CE - 110010315000202205684011SENTENCIA20230621103723

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2022-05684-01

Demandante: ROGERS EMILIO HERNANDEZ SIERRA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALSENTENCIA DISCIPLINARIA QUE IMPONE SANCION. SE

REVOCA LA DECISIÓN QUE NEGÓ EL AMPARO Y, EN SU

LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE POR EL

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL Y SUBSIDARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante interpuso acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, e n procura de la protección de sus derechos fundamentales constitucionales del debido proceso y defensa que consider ó vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 3 de octubre de 2022 , que confirmó la sanción impuesta en su contra por haber ordenado la devolución de unos dineros incautados. La Sala revocará el fallo que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará improcedente el amparo por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia

que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará improcedente el amparo por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“Primero: Denegar el amparo de los derechos fundamentales deprecado por el señor Rogers Emilio Hernández Sierra, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.”

”

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 24 de octubre de 2022, el señor Rogers Emilio Hernández Sierra promovió proceso de acción de tutela en contra en contra de la decisión de 3 de octubre de 2022 proferida por2

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Demandante: Rogers Emilio Hernández Sierra Acción de tutela – Impugnación fallo

la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso, y, por tanto, se accediera a las siguientes solicitudes:

“TUTELAR a favor de ROGERS EMILIO HERNANDEZ SIERRA , el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO , desconocidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, en consecuencia:

1. Se ordene dejar sin efectos la decisión del 03 de octubre de 2022 de la

Fundamental al DEBIDO PROCESO , desconocidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, en consecuencia:

1. Se ordene dejar sin efectos la decisión del 03 de octubre de 2022 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro del radicado No. 700011102-000-2016-00159-03.

2. Como consecuencia de lo anterior, se Ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, en el término de 48 horas, proceda a proferir una decisión Ajustada a Derecho en el marco del debido proceso , Prescripción, plazo razonable, bajo los lineamientos convencionales y constitucionales.”

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El actor se desempeñaba como Juez Segundo Penal Ambulante de Control de Garantías de Sincelejo y, en cumplimiento de sus funciones, en audiencia de control de garantías de 4 de marzo de 2016 , ordenó la devolución de $487.421.000, los cuales habían sido decomisados por la Policía Nacional al excongresista Jahir Acuña y se encontraban afectados por medida cautelar material de incautación.

1. La decisión de la devolución del dinero antes referido fue apelada por la Fiscalía y en segunda instancia revocada.

1. Con fundamento en tales actuaciones y en virtud de una denuncia anónima por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre inició indagación preliminar en c ontra de varios fiscales de la ciudad y, entre otros, del aquí

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre inició indagación preliminar en c ontra de varios fiscales de la ciudad y, entre otros, del aquí actor por supuestos actos de corrupción para favorecer al ex congresista Jahir Acuña . Asimismo, el 5 de octubre de 2017 se abrió formalmente la investigación en contra del entonces Juez Segundo Penal Ambulante de Sincelejo, Roger Emilio Hernández.

1. Mediante auto de 23 de agosto de 2018, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre le imput ó cargos al hoy actor en los siguientes3

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términos porque presuntamente vulneró el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 e incumplió la ley y la Constitución, en tanto ordenó la entrega del dinero incautado desconociendo que se encontraba afectado con la medida material de incautación.

1. Luego de haber contestado el pliego de cargos, se solicitaron como pruebas i) la práctica de una inspección judicial a las diligencias del SPOA 700016001034201502846; ii) las declaraciones de los participantes de los comités técnicos en la Fiscalía General1 y iii) los testimonios de los funcionarios intervinientes en sede de averiguaciones ; sin embargo, la Comisión solo accedió a recibir las declaraciones de los fiscales que participaron en los comités técnicos . Contra esa decisión se interpuso reposición y, en subsidio, apelación.

embargo, la Comisión solo accedió a recibir las declaraciones de los fiscales que participaron en los comités técnicos . Contra esa decisión se interpuso reposición y, en subsidio, apelación.

1. En auto de 8 de agosto de 2019 se repuso parcialmente el recurso de reposición en lo referente al testimonio del señor Procurador decretándose su recepción y se concedió la apelación contra el auto del 29 de octubre de 2018 en el efecto devolutivo.

1. El 31 de enero de 2020, el superior jerárquico revocó parcialmente esa decisión y, en su lugar, accedió a la inspección del expediente penal, al tiempo que obedeció y cumplió lo resuelto por el superior.

1. Una vez recibidos los testimonios, en audiencia de 10 de septiembre de 2020, el actor solicitó como prueba que se incorporaran las actas de los Comités Técnicos Jurídicos realizados en la Fiscalía General de la Nación, solicitud que fue negada por la Comisión Seccional de Sucre, decisión que el actor apeló, no obstante, el recurso fue rechazado.

1. El actor presentó recurso de queja2 contra esta decisión -el cual fue resuelto en la sentencia (párr. 10)- y, adicionalmente, en los alegatos de conclusión solicitó la nulidad, pues, en su criterio, hasta tanto no se resolviera la queja, los alegatos no podían adelantarse.

1 Declaraciones de i) El Fiscal Cuarto Especializado de Sincelejo y ii) El Procurador 168 Judicial II de Sincelejo. 2 La cual fue resuelta en la Sentencia atacada.4

adelantarse.

1 Declaraciones de i) El Fiscal Cuarto Especializado de Sincelejo y ii) El Procurador 168 Judicial II de Sincelejo. 2 La cual fue resuelta en la Sentencia atacada.4

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05684-01

Demandante: Rogers Emilio Hernández Sierra Acción de tutela – Impugnación fallo

1. El 23 de abril de 2021, el Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Sucre declaró disciplinariamente responsable al señor Hernández Sierra y le impuso sanción 3 de suspensión en el ejercicio del deber funcional e inhabilidad especial por ese mismo término, sanción que fue modificada en dos meses de salario devengados para el año 2016 porque para la época el actor ya no era juez. Sobre el recurso de queja indicó que “los artículos 117 y 118 del CDU Ley 734 de 2002 no establecen que el recurso de queja se concede en el efecto suspensivo… Lo anterior permite concluir a la sala que ninguna nulidad se genera al proferirse la presente sentencia e stando pendiente por resolver el recurso de queja por el superior jerárquico”.

1. Esa decisión fue apelada por el actor con fundamento en que la orden de devolución de los dineros se efectuó antes de cumplirse los 6 meses y, según el artículo 88 de la Ley 906 de 2004, este término se refiere al tiempo mínimo que debe soportar el afectado por la retención de sus bienes mientras la fiscalía investiga, situación que bajo la ex égesis de la norma es el término que no se puede superar.

1. Asimismo, argumentó una falsa motivación en la interpretación probatoria, haciendo

la retención de sus bienes mientras la fiscalía investiga, situación que bajo la ex égesis de la norma es el término que no se puede superar.

1. Asimismo, argumentó una falsa motivación en la interpretación probatoria, haciendo referencia a todos los elementos materiales probatorios que lo llevaron a tomar la decisión de la devolución, pruebas que, en su parecer, no fueron tomadas en consideración para la toma de la decisión. Finalmente, manifestó que la alusión a la sentencia C-591 de 2014 efectuada por la primera instancia fue sesgada y malinterpretada.

1. El 3 de octubre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia de segunda instancia declaró bien negado el recurso de apelación que se había

3 PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al doctor ROGERS EMILIO HERNÁNDEZ SIERRA en su condición de Juez Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías por haber consumado falta disciplinaria conforme lo establece el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por haber vulnerado el deber funcional consagrado en el numeral 1.° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 por incumplimiento de la ley al ordenar en la audien cia del 4 de marzo del año 2016 e n el proceso penal radicado con el núm. 2015-02846 la entrega del dinero desconociendo que se encontraba afectado con la medida material de incautación como lo determina el artículo 83 del CPP, por haberse dado el derecho de propiedad en condición de fundamental de manera general abstracta en contra de los reglado en la Sentencia C-591 de 2014 y por haber ordenado la entrega del dinero antes del término que la ley establece

propiedad en condición de fundamental de manera general abstracta en contra de los reglado en la Sentencia C-591 de 2014 y por haber ordenado la entrega del dinero antes del término que la ley establece en el artículo 88 del CPP , falta calificada como GRAVE DOLOSA, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se impone como sanción al doctor HERNÁNDEZ SIERRA, dos (2) meses de suspensión en el ej ercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo térmi no, de conformidad con lo reglado en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Como es de conocimiento de esta Sala que el doctor HERNÁNDEZ SIERRA en la actualidad no se encuentra ejerciendo como Juez Segu ndo Penal Municipal, la sanción impuesta consistente en dos (2) meses de suspensión, deberá convertirse en salarios, esto es, en 2 meses de salarios devengados para el año 2016. – Documento Original Aplicativo Samai - Sentencia Primera Instancia 11001 03 15 000 2022

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presentado ante la negativa del decret o y práctica de las pruebas solicitadas, negó la nulidad planteada por la defensa y confirmó el fallo proferido por el a quo mediante el cual se declaró la responsabilidad disciplinaria del actor.

3. El fundamento de la vulneración

El actor consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto incurrieron en los siguientes defectos:

Defecto fáctico

3. El fundamento de la vulneración

El actor consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto incurrieron en los siguientes defectos:

Defecto fáctico

Se vulneró el derecho de defensa por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al estudiar la solicitud de pruebas realizada por el defensor manifestó erradamente que se presentó de forma posterior a los descargos presentados, lo que derivó en la negativa a contar con tales probanzas en el proceso porque presuntamente había la oportunidad de aportar pruebas por parte de la defensa.

A juicio del actor, no es cierto que hubiese solicitado tales pruebas fuera de las oportunidades previstas para tales efectos “toda vez que las pruebas concernientes a tener los elementos para surtir los interrogatorios a las Doctoras Luz Mila Santis y Dunia Herrera, fueron solicitadas en la oportunidad correspondiente, pero nunca se arrimaron al proceso, de allí, que estando en curso de los correspondientes interrogatorios en la audiencia de Juzgamiento, el apoderado reiter ó la necesidad de las mismas documentales, que fueron negadas por el Disciplinado de turno y que efectivamente fueron negadas, lo que llevó a interponer el recurso de queja”.

Se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso, toda vez que en la sentencia cuestionada se interpretó de forma errónea y sesgada la sentencia C-591 de 2014, pues, en su criterio, los argumentos de dicha providencia son “precisiones que hizo la Co rte sobre el precepto demandado A rtículo 88 de la Ley 906 de 2004 y su ámbito de aplicación”, por lo cual es forzoso el argumento que sustentó la sanción disciplinaria con

sobre el precepto demandado A rtículo 88 de la Ley 906 de 2004 y su ámbito de aplicación”, por lo cual es forzoso el argumento que sustentó la sanción disciplinaria con normas que terminan siendo parte de lo que con posterioridad derogó la Corte Constitucional.

Concluyó que la solicitud de devolución debe ser presentada en un término que no supere los 6 meses por cualquiera que tenga derecho a recibirlos, es decir, el interesado cuenta6

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con un término de 6 meses contados desde el momento en que son retenidos los recursos para solicitarlos y si dicho término fenece la norma no permite la devolución.

Finalmente, indicó que su actuación estuvo ajustada en derecho y que podía realizar la devolución de los bienes a quien tuviera el derecho a recibirlos durante ese término.

Defecto sustantivo

Manifestó que se configuró la prescripción según lo estipulado en el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que transcurrieron más 5 años desde la consumación de la supuesta conducta que fue objeto de investigación.

Para ello, indicó que dicho fenómeno extintivo debió declararse de conformidad con lo dispuesto en las sentencias C-416 de 2002 y SU 433 de 2020.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 1 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandada y los comisionó para que de acuerdo a la información que reposara en el

Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandada y los comisionó para que de acuerdo a la información que reposara en el expediente, notificaran el trámite constitucional a todas las personas que intervi nieron dentro de la investigación disciplinaria con radicado 70001 -11-02-000-2016-00159-02, con el fin de que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de noviembre de 2022 denegó el amparo de los derechos fundamentales solicitados por el accionante.

Respecto a la vulneración del derecho de defensa el a quo evidenció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió de forma correcta el recurso de queja para estimar bien rechazado el recurso de apelación , pues se comprobó que la solicitud de pruebas fue realizada cuando al efecto ya se había precluido la oportunidad procesal al tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002.7

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De igual forma, frente al reparo del accionante relacionado con que se debía suspender el proceso hasta tanto no se resolviera el recurso de queja, el a quo estuvo de acuerdo con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en que la presentación de dicho recurso no suspendía el proceso y que “una interpretación contraria permitiría que el recurso de queja se convierta en una estrategia procesal, a efectos de suspender el proceso y la

con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en que la presentación de dicho recurso no suspendía el proceso y que “una interpretación contraria permitiría que el recurso de queja se convierta en una estrategia procesal, a efectos de suspender el proceso y la posibilidad de su continuidad por el a quo, pues ante cualquier etapa y sin importar el estado de la actuación, se le dotaría su concesión bajo un efecto suspensivo, que no fue consagrado por el legislador con el fin de afectar la celeridad y eficacia del proceso”.

En lo referente a la vulneración al debido proceso consideró que dichos reparos fueron los mismos planteados de manera expresa en el recurso de apelación con el fin de determinar si el deber funcional del disciplinado, que para la época de los hechos se desempeñaba como juez de control de garantías, se ajustó a la ley estatutaria de administración de justicia y al principio del estricto apego a la ley que reviste a las decisiones proferidas por las autoridades judiciales.

Por lo anterior , evidenció que con la acción de tutela se pretende desconocer la autonomía e independencia del juez natural e imponer una instancia adicional con el fin de revivir la discusión jurídica decidida , sin perjuicio de lo cual negó la existencia de los defectos invocados.

Sobre el defecto sustantivo indicó que la Ley 1123 de 2007 le es aplicable a los profesionales del derecho, pero como el accionante para la época de los hechos era juez le aplicaba la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, como efectivamente se hizo.

En todo caso, indicó que la acción no estaba prescrita porque no había transcurrido el

le aplicaba la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, como efectivamente se hizo.

En todo caso, indicó que la acción no estaba prescrita porque no había transcurrido el término de 5 años, contrario a lo que pretendía demostrar el actor.

6. Impugnación La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido en auto de 18 de enero de 2023.

Refirió no estar de acuerdo con la decisión impugnada porque, en síntesis:

La decisión no se ajustó a la realidad cuando indicó que “se comprobó que la solicitud de las pruebas fue rechazada cuando en efecto ya se había precluido la oportunidad8

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procesal , tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de la ley 734 de 2022 vigente para la época de los hechos” , pues de la revisión del expediente de primera instancia se demuestra que se solicitaron en su momento procesal

De igual manera, manifestó que no se trata de interferir en la órbita de autonomía del juez ya que no busca provocar un nuevo pronunciamiento, sino una revisión del debido proceso, pues se dieron por ciertas situaciones, argumentos y hechos que no se encontraban demostrados.

Por otro lado, también pidió que se aplicara el precedente constitucional contenido en la sentencia T -450 de 2018 -que había sido invocado en su intervención en primera instancia por su defensor de oficio en el proceso disciplinar io y que fue vinculado como

Por otro lado, también pidió que se aplicara el precedente constitucional contenido en la sentencia T -450 de 2018 -que había sido invocado en su intervención en primera instancia por su defensor de oficio en el proceso disciplinar io y que fue vinculado como tercero con interésque obliga al juez disciplinario a demostrar la existencia de un daño consumado para tener por demostrada la existencia de una falta disciplinaria.

Finalmente, reiter ó que en este caso , pese a que la orden de devolver los dineros al investigado efectivamente se adoptó, lo cierto es que los recursos nunca se le entregaron, es decir, el daño no se consumó.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los9

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los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los9

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procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se ampare los derechos fundamentales de defensa y debido proceso del señor Rogers Emilio Hernández Sierra , presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el de 3 de octubre de 2022, por cuanto, a su juicio , incurrió en los defectos fácticos y sustantivos.

En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, si bien reconoció que el interés de la parte actora era volver sobre la discusión de instancia con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento que le resulte favorable a sus intereses, negó las pretensiones de la acción de tutela.

Lo anterior, por cuanto no se configuraron los defectos fáctico y sustantivo alegados por el actor, pues, por un lado, hubo una valoración de las pruebas razonables y, por el otro, los argumentos referidos a que conforme al artículo 88 de Ley 906 de 2004, e n su

el actor, pues, por un lado, hubo una valoración de las pruebas razonables y, por el otro, los argumentos referidos a que conforme al artículo 88 de Ley 906 de 2004, e n su condición de juez de control de garantías, tenía la obligación legal de devolver los dineros incautados dentro de los seis meses señalados en la norma y así lo hizo “ fueron atendidos de manera expresa en el recurso de apelación, los que se remiten a la presunta ilicitud sustancial o a lo que él denominó «falsa motivación probatoria»”.

Además, indicó que lo propio ocurrió respecto del defecto sustantivo porque al actor le era aplicable el Código único Disciplinario dada su condición de juez y, en todo caso, la acción no estaba prescrita.

En el escrito de impugnación la parte demandante indicó que no hubo por parte del juez de primera instancia pronunciamiento alguno sobre el número limitado de pruebas y la ausencia de la prueba documental del expediente de la Fiscalía y, asimismo, indicó que10

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el juez disciplinario estaba en la necesidad de comprobar la efectiva consumación de un daño a la administración de justicia en cumplimiento de la sentencia T -450 de 2018, lo cual no ocurrió.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela para, en su lugar, declarar su improcedencia por el incumplimiento de los requisitos de relevancia

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela para, en su lugar, declarar su improcedencia por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:

1. El actor invocó la existencia de un defecto fáctico y un defecto sustantivo por que se denegó el decreto y práctica de unas pruebas, y no se tuvo en cuenta que como lo planteó a lo largo del proceso e inclusive en el recurso de queja esas pruebas resultaban determinantes para adoptar la decisión, sin perjuicio de lo cual se concluyó que la solicitud probatoria presuntamente fue extemporánea.

1. Asimismo, indicó que la acción disciplinaria se encontraba prescrita y que en su asunto se aplicó el Código Único Disciplinario cuando debió aplicársele la Ley 1123 de 2007.

1. No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en la sentencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de 3 de octubre de 2022.

1. En efecto, en sus diferentes intervenciones y recursos en el proceso ordinario el actor pretendió que se declarara la violación de su derecho fundamental del debido proceso sobre las pruebas que fueron negadas y que llevaron a la interposición de la queja , al tiempo que insistió en que estas fueron pedidas oportunamente, así:

“Toda vez que las pruebas concernientes a tener los elementos para surt ir

sobre las pruebas que fueron negadas y que llevaron a la interposición de la queja , al tiempo que insistió en que estas fueron pedidas oportunamente, así:

“Toda vez que las pruebas concernientes a tener los elementos para surt ir los interrogatorios a las Doctoras Luz Milas Santis y Dunia Herrera, fueron solicitadas en la oportunidad co rrespondiente, pero nunca se arrimaron al proceso, de allí, estando en curso de los correspondientes interrogatorios en la audiencia de Juzgamiento, el apoderado reiteró la necesidad de las mismas documentales, que fueron negadas por el Disciplinado de turno y que efectivamente fueron negadas, lo que llevó a interponer el recurso de queja. En su momento y pertinencia se solicita el expediente, no se allega y cuando se echa de menos se procede a negar la prueba como si fuese nueva. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).11

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1. Por su parte, en sentencia del 3 de octubre de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió tales argumentos en los siguientes términos:

“Así, frente al recurso de queja interpuesto, debe decirse que , en la audiencia 10 de septiembre de 20202, el defensor del disciplinable solicitó como prueba que se incorporaran las actas de los Comités Técnicos Jurídicos realizados al interior de la Fiscalía General de la Nación solicitud probatoria que fue negada por la seccional, ante lo cual la defensa interpuso recurso de apelación, el cual no fue concedido, lo que generó que la defensa presentara recurso de

interior de la Fiscalía General de la Nación solicitud probatoria que fue negada por la seccional, ante lo cual la defensa interpuso recurso de apelación, el cual no fue concedido, lo que generó que la defensa presentara recurso de queja contra la decisión que niega el recurso de alzada.

En este sentido, de entrada, esta corporación coincide con los argumentos expuesto por la primera instancia al denegar el recurso de apelación , y para ello, basta con indicar que el artículo 115 de la ley 734 de 2002 mencionó de forma expresa cuáles son las providencias sobre las que procede el recurso de apelación (…)

Conforme a lo estudiado en el expediente, la solicitud de pruebas realizada por el defensor fue posterior a los descargos presentados al despacho el 01 de octubre de 2018, esto, es cuando ya se había cerrado la oportunidad de aportar pruebas por parte de la defensa. En este sentido, al no negársele una prueba solicitada en el escrito de descargos, no era procedente conocer el recurso de apelación, pues de lo contrario se avalaría que la defensa, sin importar el momento procesal, solicitara pruebas y sometiera cada una de sus solicitudes a debates en segunda instancia, lo cual no es armónico con lo ordenado por el legislador. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

1. Igualmente, como lo puso de presente el a quo constitucional, los argumentos referidos a tales medios probatorios fueron resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión de la solicitud de nulidad elevada en los alegatos de conclusión por no haberse resuelto el recurso de queja que previamente había

referidos a tales medios probatorios fueron resueltos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con ocasión de la solicitud de nulidad elev