CE - 110010315000202205782011SENTENCIA20230306105616

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

Accionante: Cristóbal Cogollo y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora no cumplió con la carga argumentativa respectiva / IMPROCEDENCIA.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 15 de diciembre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 1 de noviembre de 2022, l os señores Cristóbal Cogollo, Yenid Rojas, Ginna Marcela, Oscar Yesid, Leidy Viviana, Liseth Yaneth, Paula Andrea y Claudia Ximena Cogollo Rojas, presentaron demanda de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Consideran que tales prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades

Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Consideran que tales prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, al proferir los fal los del 28 de octubre de 2020 y 27 de septiembre de 2022 , respectivamente, dentro del proceso de reparación directa 1, que promovieron en contra del municipio de Neiva y la E.S.E. Carmen Emilia Ospina

1 Identificado con número de radicado: 41001-33-33-002-2016-00414-01.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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de Neiva, por la presunta falla médica en la atención recibida por el señor Jhoan Darío Cogollo Rojas.

2.- El 1 de noviembre de 2022 los accionantes2 presentaron acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 27 de septiembre de 2022. Esta providencia fue proferida por el referido tribunal, dentro del proceso de reparación directa3, que promovieron en contra del municipio de Neiva y la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva.

3.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandada s por la totalidad de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la

3.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandada s por la totalidad de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la presunta falla médica que condujo al fallecimiento del señor Johan Cogollo Rojas.

4.- En la sentencia censurada el Tribunal accionado, confirmó la decisión del A quo de negar las pretensiones. Consideró que , conforme a las pruebas incorporadas y según el marco normativo y jurisprudencial aplicable en este tipo de asuntos, el daño alegado por los demandantes, consistente en la muerte del señor Johan Cogollo, no era atribuible a las entidades demandadas, ya que no se demostró que dicha circunstancia fuera consecuencia de una falla del servicio médico, en tanto que lo probado es que la atención y el tratamiento suministrados fueron adecuados, pertinentes y oportunos. En concreto, indicó que las pruebas daban cuenta de que no existió demora en la atención de urgencias, ni falta de pericia, ni omisión o incorrecto diagnóstico, así como tampoco inadecuada atención médica o falta de la misma.

5.- La parte accio nante señala que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa . Sobre el primer derecho mencionan que el Tribunal desbordó sus competencias, pues desconoció que los demandantes fueron apelantes únicos por lo que, acorde con el principio de la “non reformatio in pejus” consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, no podía revisar temas del fallo de primer grado que fueron aceptados por el recurrente, y frente a los que feneció el litigio. En cuanto al derecho a la defensa se

reformatio in pejus” consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, no podía revisar temas del fallo de primer grado que fueron aceptados por el recurrente, y frente a los que feneció el litigio. En cuanto al derecho a la defensa se indicó que la decisión se adoptó sin tener en cuenta el material probatorio allegado.

2 Cristóbal Cogollo, Yenid Rojas, Ginna Marcela, Oscar Yesid, Leidy Viviana, Liseth Yaneth, Paula Andrea y Claudia Ximena Cogollo Rojas. 3 Identificado con número de radicado: 41001-33-33-002-2016-00414-01.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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6.- Indican que en la sentencia, se incurrió en defecto procedimental absoluto, defecto fáctico y error judicial por las razones que se exponen a continuación:

7.- Sobre el defecto procedimental absoluto , transcribió las características y definición dada por la Corte Constitucional a dicho yerro judicial, en sentencias tales como la T-1246 de 20084.

8.- Frente al defecto fáctico, a lo largo del escrito de tutela, indicó que este se configuró ante la indebida valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Huila, al haber restado importancia a las pruebas aportadas por la parte demandante, desconociendo la verdad material de los hechos. Luego, pasó a citar fragmentos de las sentencias T -781 de 2011 y SU -068 de 2014 sobre las

Administrativo del Huila, al haber restado importancia a las pruebas aportadas por la parte demandante, desconociendo la verdad material de los hechos. Luego, pasó a citar fragmentos de las sentencias T -781 de 2011 y SU -068 de 2014 sobre las causales que ameritan acceder el amparo por este error judicial5.

9.- Finalmente, sobre el error judicial por vía de hecho, citó lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 sobre el particular, y posteriormente, cit ó las sentencias de 5 de diciembre de 2007 (Exp.15.128) y de 1 de enero de 2007 (Exp. 13.258) proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que se definió el error judicial6.

B. Sentencia de primera instancia

10.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de diciembre de 2022, declaró improcedente el amparo constitucional deprecado por los accionantes, al considerar que, no se cumplió con la carga argumentativa tendiente a demostrar la configuración de los defectos alegados, solo se mencionaron generalidades de los mismos. Al respecto, indicó que el único argumento presentado consistió en que las decisiones judiciales demandadas, desconocieron la totalidad del acervo probatorio, lo que permitía concluir que lo pretendido por la parte actora era reabrir el debate surtido en el proceso ordinario al no estar de acuerdo con la negativa de sus pretensiones.

11.- Sumado a lo anterior, señaló que las pretensiones iban orientadas a ordenar a las autoridades judiciales accionadas revisar exhaustivamente las pruebas, lo que

4 Expediente digital, folios 12 y 13 del escrito de tutela.

11.- Sumado a lo anterior, señaló que las pretensiones iban orientadas a ordenar a las autoridades judiciales accionadas revisar exhaustivamente las pruebas, lo que

4 Expediente digital, folios 12 y 13 del escrito de tutela. 5 Expediente digital, folios 13 y 14 del escrito de tutela. 6 Expediente digital, folios 14 a 19 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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denotaba que lo realmente pretendido era que el juez de tutela efectuara un nuevo análisis probatorio en favor de sus pretensiones7.

C. La impugnación

12.- En su escrito de impugnación, la parte actora solicitó revocar el fallo adoptado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, negando que la solicitud de amparo se haya interpuesto para surtir una instancia adicional al proceso ordinario y reiterando que el asunto tiene relevancia constitucional toda vez que se alegó un verdadero defecto procedimental, fáctico y error judicial, consistente en la indebida valoración probatoria efectuada por el Ad quem, que lo llevó a concluir que la muerte del señor Johan Cogollo no se debió a una negligencia médica. En concreto, indicó que las pruebas fueron analizadas “fuera de contexto, pues no se tuvieron en cuenta los archivos de las cámaras de seguridad, la valor ación de algunos testigos como el que trabajaba en ese momento en la ESE Carmen Emilia Ospina, ni la epicrisis

que las pruebas fueron analizadas “fuera de contexto, pues no se tuvieron en cuenta los archivos de las cámaras de seguridad, la valor ación de algunos testigos como el que trabajaba en ese momento en la ESE Carmen Emilia Ospina, ni la epicrisis aportada, pero si se observa que se tuvo en cuenta testimonios que no fueron reales o versan de algunos acontecimientos que no son ciertos en su totalidad como el hecho de que [el] padre del occiso hablará (sic) con los doctores”.

13.- A continuación, resaltó que los falladores de instancia decidieron el asunto “fundados en el material probatorio allegado sin analizar con claridad que faltaba información que no se acopió” aun cuando se solicit ó en debida forma, como por ejemplo, las grabaciones de seguridad del día de la ocurrencia de los hechos, los testimonios aportados por la parte demandante, entre otras . Así, refirió que lo que se busca es que, baj o un análisis objetivo y no subjetivo de las pruebas, se logre llegar a la verdad material y no meramente procesal, la cual es, que el señor Johan Cogollo murió dada la falla en la atención médica de la parte demandada.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

7 El 25 de enero de 2023, el Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra presentó aclaración de voto, refiriendo que, a diferencia de la Sala de Decisión, tras examinar el escrito de tutela, advirtió que los demandantes sí cumplieron la carga argumentativa respectiva frente al defecto fáctico, pues en el acápite de hechos, enlistaron los medios de prueba que consideraron fueron indebidamente valorados por los jueces de instancia. Sin embargo, precisó

la carga argumentativa respectiva frente al defecto fáctico, pues en el acápite de hechos, enlistaron los medios de prueba que consideraron fueron indebidamente valorados por los jueces de instancia. Sin embargo, precisó que ello no era óbice para cambiar el sentido de la decisión adop tada en primera instancia. Documento disponible a índice 39 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

15.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 9: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evide nte relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera

una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

16.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional10.

17.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 10 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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18.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de r elevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos11:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida

se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, cri terio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

F. Análisis del caso concreto

19.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y el consecuente escrito de impugnación , se advierte que la acción de tutela, tal como lo afirmó el juez constitucional de primera instancia, es improcedente, en la medi da en que los cargos formulados por la parte actora carecen de carga argumentativa, sumado a que tienen el propósito de reabrir y continuar con el debate que se surtió en el proceso ordinario para que se revoque la providencia que negó sus pretensiones.

11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

Accionante: Cristóbal Cogollo y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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20.- Así pues, respecto al defecto procedimental absoluto, la parte actora en el escrito de tutela se limitó a mencionar la definición que la Corte Constitucional ha hecho de este, sin especificar de qué forma o bajo qué condiciones puede entenderse que se desconoció el procedimiento establecid o para surtir el proceso de reparación directa, sumado a que no especificó los formalismos que afectaron sustancialmente la decisión en segunda instancia.

21.- Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se considera importante mencionar que la Corte Constitucional ha señalado que este puede entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la

cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden12.

22.- En consecuencia, al no haber señalado de forma alguna ni en el escrito de tutela ni el escrito de impugnación c ómo el Tribunal accionado desconoció el procedimiento establecido para surtirse el proceso ordinario o como tuvo un excesivo apego a ciertas re glas procesales, el juez de tutela supletivamente no puede subsanar la falencia argumentativa de la parte actora, por lo que debe declarar improcedente el amparo sobre este cargo. En este punto valga precisar que, si lo alegado por las partes es que este yerro judicial se configuró por la indebida valoración probatoria de la autoridad judicial accionada, dicho argumento es propio de un defecto fáctico, el cual también fue formulado en el escrito de tutela y se pasa a analizar a continuación.

23.- La Sala igualmente advierte que si bien la parte actora, al referirse de manera genérica a la violación del derecho al debido proceso, sostiene que el Tribunal

12 Sentencia SU-061 de 2018.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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desconoció que los demandantes fueron apelantes únicos y acorde con el principio

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desconoció que los demandantes fueron apelantes únicos y acorde con el principio de la “non reformatio in pejus” no podía revisar temas diferentes a los expuestos en la apelación; lo cierto es que es ta supuesta irregularidad (i) no la encuadró en ninguno de los defectos que alegó, simplemente se mencionó de manera genérica sin plantear una argumentación que la desarrollara, (ii) no expuso de manera clara y suficiente cómo se configuró pues no se precisa qué puntos diferentes a los abordados en el recurso de apelación se resolvieron por el a quem, ni indicó qué aspectos fueron resueltos por el a quo a favor del apelante único y revocados en segunda instancia; y finalmente (iii) se omitió explicar cómo se supera el requisito de subsidiariedad de cara a los recursos extraordinarios planteados en la regulación procesal para canalizar ese tipo de objeciones a las actuaciones judiciales.

24.- En relación con el defecto fáctico, se considera que también carece de carga argumentativa, toda vez que, si bien en el escrito de tutela se menciona que este se configuró dada la indebida valoración probatoria efectuada por el Tribunal sobre las pruebas aportadas por la parte demanda nte, dando prelación a otras y desconociendo así la verdad material del caso concreto , lo cierto es que en la solicitud de amparo no se especificó cuáles pruebas fueron desconocidas o en qué sentido se “minimizó o redujo” su alcance.

desconociendo así la verdad material del caso concreto , lo cierto es que en la solicitud de amparo no se especificó cuáles pruebas fueron desconocidas o en qué sentido se “minimizó o redujo” su alcance.

25.- En concreto, la parte actora se limitó a mencionar en el hecho “Décimo Cuarto” de la acción de tutela, las pruebas que fueron tenidas en cuenta efectivamente por la autoridad judicial demanda da, afirmando sin mayor análisis que otras pruebas aportadas por los accionantes fueron excluidas, no haciendo alusión a dichos elementos probatorios, ni c ómo aquellas podía n influir o cambiar la decisión adoptada por el Ad quem en el proceso de reparación directa.

26.- Recuérdese que el defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa tras la cual subyace el fundamento justificante de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia.

27.- También recuerda esta sala, en cuanto hace relación a los fundament os y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, que la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar los siguientes criterios de aplicación:Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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(i). La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio13.

(ii). Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los cr iterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

(iii). Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia r evisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”14.

manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia r evisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”14.

28.- En consecuencia, se reitera que la parte promotora del recurso de amparo no cumplió con el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que en su sentir, se produjo en el fallo que reprocha, pues aun cuando invocó en un sentido amplio la existencia de una deficiencia de tipo fáctico, en ninguno de sus argumentos logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose a enunciar la transgresión del debido proceso, del acceso a la administración de justicia y de la igualdad, haciendo aproximaciones generales sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquellas se produce.

29.- Ahora bien, los demandantes en el escrito de impugnación alegaron que el Tribunal Administrativo del Huila no tuvo en cuenta los archivos de las cámaras de seguridad que si bien fueron pedidas en debida forma , no fueron allegadas al

13 Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998 de la Corte Constitucional. 14 Cfr. Sentencia T-590 de 2009 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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proceso, así como tampoco estudió la epicrisis, ni “algunos testimonios como el que

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proceso, así como tampoco estudió la epicrisis, ni “algunos testimonios como el que trabajaba en ese momento en la ESE Carmen Emilia Ospina” , dando veracidad a testimonios “que no fueron reales o versan de algunos acontecimientos que no son ciertos en su totalidad como el hecho de que CRISTOBAL COGOLLO, padre del occiso hablará (sic) con los doctores” 15, desconociendo también testimonios pedidos por la parte demandante.

30.- Sobre dichos alegatos, esta Sala considera que tampoco fueron debidamente sustentados para entrar a analizar de fondo una posible falta de valoración probatoria por parte de la instancia judicial demandada, pues la misma parte actora reconoce que los vídeos de las cámaras de vigilancia, si bien fueron pedidos en el proceso, lo cierto es que la E.S.E. no los allegó, circunstancia que s í fue advertida por el Tribunal Administrativo del Huila al revisar lo probado en el proceso y citar el contenido de: i) el oficio fechado el 25 de enero de 2016, en el que “el asesor jurídico externo de la ESE Carmen Emilia Ospina responde al apoderado de la parte actora, la petición de copia de los videos de las cámaras de seguridad, archivos que se hayan realizado con causa del deceso e investigaciones internas de auditor médico con el objeto de esclarecer las causas del fallecimiento del señor Cogollo Rojas ,

informando en forma negativa a todo lo solicitado”16, y ii) el oficio 01-CAL-00416-S2016 del 2 de febrero de 2016 “por el cual el coordinador de calidad de la ESE Carmen Emilia Ospina, remite al apoderado actor informe de auditor médico sobre la atención prestada al señor Cogollo Rojas y sobre los videos informa que no existe backup mayor a una semana, por lo que las imágenes se borran a las 48 horas de grabación. Finalizó con la conclusión que se prestó un servicio de urgencias con oportunidad, pertinencia e integralidad de acuerdo a las guías clínicas institucionales”17 documentos en los que se menciona expresamente la imposibilidad de acceder a las grabaciones pedidas.

31.- Además, refirió de forma genérica que se desconocieron testimonios pedidos por la parte demandante y de algún trabajador de la E.S.E. demandada, sin siquiera referir el nombre de los testigos, el con tenido de dichas pruebas y cómo podían llegar a tener injerencia importante en la decisión que el juez de segunda instancia adoptó en el proceso de reparación directa.

15 Expediente digital, folio 2 del escrito de impugnación. 16 Expediente digital, folio 26 de la sentencia de 27 de septiembre de 2022. 17 Expediente digital, folio 27 de la sentencia de 27 de septiembre de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05782-01

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32.- Sobre la poca veracidad de los testimonios que el Tribunal accionado tuvo en

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