CE - 110010315000202205651011SENTENCIA20230427141848

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandantes: ENRIQUE SEGUNDO ECHEVERRÍA PÉREZ E ISABEL

MARÍA OROZCO SUÁREZ

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO

TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela c ontra providencia judicial. Medio de control de reparación directa . D efectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico . Reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuar ta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los accionantes, quien es actúan por cond ucto de apoderada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuar ta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los accionantes, quien es actúan por cond ucto de apoderada judicial, contra la sentencia de 9 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “ C” del Consejo de Estado , en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los demandantes relataron que su hijo, el patrullero Freddys de Jesús Echeverría Orozco, falleció el 27 de e nero de 2018 con ocasión de la detonación de un artefacto explosivo en la Estación de Policía San José del distrito de Barranquilla y que accedió al ascenso póstumo en el grado de subintendente.

Afirmaron que junto con otros familiares , en ejercicio d el medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales causados por el fallecimiento del señor Echeverría Orozco.

Sostuvieron que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de l Circuito de Bogotá en sentencia de 4 de agosto de 2021 , declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la parte demandada, la condenó al pago de los perjuicios morales y negó el reconocimiento de l lucro cesante, al considerar

en sentencia de 4 de agosto de 2021 , declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la parte demandada, la condenó al pago de los perjuicios morales y negó el reconocimiento de l lucro cesante, al considerar que a los padres de la víctima se les reconoció la pensión de sobrevivientes.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Por último, manifestaron que las partes interpusieron recurso de apelació n. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en fallo de 11 de agosto de 2022 confirmó la decisión, bajo el argumento de que no se demostró la dependencia económica de los padres hacia el hijo , además que se demostró que la señora Isabel María Orozco Suárez realizó varios giros a su hijo fallecido.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare n los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá , con las providencias de 11 de agosto de 2022 y 4 de agosto de 2021 , en su orden, mediante las cuales se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, accedió a l

Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá , con las providencias de 11 de agosto de 2022 y 4 de agosto de 2021 , en su orden, mediante las cuales se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, accedió a l reconocimiento de los perjuicios morales y negó el lucro cesante.

Afirmó que la s autoridades judiciales accionadas incurrie ron en defecto por desconocimiento del precedente judicial , toda vez que no se tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 22 de abril de 20151 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se reconoció el lucro cesante consolidado y la indemniz ación futura o anticipada.

Indicó que “existe suficiente prueba testimonial que corrobora el apoyo económico que cada fallecido le brindaba a su grupo familiar, esta colaboración también se infiere de las exigencias constitucionales relativas a la protecc ión del núcleo básico de la sociedad y, en especial, del deber ser decantado a la luz del modelo abstracto del buen padre, sobre el que durante siglos se ha estabilizado la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, los que no tendrían que afectarse po r la pérdida de alguno de sus integrantes y de ocurrir tendría que ser compensada sin mengua, particularmente cuando se trata de alguno de los proveedores del grupo familiar. Mismo que se da a la manera de distribuir los recursos acordes como acrecen algun as necesidades del grupo familiar en tanto otras se solventan. Siendo así, para efectos de la liquidación de la ayuda dejada de percibir, se acogerá el planteamiento de las demandas y el recurso para calcular el aporte del padre a los hijos, hasta cuando l os descendientes no discapacitados cumplan 25

Siendo así, para efectos de la liquidación de la ayuda dejada de percibir, se acogerá el planteamiento de las demandas y el recurso para calcular el aporte del padre a los hijos, hasta cuando l os descendientes no discapacitados cumplan 25 años, época en la que se supone la independencia. Parámetro que ya viene siendo utilizado en la jurisprudencia de la Corporación. (…) deviene razonable y ajustado a la eficacia de la protección constitucional d el núcleo familiar, a las exigencias de justicia, equidad y reparación integral, de que tratan las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90 y 230 constitucionales, 16 de la Ley 446 de 1998 y al deber ser exigible conforme con el modelo abstracto de buen p adre que se predica de cada uno de los progenitores, el sólido y reiterado planteamiento de los accionantes en el sentido de que la porción que deja de percibir un hijo, al cumplir la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la de sus hermanos y madre y así sucesivamente”.

Sostuvo que el tribunal accionado al resolver la indemnización futura o anticipada tuvo en cuenta la sentencia de 23 de abril de 2021 2 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado , la que, a juicio de los demandantes “es de un caso distinto al aquí debatido y que por lo tanto no tiene aplicación en el presente asunto”.

1 Radicado No. 15001-23-31-000-2000-03838-01, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo.

un caso distinto al aquí debatido y que por lo tanto no tiene aplicación en el presente asunto”.

1 Radicado No. 15001-23-31-000-2000-03838-01, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo. 2 Radicado N. 05001-23-31-000-2000-02466-02, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Señaló que el señor Enrique Segundo Echeverría Pérez y la señora Isabel María Orozco Suárez en declaración extraproceso rendida ante la Not aria Única del Circuito de Ciénaga , Magdalena, afirmaron que el señor Freddys de Jesús Echeverría Orozco, trabajó en la Policía Nacional y les ofreció ayuda económica para el sostenimiento de su hogar.

Agregó que en el momento en que su hijo fallecido ingresó como profesional en la Policía Nacional, prestó ayuda económica a sus padres por la grave situación en que se encontraban para suplir las necesidades básicas que emanaban el sostenimiento de su hogar, por lo que se demostraron los diferentes giros que este realizaba a sus padres.

Resaltó que si bien se demostró que la s eñora Isabel María Orozco Suárez hizo giros a su hijo, los cuales correspondieron a préstamos que ella realizó por petición de su hijo, estos fueron cancelados.

Resaltó que si bien se demostró que la s eñora Isabel María Orozco Suárez hizo giros a su hijo, los cuales correspondieron a préstamos que ella realizó por petición de su hijo, estos fueron cancelados.

Por último, manif estó que los demandantes sí dependían económicamente del señor Echeverría Orozco, por lo que tienen derecho a que se les reconozca y pague el lucro cesante y la indemnización futura.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y precedentes judiciales, vulnerados a los Actores

Señor ENRIQUE SEGUNDO ECHEVERRIA PEREZ y Señora ISABEL MARIA OROZCO

SUAREZ.

SEGUNDO: Como conse cuencia de lo anterior, se revoquen o deje sin efectos las Sentencias Proferidas por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera de fecha de fecha 4 de agosto de 2021 y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “A” la Sentencia del 11 de agosto de 2022, debidamente ejecutoriadas, dentro del Radicado 11001 33 36 037 2019 00224 00 (1), por negar injustificadamente a ENRIQUE SEGUNDO ECHEVERRIA PEREZ e ISABEL M ARIA OROZCO SUAREZ en calidad de Padres del Extinto FREDDYS DE JESÚS ECHEVERRIA OROZCO, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales LUCRO CESANTE CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA

Extinto FREDDYS DE JESÚS ECHEVERRIA OROZCO, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales LUCRO CESANTE CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA O ANTICIPADA reclamados en la Demanda; ya que en lo que respecta a los Perj uicios morales se está totalmente de acuerdo.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer de esta Tutela o se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “A” y Juzgado Treinta y Siet e (37) Adm inistrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera, se profiera una nueva Sentencia en derecho, respetando los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y precedentes judiciale s, para que en consecuencia se ordene a la entidad demandada Policía Nacional, el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales LUCRO CESANTE CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA O ANTICIPADA reclamados en la Demanda; ya que en lo que respecta a los Per juicios morales se está totalmente de acuerdo.

CUARTO: Que para resolver el asunto, se consulten y tengan en cuenta los Precedentes Judiciales, citados en esta Acción y otros que se han proferido al respecto por parte de la Corte Constitucional y el Conse jo de Esta do, sobre el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales LUCRO CESANTE CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA O ANTICIPADA reclamados en la Demanda; ya que en lo que respecta a los Perjuicios morales se está totalmente de acuerdo.

QUINTO: Que para reso lver la presente acción de Tutela, se solicite en calidad de

O ANTICIPADA reclamados en la Demanda; ya que en lo que respecta a los Perjuicios morales se está totalmente de acuerdo.

QUINTO: Que para reso lver la presente acción de Tutela, se solicite en calidad de préstamo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “A” y/o al Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera, se envíe a ese Despacho en calidad de préstamo la Demanda con Radicación 11001 33 36 037 2019 00224 00 (1), motivo de esta Acción, para que seRadicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

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4 revise la actuación y en consecuencia se acceda al ordenamiento a la entidad accionada del reconocimien to y pago de los perjuicios materiales LUCRO CESANTE CONSOLIDADO E INDEMNIZACION FUTURA O ANTICIPADA reclamados en la Demanda; ya que en lo que respecta a los Perjuicios morales se está totalmente de acuerdo”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo elect rónico de 17 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia digital del expediente No. 11001-33-36-037-2019-000224-00 correspondiente al medio de control de reparación directa del señor Enrique Segundo Echeverría Pérez y otros contra la

Siete Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia digital del expediente No. 11001-33-36-037-2019-000224-00 correspondiente al medio de control de reparación directa del señor Enrique Segundo Echeverría Pérez y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 3 de noviembre de 202 2, la Sección Tercera, Subsección “ C” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la s autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio de 10 de noviembre de 2022, el jefe del Área Jurídi ca pidió qu e se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que resultan improcedentes.

Afirmó que los accionantes nunca dejaron de percibir la pensión de sobreviviente y por ende no dejaron de recibir sus ingresos y , además, que mediante Re solución No. 00463 de 3 de mayo de 2018, concomitante con las certificaciones expedidas por la Tesorería General de la Policía Nacional en donde se devengan la suma de $712.826.00, para cada uno, lo que permite inferir que siguen percibiendo el pago de la referenciada prestación.

Indicó que no puede predicarse que los accionantes dejaron de percibir ingreso o ganancia alguna, pues si bien se causó el falleci miento del señor Freddys de Jesús Echeverría Orozco, los padres no han sido desamparados para su

Indicó que no puede predicarse que los accionantes dejaron de percibir ingreso o ganancia alguna, pues si bien se causó el falleci miento del señor Freddys de Jesús Echeverría Orozco, los padres no han sido desamparados para su subsistencia y , por consiguiente , han continuado recibiendo la pensión de sobreviviente.

Señaló que del material probatorio aportado en el proceso de reparación directa, se comprobó la inexistencia del lucro cesante, que hace referencia al dinero, ganancia o rendimient o que dejaron de percibir los señores Enrique Segundo Echeverría Pérez e Isabel María Orozco Suárez , como consecuencia del perjuicio causado, máxime cuando la Policía Nacional les pag ó la compensación por muerte equivalente a la suma de $113.2 02.429.60, así como la pensión de sobrevivientes con lo que se garantizó el derecho a la indemnización.

Por último, manifestó que los demandantes no demostraron la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutel a, más aún cuando se agotaron todos los recursos ordinarios.

6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida fo rma el auto admisorio de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado por sentencia de 9 de diciembre de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que tras comparar las razones esgrimidas en el recurso de apelación y la solicitud de amparo constitucional, es claro que lo que se pretende es continuar con el debate jurídico que ya fue resuelto p or el juez na tural, sobre la denegatoria del reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado.

Indicó que los argumentos de la parte accionante son una mera inconformidad con el razonamiento de los jueces ordinarios por una deci sión desfavorable, que incluso se tomó por la falta de material probatorio, por lo que los reproches de la parte actora intentan desconocer la decisión del juez ordinario, a través de argumentos que buscan reabrir un debate de orden legal.

Por último, man ifestó que d ebe recordarse que la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es de carácter excepcional y no pretende desconocer la vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

8. Escrito de impugnación

pretende desconocer la vigencia de la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia , solicitaron que se revoque el fallo que declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, que se acceda al amparo solicitado , para lo cual reiter aron los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En el escrito de tutela, los demandantes reprochan las sentencias proferidas en primera y segunda instancia proferidas en el medio de control de reparación directa, razón por la cual la Sala delimitará el debate al fallo proferid o por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub sección “A”, toda vez que este fue e l que resolvió de fondo sobre el lucro cesante pedido en la demanda ordinaria.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 9 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró

escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 9 de diciembre de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional , y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , con la providencia de 1 1 de a gosto de 2022,Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

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6 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de just icia, al incurrir, supuestamente, en los defectos i) por desconocimiento del precedente judicial , por no tener en cuenta la sentencia de unificación de 22 de abril de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado en lo referente al reconocimiento del lu cro cesante y la indemnización futura y ii) fáctico, porque de la s declaraciones extraprocesales realizadas por los accionantes y las certificaciones de Súper Giros se evidenciaba que los demandantes dependían económicamente de la víctima directa.

3. Procedencia excepci onal de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de

demandantes dependían económicamente de la víctima directa.

3. Procedencia excepci onal de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus dere chos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 y 2.3 literal a ) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de uni ficación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma S ala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judic ial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulne ración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora id entifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Se presenta cuando el fu ncionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

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7 fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprud encia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, pues (i) contrario a lo resuelto en la senten cia impugnada el caso goza de r elevancia c onstitucional, toda vez que se debe determinar si en la sentencia de segunda instancia al resolver y negar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante bajo argumentos diferentes a lo resuelto por el a quo (no se demostró la dependencia económica) , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o que se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró den tro de un plazo razonable precisado por esta C orporación y la Corte Constitucional 1718 ; (iv) los hechos y las

judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró den tro de un plazo razonable precisado por esta C orporación y la Corte Constitucional 1718 ; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio qu e permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 11 Como son los cas os en que se deci de con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo con dujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2 016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez ( exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 17 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramíre z y sentenci a T-619 de 2019, Cor te Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 18 La providencia atacada se profirió el 11 de agosto de 2022, notificada el 18 de agosto de 2022, mientras que la acción de tutela se instauró el 25 de octubre de 2022, es decir, dentro del plazo razonable.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

tutela se instauró el 25 de octubre de 2022, es decir, dentro del plazo razonable.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05651-01

Demandante: Enrique Segundo Echeverría y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 4.2. La autoridad judicial demandad a no incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados

4.2.1. Los demandantes señalan que el Tribunal Administrativo de Cundinam arca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, con las providenci as de 11 de agosto de 2022 y 4 de agosto de 2021, en su orden, vulneraron los derechos fundamentales