio de favorabilidad. Manifestó que no es cierto que la afirmación según la cual, ya se había consolidado el derecho pensional, porque los derechos pensionales, al reconocer prestaciones periódicas, son de tracto sucesivo. Advirtió que el no reconocimiento de la pensió n bajo los postulados del Decreto 1211 de 1990 o de la Ley 100 de 1993, materializa un defecto sustantivo. Finalmente, indicó que la omisión en el análisis del caso a la luz de la ratio de la

1211 de 1990 o de la Ley 100 de 1993, materializa un defecto sustantivo. Finalmente, indicó que la omisión en el análisis del caso a la luz de la ratio de la sentencia SU309 de 2019, materializa defecto por violación directa a la Constitución.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 26 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Irene Díaz Trujillo contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado PrimeroRadicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Administrativo de Florencia. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, dada su calidad de demandada en el proceso ordinario, y a la A gencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso. También, dispuso que se surtieran las notificaciones de rigor y ofició a las autoridades accionadas para que remitieran, en medio digital, las piezas procesales del proceso de reparación directa. 4.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, por conducto del titular del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, comoquiera que la sentencia de primera instancia estuvo debidamente fundamentada en el marco normativo aplicable al caso, en las reglas de decisión establecidas en la jurisprudencia vinculante y vigente y en

de tutela, comoquiera que la sentencia de primera instancia estuvo debidamente fundamentada en el marco normativo aplicable al caso, en las reglas de decisión establecidas en la jurisprudencia vinculante y vigente y en las pruebas aportadas al proceso. Luego, estima que no incurrió en vulneración alguna de los derechos de la accionante. 4.3. El Ministerio de Defensa Nacional , por conducto de la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, indicó que la acción de tutela no supera el examen general de procedibilidad en tanto que no justificó la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo y tampoco señaló con claridad los defectos de los que adolecen las sentencias acusadas. En cuanto al fondo del asunto, indicó que se decidió la petición de reconocimiento pensional al amparo del marco normativo aplicable y vigente, esto es: el Decreto 89 de 1984. 4.4. Ni el Tribunal Administrativo del Caquetá ni la Agencia N acional de Defensa Jurídica del Estado dieron respuesta a la acción de tutela, aunque fueron notificados de su existencia4.

5. Providencia impugnada En sentencia del 17 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional.

En primera medida, el a quo realizó el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y encontró qu e cada uno de ellos estaba acreditado. En relación con la relevancia constitucional, expuso que en la acción de tutela se discute la vulneración de derechos fundamentales de la accionante derivado de una providencia judicial, que, a su juicio, desconoce la jurisprudencia constitucional y el

acreditado. En relación con la relevancia constitucional, expuso que en la acción de tutela se discute la vulneración de derechos fundamentales de la accionante derivado de una providencia judicial, que, a su juicio, desconoce la jurisprudencia constitucional y el principio de favorabilidad. En consecuencia, estimó que era importante determinar si la sentencia del 31 de agosto de 2022 contenía los yerros de los que se le acusa. Frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial, indicó que ninguna de las providencias relacionadas por la accionante guarda identidad fáctica ni jurídica con el caso particular. Explicó que en ninguna de las providencias se aplicó el Decreto 1211 de 1990 o la Ley 100 de 1993, aunque el derech o se hubiere consolidado antes de su vigencia. Tampoco encontró configurado el defecto sustantivo, comoquiera que le asistió razón al Tribunal al estudiar la procedencia del reconocimiento pensional a la luz del Decreto 89 de 1984, porque era el marco normativo vigente en el momento en que se consolidó el derecho reclamado.

4 Samai, índice 15.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

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6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia con fundamento en las siguientes consideraciones: 6.1. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial, reiteró los argumentos relativos a la omisión de carga argumentativa que justificara la razón por la que no se aplicaron las reglas de decisión de las siguientes

fundamento en las siguientes consideraciones: 6.1. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente judicial, reiteró los argumentos relativos a la omisión de carga argumentativa que justificara la razón por la que no se aplicaron las reglas de decisión de las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-415 de 2017, T-566 de 1998, SU298 de 2015 y SU309 de 2019. Dijo que estas providencias privilegian la aplicación del marco jurídico más favorable a efectos del reconocimiento de la prestación, siempre que, al momento de la entrada en vigor de la nueva normativa más favorable, los efectos jurídicos de la situación específica no se hayan consolidado. Estima que, en su caso, el derecho pensional no se había consolidado al momento en que entraron en vigencia el Decreto 1211 de 1990 y la Ley 100 de 1993. En sus palabras: “En consecuencia, se evidencia que, al momento d e realizar la solicitud pensional, ya había nacido a la vida jurídica el Decreto 1211 de 1990, y de manera adicional la ley 100 de 1993. Manera en la que se evidencia que, si bien el hecho que da origen a la pensión de sobreviviente es el deceso del afilia do, la misma no se encuentra consolidada lo que genera que continúe en el tiempo, toda vez que los derechos pensionales se consideran de tracto sucesivo, que perduran en el tiempo y además son imprescriptible. A su vez no encuentro motivos por los cuales el juez constitucional no se pronunció ni realizo el estudio jurídico de la sentencia T-566/98 y T415/17 antes desarrolladas, proferidas por la corte constitucional en sede de revisión, en la cuales se evidencia la aplicación retrospectiva

el estudio jurídico de la sentencia T-566/98 y T415/17 antes desarrolladas, proferidas por la corte constitucional en sede de revisión, en la cuales se evidencia la aplicación retrospectiva de la norma en materia pensional como consecuencia de la estrecha relación de este derecho fundamental, pronunciamientos que constituyen precedente (…)”5 6.2. En relación con el defecto sustantivo insistió en que las sentencias proferidas por los jueces de instancia en el c urso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sub examine incurrieron en “yerro insoslayable”. Esto, porque analizaron el caso particular a la luz del Decreto 84 de 1989, cuando, en aplicación del principio de favorabilidad, debieron hacerlo b ajo el amparo del Decreto 1211 de 1990. Explicó que a la luz del Decreto 84 de 1989, no cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes, pero si se aplicaran los requisitos del Decreto 1211 si accedería a la prestación. Esto, porque el último decreto exige un tiempo menor de servicios como condición del reconocimiento pensional. Manifestó que la Corte Constitucional ha permitido la aplicación retrospectiva de los regímenes pensionales, dada la relevancia del derecho a la obtención de la prestación periódica. Estima que el defecto sustantivo se configura porque, a su juicio, el a quo “usa como fundamentos de derecho para fallar, una normatividad que no es aplicable al caso en concreto; puesto que realiza la selección legal sin regirse por la integración de unidad normativa, lo que genera el desconocimiento del principio de favorabi lidad, igualdad, regresividad y retrospectividad de la ley.”6.

concreto; puesto que realiza la selección legal sin regirse por la integración de unidad normativa, lo que genera el desconocimiento del principio de favorabi lidad, igualdad, regresividad y retrospectividad de la ley.”6. 6.3. Solicitó que en la decisión de la impugnación se tenga en cuenta el hecho de que la accionante es una persona de la tercera edad, ya que tiene 62 años. Estima que por esta circunstancia es su jeto de especial protección constitucional.

5 Página 4 del escrito de impugnación. 6 Página 5 del escrito de impugnación.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 7, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidia ria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judic iales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judic iales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8 y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 10 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisi tos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico En primer lugar, la Sala acoge la delimitación que hizo el a quo del análisis en la sentencia de nulidad y restablecimient o del derecho proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá. Esto, porque las inconformidades contra la sentencia de primera instancia debieron presentarse ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación . En esa medida, es en la segunda instancia donde se define la controversia y en donde corresponde al juez

de primera instancia debieron presentarse ante la autoridad competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación . En esa medida, es en la segunda instancia donde se define la controversia y en donde corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada vulneración iusfundamental.

7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciale s son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)

defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Dicho esto, y dados los antecedentes del caso particular, la Sala observa que el problema jurídico en segunda instancia se concentra en determinar, en primera medida, si la acción de tutela supera el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, en lo que respecta al defecto sustantivo. En caso afirmativo, se pasará a estudiar si le asistió razón al a quo al negar las pretensiones de la demanda de tutela por considerar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 31 de agosto de 2022, no comporta defecto susta ntivo ni desconocimiento del precedente judicial, en los términos indicados por la señora Irene Díaz Trujillo.

4. El cargo de defecto sustantivo no supera el requisito general de relevancia constitucional: se toma la tutela como instancia adicional

indicados por la señora Irene Díaz Trujillo.

4. El cargo de defecto sustantivo no supera el requisito general de relevancia constitucional: se toma la tutela como instancia adicional 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providenci as judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derec hos fundamentales .

eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derec hos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” 11. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

Radicado: 11001 -03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05616-01

Demandante: Irene Díaz Trujillo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la t utela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde a l juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa,