CE - 110010315000202205707011SENTENCIA20230306120233

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: WILLIAM ESCOBAR SÁNCHEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS J UDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 202 2, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado , por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 27 de octubre de 2022 1, el señor William Escobar Sánchez , por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad 2, con ocasión de la

apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad 2, con ocasión de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-2018-00532-01. Formuló las siguientes pretensiones:

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 17 de enero de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La parte actora también solicit a la protección de las garantías de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

2

[…] SE ORDENE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES vulnerados por las actuaciones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”.

En virtud de ello solicito con el mayor de los respetos que por medio de orden judicial peren toria se ordene al accionado proceda a dictar sentencia de reemplazo en sede de apelación, sentencia en la cual no puede exigirse al demandado el requisito IMPOSIBLE de contar con 1000 semanas de cotización especial antes del 28 de julio de 2003

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

especial antes del 28 de julio de 2003

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor William Escobar Sánchez se desempeñó como juez penal del circuito entre el 18 de octubre de 1988 y el 30 de octubre de 2004, cargo en el que completó 824,71 semanas de cotización; y, posteriormente, trabajó como procurador judicial II penal, entre el 1 º de noviembre de 2004 y el 29 de noviembre de 2010 , lo que equivale a 312,71 semanas adicionales, para un total de 1137 semanas.

Para el 28 de julio de 2003 , fecha de entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, que suprimió el ejercicio de los cargos de juez penal y procurador delegado en lo penal como actividades de alto riesgo, el demandante tenía más de 760 semanas cotizadas como juez penal.

El actor presentó reclamación a Colpensiones para que le fuera reconocida la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1835 de 1994, aplicable por vía de la transición establecida en el Decreto 2090 de 2003; no obstante, la petición fue negada porque la entidad consideró que no e ra beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, requisito establecido en el artículo 6 del referido Decreto 2090 de 2003.

Inconforme con ello, el señor Escobar Sánchez instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se ordenara judicialmente el reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo.

Inconforme con ello, el señor Escobar Sánchez instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se ordenara judicialmente el reconocimiento de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo.

El Juzgado 15 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 24 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue confirmada por el TribunalRadicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

3 Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en providencia del 7 de octubre de 2021, notificada el 12 de agosto de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución , puesto que sobre el tema en discusión exist en «varios pronunciamientos del Consejo de Estado» que, de haber se aplicado, eran suficientes para variar el sentido de la decisión.

Señaló que la interpretación y los criterios aplicados por el Tribunal son inconstitucionales por ser «abiertamente desfavorables en materia pensional y laboral», amén de que contradicen los postulados de la Corte Constitucional e imponen requisitos desproporcionales, irracionales e imposibles de cumplir.

De otra parte, explicó que el Decreto 1835 de 1994 reguló algunas actividades como de alto riesgo, dentro de las cuales incluyó los cargos de juez penal y procurador

imponen requisitos desproporcionales, irracionales e imposibles de cumplir.

De otra parte, explicó que el Decreto 1835 de 1994 reguló algunas actividades como de alto riesgo, dentro de las cuales incluyó los cargos de juez penal y procurador delegado en lo penal, que el demandante ocupó desde el 18 de octubre de 1988 hasta el 29 de noviembre de 2010, cuando se retiró del Ministerio Público

Que el artículo 5 del mencionado decreto estableció como requisito para obtener la pensión de vejez : desempeñar el empleo de alto riesgo durante el menos 1000 semanas y cumplir 55 años de edad; sin embargo, el Decreto 2090 de 2003 cambió las reglas y excluyó los mencionados cargos de las actividades riesgosas, pero protegió a quienes ya venían prestando ese servicio, al consagrar un régimen de transición que exigía contar con al menos 500 semanas de cotización especial en dichas actividades, para la fecha en que entró en vigor, al igual que los requisitos especiales previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Adujo que este último condicionamiento —cumplir los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993— ha sido descartado por el Consejo de Estado, pues desde la sentencia d el 12 de junio de 2014 (radicado 2012 -00100-01) inaplicó dicha exigencia por considerarla excesiva y desproporcionada.

Cuestionó que la sentencia de primera instancia concluyera que perdió el derecho a la pensión de vejez del régimen de alto riesgo por haberse trasladado al régimen

exigencia por considerarla excesiva y desproporcionada.

Cuestionó que la sentencia de primera instancia concluyera que perdió el derecho a la pensión de vejez del régimen de alto riesgo por haberse trasladado al régimen de ahorro individual durante 355 semanas, tesis contraria a la de las sentencias C-Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 4 633 de 2007 y C-030 de 2009, que permitieron el retorno al régimen de prima media con prestación defi nida, como fue corroborado por la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia.

Con todo y esa precisión, el Tribunal consideró que no se acreditaron 1000 semanas de cotizaciones especiales, pese a que se acumularon más de 1137 semanas en actividades que habían sido consideradas de alto riesgo; y dicha exigencia no es una condición de cumplimiento del derecho sino de la transición, según lo estableció la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 2020 (rad. 88001-23-33-000-2013-00073-01).

Agregó que la interpretación del Tribunal, según la cual se de ben acreditar 1000 semanas de cotizaci ones especiales antes del 28 de julio de 2003, es un despropósito, dado que después de es a fecha la actividad los cargos ocupados dejaron de ser de alto riesgo, por ende , no existen cotizaciones especiales adicionales.

En su criterio, lo anterior desconoce que la Corte Constitucional, en la sentencia Cdespropósito, dado que después de es a fecha la actividad los cargos ocupados dejaron de ser de alto riesgo, por ende , no existen cotizaciones especiales adicionales.

En su criterio, lo anterior desconoce que la Corte Constitucional, en la sentencia C663 de 2007 , afirmó que lo importante no era tener las semanas d e cotización especial sino el servicio prestado, pues para la Corte es claro que nadie estaría en capacidad de completar más de 500 semanas de cotización especial antes del 28 de julio de 2003; por ende, resulta más que desproporcionado que el Tribunal exija 1000 semanas de cotizaci ón especial . De aceptarse esa tesis, l a transici ón resultaría inaplicable a todos los casos de la jurisdicción penal porque nadie podrá demostrar cotizaciones especiales después del 28 de julio de 2003, en razón a que a partir de esa fecha las actividades desarrolladas por jueces y procurador es penales dejaron de considerarse como de alto riesgo.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 28 de octubre de 202 2, la Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio de la magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A ; (ii) ordenó vincular a Colpensiones y al Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, como terceros con interés, y (iii) dispuso que fueran notificados , a fin de que rindieran el informe correspondiente. 2.1. Colpensiones sostuvo que la tutela no era el mecanismo adecuad o para

interés, y (iii) dispuso que fueran notificados , a fin de que rindieran el informe correspondiente. 2.1. Colpensiones sostuvo que la tutela no era el mecanismo adecuad o para obtener el derecho reclamado, dado que no podía convertirse en una «terceraRadicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 5 instancia» para analizar el litigio objeto de debate . Por tal razón, solicitó que se declarara improcedente.

2.2. La titular del Juzgado Quince Administrativo de Bogotá explicó que en la sentencia proferida por su despacho se hizo un análisis normativo y jurisprudencial que determinó que a la parte actora no le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por actividad de alto riesgo, y que dicha decisión fue objeto de apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que a la fecha hubiese retornado el expediente.

2.3. El Magistrado ponente de la decisión cuestionada presentó informe en el que sostuvo que la tutela no cumple el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia dictada el 10 de octubre de 2021 fue notificada el 29 de enero de 2022, y la tutela se radicó el 28 de octubre de 2022, más de 9 meses después.

De otra parte, dijo que de resultar procedente la acción de tutela, debían negarse las pretensiones puesto que la providencia acogió la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso.

De otra parte, dijo que de resultar procedente la acción de tutela, debían negarse las pretensiones puesto que la providencia acogió la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso.

Que, además, en el proceso se tuvo en cuenta las labores del demandante como juez penal desde el 18 de octubre de 1988 y como procurador hasta el 29 de noviembre de 2010, en las cuales acumu ló 760 semanas en cargos de alto riesgo hasta el 28 de julio de 2003 . De manera que sí era beneficiario del régimen de transición y de las disposiciones del Decreto 1835 de 1994 ; no obstante, pudo concluirse que no contaba con el requisito de 1000 semanas de cotizaciones especiales, por lo que no podía acceder a la prestación solicitada, tal y como fue definido en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió un caso similar.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera de esta Corporación, mediante fallo del 24 de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo.

En síntesis, e l a quo sostuvo que la tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, puesto que las inconform idades de la parte actora respecto de la sentencia provenían de un desacuerdo en la interpretación de las normas yRadicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 6 jurisprudencia aplicables al caso, sin que ello significara que la decisión

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 6 jurisprudencia aplicables al caso, sin que ello significara que la decisión cuestionada fuera irracional, caprichosa o arbitraria.

Lo anterior con apoyo en que el Tribunal «fundamentó su decisión en las pruebas obrantes en el expediente, en las normas y en la jurisprudencia aplicable al asunto, para lo cual concluyó que el actor no cumplió con las 1000 semanas de cotizaciones especiales, tal como establece el artículo 5º del Decreto 1835 de 1994, por lo que no había lugar a acceder a las pretensiones».

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión. Consideró que se está frente a un derecho pensional de naturaleza fundamental, circunstancia suficiente «para superar aquella barrera de la trascendencia constitucional del debate»; además, porque no pretendía crear una nueva instancia de discusión de judicial, ni plantear una dicotomía entre la interpretación del demandante y la del Tribunal sino constatar que la decisión acusada está en contravía de la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, circunstancia que revist e importancia constitucional, en virtud del derecho a la igualdad.

Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremedia ble y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

7 En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin em bargo, a partir del año 20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten su revisión permanente y a perpetuidad.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra

judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten su revisión permanente y a perpetuidad.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones pr oferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del debe r del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

8 Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto susta ntivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada

violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra provide ncias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que laRadicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 9 tutela n o se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos4, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los re quisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la

la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 24 de noviembre de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación , se examinará si el a quo acertó al descartar el requisito de relevancia constitucional. De darse una respuesta positiva, habrá de confirmarse la decisión; en caso contrario y de cumplirse los demás requisitos generales de proce dencia, se definirá si deben ampararse o no los derechos fundamentales, previo análisis de los defectos de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución endilgados a la sentencia que definió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 1100133-35-015-2018-00372-01.

precedente y violación directa de la Constitución endilgados a la sentencia que definió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 1100133-35-015-2018-00372-01.

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia

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3. Análisis de la Sala

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 5, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para e llo «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 6 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

5 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05707-01

Demandante: William Escobar Sánchez

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A Sentencia de tutela de segunda instancia 11 juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

 Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Sea lo primero precisar, que no se analizarán los reparos de la par te actora frente a la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Quince Administrativo en el proceso ordinario, toda vez que el litigio quedó definido por cuenta de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ahora bien, en lo que concierne a los cargos propuestos en la tutela según los cuales la providencia del Tribunal incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, la Sala coincide con la Sección Primera de esta Corporación en cuanto a que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la parte demandante pretenden abrir un escenario de instancia adicional a las contempladas para el proceso ordinario y comportan un debate de orden legal respecto de la interpretación adoptada por el Tribunal.

relevancia constitucional, toda vez que los argumentos de la parte demandante pretenden abrir un escenario de instancia adicional a las contempladas para el pro