CE - 110010315000202205642011SENTENCIA20230314212304

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05642-01

Accionante: RAÚL CABRALES DÁVILA

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –

SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos fundamentales al debido proceso e igualdad / medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / defecto fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución / reconocimiento de pensión gracia

Acción de tutela – sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante, actuando a través de apoderado1, en contra de la sentencia de 9 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl Cabrales Dávila en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.

Sección Tercera – Subsección C, que rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Raúl Cabrales Dávila en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.

1 El abogado Andrés Sánchez Lancheros.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección d e los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B que mediante sentencia de 5 de mayo de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B que, mediante providencia de 2 de junio de 2022, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó lo pretendido.

por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B que, mediante providencia de 2 de junio de 2022, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó lo pretendido.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico porque valoró indebidamente los actos administrativos de nombramiento que demostraban que su vinculación fue como docente nacionalizado.

Expuso que no es posible inferir que los docentes territoriales y nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando: «(i) en el acto de su vinculación interviene, además el representante legal deAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y ii) los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación», como lo hizo esta corporación de forma errada al momento de analizar el contenido de los Decretos 024 del 16 de abril de 1980, 050 del 3 de junio de 1980, 051 del 22 de julio de 1981 y 069 del 11

la Nación», como lo hizo esta corporación de forma errada al momento de analizar el contenido de los Decretos 024 del 16 de abril de 1980, 050 del 3 de junio de 1980, 051 del 22 de julio de 1981 y 069 del 11 de noviembre de 1992.

Asimismo, alegó la configuración de un defecto sustantivo por el desconocimiento del artículo 15 del numeral segundo, letra b, de la Ley 91 de 1989 y la interpretación errónea de los artículos 29 del Decreto 3157 de 1968 y 60 de la Ley 24 de 1988, según los cuales los Fondos Educativos Regionales estaban conformados por recursos provenientes del Situado Fiscal y de las entidades territoriales.

Finalmente, señaló que existe un desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en las sentencias de 26 de agosto de 1989 y 21 de junio de 2018, que concluyeron que los docentes no son educadores de categoría nacional cuando en el acto de su vinculación interviene un delegado del Ministerio de Educación Nacional; y de la sentencia SU-014 de 22 de enero de 2020, dictada por la Corte Constitucional.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

«PRIMERO: CONCEDER la tutela y AMPARAR los derechos fundamentales invocados.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4

SEGUNDO: REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTO, la providencia proferida el 02 de junio de 2022 por la SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B, DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurado por Raúl Cabrales Dávila en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con radicación 25000-23-42-000-2018-02605-01, número interno 0701-2022.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP., realizar los trámites pertinentes para reconocer y pagar la pensión gracia al señor Raúl Cabrales Dávila».

(sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto de 26 de octubre de 2022, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B admitió la acción de tutela de l a referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B como accionado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y a las partes y a las personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario

– Subsección B como accionado y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B y a las partes y a las personas y/o entidades que hayan participado en el proceso ordinario con radicado 25000-23-42-000-2018-02605-00/01 (0701-2022) como terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B remitió la información de los sujetos que participaron en el proceso ordinario, sin embargo, respecto del caso concreto no se pronunció.

4.2. La UGPP, a través del subdirector de defensa judicial y pensional, señaló que en el presente asunto se configura una cosa juzgada en la medida que la decisión tomada por la autoridad cuestionada fue ajustada a derecho y no hay lugar a realizar revisión alguna.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 Sostuvo que el accionante no argumentó ninguno de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque la decisión objeto de estudio fue sustentada con base en normas aplicables al caso para efectos de ordenar la suspensión de la pensión

la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, porque la decisión objeto de estudio fue sustentada con base en normas aplicables al caso para efectos de ordenar la suspensión de la pensión reconocida ilegalmente. Precisó que no se aplicó indebidamente o se le dio una interpretación errada a las normas atinentes al caso concreto, ya que se fundó en preceptos legales relacionados al tema y en la jurisprudencia vigente proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

4.3. Las demás partes guardaron silencio.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, a través de sentencia del 9 de diciembre de 2022, rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la parte accionante en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, porque consideró que lo que pretende el accionante es que el juez de tutela haga una lectura alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia fundada en una indebida valoración probatoria y legal, de tal forma que la conclusión a la que llegó la autoridad cuestionada sea desestimada y, en su lugar, se ordene proferir una decisión entorno a sus pretensiones.

Indicó que, revisado el expediente que contiene el trámite del proceso ordinario, no se observó actuación o pronunciamiento alguno del accionante relacionado con los argumentos en que la UGPP sustentó la apelación, de tal forma que sus inconformidades fueran consideradas

ordinario, no se observó actuación o pronunciamiento alguno del accionante relacionado con los argumentos en que la UGPP sustentó la apelación, de tal forma que sus inconformidades fueran consideradas por el juez natural del proceso al dictar el fallo, no siendo entonces deAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 recibo que sus cuestionamientos fuesen evaluados en esta acción constitucional como si se tratara de una instancia adicional, cuando tuvo la oportunidad de plantearlos en el trámite del proceso ordinario.

Finalmente, expuso que la acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique un nuevo estudio del caso o la constitución de un juicio ordinario.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la acción de tutela.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en cuanto señala que «las tutelas que sean de compe tencia del ConsejoAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto» 2.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales?

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará, conforme a los argumentos de impugnación formulados contra la sentencia de primera instancia, si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, con la expedición de la sentencia de 2 de junio de 2022, que resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-42-000-2018-02605-01, incurrió en un defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente y, por consiguiente en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los

2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) el defecto

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) el defecto sustantivo, v) el desconocimiento del precedente y vi) el caso concreto.

3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de

que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano

3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 1100103-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio

sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0564201

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Accionante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 0 3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se dictó el 2 de junio de 2022 y la acción de tutela se presentó el 24 de octubre de 2022.

3.1.3. En cuanto a la existencia de otros mecanismos de defensa que sean idóneos para obtener el amparo constitucional, el a quo consideró que la parte accionante debió haber planteado sus cuestionamientos después de la sustentación de la apelación formulada por la UGPP y antes de dictar sentencia de segunda instancia en el curso del medio de control.

Sin embargo, esta Sala de Subsección considera que el accionante no tenía a su alcance ningún mecanismo ordinario de defensa, toda vez que en el ordenamiento jurídico no está consagrada propiamente una etapa para oponerse a los argumentos de la apelación, máxime cuando al accionante se le habían concedido las pretensiones en la sentencia de primera instancia.

Por lo anterior, en el presente asunto sí se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, cumpliéndose así el requisito de subsidiariedad.

al accionante se le habían concedido las pretensiones en la sentencia de primera instancia.

Por lo anterior, en el presente asunto sí se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, cumpliéndose así el requisito de subsidiariedad.

3.1.4. De igual modo, en lo relacionado con el requisito de relevancia constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asuntoAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05642 -01

Acci onante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 1 tiene una marcada importancia 5. Así, en sentencia T -114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a res olver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».6

con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a res olver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».6

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medi da que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente y un defecto sustantivo en que presuntamente incurrió l a autoridad judicial demandada.

Por lo anterior, se procederá a hacer el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defect o fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre

5 Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa. 6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05642 -01

Acci onante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 2

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 2 el particular la Corte Constitucional7 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa8, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Esta dimensión, com prende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva9, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 10, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales 11, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido

una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido

7 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 10 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05642 -01

Acci onante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 3 declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las

constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes , que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»12.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sist émica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»13.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14.

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente14.

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05642 -01

Acci onante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 4

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 15. En ese sentido, el precedente judicial16 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho17.

preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho17.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido18. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de

15 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 16 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado ., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse po r las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 17 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.

momento de emitir un fallo”. 17 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 18 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05642 -01

Acci onante: Raúl Cabrales Dávila

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v