CE - 110010315000202205676021SENTENCIA20230922150108

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Conjuez Ponente: GUSTAVO QUINTERO NAVAS

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado número: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban Accionado: Departamento de Santander Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Decisión , integrada por los suscritos Conjueces Juan Pablo Cárdenas Mejía, Hernando Herrera Mercado y Gustavo Quintero Navas, adscritos a la Sección Tercera del Consejo de Estado, profiere sentencia de segunda instancia dentro de la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de amparo

La accionante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegida, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, presuntamente vulnerados con la Resolución No. 23680 de 20 octubre de 2022, expedida por el Gobernador de Santander, que designó provisionalmente al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde del municipio de Girón. Lo anterior, según la accionante,

Gobernador de Santander, que designó provisionalmente al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde del municipio de Girón. Lo anterior, según la accionante, sin tener en consideración que ella era la llamada a ocupar ese cargo en razón a que fue elegida en los comicios atípicos que se llevaron a cabo el 20 de junio de 2021 con ocasión de la nulidad de quien fue elegido popularmente, en un primer momento, como burgomaestre de esa entidad territorial.

Como sustento fáctico de su solicitud, l a actora relató que el señor Carlos Alberto Román Ochoa fue elegido alcalde municipal de Girón para el per íodo constitucional 2020-2023, lo que fue acreditado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante formulario E-26 de 6 de noviembre de 2019.

Manifestó que contra el citado acto administrativo un ciudadano presentó demanda de nulidad electoral que fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander en Sentencia de 28 de agosto de 2020, que negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue revocada por la Sección Quinta del Consejo de Estado enRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

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fallo de 3 de diciembre de 2020, que declaró la n ulidad de la elección y ordenó la cancelación de la credencial del señor Román Ochoa.

Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el Gobernador de Santander mediante Decreto 194 de 26 de abril de 2021 convocó a elecciones atípicas , celebradas el 20

cancelación de la credencial del señor Román Ochoa.

Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el Gobernador de Santander mediante Decreto 194 de 26 de abril de 2021 convocó a elecciones atípicas , celebradas el 20 de junio de 2021, siendo electa la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban . Lo anterior fue acreditado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante formulario E-26 de 20 de junio de 2021.

Aseveró que se posesionó para el período restante, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023, según consta en Acta No. 003 de 24 de junio de 2021

Sostuvo que, entre tanto, el señor Carlos Alberto Román Ochoa presentó acción de tutela contra la Sentencia de 3 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección como alcalde del municipio de Girón; acción que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en Sentencia de 30 de agosto de 2021 , dejando sin efectos la sentencia de nulidad electoral cuestionada, y orden ando a la Sección Quinta del Consejo de Estado proferir una decisión de reemplazo conforme con los fundamentos allí expresados.

Afirmó que el 14 de octubre de 2021, en cumplimiento del citado fallo de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió decisión de reemplazo, confirmando la Sentencia de 28 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que había negado las pretensiones del medio de control de nulidad

Sección Quinta del Consejo de Estado profirió decisión de reemplazo, confirmando la Sentencia de 28 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que había negado las pretensiones del medio de control de nulidad electoral. Como consecuencia de lo anterior, e xplicó, el señor Román Ochoa se reintegró como alcalde municipal de Girón y la elección de la aquí demandante perdió vigencia, teniendo en cuenta que desaparecieron los fundamentos en los que se sustentaba, esto es, la nulidad de la elección que originalmente había sido declarada por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Mencionó que el citado fallo de tutela fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, trámite al que fue vinculada como tercera con interés . En esa calidad intervino pidiendo a esa corporación judicia l que amparara sus derechos fundamentales y, como medida cautelar, que la declarara alcaldesa del municipio de Girón hasta que culminara el período constitucional 2020-2023.

Manifestó que mediante Sentencia SU-213 de 2022, la Corte Constitucional revocó el fallo de tutela de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2021 y, en su lugar, dejó en firme la Sentencia de 3 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa como alcalde municipal de Girón. De igual modo, rechazó las otras pretensiones, en especial la relacionada con la medida cautelar solicitada por la hoy demandante , por no ser el escenario para presentar peticiones individuales.

igual modo, rechazó las otras pretensiones, en especial la relacionada con la medida cautelar solicitada por la hoy demandante , por no ser el escenario para presentar peticiones individuales.

Por último, afirmó que el Gobernador de Santander por Resolución N ro. 23680 de 20 de octubre de 2022 designó provisionalmente al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde del municipio de Girón.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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Como consecuencia de lo an terior, la parte actora formuló acción de tutela con las siguientes pretensiones:

“1. Que se amparen los derechos fundamentales de la señora YULIA MORAIMA RODRÍGUEZ ESTEBAN a que pueda ejercer el cargo de Alcaldesa del Municipio de Girón (Santander), para el cual fue elegida para el restante período constitucional comprendido entre 24 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, como resultado del amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, a la seguridad jurídica y confianza legítima vulnerados.

2. Que se deje sin validez la Resolución 23680 del 20 de octubre de 2022, mediante la cual, el Gobernador de Santander, designó al señor JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRÁN como alcalde encargado del municipio de Girón (Santander), por ser un acto arbitrario y una auténtica vía de hecho sin fuerza vinculante alguna.

3. Que se le comunique la decisión al Gobernador de Santander, a la

Girón (Santander), por ser un acto arbitrario y una auténtica vía de hecho sin fuerza vinculante alguna.

3. Que se le comunique la decisión al Gobernador de Santander, a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Santander.

4. En el evento de encontrar el Consejo de Estado que las actuaciones surtidas por el Goberna dor de Santander, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Santander hayan podido estructurar algún tipo de conducta reprochable desde el punto de vista disciplinario o de cualquier otra índole, se libren las comunicaciones correspondientes”.

2. La sentencia impugnada

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 9 de febrero de 2023, accedió al amparo solicitado, con fundamento en lo siguiente.

Para el a quo, el Gobernador de Santander , con la expedición de la Resolución No. 23680 de 20 de octubre de 2022, pasó por alto el mandato popular manifestado por los electores en las elecciones atípicas realizadas el 20 de junio de 2021, en las que democráticamente se declaró que la alcaldesa electa hasta la terminación del período constitucional 2020-2023 sería la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban. Decisión administrativa que está contenida en el Acta E-26 ALC.

Agregó que n o se puede desconocer que la Sentencia de tutela proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2021, que accedió a la protección constitucional solicitada por el señor Carlos Alberto Román

Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2021, que accedió a la protección constitucional solicitada por el señor Carlos Alberto Román Ochoa, conllevó el decaimiento o pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de elección de la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban porque desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho (numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011). Sin embargo, prosiguió, como quiera que esa decisión fue revocada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -213 de 2022 y quedó en firme la nulidad de la elección del señor Román Ochoa, la consecuencia lógica y natural que se impone esRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

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que esa decisión soberana recobró su obligatoriedad y , mientras no se desvirtúe la presunción de legalidad, se debe garantizar su carácter ejecutorio.

Así, para el a quo, los efectos del ordinal tercero de la Sentencia SU-213 de 2022 se traducen en que recobra vigencia y obligatoriedad la elección de la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban, razón por la que la decisión administrativa contenida en la Resolución No. 23680 de 20 de octubre de 2022, conlleva una a menaza a los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido de la accionante, así como al principio democrático y a la participación ciudadana cuya expresión tuvo lugar en los comicios realizados el 20 de junio de 2021 en el municipio de Girón.

derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido de la accionante, así como al principio democrático y a la participación ciudadana cuya expresión tuvo lugar en los comicios realizados el 20 de junio de 2021 en el municipio de Girón.

Añadió el a quo que la designación provisional del alcalde municipal de Girón , efectuada por medio de la Resolución No. 23680 de 20 de octubre de 2022, se condicionó “al trámite previsto en el parágrafo 3 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011”, y que con posterioridad a la misma fue expedida la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022 , por medio de la cual se ratificó la designación del señor Javier Orlando Acevedo Beltrán como alcalde municipal de Girón para lo que resta ba del período 2020-2023. De esa suerte, señaló la primera instancia que si bien en la acción de tutela no se cuestionó la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, esa circunstancia no es suficiente para concluir que el juez constitucional está imposibilitado o no puede incluir en su análisis cuestiones adicionales que no fueron propuestas por la parte demandante, pues en virtud de sus facultades extra y ultra petita, puede ir más allá o por fuera de lo pedido con el fin de garantizar una protección constitucional más eficaz y no enervar la efectividad de los derechos fundamentales que se encuentran en juego. De manera que omitir lo anterior conllevaría la adopción de una decisión que no garantizaría a la agraviada el pleno goce de sus derechos, como lo señala el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

que se encuentran en juego. De manera que omitir lo anterior conllevaría la adopción de una decisión que no garantizaría a la agraviada el pleno goce de sus derechos, como lo señala el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, el a quo evidenció que la Resolución No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, expedida por el Gobernador de Santander, en la que se designó al alcalde municipal de Girón por el término restante d el per íodo institucional 2020 -2023 desatendió los efectos de la Sentencia SU -213 de 2022, proferida por la Corte Constitucional. En concreto, el ordinal tercero que dejó en firme la decisión que declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa y sin efectos el fallo de reemplazo que se profirió en cumplimiento de la orden judicial de tutela emitida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, a partir del que se debía entender que recobraba su vigencia la elección efectuada a la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban como alcaldesa del municipio de Girón, en los comicios atípicos del 20 de junio de 2021.

Con arreglo a las anteriores consideraciones, la Sección Cuarta del Consejo de Estado: "i) amparó, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegida, de los que es titular la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban; ii) suspendió transitoriamente las Resoluciones No. 23680 de 20 de octubre de 2022, “ Por la cual se acoge una decisión judicial y se designa

Rodríguez Esteban; ii) suspendió transitoriamente las Resoluciones No. 23680 de 20 de octubre de 2022, “ Por la cual se acoge una decisión judicial y se designa provisionalmente Alcalde para el Municipio de Girón Santander” y No. 27040 de 29 de noviembre de 2022, “ Por la cual se designa Alcalde para el Municipio de GirónSantander y se dictan otras disposiciones” , expedidas por el Gobernador de Santander; iii) ordenó al Gobernador de Santander que dentro de los cinco (5) díasRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

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siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las actuaciones tendientes a garantizar que la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban desempeñe sus funciones como alcaldesa del municipio de Girón , Santander, por el término restante del per íodo institucional 2020 -2023, orden que permanecerá vigente hasta tanto la jurisdicción contencioso administrativa resuelva, de manera definitiva, acerca de la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales el Gobernador de Santander designó al señor Javier Orlando Ace vedo Beltrán como alcalde municipal de Girón, Santander , así como las pretensiones de la actora dirigidas a que se restablezcan sus derechos en razón de su elección como alcaldesa municipal en los comicios atípicos celebrados el 20 de junio de 2021. Con es te fin, la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban deberá promover la acción judicial correspondiente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia. En caso

comicios atípicos celebrados el 20 de junio de 2021. Con es te fin, la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban deberá promover la acción judicial correspondiente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia. En caso de que la demandante omita el ejercicio del derecho de acción en el término previsto, cesarán los efectos de esta sentencia de conformidad.

3. La impugnación

Inconformes con la decisión, la accionante Yulia Moraima Rodríguez Esteban, por intermedio de apoderado judicial ; los vinculados Javier Orlando Acevedo Beltrán y Carlos Leonardo Hernández; y el accionado departamento de Santander, impugnaron la Sentencia de 9 de febrero de 2023.

a) Yulia Moraima Rodríguez Esteban:

Sostuvo que la Sentencia de la Corte Constitucional SU-213 de 2022 dejó en firme el fallo que anuló la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa como Alcalde de Girón, p ero, además, dejó sin efectos el fallo de reemplazo que había dictado la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cumplimiento de una orden de tutela . En consecuencia, tales determinaciones acarrearon, entre otras, la desaparición de los fundamentos de hecho y derecho y el consecuente decaimiento las Resoluciones No. 23680 del 20 de octubre de 2022 y No. 27040 del 29 de noviembre de 2022. De manera que, según la accionante, no queda debate judicial que deba ser agotado respecto de la legalidad de tales actos ad ministrativos y, por ende, la vigencia del acto de su elección fue indiscutiblemente restablecida.

que, según la accionante, no queda debate judicial que deba ser agotado respecto de la legalidad de tales actos ad ministrativos y, por ende, la vigencia del acto de su elección fue indiscutiblemente restablecida.

Así, afirmó, la única decisión posible en esta sede de tutela es la protección de los derechos conculcados, de manera definitiva y no transitoria como lo dispuso la sentencia impugnada y, por ello , no resulta de recibo la imposición de cargas adicionales como condición para mantener en el tiempo la protección impartida.

b) Javier Orlando Acevedo Beltrán:

Argumentó que la sentencia de primera instancia es incongruente, pues las pruebas aportadas con el escrito de tutela no dan cuenta, ni siquiera sumariamente, de la vulneración de los derechos fundamentales. Indicó que desde el inicio del trámite se advirtió la improcedencia del presente mecanismo constitucional, en la medida que el mismo no reunía los requisitos de inmediatez y subsidiariedad , y el propio a quo hizo alusión a los medios de control con los que contaba la accionante para la finalidad perseguida en la presente acción de amparo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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Añadió que no es admisible que el juez de tutela reviva los términos con los que cuenta el ciudadano para el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes, y que esa es precisamente la consecuencia que se desprende del fallo impugnado, pues se le están otorgando a la accionante 4 meses adicionales para promover el medio de control ordinario contra el acto cuestionado.

es precisamente la consecuencia que se desprende del fallo impugnado, pues se le están otorgando a la accionante 4 meses adicionales para promover el medio de control ordinario contra el acto cuestionado.

Indicó, además, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no era competente para conocer en primera instancia de la presente acción de tutela, en la medida que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su artículo 2.2.3.1.2.1., establece que las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales, y que tal circunstancia no se ve afectada por la vinculación del Tribunal Administrativo de Santander u otra sección del Consejo de Estado al extremo pasivo del proceso, pues, en últimas, la participación de dichas autoridades judiciales es incidental en la medida que las mismas no intervinieron en la expedición del acto administrativo al que se endilga la vulneración de los derechos fundamentales.

c) Carlos Leonardo Hernández

Afirmó que la accionante contaba con un mecanismo de defensa judicial principal para cuestionar lo dispuesto en la Resolución 27040 del 29 de noviembre de 2022 y No. 27040 de 29 de noviembre de 2022 , en este caso la acción electoral, de manera que la procedencia de la presente acción de tutela solo se justificaba por la demostración de un perjuicio irremediable, circunstancia que no aconteció. Reiteró que la acción de amparo es improcedente para cuestionar la legalidad de actos administrativos, pues para ello contaba la accionante con la vía contencioso administrativa.

de un perjuicio irremediable, circunstancia que no aconteció. Reiteró que la acción de amparo es improcedente para cuestionar la legalidad de actos administrativos, pues para ello contaba la accionante con la vía contencioso administrativa.

Con todo, indicó, no existe evidencia probatoria ni argumentación jurídica suficiente para enervar la presunción de legalidad del acto administrativo enjuiciado a través de la presente acción de amparo, máxime cuando el precedente jurisprudencial constitucional ha sido enfático en advertir que la acción de tutela no es procedente para declarar nulos o dejar sin efectos actos administrativos dictados por autoridad competente.

Añadió que la Corte C onstitucional en la Sentencia SU-213 de 2022, a pesar de que dejó en firme la sentencia del 3 de diciembre de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto que contiene la elección del señor Carlos Alberto Román Ochoa como alcalde del municipio de Girón (Santander) para el período constitucional 2020 – 2023, rechazó las peticiones presentadas por la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban, relacionadas con la declaratoria de su condición de alcaldesa del municipio de Girón (Santander) hasta que culmin e el período constitucional 2020 – 2023. Así, prosiguió, el efecto jurídico que se generó con la decisión de la Corte Constitucional fue la falta absoluta del alcalde de Girón, falta que debe ser cubierta conforme lo dispone el artículo 314 de la Constitución Política, esto es, la convocatoria a elecciones atípicas cuando faltaren más de 18 meses para la

debe ser cubierta conforme lo dispone el artículo 314 de la Constitución Política, esto es, la convocatoria a elecciones atípicas cuando faltaren más de 18 meses para la culminación del período constitucional o, como ocurrió en el presente asunto, el nombramiento por parte del Gobernador cuando faltaren menos de 18 meses, afirmó.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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Agregó que si bien es cierto el acto de elección de Yulia Rodríguez es válido, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia SU-213 de 2022, este acto sufrió el fenómeno del decaimiento, y por el hecho de que ello no haya sido declarado no puede decirse que la accionante aún ostente el derecho de ser alcaldesa, pues el decaimiento del acto ocurrió como consecuencia del regreso del Dr. Román en el mes de octubre de 2020.

Argumentó que al proceso en curso debieron haber sido vinculados los partidos y movimientos políticos que hicieron parte de la Coalición Carlos Román Alcalde, para el período 2020-2023, y tal omisión acarrea una vulneración a sus derechos de defensa y contradicción al momento de proferir el fallo de primera instancia.

Por último, a ñadió que la sentencia de primera instancia reviv ió indebidamente los términos que estaban cobijados por el fenómeno de la caducidad de la acción, pues le otorga a la accionante 4 meses para que acuda al medio de control al que debió acudir desde el mes de octubre de 2021.

d) Departamento de Santander:

otorga a la accionante 4 meses para que acuda al medio de control al que debió acudir desde el mes de octubre de 2021.

d) Departamento de Santander:

Indicó en primer lugar que en el asunto que nos ocupa existe una cosa juzgada constitucional, derivada del hecho de que la Corte Constitucional, en sentencia SU213 de 2022, rechazó la solicitud elevada por la aquí accionante respecto de ser proclamada alcaldesa de Girón, de manera que no resulta viable abrir un nuevo debate judicial para discutir esa misma incidencia.

En segundo lugar, afirmó que la accionante omitió acudir a los medios judiciales perentorios y principales con los que contaba para defende r los intereses que ahora son objeto de la acción constitucional de amparo , a través del medio de control de nulidad electoral o del de nulidad y restablecimiento del derecho.

En tercer lugar, señaló que la accionante hizo entrega efectiva del cargo como “alcaldesa saliente” sin encontrarse ejecutoriado el fallo de tutela que dispuso la reincorporación de Carlos Román como Alcalde de Girón, circunstancia que se produjo el 26 de octubre de 2021, esto es, antes de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada en su momento por la Sección Quinta del Consejo de Estado. De esa suerte, añadió, contrario a lo afirmado por el a quo , el caso que nos ocupa sí se presentó una falta absoluta del Alcalde de Girón, lo que obligaba a dar aplicación al procedimiento de designación del respectivo burgomaestre por parte del Gobernador de Santander, como en efecto aconteció . De manera que tal actuación es válida y ajustada al ordenamiento jurídico.

4. El trámite procesal

procedimiento de designación del respectivo burgomaestre por parte del Gobernador de Santander, como en efecto aconteció . De manera que tal actuación es válida y ajustada al ordenamiento jurídico.

4. El trámite procesal

La presente acción de tutela fue interpuesta el 27 de octubre de 2022 y fue admitida por Auto del 22 de noviembre de 2022.

Surtido el trámite correspondiente, e l 9 de febrero de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó sentencia de primera instancia, amparando, transitoriamente,Radicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

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los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, y a elegir y ser elegida.

Inconformes con la decisión del a quo, los señores Yulia Moraima Rodríguez Esteban, por intermedio de apoderado judicial, Javier Orlando Acevedo Beltrán, Carlos Leonardo Hernández y el departamento de Santander impugnaron la Sentencia de 9 de febrero de 2023.

En providencia del 23 de marzo de 2023, la Magistrada Ponente del asunto concedió las impugnaciones presentadas y ordenó la consecuente remisión del expediente a la Secretaría General del Consejo de Estado a efectos de que se surtiera el trámite correspondiente a la segunda instancia.

Repartido el expediente a la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estad o, su conocimiento correspondió a la Sala integrada por los Magistrados Fredy Ibarra Martínez, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata , quienes manifestaron su

su conocimiento correspondió a la Sala integrada por los Magistrados Fredy Ibarra Martínez, Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata , quienes manifestaron su impedimento para conocer del presente asunto, invocando para el efecto la causal prevista en el artículo 56, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal.

Previo el sorteo correspondiente, mediante Auto del 19 de julio de 2023, esta Sala de Conjueces declaró fundados los impedimentos y dispuso, en consecuencia, separar a los señores Consejeros de Estado del presente trámite.

Por Auto del 18 de agosto de 2023, el suscrito Conjuez Ponente decretó una prueba de oficio, necesaria para la adopción de la decisión de mérito correspondiente.

Cumplida la orden contenida en la providencia en mención, el 31 de agosto de 2023 el expediente ingresó a Despacho para proferir la sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sala es competente para conocer y decidir las impugnaciones presentadas contra el fallo de primera instancia proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

Encontrándose el proceso de la referencia en trámite de segunda instancia, el apoderado del departamento de Santander informó sobre la existencia de un proceso contencioso administrativo que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,

2. Cuestión previa

Encontrándose el proceso de la referencia en trámite de segunda instancia, el apoderado del departamento de Santander informó sobre la existencia de un proceso contencioso administrativo que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, cursaba ante el Tribunal Administrativo de Santander, y en el que se discutía la legalidad del acto administrativo por medio del que se designó como Alcalde de Girón al señor Javier Orlando Acevedo Beltrán para la culminación del período constitucionalRadicado: 11001-03-15-000-2022-05676-02

Accionante: Yulia Moraima Rodríguez Esteban

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2020-2023. En concreto, el proceso judicial aludido se identifica con el radicado 680012333000-2023-00006-00 (Acumulado).

En respuesta a dicha manifestación, el apoderado de la accionante allegó escrito que tituló “Contradicción memorial”, afirmando concretamente lo siguiente: “de una ligera lectura del texto de esa decisión del Tribunal c laramente se pueden colegir dos aspectos que el interviniente no considera en su memorial petitorio. El primero que se trata de un fallo de primera instancia respecto del cual no hay nada definitivo en cuanto a lo decidido, que pudiera enervar los efectos de la tutela concedida. Y el segundo que, tanto en el aludido proceso como en el fallo correspondiente, emerge que los temas de legalidad estudiados respecto del acto demandado no están imbricados con el de la protección que se le otorgó a YULIA MORAIMA”.

Revisado el aplicativo SAMAI se observ ó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad electoral radicado con el número

el de la protección que se le otorgó a YULIA MORAIMA”.

Revisado el aplicativo SAMAI se observ ó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad electoral radicado con el número 68001-23-33-000-2023-00006-00 fue objeto de impugnación e ingresó a la Sección Quinta de esta Corporación para ser decidido en segunda instancia, correspondiendo su conocimiento al Despacho de la Doctora Rocío Araujo Oñate.

En orden a lo anterior, se decretó una prueba de oficio tendiente a obtener copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el curso del proceso 68001-23-33-000-2023-00006-01 (Acumulado), en el que obra como demandante FABIAN DIAZ PLATA Y PARTIDO ALIANZA VERD E y