CE - 110010315000202205731011SENTENCIA20230410105846
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202205731011SENTENCIA20230410105846
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05731-01
Accionante: TOMÁS ANTONIO OLMOS ARAUJO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y
OTROS
Tema: Tutela contra providencias judiciales / derecho fundamental a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administración de justicia, derechos de los niños, niñas y adolescentes, salud y reparación integral / proceso ejecutivo / defectos sustantivo y fáctico / liquidación de condena en abstracto
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante, actuando a través de apoderado1, en contra de la sentencia de 30 de enero de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, que negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Tomás Antonio Olmos Araujo y Sandra Marcela Escorcia Vargas, quienes actúan en nombre propio y en
Segunda – Subsección B, que negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Tomás Antonio Olmos Araujo y Sandra Marcela Escorcia Vargas, quienes actúan en nombre propio y en representación de las menores Sheilin Nicoll y Sharitn Nicoll; Tomás
1 El abogado Eduardo Hugo Sarmiento Parra.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Antonio Olmos Berdugo, Ninibeth Araújo Carrillo, José Manuel Escorcia Araújo e Iveth Vargas Meza contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administración de justicia, derechos de los niños, niñas y adolescentes, salud y reparación integral se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de reparación directa en contra del municipio de Sabanalarga, Atlántico, con el fin que se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por las lesiones causadas al señor Tomás Antonio Olmos Araujo y a la menor Sheilin Nicoll por los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2013.
declarara patrimonial y administrativamente responsables por las lesiones causadas al señor Tomás Antonio Olmos Araujo y a la menor Sheilin Nicoll por los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2013.
El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia de 29 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico que, por medio de providencia de 18 de septiembre de 2020, revocó lo fallado en primera instancia y, en su lugar, accedió a lo pretendido.
Requerido el pago de las condenas ante el municipio de Sabanalarga, Atlántico, y transcurrido el plazo concedido para el mismo, el 14 de julioAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 de 2022 la parte accionante presentó demanda ejecutiva con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor y en contra de la entidad condenada por la falta de pago de la sentencia base de recaudo.
Mediante auto del 22 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla negó el mandamiento ejecutivo de pago por tratarse de una condena en
Mediante auto del 22 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla negó el mandamiento ejecutivo de pago por tratarse de una condena en abstracto. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico a través de providencia de 5 de octubre de 2022.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo al supeditar la decisión de librar mandamiento de pago a la terminación del trámite incidental de la condena en abstracto contenida en la sentencia base de recaudo, incurriendo en indebida interpretación del artículo 306 del CGP, pues, según su dicho, dicha normativa no establece que se deba esperar la liquidación de las condenas hechas en abstracto para adelantar la ejecución de la sentencia.
Asimismo, indica que existe un defecto fáctico por la indebida valoración probatoria de los documentos aportados al proceso ejecutivo, así como por el desconocimiento de las condiciones de debilidad manifiesta de las menores Sheilin Nicoll y Sharitn Nicoll.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 « 1. Solicito al honorable consejo de Estado, proteger los derechos fundamentales de los accionantes.
2. Ordenar a los Señores magistrados del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, y al Señor JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, que en el término de 48 horas, dicten las respectivas providencias con las cuales revoquen en su orden el auto de fecha Octubre 5 de 2022 y el adiado Agosto 22 de 2022.
3 . Ordenar al Señor JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, que en el término de diez (10) debe proferir el mandamiento de pago.
4. Ordenar a la procuraduría general de la nación, que por sí misma o a través de un procurador delegado especial, ejerza sobre este proceso una vigilancia especial, encaminada a la protección de los derechos fundamentales de los accionantes, en especial los de las dos menores: SHEILIN NICOLL y SHARITH NICOLL OLMOS ESCORCIA, de 14 y 10 años, habida cuenta que la primera de ellas, requiere de la práctica de cirugías estéticas para borrar las cicatrices dejadas por las quemaduras en su rostro, que sufrió por responsabilidad del ente territorial. Las mencionadas intervenciones quirúrgicas que requiere la menor, son de vital importancia, ya que
práctica de cirugías estéticas para borrar las cicatrices dejadas por las quemaduras en su rostro, que sufrió por responsabilidad del ente territorial. Las mencionadas intervenciones quirúrgicas que requiere la menor, son de vital importancia, ya que se ha visto afectada en su auto estima, en la actualidad es una adolecente de 14 años, a quien no le gusta la apariencia de su rostro quemado.
5. Que se le imponga a todos los accionados, la obligación de continuar y lleva r hasta su terminación el mencionado proceso, observando sin ninguna dilación, los términos judiciales establecidos en el Art. 120 del código general del proceso.
6. Condenar en costas y perjuicios a los accionados, los cuales se demostrarán y cuantificara, mediante trámite incidental». (sic en toda la cita).
4. INFORMES
Mediante auto de 9 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla como accionados y al municipio de Sabanalarga, Atlántico y a laAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 Procuraduría General de la Nación como terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
4.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico , por medio de l magistrado ponente de la decisión cuestionada, rindió informe en el que solicitó que se niegue la tutela porque el auto del 5 de octubre de 2022, por medio del cual confirmó el de 22 de agosto de la misma anualidad, se encuentra ampliamente fundamentado en argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales que respaldan la juridicidad de la decisión.
Explicó que la sentencia de segunda instancia del 18 de septiembre de 2020 allegada como título de ejecución, contiene una condena en abstracto o in genere; sin embargo, aún no se encuentran liquidados los perjuicios ordenados en ella. Anotó que a los accionantes no se les ha vulnerado el acceso a la administración de justicia, toda vez que ante el juez de primera instancia se encuentra en trámite el incidente de liquidación de perjuicios. En consecuencia, una vez se decida ese trámite el a quo examinará si hay lugar o no a librar mandamiento de pago.
4.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla allegó el enlace electrónico donde obran las actuaciones
trámite el a quo examinará si hay lugar o no a librar mandamiento de pago.
4.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla allegó el enlace electrónico donde obran las actuaciones que realizó ese despacho judicial en el proceso ejecutivo radicado núm. 08001-33-33-001-2014-00446-00.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 4.3. Las demás partes guardaron silencio.
5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, a través de sentencia de 30 de enero de 2023, negó el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte accionante en contra del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico.
Expuso que la autoridad judicial, al resolver el caso concreto, no desconoció el contenido de los artículos 422 y 430 del Código General del Proceso ni el debido proceso de los ejecutantes. Ello porque la última norma determina que el juez solo podrá librar mandamiento de pago cuando se presente la demanda con el respectivo acompañamiento del documento que preste mérito ejecutivo que constituye en los requisitos de forma y de fondo del título ejecutivo, el
última norma determina que el juez solo podrá librar mandamiento de pago cuando se presente la demanda con el respectivo acompañamiento del documento que preste mérito ejecutivo que constituye en los requisitos de forma y de fondo del título ejecutivo, el cual no se encuentra constituido porq ue está pendiente de resolver el incidente de liquidación de perjuicios.
Señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico sustentó su decisión en las normas aplicables al asunto sin que se evidencie una interpretación contraria de aquellas, en el entendido en que de lo aportado con la demanda ejecutiva se pudo determinar que aún se encontraba pendiente de liquidar la condena en abstracto contenida en el título base de ejecución, en consecuencia, la obligación no resultaba clara y expresa, razón por la cual no había lugar a librar el mandamiento de pago solicitado.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
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6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la acción de tutela.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente controversia.
II. CONSIDERACIONES
acción de tutela.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto» 2.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:
2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará, conforme a los argumentos de impugnación formulados contra la
8 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará, conforme a los argumentos de impugnación formulados contra la sentencia de primera instancia, si:
¿El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la expedición de las providencias de 22 de agosto y 5 de octubre de 2022 que negaron el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 0800133-33-001-2014-00446-00, incurrieron en un defecto sustantivo y fáctico y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administración de justicia, derechos de los niños, niñas y adolescentes, salud y reparación integral de la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) el defecto sustantivo y v) el caso concreto.
3. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
4 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 1100103-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 0 hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la última de lasAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05731 -01
Acci onante: Tom ás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 1 providencias cuestionadas se dictó el 5 de octubre de 2022 y la acción de tutela se presentó el 28 de octubre de 2022.
3.1.3. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un defecto fáctico y sustantivo en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales demandadas.
3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, com prende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
5 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05731 -01
Acci onante: Tom ás Antonio Olmos Araujo y otros
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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 2 resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales 8, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situació n fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicad a se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»9.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no sist émica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
8 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 9 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2022 -05731 -01
Acci onante: Tom ás Antonio Olmos Araujo y otros
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Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
la Constitución»10.
Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente11.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 30 de enero de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Tomás Antonio Olmos Araujo y Sandra Marcela Escorcia Vargas, quienes actúan en nombre propio y en representación de las menores Sheilin Nicoll y Sharitn Nicoll; Tomás Antonio Olmos Berdugo, Ninibeth Araújo Carrillo, José Manuel Escorcia Araújo e Iveth Vargas Meza cont ra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Los demandantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, acceso a la administración de justicia, derechos de los niños, niñas y adolescentes, salud y reparación integral, con ocasión de la expedición de las providencias de 22 de
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.AC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 4 agosto y 5 de octubre de 2022, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negaron el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo núm. 08001-33-33-001-2014-00446-00, las cuales considera que incurrieron en un defecto fáctico y sustantivo.
Previamente a resolver, es necesario precisar que el estudio sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales se hará frente a la decisión de 5 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por ser esta la que resolvió el asunto en segunda instancia.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que el Tribunal accionado confirmó la decisión de negar el mandamiento de pago porque aún no se han liquidado los perjuicios ordenados en la sentencia del medio de control de reparación directa en el que resultó condenado el municipio de Sabanalarga, Atlántico.
Sobre ello, precisó:
«Observa el tribunal que la sentencia título de ejecución fechada 18 de septiembre de 2020 contiene una condena en concreto. Igualmente, se encuentra que tiene una
Sobre ello, precisó:
«Observa el tribunal que la sentencia título de ejecución fechada 18 de septiembre de 2020 contiene una condena en concreto. Igualmente, se encuentra que tiene una condena en abstracto o in genere.
También se encuentra que aún no se han liquidado los perjuicios ordenados en la sentencia. Observa el tribunal que se encuentra en trámite en el juzgado de primera instancia el incidente de liquidación de perjuicios de la condena en abstracto o in genere, tal como se observa en la carpeta “04.IncidenteLiquidaciónCondena” del expediente digitalizado.
En el caso concreto, se encuentra que el titulo para ejecutar las obligaciones impuestas en el trámite del medio de control de reparación directa, debe estarAC CI ÓN DE TUTE L A Radicado: 110010315000 -2022-0573101
Accionante: Tomás Antonio Olmos Araujo y otros
w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1 5 compuesto por, (i) la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla (ii) la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico el día 18 de septiembre de 2020 (iii) el auto que resuelva el incidente de condena en abstracto previsto en el artículo 193 del CPACA y (iv) la constancia de ejecutoria de la sentencias título de ejecución y del auto que resuelve el incidente.
auto que resuelva el incidente de condena en abstracto previsto en el artículo 193 del CPACA y (iv) la constancia de ejecutoria de la sentencias tít
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