CE - 110010315000202205792011SENTENCIA20230323180902

Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05792-01 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

Demandantes: EMA PARRA SALAMANCA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 26 de enero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado – Sección Primera mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 1.º de noviembre de 2022 al

mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 1.º de noviembre de 2022 al buzón web del Consejo de Estado, los señores José Silverio Salamanca y otros1, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C , con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proces o, igualdad, protección a vida y bienes, la propiedad privada”.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las garantías invocadas, con ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –

1 Los señores José Silverio Salamanca y Ema Parra Salamanca, allegaron escrito de tutela que dio origen al proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-05792-00. En la misma fecha, las siguientes personas remitieron demanda en ejercicio de esta acción constitucional: Marina Salamanca, José Alberto Parra Salamanca, Yamile Parra Salamanca, Orlando Parra Salamanca, Blanca Paulina Salaman ca, Marleny Parra Salamanca, Álvaro Parra Salamanca, Ana Bertilde Parra Salamanca, María Eugenia Parra Salamanca, Hilda Julia Parra Salamanca, Salvador Parra Remolina, Jacklin Milena Parra Remolina, Yeraldin Parra Remolina, Andrei Rubiel Meneses Parra, Dayro Alejandro Meneses Parra, Estefanía Gómez Parra, y Darianny Julieth Parra Remolina, quien manifestó actuar en representación de Héctor Parra Salamanca (fallecido). Este último proceso se

Meneses Parra, Dayro Alejandro Meneses Parra, Estefanía Gómez Parra, y Darianny Julieth Parra Remolina, quien manifestó actuar en representación de Héctor Parra Salamanca (fallecido). Este último proceso se identificó con el radicado 11001-03-15 000-2022-05794-00. Los escritos iniciales son idénticos.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

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Subsección C el 21 de octubre de 20212, que revocó el fallo del 16 de agosto de 2018, dictado por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante el cual se accedió parcialmente a las pretensiones d el medio de control de reparación directa 3 que interpuso la parte demandante contra el municipio de Saravena y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para en su lugar, negarlas.

3. A su vez, alegaron que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías fundamentales con ocasión del auto del 22 de agosto de 2022 que rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra dicho fallo.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías

fundamentales y, en consecuencia, pidió:

improcedente el recurso de reposición interpuesto contra dicho fallo.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pidió: Primero. Con el debido re speto, solicitamos a su despacho, se nos tutele los derechos fundamentales, al debido proceso (art. 29 de la C.N), igualdad (art. 13 de la C.N), protección a vida y bienes (arts. 2 y 13 de la C.N), la propiedad privada (art. 58 de la C.N.), violación del a rtículo 93 del C.N., por inaplicación de los tratados internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y violación del artículo 228 de la C.N. por violación al derecho sustancial, que están siendo vulnerados, por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “C” a través de la sentencia de fecha 21 de octubre de 2021 notificada en estado del 5 de mayo de 2022 y con la providencia del 26 de agosto de 2022 proferida en el expediente No. 81001 -23-39-000-2016-0006301(62874) Actor: ORLANDO PARRA SALAMANCA Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SARAVENA Y OTRO,Consejero ponente doctor GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE y demás miembros integrantes de la Subsección “C”, por presentar vías de hecho y protuberantes errores inducid os de valoración errónea del acervo probatorio recaudados y, por defecto fáctico a no estudiar integralmente la litis como recta administración corresponde.

presentar vías de hecho y protuberantes errores inducid os de valoración errónea del acervo probatorio recaudados y, por defecto fáctico a no estudiar integralmente la litis como recta administración corresponde.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior declaración, se sirva ordenar dejar sin valor y efecto la sentencia de fecha 21 de octubre de 2021 notificada en estado del 5 de mayo de 2022 y de la providencia del 26 de agosto de 2022 proferidas en el expediente No. 81001-23-39-000-2016-00063-01(62874) Actor: ORLANDO PARRA SALAMANCA Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SARAVENA Y OTRO, consejero ponente doctor GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE y demás miembros integrantes de la Subsección “C”.

Tercero. Se sirva ordenar al consejero ponente doctor GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE y demás miembros integrantes de la Subsección “C” de la SECCIÓN TERCERA del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, proferir sentencia con en justicia y derecho corresponde dentro del Medio de Control de Reparación Directa No. 81001-23-39-000-201600063-01(62874) Actor: ORLANDO PARRA SALAMANCA Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SARAVENA Y OTRO, ordenando al pago y reparación integral de nuestros derechos, como víctimas del desplazamiento forzado por miembros insurgentes al margen de la ley, conforme Convención

2 Notificada el 5 de mayo de 2022.

reparación integral de nuestros derechos, como víctimas del desplazamiento forzado por miembros insurgentes al margen de la ley, conforme Convención

2 Notificada el 5 de mayo de 2022. 3 Proceso identificado con el radicado 81001-23-39-0002016-00063-01.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

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Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, en Colombia, en virtud de la Ley 16 de 1972 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución política de Colombia. 1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 26 de febrero de 2014, un grupo de personas invadi ó de forma violenta4 un predio ubicado en la zona rural de Saravena (Arauca), el cual era propiedad de los demandantes. Por tanto, el 5 de marzo del mismo año, radicaron ante la alcaldía de tal municipio una solicitud de lanzamiento por ocupación de hecho contra dichos sujetos.

los demandantes. Por tanto, el 5 de marzo del mismo año, radicaron ante la alcaldía de tal municipio una solicitud de lanzamiento por ocupación de hecho contra dichos sujetos.

6. El 6 del mismo mes y año, la entidad admitió la querella, decretó la diligencia de lanzamiento de los ocupantes del predio , ordenó la demolición de unos inmuebles construidos por los ocupantes y comisionó al inspector de policía municipal para que en las 48 horas siguientes realizara la respectiva actuación.

7. El 7 de marzo de 2014 el inspector de policía municipal avocó conocimiento del asunto, decretó que el 14 de marzo del mismo año sería la fecha para realizar el lanzamiento, ofició al comandante de la estación de policía de Saravena para acompañar la diligencia y solicitó al secretario de gobierno municipal que dispusiera del personal y maquinaria necesaria para la actuación policiva.

8. El 11 de marzo siguiente, el inspector de policía municipal informó al alcalde de Saravena que para dicha diligencia, se requería la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD; no obstante, tuvo que ser suspendida pues el comandante de policía del municipio no informó sobre la disponibilidad de dicha unidad.

9. El 1.º de octubre de 2014, el inspector de policía municipal solicitó al comandante de policía de Arauca que dispusiera del personal del ESMAD para llevar a cabo el lanzamiento por ocupación de hecho . El 29 del mismo mes y año, el comandante operativo de seguridad ciudadana de tal departamento informó a la alcaldía del municipio que, para garantizar la disponibilidad de dicho cuerpo policial, era necesario cubrir los gastos de transporte aéreo, alojamiento, alimentación e

el comandante operativo de seguridad ciudadana de tal departamento informó a la alcaldía del municipio que, para garantizar la disponibilidad de dicho cuerpo policial, era necesario cubrir los gastos de transporte aéreo, alojamiento, alimentación e hidratación de 334 agentes.

10. Durante el trámite de esta medida policiva, los acc ionantes alegaron ser víctimas de amenazas de muerte y hostigamientos por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN debido a la querella presentada. Por tanto, elevaron una denuncia y una solicitud de “ protección de sus vidas ” ante la Fiscalía General de la

4 Los accionantes manifestaron que tales personas “ rompieron las cercas, los cultivos, pastos, derribaron los árboles de madera y el bosque sobre la roda del caño la pava”.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

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Nación el 5 de marzo de 2015. El 13 de abril del mismo año instauraron una petición ante el personero municipal de Saravena mediante la cual pidieron medidas de protección y vigilancia policial.

11. El 20 de mayo de 2015, el inspector de policía municipal solicitó al alcalde y al secretario de gobierno de Saravena informar si ya contaban con lo requerido para

protección y vigilancia policial.

11. El 20 de mayo de 2015, el inspector de policía municipal solicitó al alcalde y al secretario de gobierno de Saravena informar si ya contaban con lo requerido para ejecutar la diligencia solicitada. El 20 de enero de 2016, aquel funcionario remitió a la asesora jurídica de la Alcaldía de Saravena una relación de querellas pendientes, entre la que se encontraba la solicitada por la parte actora; informó que señalaría fecha de lanzamiento cuando la administración dispusiera de los recursos necesarios para cumplir con la diligencia.

12. Ante la dilatación y la falta de trámite de la actuación solicitada, los tutelantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Saravena y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Esto, con el fin de que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial ante la falla del servicio por omitir el cumplimiento de la orden de lanzamiento por ocupación de hecho.

13. Por medio de sentencia del 16 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que el municipio de Saravena se limitó a expedir la orden de lanzamiento y a solicitar el acompañamiento de la fuerza pública, sin llegar a ejecutar la diligencia solicitada.

En relación con la Policía Nacional, argumentó que no inició las acciones respectivas con el fin de brindar el acompañamiento necesario para la actuación pues únicamente remitió comunicaciones mediante las cuales informó los requerimientos necesarios para desplazar a su personal con el objetivo de lograr el desalojo de los invasores.

respectivas con el fin de brindar el acompañamiento necesario para la actuación pues únicamente remitió comunicaciones mediante las cuales informó los requerimientos necesarios para desplazar a su personal con el objetivo de lograr el desalojo de los invasores.

14. Inconformes, tanto la part e actora como las entidades demandadas interpusieron recurso de apelación contra el fallo en cuestión. La Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de octubre de 20215 revocó el fallo dictado en primera instancia y, e n su lugar, negó las pretensiones del medio de control y condenó a la parte actora a pagar a la s entidades demandadas la suma de $41’505.000 por concepto de agencias en derecho.

15. Para la autoridad judicial accionada, los tutelantes reclamaban los perjuicios ocasionados ante la imposibilidad de recuperar la posesión del predio debido a la omisión de las autoridades en ejecutar la diligencia en cuestión. En tal sentido, consideró que la parte actora contaba con “la posibilidad de iniciar la acción civil de reivindicación en calidad de propietarios”.

5 Notificada el 5 de mayo de 2022.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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16. La Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado estimó que la acción idónea para recuperar la posesión del inmueble era la acción reivindicatoria pues, en su condición de propietarios los accionantes estaban legitimados para perseguir el predio por haber perdido la posesión y así condenar a los ocupantes a su restitución. Esto, ya que el proceso policivo únicamente “busca hacer respetar de manera temporal el estatus de una persona ante la perturbación de la posesión por terceros, hasta que el juez civil defina el litigio de manera definitiva y con efectos de cosa juzgada ”.

De tal forma, concluyó:

Según la demanda, los demandantes perdieron de manera definitiva el inmueble. Sin embargo, para el momento de presentación de la demanda, la propiedad del predio estaba en cabeza de los demandantes y la posesión del bien sólo podía ser definida de manera definitiva, por un juez civil, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes. Como no se ejercieron las acciones para recuperar la posesión del bien, a través de las cuales se decidiría de manera definitiva el derecho de los demandantes, no se probó un daño cierto. Por ello, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las pretensiones.

17. El 6 de mayo de 2022, los demandantes interpusieron recurso de reposición contra el fallo de segunda instancia y solicitaron que se revocara la condena en costas por agencias en derecho pues, a su juicio, estas debían ser demostradas y

17. El 6 de mayo de 2022, los demandantes interpusieron recurso de reposición contra el fallo de segunda instancia y solicitaron que se revocara la condena en costas por agencias en derecho pues, a su juicio, estas debían ser demostradas y probadas, por lo que se habrían vulnerado los principios de justicia y equidad.

18. Mediante auto del 26 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada rechazó por improcedente el recurso p ues consideró que el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, establece que el recurso de reposición proced e contra todos los autos, salvo norma legal en contrario y este fue interpuesto contra una sentencia.

1.4. Sustento de la vulneración

19. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió en defecto fáctico “al no estudiar integralmente la litis”. Alegó que el problema jurídico fijado en la sentencia de segunda instancia “es incompleto, porque solamente se refirió a la omisión de las funciones de las aquí demandadas en no realizar la diligencia de lanzamiento de los invasores de nuestro predio”.

20. Argumentó que no se realizó “ un estudio integral de la litis de los daños que se desprenden” pues estos no se originaban exclusivamente en la omisión de la actuación policiva solicitada,

(…) sino por el delito de prevaricato por acción por omisión de funciones en que incurrió el alcalde del municipio de Saravena Arauca del período 2012 al 2015, por todas las trabajas que colocó para no realizar el lanzamiento de los

(…) sino por el delito de prevaricato por acción por omisión de funciones en que incurrió el alcalde del municipio de Saravena Arauca del período 2012 al 2015, por todas las trabajas que colocó para no realizar el lanzamiento de los invasores, por los acuerdos y compromisos que hab ía adquirido con losDemandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes lo eligieron que es un acto de público conocimiento en el municipio de Saravena.6

21. De igual forma, advirtió que los daños alegados no fueron estudiados íntegramente pues no se analizó que las demandadas no garantiz aron su vida, honra, bienes, seguridad y permanencia en el predio y que, con ello, se permitió y facilitó a los invasores y al ELN que perpetraran “amenazas de muerte y destierro”.

22. Por tanto, los tutelantes arguyeron que el problema jurídico se fijó de manera errónea e incompleta, pues no se estudió íntegramente los cargos expuestos en la demanda y el material probatorio que los sustentaba. A su vez, pusieron de presente que no se analizó la situación de desplazamiento de la que fueron víctimas y su

demanda y el material probatorio que los sustentaba. A su vez, pusieron de presente que no se analizó la situación de desplazamiento de la que fueron víctimas y su condición de familias campesinas cuyo “sustento en su mayoría dependía de la explotación de su predio”.

23. En este orden de ideas, manifestaron que no se tuvo en cuenta lo sostenido en el medio de control, pues ninguna de las pretensiones estuv o encaminada a la recuperación de la posesión del bien inmueble, por lo que la conclusión de la autoridad judicial demandada fue errónea y vulneró su derecho al debido proceso , al no estudiar los daños y perjuicios alegados por la dilación y omisión en la ejecución de la actuación que solicitaron . Esto conllevó a que se desconociera la jurisprudencia establecida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la materia7.

24. En tal sentido, enfatizaron en que el defecto alegado “se desprende al leer el contenido de las pretensiones de la demanda, los hechos, fundamentos y las pruebas arrimadas a la misma”, los cuales fueron desconocidos, lo que conlleva a un análisis insuficiente de lo expuesto por los actores.

25. Finalmente, sostuvieron que la condena en costas proferida en la sentencia de segunda instancia y confirmada en el auto del 26 de agosto de 2022 que rechazó por improcedente el recurso de reposición, fue arbitraria . Lo anterior, pues no tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso los cuales consagran, de manera taxativa, que aquella procede en consideración de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el respectivo apoderado.

en cuenta los lineamientos establecidos en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso los cuales consagran, de manera taxativa, que aquella procede en consideración de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el respectivo apoderado.

26. En relación con ello, señal aron que el hecho de que se hubiera dictado una decisión desfavorable a la parte vencida en el proceso no implicaba necesariamente una condena automática en costas, pues estas debían estar debidamente probadas

6 Se reproduce la cita textual del escrito de tutela. 7 Al respecto, se citaron extensos apartados textuales de las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 26.07.11., M.P. Enrique Gil Botero. Expediente: 500123250001994006901; Consejo d Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16.07.15., M.P. Francisco José Campo Ospina. Expediente: 50001233100020012020301; Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T -083 del 13.02.17. M.P. Alejandro Linares Cantillo.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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y demostradas, lo cu al no ocurrió en el proceso de reparación directa. Por tanto, añadió que es deber del juez determinar si la demanda era temeraria, de mala fe o si con ella se perseguía una reparación indebida y, así, ponderar la fijación de las agencias en derecho “como corresponde en justicia y equidad”.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

27. A través de auto del 4 de noviembre de 2022, el despacho ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado i) admitió la tutela interpuesta por la señora Ema Parra Salamanca y José Silverio Salamanca , identificada con radicado N.º 11001-03-15-000-2022-05792-00; ii) ordenó la notificación de la parte accionante y del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C como autoridad demandada y, iii) vinculó al municipio de Saravena , a la Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros con interés.

28. Mediante providencia del 1.º de diciembre de 2022, tal despacho i) admitió la acción constitucional presentada por los señores José Alberto Parra Salamanca, y otros8 identificada con el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-05794-00, ii) ordenó acumular este proceso al expediente 11001-03-15-000-2022-05792-00; iii) notificó a la parte demandante de este último proceso y a la demandada; iv) comunicó la

acumular este proceso al expediente 11001-03-15-000-2022-05792-00; iii) notificó a la parte demandante de este último proceso y a la demandada; iv) comunicó la decisión al municipio de Saravena y a la Policía Nacional y , v) requirió al Tribunal Administrativo de Arauca para que allegara la totalidad del expediente del proceso de reparación directa en cuestión.

1.6. Intervenciones:

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

29. Por medio de escrito enviado el 8 de diciembre de 2022 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la decisión cuestionada sostuvo que “las consideraciones esgrimidas en la providencia del 21 de octubre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado”.

1.6.2. Policía Nacional

30. Mediante memorial allegado el 9 de diciembre de 2022 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe del área jurídica de la entidad

8 Marina Salamanca, José Alberto Parra Salamanca, Yamile Parra Salamanca, Orlando Parra Salamanca, Blanca Paulina Salamanca, Marleny Parra Salamanca, Álvaro Parra Salamanca, Ana Bertilde Parra Salamanca, María Eugenia Parra Salamanca, Hilda Julia Parra Salamanca, Salvador Parra Remolina, Jacklin Milena Parra Remolina, Yeraldin Parra Remolina, Andrei Rubiel Meneses Parra, Dayro Alejandro Meneses P arra, Estefanía

María Eugenia Parra Salamanca, Hilda Julia Parra Salamanca, Salvador Parra Remolina, Jacklin Milena Parra Remolina, Yeraldin Parra Remolina, Andrei Rubiel Meneses Parra, Dayro Alejandro Meneses P arra, Estefanía Gómez Parra y Darianny Julieth Parra Remolina.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no se había vulnerado ninguna garantía fundamental.

31. Explicó que no fue errada la valoración probatoria por parte del juez de segunda instancia, debido a que expuso de manera coherente y congruente los fundamentos jurídicos para negar la responsabilidad del Estado por los hechos objetos de litigio. Esto, con fundamento en que no se logró acreditar el daño como elemento de la responsabilidad alegada.

32. Anotó que no se configuraba un perjuicio irremediable que permitiera considerar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

33. El 5 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Arauca remitió el expediente solicitado9. A pesar de haber sido debidamente notificados, el municipio de Saravena (Arauca) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

expediente solicitado9. A pesar de haber sido debidamente notificados, el municipio de Saravena (Arauca) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

34. Por medio de sentencia proferida el 26 de enero de 2023, notificada el 1.º de febrero del mismo año , la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo al concluir que no se superaba el requisito de relevancia constitucional.

35. Estudió a detalle los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el cumplimiento de este requisito . De tal forma, consideró que en la controversia propuesta no se advertía la afectación de derechos fundamentales, pues no versaba sobre el conte nido, alcance y goce de alguna garantía constitucional.

36. Expuso que la parte actora simplemente cuestionó el razonamiento probatorio e interpretativo del juez natural de la causa y se limitó a invocar la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sin el debido sustento de las razones por las cuales la sentencia cuestionada afectó su núcleo esencial.

37. Agregó que el medio de control de reparación directa se tramitó ante las autoridades judiciales competentes, se adelantó conforme a las reglas previstas en la ley y no se pretermitió ninguna de las etapas procesales, pues las partes tuvieron la oportunidad de ejercer s u defensa. Manifestó que se garantizó el derecho de contradicción, la publicidad de las actuaciones y que las providencias en el curso del proceso se fundamentaron en derecho.

la oportunidad de ejercer s u defensa. Manifestó que se garantizó el derecho de contradicción, la publicidad de las actuaciones y que las providencias en el curso del proceso se fundamentaron en derecho.

9 Si bien el Tribunal Administrativo de Arauca no fue vinculado al presente proceso en calidad de tercero con interés, este fue requerido para que allegara la copia digital e íntegra del expediente del medio de control de reparación directa en cuestión.Demandante: Ema Parra Salamanca y otros Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2022-05792-00 (principal) 11001-03-15 000-2022-05794-00 (acumulado)

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

38. Puso de presente que los accionantes se encontraban en un desacuerdo con el criterio aplicado por el juez ordinario en la valoración de pruebas, la aplicación de las normas que rigieron el caso concreto y la negación de las pretensiones perseguidas en la demanda. En relación con la condena en costas arguyó que del escrito de tutela se advertía, de igual forma, una simple inconformidad con lo adoptado por el juez de instancia.

39. En tal sentido, adujo que el asunto es competencia exclusiva del juez de lo contencioso administrativo y versa sobre una cuestión eminentemente legal, con lo cual concluyó que los actores pretenden reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y usar, de tal forma, el mecanismo constitucional como una instancia

contencioso administrativo y versa sobre una cuestión eminentemente legal, con lo cual concluyó que los actores pretenden reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y usar, de tal forma, el mecanismo constitucional como una instancia adicional, lo cual desconoce la autonomía e independencia del juez natural de la causa.

1.8. Impugnación

40. A través de correo electrónico enviado el 6 de febrero de 2023 al buzón web de la Secretaría