CE - 110010315000202205790011SENTENCIA20230323004937

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.

Privación injusta de la libertad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia del 1.º d e diciembre de 202 2, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó el amparo deprecado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Los señores Ángel Yein Moreno Montalvo, actuando en nombre propio y de su menor hijo Kevin Andrés Moreno Moreno, Elizabeth Montalvo Aroca, José Eldrin Moreno Montalvo, Jhon Stid Moreno Montalvo, Aixa Milena Moreno Montalvo y Elis Adriana Moreno Montalvo, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Brillith Mariana Ruiz Moreno, por medio de apoderado, promueven acción de tutela

Montalvo, Jhon Stid Moreno Montalvo, Aixa Milena Moreno Montalvo y Elis Adriana Moreno Montalvo, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Brillith Mariana Ruiz Moreno, por medio de apoderado, promueven acción de tutela contra la providencia del 26 de mayo de 2022, que dictó el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la que confirmó el fallo del 7 de diciembre de 2020 , proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.2

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

1.2. Pretensiones

Los accionantes formulan las siguientes súplicas:

1. Se declare que el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué son responsables de la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la «aplicación del precedent e judicial y demás que de oficio considere» esta corporación.

1. Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos ni valor jurídico las providencias del 7 de diciembre de 2020 y del 26 de mayo de 2022, emitidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que impetró contra la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, Fiscalía General de la Nación).

1. De conformidad con las atribuciones otorgadas al juez constitucional se ordene al

impetró contra la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación).

1. De conformidad con las atribuciones otorgadas al juez constitucional se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una nueva sentencia, donde se acoja el precedente judicial horizontal, fijado en la sentencia dictada dentro del proceso con «[radicado 73001 33 33 004 2017 00012 01, demandante: Cristian Mauricio Lozano y

otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación]».

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado de los accionantes señaló los siguientes:

1. En uso del medio de control de reparación directa entablaron demanda contra la Nación (Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ), con el fin de que se le impusiera condena patrimonial y extrapatrimonial, en razón a la privación injusta de la libertad del señor Ángel Yein

Moreno Montalvo.3

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

1. El 2 de octubre de 2013, el señor Ángel Yein Moreno Montalvo fue capturado por miembros de la Policía Nacional en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá

(Tolima), por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego , mientras desarrollaba su labor de ayudante de un

miembros de la Policía Nacional en la zona rural del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima), por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego , mientras desarrollaba su labor de ayudante de un camión que transportaba un viaje de ganado. El 4 de octubre de 2013, se legalizó la detención y se ordenó su reclusión en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA).

1. Luego de varios meses, l a Fiscalía General de la Nación pidió al Juzgado Penal del Circuito de Melgar la preclusión de la investigación y la libertad inmediata del señor Moreno Montalvo, pese a que los elementos materiales probatorios y evidencia física no habían variado desde la a udiencia de solicitud de medida de asegu ramiento, que posteriormente sirvieron para hacer la declaración de «inocencia» de los inculpados.

1. El 5 de febrero de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Melgar con Funciones de Conocimiento, en audiencia púb lica, ordenó la preclusión de la investigación y la libertad inmediata de los indiciados, así como el archivo de la actuación.

1. Por esos motivos, y en consideración a que el señor Ángel Yein Moreno Montalvo estuvo privado injustamente de la libertad desde el 2 de octubre de 2013 hasta el 7 de febrero de 2014, es decir, por un período de cuatro meses y cuatro días, y dado que para la fecha de la captura se desempeñaba como ayudante de un camión, devengando un ingreso mensual de $ 616.000, el que dejó de p ercibir por su

para la fecha de la captura se desempeñaba como ayudante de un camión, devengando un ingreso mensual de $ 616.000, el que dejó de p ercibir por su detención, interpusieron medio de control de reparación directa.

1. El proceso le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué que profirió sentencia el 7 de diciembre de 2020, en la que se abstuvo de efectuar pronunciamiento alguno sobre las excepciones , negó las pretensiones y los condenó en costas. Contra esa decisión formularon recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo del Tolima desató la alzada a través de fallo del 2 6 de mayo de 2022 confirmando la providencia de primera instancia; en consecuencia, dejó en firme el rechazo de las súplicas de la demanda.4

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

1. Resulta importante resaltar que el señor Ángel Yein Moreno Montalvo hacía parte de un grupo de ciudadanos que fueron c apturados por las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que uno de ellos, impetró acción de reparación directa con pretensiones y situación fáctica idénticas, proceso que fue decidido favorablemente con ponencia del magistrado que dictó la provi dencia objeto de censura, sin que el precedente judicial hubiera cambiado, o que teniéndolo, estuviera permitida su aplicación retrospectiva.

1.4. Fundamentos jurídicos

Los accionantes alegan que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos

precedente judicial hubiera cambiado, o que teniéndolo, estuviera permitida su aplicación retrospectiva.

1.4. Fundamentos jurídicos

Los accionantes alegan que con las sentencias acusadas se vulneraron sus derechos fundamentales a l debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica y se incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial horizontal, por lo siguiente:

1. Los desp achos judiciales demandados transgredieron sus garantías fundamentales al realizar una indebida interpretación y, por ende, aplicación de las normas que regulan el asunto, que llevaron a que se emitieran unas providencias judiciales arbitrarias, caprichosas y ajenas a lo establecido en el precedente judicial.

1. Lo anterior, tiene sustento en que, si el señor Ángel Yein Moreno Montalvo no fue condenado en la jurisdicción penal, su caso debía examinarse según lo establecido en el artículo 63 del Código Civil, norma en la que se define la culpa civil, sus grados y elementos, y no a través de un juicio de valoración propio de la jurisdicción penal, como erróneamente lo hizo el Tribunal Administrativo del Tolima.

1. El Tribunal desobedeció el prec edente judicial horizontal, al haber fallado dos procesos idénticos y en vigencia del mismo criterio jurisprudencial de diferente manera, toda vez que en el medio de control con radicación 73001 33 33 004 2017 00012 01 por medio de sentencia del 31 de agosto de 2020, condenó al Estado por situaciones similares a las que acaecieron y por las cuales se adelantó juicio penal en contra del

por medio de sentencia del 31 de agosto de 2020, condenó al Estado por situaciones similares a las que acaecieron y por las cuales se adelantó juicio penal en contra del señor Moreno Montalvo, para lo cual tuvo en cuenta el antecedente vigente para el momento en que se radicó la demanda.5

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admit ió mediante auto de l 3 de noviembre de 2022, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ) y a la Fiscalía General de la Nación como terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo del Tolima. El magistrado José Aleth Ruiz Castro solicita se niegue por improcedente la acción y rinde informe en los siguientes términos:

1. En el presente asunto no hubo transgresión alguna al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia, pues la decisión que se adoptó estuvo ajustada a las reglas procedimentales, fundada en las probanzas obrantes en el expediente, las cuales no permitieron concluir con grado de certeza y/o superar más allá de toda duda

a la administración de justicia, pues la decisión que se adoptó estuvo ajustada a las reglas procedimentales, fundada en las probanzas obrantes en el expediente, las cuales no permitieron concluir con grado de certeza y/o superar más allá de toda duda razonable, que las entidades demandadas hubieran incurrido en falla del servicio, ya que las decisiones y medidas que restringieron la libertad del accionante tuvieron sustento legal y probatorio y tampoco se desconoció el precedente vertical u horizontal.

1. Así mismo, en el caso objeto de estudio, no se presentó una extralimitación en el cumplimiento de funciones; por el contrario, con el fin de esclarecer la controversia se hizo uso de las herramientas constitucionales y legales brindadas por el ordenamiento jurídico, en tanto ello garantizaba los derechos de acceso a la administració n de justicia, al debido proceso y , por ende , a la dignidad humana de los accionantes .

Además, la decisión no se tornó arbitraria, toda vez que estuvo basada en las reglas jurisprudenciales y normativas procedentes y con las probanzas allegadas al plenario, lo que hace improcedente la solicitud de amparo contra la providencia que puso fin al proceso con radicado 73001 33 33 007 2017 00082 01.6

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

1.6.2. Del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Ci rcuito de Ibagué. La juez Inés Adriana Sánchez Leal pide se denieguen las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

1.6.2. Del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Ci rcuito de Ibagué. La juez Inés Adriana Sánchez Leal pide se denieguen las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

1. Sus actuaciones siempre se han surtido bajo el imperio de la Constitución y la ley, respetuosa y garante de los derechos de las partes, profiriendo decisiones conforme a derecho, como lo efectuó en las providencias dictadas dentro del trámite procesal, que culminó con la sentencia que negó las súplicas, y que fue confirmada por su superior jerárquico.

1. Una vez revisado el plenario se evidencia que la providencia atacada se halla soportada en el material probatorio que se decretó e incorpor ó debidamente al expediente y, sin que se haya incurrido en un defecto sustantivo o fáctico como lo alega el extremo demandante.

1.6.3. La Fiscalía General de la Nación, a través de apoderada, solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Ángel Yein Moreno Montalvo y su grupo familiar, porque no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias ju diciales, concretamente el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente judicial.

1.6.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, guardó silencio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo de l 1.º de diciembre de 2022, negó el amparo deprecado, con base en las siguientes razones:

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo de l 1.º de diciembre de 2022, negó el amparo deprecado, con base en las siguientes razones:

1. La parte actora invocó el d esconocimiento del precedente horizontal establecido en la sentencia del 31 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del expediente con radicación 73001 33 33 004 2017 00012 01, asunto en el cual se desataron favorablemente las pretensiones indemnizatorias formuladas por qu ien fue privado de la libertad, por los mismos hechos en que se originó la7

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

detención del señor Ángel Yein Moreno Montalvo.

1. Esa inconformidad se planteó en el recurso de apelación, la cual fue resuelta por el Tribunal, y contrario a lo que aduce n los accionantes, el aludido precedente fue tenido en cuenta, diferente es, que resolvió apartarse con fundamento en el cambio jurisprudencial de esta corporación en casos de privación injusta de la libertad.

1. En ese sentido, l a autoridad demandada reconoci ó la existencia del precedente alegado como desconocido y motivó las razones para su no aplicación, actuaciones que per se desvirtúan el defecto alegado por la parte actora.

1. Ahora, los accionantes sustentaron la configuración de un defecto sustantivo en que el Tribunal presuntamente desconoció que «si la persona no es condenada en la

que per se desvirtúan el defecto alegado por la parte actora.

1. Ahora, los accionantes sustentaron la configuración de un defecto sustantivo en que el Tribunal presuntamente desconoció que «si la persona no es condenada en la jurisdicción penal, esta sólo puede ser juzgada, para efectos de la responsabilidad del Estado, desde la óptica de la culpa grave y el dolo en el derecho civil», de conformidad con el artículo 63 del Código Civil.

1. Al respecto, el Tribunal refirió que, en el antecedente jurisprudencial que se aduce desacatado, el estudio se basó en sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que, en asuntos de privación injusta de la libertad se unificaron los criterios que debía verificar el juez administrativo para examinar el dolo o culpa grave del privado de la libertad, precedente que fue modificado por esta corporación; por ello, resulta lógico que el argumento de los accionantes no prosperara.

1. La decisión acusada no incurrió en desconocimiento del precedente ni en defecto sustantivo debido a que fue proferida de acuerdo a las norma s reguladoras de su función judicial y se apoy ó en el material probatorio obrante en el proceso y la jurisprudencia vigente en asuntos de privaciones injustas de la libertad para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, perti nentes a sus particularidades, frente a lo cual se advierte que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

1. Resulta pertinente señalar que la providencia censurada de ninguna manera cuestiona la presunción de inocencia de la que goza el señor Ángel Yein Moreno8

autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

1. Resulta pertinente señalar que la providencia censurada de ninguna manera cuestiona la presunción de inocencia de la que goza el señor Ángel Yein Moreno8

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

Montalvo, pues el análisis efectuado por el Tribunal se refirió, únicamente, a que su privación de la libertad se encontraba ajustada a las exigencias contenidas en los artículos 308, 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal.

1. En ese sentido, l o que existe es un desacuerdo con la interpretación que hizo el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que la visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada tiene soporte y está debidamente argumentada y justificada; por tanto, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

1. La autoridad judicial accionada no incurrió en vía de hecho alguna, toda vez que los argumentos expuestos como juez natural del proceso de reparación directa resultan razonables, sin que se observe arbitrariedad alguna, de tal forma que la providencia cues tionada, en cuanto al fondo del asunto, está adecuadamente sustentada, es decir, cumple rigurosamente con los estándares de motivación, en tanto se seleccionaron las fuentes normativas y jurisprudenciales que se consideraron aplicables al caso, máxime cuando la parte actora no alega que se hayan pretermitido instancias procesales u oportunidades que le impidieran el acceso a la administración de justicia o al debido proceso.

1.8. Impugnación

aplicables al caso, máxime cuando la parte actora no alega que se hayan pretermitido instancias procesales u oportunidades que le impidieran el acceso a la administración de justicia o al debido proceso.

1.8. Impugnación

Los accionantes a través de apoderada impugnan la providencia anterior, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. C omo motivos de inconformidad alegan lo siguiente:

1. La primera instancia desconoció los argumentos esgrimidos en la acción de tutela, además valoró indebidamente el principio de no aplicabilidad inmediata del precedente judicial, razón por la cual interpretó de forma contraria los derechos constitucionales cuya protección se reclama.

1. El Tribunal Administrativo del Tolima aduciendo la aplicación del criterio vigente en materia de privación de la libertad examina la conducta preprocesal del señor Ángel Yein Moreno Montalvo desde órbitas y competencias propias de la jurisdicción penal,9

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

desobedeciendo con ello el precedente judicial vigente que taxativamente indica que la única estimación que le está permitida al juez de la responsabilidad estatal debe efectuarse desde la óptica del derecho civil.

1. La anterior conclusión se extrae con facilidad en cuanto el Tribunal negó las pretensiones de la demanda con fundamento en la presunta conducta punible inexistente, de manera que entra a realizar un juicio de valoración que el fallador penal ya había ejecutado al conceder la preclusión que pidió la Fiscalía General de la Nación,

pretensiones de la demanda con fundamento en la presunta conducta punible inexistente, de manera que entra a realizar un juicio de valoración que el fallador penal ya había ejecutado al conceder la preclusión que pidió la Fiscalía General de la Nación, dada su incapacidad de recaudar elementos materiales probatorios que pudieran comprometer la responsabilidad del señor Moreno Montalvo.

1. De igual modo desacató el precedente horizontal, especialmente, en materia de la escogencia del régimen de responsabilidad, porque mientras en el fallo del señor Cristian Mauricio Lozano utilizó el objetivo, en su caso utiliza el subjetivo y , con base en ello negó las pretensiones de la demanda, a pesar de que son circunstancias idénticas.

1. Lo expuesto constituye una marcada ruptura de la ecuación de seguridad jurídica y confianza legítima que debe observar la administración de justicia y que supone el quebrantamiento en materia de soportabilidad de las cargas públicas, pero también la violación del criterio de unificación en materia administrativa, ya que la Sección Tercera del Consejo de Estado establece de manera uniforme y pacífica, que ante la existencia de un nuevo precedente q ue gobierne determinada materia, su aplicación no es inmediata.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, 1 según el cual «l as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.10

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

Administrativo y serán resueltas por la sección o subsecci ón de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto », esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso , se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por « vía de excepción » los cuestionamientos qu e plantea n los accionantes contra la providencia de l 26 de mayo de 2022, que profirió el Tribunal Administrativo de l Tolima dentro de l proceso de reparación directa con radicaci ón 73001 33 33 007 2017 00082 01.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 199 1 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pu es consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,11

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que , para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que , para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).12

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

Considera la Sala que, como lo estableció la primera instancia, en el asunto sub lite se encuentran cumplidas las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la providencia del 26 de mayo de 2022, que emitió el Tribunal Administrativo del Tolima, porque 1) la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional; 2) se agotaron todos los medios de defensa judicial; 3) se cumple con el requisito de inmediatez; 4) los accionantes identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan; 5) no se t rata de una irregularidad procesal; y 6) no se dirige contra una sentencia de tutela.

2.4.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.4.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

sentencia de tutela.

2.4.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.4.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).13

Radicado: 11001 03 15 000 2022 05790 01

Demandante: Ángel Yein Moreno Montalvo y otros

De acuerdo con el de sarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigenc