CE - 110010315000202205785001SENTENCIA20230228184628

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

Demandante: Esteban Antonio Lagos González

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Expediente: 11001 03 15 000 2022 05785 00

Accionante: Esteban Antonio Lagos González Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional frente a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, la acción de tutela interpuesta en contra de una providencia judicial, si no se advierte la afectación del núcleo esencial del mencionado derecho y se pretende usar el mecanismo constitucional, como una instancia adicional dentro del trámite ordinario.

ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por el señor Esteban Antonio Lagos, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 7 de julio d e 2022, emitida por la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del medio de control de nulidad simple con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00.

I. SÍNTESIS DEL CASO

emitida por la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del medio de control de nulidad simple con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Esteban Antonio Lagos González , a través de apoderado judicial, solicitó la protección de los derechos fundamentales enunciados, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

“IV. PETICIONES

PRIMERO. Amparar el derecho a la igualdad y el debido proceso de ESTEBAN

ANTONIO LAGOS GONZÁLEZ.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia del 7 de julio de 2022 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (M.P. José Roberto Sáchica Méndez), medianteRadicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

Demandante: Esteban Antonio Lagos González

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la cual se r esuelve el medio de control de nulidad en contra del Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 del Gobierno Nacional y la Resolución No. 90341 del 27 de marzo de 2014 del Ministerio de Minas y Energía.”1

1.2. Como sustento de lo anterior, a título de hechos, señaló que el 23 de agosto de 2016, presentó demanda de nulidad simple en contra del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución No. 90341 de 2014, por medio de las cuales el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía establecieron los criterios y proce dimientos, así

y la Resolución No. 90341 de 2014, por medio de las cuales el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía establecieron los criterios y proce dimientos, así como los requisitos técnicos, para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Arguyó que, en proveído del 8 de noviembre de 2018, confirmado en auto del 17 de septiembre de 2019 , se suspendieron pr ovisionalmente las normas demandadas pero que, en fallo del 7 de julio de 2022, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado denegó las pretensiones del libelo introductorio y ordenó el levantamiento de la medida cautelativa. Resaltó que solicitó la aclaración de dicha providencia, la cual fue resuelta en auto del 25 de agosto de 2022.

1.3. Por otro lado, alegó que se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en razón a que: la demanda se había presentado dentro un término razonable, dado que el fallo impugnado había sido emitido el 7 de julio de 2022 y el auto que resolvió la aclaración el 25 de agosto de ese año, no existen otros mecanismos procesales para controvertir el fallo impugnado, hay relevancia constitucional, debido a que se pretendía el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuale s fueron vulnerados por una ineficiente motivación de la sentencia recurrida, con un déficit en la valoración del acervo probatorio y con desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el principio de precaución. Igualmente, afirmó que el asunto

vulnerados por una ineficiente motivación de la sentencia recurrida, con un déficit en la valoración del acervo probatorio y con desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre el principio de precaución. Igualmente, afirmó que el asunto no t enía contenido económico ni mucho menos connotaciones particulares y privadas.

Expuso que la petición de amparo no tiene origen en su negligencia o culpa, que la providencia sometida a juicio no es una sentencia de tutela y que existió una irregularidad procesal como elemento determinante en la violación de los derechos

1 Visible a folio 41 del escrito de demandaRadicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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fundamentales y que no tuvo la posibilidad de alegar dicha vulneración en el transcurso del proceso judicial.

1.4. En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, mencionó que la providencia censurada incurrió en un defecto fáctico, al asignar le la carga de la prueba de los posibles daños del fracking , desconociendo con ello el principio de precaución y lo estándares fijados jurisprudencialmente para la labor judicial de apreciación probatoria. Mencionó que, en virtud del aludido principio, el operador judicial no puede requerir certeza científica en un riesgo de daño ambiental y que así lo ha entendido pacíficamente la jurisprudencia, particularmente, las sentencias T-080 de 2015 y C-148 de 2022, emitidas por la Corte Constitucional.

así lo ha entendido pacíficamente la jurisprudencia, particularmente, las sentencias T-080 de 2015 y C-148 de 2022, emitidas por la Corte Constitucional.

Expuso que, inclusive en la instancia ordinaria , la Sección Tercera de esta Corporación judicial aceptó la inversión de la carga de la prueba , precisamente en el proveído del 17 de diciembre de 2019, que resolvió el recurso de súplica en contra de la medida cautelar adoptada en auto del 8 de noviembre de 2018. Reprochó que, en la decisión enjuiciada se le haya asignado la responsabilidad de acreditar la violación del principio de precaución , al punto que se le exigió superar un umbr al probatorio preciso, inequívoco y fehaciente, para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos allí impugnados.

Arguyó que la entidad accionada omitió analizar el materia l probatorio que aportó, lo que aseguró, llevó a que se adoptara una decisión equivocada . Así, en relación con la prueba pericial, anotó que su valoración fue ignorada por la Sección Tercera de esta Corporación, pese a que la misma fue ordena de oficio. En ese sentido, expuso que de las treinta (30) preguntas que componían ese estudio, tan sólo fueron estudiadas las que van de los números veintiséis (26) al treinta (30), pues respecto a las demás, se limitó a realizar un resumen de lo allí expuesto por los expertos.

Cuestionó que no se hayan analizado las preguntas 2, 3 y 4, pese a que estas tenían una clara incidencia en la demostración de la vulneración del principio de precaución, dado que allí la Universidad Nacional de Colombia ofrecía evidencias

Cuestionó que no se hayan analizado las preguntas 2, 3 y 4, pese a que estas tenían una clara incidencia en la demostración de la vulneración del principio de precaución, dado que allí la Universidad Nacional de Colombia ofrecía evidencias contundentes sobre la existencia de riesgos asociados a la utilización de fracking como técnica de extracción, tales como la contaminación de las aguas subterráneas por fug a de gases y fluidos, el deterioro de las aguas superficiales, del aire, laRadicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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emisión de gases radioactivos y de efecto invernadero como el dióxido de carbono, así como el incremento de la actividad sísmica inducida por la inyección de aguas contaminadas en pozos de almacenamiento, entre otras.

Reprochó que, de un lado, no se dio trascendencia a los testigos técnicos que acreditaban la ilegalidad de los actos enjuiciados, lo cuales enunció en los folios 14 a de 21 de la demanda, pero de otro, se valoraron los relatos de 5 (cinco) testigos2 sin que se diera consideración alguna sobre la tacha propuesta en su contra por los vínculos laborales o gremiales y las circunstancias que afectarían su imparcialidad en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

1.5. En cuanto al desconocimiento del precedente, expuso que la Corporación

en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

1.5. En cuanto al desconocimiento del precedente, expuso que la Corporación Judicial accionada ignoró el desarrollo del principio de precaución en: (i) la sentencia del 24 de octubre de 2002, emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso con número de radicado 25000 23 24 000 1996 06978 01, (ii) el fallo del 24 de julio de 2003, emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el expediente 15001 23 31 000 2001 02992 01, (iii) la sentencia del 5 de noviembre de 2013, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el proceso 25000 23 25 000 2005 00662 03, (iv) la sentencia del 11 de diciembre de 2013, expedida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso 11001 03 24 000 2004 00227 01, (v) el fallo del 28 de marzo de 2018, emitido por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 25000 23 27 000 2001 90479 01, (vi) la sentencia del 29 de abril de 2015, proferida dentro del proceso con número de radicado 25307 33 31 701 2010 00217 01, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (vii) la sentencia del 15 de diciembre de 2016, emitida dentro del proceso con radicado 88001 23 31 000 2011

“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, (vii) la sentencia del 15 de diciembre de 2016, emitida dentro del proceso con radicado 88001 23 31 000 2011 00011 01, por la Sección Primera del Consejo de Estado, (viii) la providencia del 15 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta – En Descongestión del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 41001 23 31 000 2009 00269 01, (ix) la sentencia del 26 de abril de 2018, expedida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001 03 15 000 2018 00596 00, (x) el fallo del 25 de enero de 2019, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso con radicado 85001 23 33 00 2014 00218 02, (xi)

2 Liliana Monsalve Jaimes, Alejandra Noemí Rodríguez, Edwar Tovar Otacha, Manuel Alejandro Montealegre Rojas y Alejandro Cabezas Duque.Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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la sentencia del 24 de septiembre de 2021, emitida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 25000 23 36

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la sentencia del 24 de septiembre de 2021, emitida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 25000 23 36 000 2013 01796 01 y (xii) el proveído del 14 de agosto de 2022, expedido en el proceso 2500 23 41 000 2013 02459 01, por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Destacó que las aludidas providencias coinciden en señalar que el principio de precaución es aplicable como mecanismo de protección al medio ambiente cuando exista incertidumbre científica frente a la causación de un daño. Sin embargo, expuso que, pese a que dichas decisiones guardaban equivalencia fáctica y jurídica y que constituían precedente horizontal, la decisión enjui ciada se apartó de las mismas, sin que existiera alguna justificación para ello.

Mencionó que en el fallo atacado se mencionaron proveídos que no eran aplicables al asunto objeto de controversia. Así, indicó que se incluyeron sentencias como la T-1062 de 2001, cuya ratio decidendi no alude al principio de precaución, sino que desarrolla la subordinación de una persona natural frente a un conjunto residencial. Sobre la sentencia T-701 de 2014, expuso que, pese a que desarrollaba el principio de precaución, ello era en relación con el derecho a la salud humana y el ambiente sano, respecto de la instalación de una antena de telecomunicaciones. En cuanto a la sentencia T-139 de 2019, aludió a que su enfoque principal era el derecho al agua y su importancia para la salud humana. A su vez, sobre el fallo T-236 de 2017, acotó

la sentencia T-139 de 2019, aludió a que su enfoque principal era el derecho al agua y su importancia para la salud humana. A su vez, sobre el fallo T-236 de 2017, acotó que no podía ser tenido en cuenta, dado que no era de unificación, ni representaba la línea sobre el anotado principio establecida por la Corte Constitucional. En lo que hace a la providencia T -574 de 1994, anotó que allí los derechos fundamentales objeto de controversia eran la vida, la vivienda y el debido proceso y no el de precaución en materia ambiental.

Destacó que, aunque en el fallo recurrido también se mencionaron las sentencias T-299 de 2008 y T -360 de 2010, que sí tratan sobre el principio de precaución, lo cierto es el aspecto de fondo que abordaron era la protección del ambiente.

Alegó que, entonces, era clara la aplicación incorrecta del precedente constitucional, pues se cambió el sentido de la s decisiones allí adoptada s por la Corte Constitucional.Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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1.6. Por otro lado, expuso que el proveído impugnado carecía de motivación, al no explicar las razones por las que se abstenía de estudiar el cargo relacionado con el principio de precaución, el cual “lo despacha de manera insuficiente, pues a pesar de mencionar superficialmente las corrientes del principio de precaución, no ahonda

no explicar las razones por las que se abstenía de estudiar el cargo relacionado con el principio de precaución, el cual “lo despacha de manera insuficiente, pues a pesar de mencionar superficialmente las corrientes del principio de precaución, no ahonda en los motivos por los cuales se aleja de la postura adoptada por el ordenamiento jurídico”3

1.7. Expresó que había una violación directa de la Carta Política, debido que en el fallo censurado se desconoció el anotado principio , con base en un análisis equívoco de la doctrina internacional, incurriendo en una indebida jerarquización de las fuentes norm ativas puestas a su disposición. Así, expuso que fueron desconocidas la declaración de Wingspread de 1998, la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas de 1982, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París de 2016. Concluyó que la Corte Constitucional en múltiples fallos ha reconocido que el principio de precaución se encuentra constitucionalizado, pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas y de los deberes de protección y prevención del ambiente.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela fue repartida al Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien, en proveído del 3 de noviembre de 2022, la inadmitió para que se allegara el correspondiente poder que habilitara al abogado Juan Pablo Sarmiento Erazo a presentar la presente demanda a nombre del señor Lagos González.

2.2. A través de memorial del 8 de noviembre de los corrientes, se allegó un nuevo

Sarmiento Erazo a presentar la presente demanda a nombre del señor Lagos González.

2.2. A través de memorial del 8 de noviembre de los corrientes, se allegó un nuevo acto de apoderamiento, en el que únicamente se habilitó al señor Sarmiento Erazo a actuar en el proceso ordinario objeto de controversia.

2.3. Por medio de oficio del 17 de noviembre de 2022, el aludido Consejero Serrato Valdés manifestó encontrarse incurso de la causal de impedimento prevista en el numeral 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la remisión del

3 Visible a folio 35 del escrito demandatorioRadicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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artículo 39 del Decreto Ley 259 1 de 1991 . Dicho impedimento fue declarado fundado por la Sala de Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 24 de noviembre de ese año.

2.4. En escrito del 24 de noviembre de 2022, la señora Ana María Sánchez Quintero, actuando a nombre propio y en su condición de Supervisora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario , presentó coadyuvancia esgrimiendo reparos similares a los expuestos en el libelo introductorio4.

2.5. La acción de tutela fue admitida por medio de auto calendado el 13 de

presentó coadyuvancia esgrimiendo reparos similares a los expuestos en el libelo introductorio4.

2.5. La acción de tutela fue admitida por medio de auto calendado el 13 de diciembre de 2022, en el cual se ordenó notificar a los Magistrados que integran a la Sección Tercera del Consejo de Estado y comunicar al Ministerio de Minas y Energía y a los coadyuvantes de la parte demandante y accionada en el proceso ordinario.

Igualmente, se requirió a los señores Pedro Rivas, Laura Sofía Garzón, Verónica Patricia Gómez y Laura Carolina Ávila, quienes fueron mencionados en la acción de tutela, sin que los mismos hubieren firmado la acción, ni allegaron los mandatos que facultaron al abogado que interpuso la demanda para ejercer su representación judicial.

2.6. A través de memorial del 13 de e nero de 2023, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito en el que solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, esgrimiendo las siguientes razones:

Mencionó que el asunto de la referencia tenía relevancia constitucion al dado que, en el dictamen pericial y las demás pruebas aportadas al plenario del proceso ordinario, se acreditaron los riesgos que lleva la ejecución de la actividad de fracking. Reprochó que, pese a ello, la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó que no era posible buscar el desarrollo de una actividad sin que exista algún riesgo, de modo que desestimó las pretensiones de la demanda. Alegó que se agotaron todos los medios ordinarios y extraordinario s de defensa judicial, se

expresó que no era posible buscar el desarrollo de una actividad sin que exista algún riesgo, de modo que desestimó las pretensiones de la demanda. Alegó que se agotaron todos los medios ordinarios y extraordinario s de defensa judicial, se cumplió el requisito de inmediatez, existió una irregularidad determinante al

4 Visible en el índice número 24 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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desconocer el principio de precaución, se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales y no s e atacaba una sentencia de tutela.

Mencionó que la providencia enjuiciada adolecía de defecto fáctico por una inadecuada valoración del dictamen pericial elaborado por los expertos de la Universidad Nacional de Colombia y de los testimonios practicados, l os cuales daban cuenta que la técnica de fracking generaba riesgos parcialmente previsibles, mitigables y reversibles para el medio ambiente y la salud human a, los cuales no fueron tenidos en cuenta por los actos administrativos demandados, ni se previeron medidas para controlarlos y remediarlos.

Expuso que el fallo censurado adolecía del defecto sustantivo debido a que se interpretó el principio de precaución de forma equivocada y arbitraria y se le dio un sentido contraevidente, pues una aplicac ión correcta de éste obligaba a que se suspendiera o evitara la situación de peligro sobre el medio ambiente. En

interpretó el principio de precaución de forma equivocada y arbitraria y se le dio un sentido contraevidente, pues una aplicac ión correcta de éste obligaba a que se suspendiera o evitara la situación de peligro sobre el medio ambiente. En consecuencia, pidió que se acceda a la petición de amparo y se deje sin efectos la sentencia del 7 de julio de 2022, expedida por la Sección Te rcera del Consejo de Estado5.

2.7. A través de memorial del 12 de enero de 2023, el profesional del derecho Juan Pablo Sarmiento Erazo , en su calidad de apoderado de la parte actora, aclaró que los señores Pedro Rivas, Laura Sofía Garzón, Verónica Gómez y Laura Carolina Ávila fueron indicados en calidad de colaboradores en la acción de tutela, debido que, en su condición de estudiantes de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana, auxiliaron en la redacción de la demanda, pero que no se trataban de sujetos procesales, pues el único demandante era el ciudadano Esteban Antonio Lagos González6.

2.8. Por escrito del 13 de enero de 2023, el Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, en su calidad de ponente de la decisión controvertida, solicitó se declare a improcedencia del libelo introductorio, teniendo en cuenta las razones que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no indicaron

5 Visible en el índice número 32 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI 6 Visible en el índice número 33Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

Demandante: Esteban Antonio Lagos González

5 Visible en el índice número 32 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI 6 Visible en el índice número 33Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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la razón por la cual el recurso extraordinario de revisión puede resultar insuficiente para gar antizar la protección de los derechos que se afirman como vulnerados. Agregó que en el libelo introductorio se reconoció que la fuente de vulneración de los derechos fundamentales había surgido con la expedición de la sentencia acusada, de modo que dicha circunstancia se identificaba con la causal prevista en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA, concerniente a las irregularidades originadas en el fallo que puso al fin al proceso.

Añadió que la acción carecía de relevancia constitucional, pues la p etición de amparo se limitó a controvertir la valoración de las pruebas y la interpretación del alcance del principio de precaución, por lo que el análisis propuesto era propio de la instancia ordinaria.

Indicó que no se configuró el defecto fáctico, pues el demandante confundió las reglas y las cargas que le competen a quien pretende desvirtuar la presunción de legalidad de un acto, con los parámetros probatorios e interpretativos del principio de precaución. De igual forma, mencionó que no era cierto que las normas acusadas avalaran la actividad de fracking sino que, en realidad , correspondían a un reglamento técnico.

Frente al desconocimiento del precedente, destacó que las providencias traídas por

avalaran la actividad de fracking sino que, en realidad , correspondían a un reglamento técnico.

Frente al desconocimiento del precedente, destacó que las providencias traídas por el a ccionante no podían ser tenidas en cuenta dado que abordaban supuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que fueron analizados en el fallo controvertido. En cuanto a las presuntas providencias que fueron citadas y que no eran aplicables, mencionó que és tas fueron señala das en la obiter dicta de la sentencia, de modo que no determinaron la regla que fue establecida en la providencia controvertida.

Anotó que no era cierto que la decisión cuestionada carezca de motivación y que, por el contrario, allí se ahondó en las características y requisitos del principio de precaución.

Agregó que tampoco desconoció los instrumentos internacionales referidos en la acción de tutela, sino que dicho reproche partió de un entendimiento errado de los demandantes, quienes creyeron que lo que se debatía era la conveniencia yRadicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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prohibición de la actividad de fracking y no la legalidad de los actos administrativos enjuiciados.

Concluyó señalando que, en su criterio, la acción de tutela no procede en el contexto de los medios control de legalidad y constitucionalidad, pues allí el análisis que realiza el Juez no involucra un interés subjetivo y particular, sino la protección de la

Concluyó señalando que, en su criterio, la acción de tutela no procede en el contexto de los medios control de legalidad y constitucionalidad, pues allí el análisis que realiza el Juez no involucra un interés subjetivo y particular, sino la protección de la legalidad y constitucionalidad en abstracto7.

2.9. Por memorial del 16 de enero de 2023, la sociedad Ecopetrol S.A. pidió que se niegue la acción de tutela, teniendo en cuenta que no se observó el requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante contaba con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión, por la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, el relacionado con la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

A su vez, expuso que el asunto carece de relevancia constitucional, pues la discusión propuesta por el demandante se limita a la mera determinación de aspectos legales que ya fueron zanjados por el Juez natural de la causa.

Expresó que la decisión enjuiciada no adolecía del defecto fáctico, pues el proceso se ventiló a través del medio de control de nulidad, lo que implicaba que quien demandaba estaba en la obligación de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. Igualmente, aseguró que la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo un análisis exhaustivo de la prueba pericial practicada y de los testimonios.

Anotó que tampoco se desconoció el precedente, debido a que en el proveído cuestionado se reconoció que la aplicación de principio de precaución no era uniforme y se expresaron las razones por las que no era posible acoger una postura

Anotó que tampoco se desconoció el precedente, debido a que en el proveído cuestionado se reconoció que la aplicación de principio de precaución no era uniforme y se expresaron las razones por las que no era posible acoger una postura que impidiera el desarrollo de actividades, bajo el argumento que podían ocasionar algún grado de riesgo.

Respecto al reproche relacionado con la violación directa de la Constitución Política, expuso que el demandante pretendía reabrir la discusión del proceso ordinario y confundía el objeto que se debatió en esa sede, pues lo discutido no eran las normas

7 Visible en el índice número 37 del Sistema de Gestión SAMAI.Radicado: 11001 03 15 000 2022 05785 00

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que permiten o autorizan la actividad de explotación de yacimientos no convencionales, sino la legalidad de unos actos administrativos reglamentarios.

2.10. La Red de Veedurías y Auditoría Ciudadana del Municipio de Choachí , actuando a través de su vocero, el señor Ángel Ricardo Perdomo, presentó escrito en el que coadyuvó las pretensiones de la demanda8.

2.11. En oficio del 16 de enero de 2023, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, respondió la acción de tutela, señalando que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que lo demandado era una providencia judicial, de modo que no era la responsable de los hechos u omisiones que dieron lugar a la

– ANH, respondió la acción de tutela, señalando que carecía de legitimación en la causa por pasiva, debido a que lo demandado era una providencia judicial, de modo que no era la responsable de los hechos u omisiones que dieron lugar a la interposición de la tutela. Concluyó que, en todo caso, no fueron vulnerados los derechos fundamentales desconocidos, en la medida que la Corporación judicial demandada realizó un análisis detallado sobre la procedencia del principio de precaución, de manera que lo que se pretendía era abrir una instancia adici onal dentro del proceso ordinario, al estar inconforme con lo allí resuelto9.

2.12. A través de memorial del 18 de enero de 2023, el Ministerio de Minas y Energía adujo que la acción de tutela se dirige en contra de un fallo que fue expedido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de modo que, de encontrarse la comisión de algún hecho que menoscabe los derechos del accionante, éstos no serían imputables a esa cartera ministerial10.

2.13. En escrito del 20 de enero de 2023, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas respondió el escrito demandatorio, indicando que el accionante carece de legitimación en la causa por activa, debido a que el poder que aportó fue otorgado para que su apoderado actuara exclusivamente en el proceso con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00, en el que se discutió la legalidad del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Igualmente, resaltó que tampoco obraba ningún mandato que habilitara al profesional del derecho Juan

Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014. Igualmente, resaltó que tampoco