CE - 110010315000202205793011SENTENCIASENTENCIA20230330195601

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante FREDY FERNANDO LOZANO LOZANO

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. La relevancia constitucional : carga argumentativa. Desconocimiento del precedente judicial: horizontal y vertical. Medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad. Razonabilidad de la medida de aseguramiento. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Fredy Fernando Lozano Lozano contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del mecanismo de amparo promovido por el señor Fredy Fernando Lozano Lozano contra el Tribunal Administrativo del Tolima en relación con el desconocimiento del precedente de conformidad con la parte motiva de esta providencia, por no superarse el requisito de relevancia constitucional.

Fredy Fernando Lozano Lozano contra el Tribunal Administrativo del Tolima en relación con el desconocimiento del precedente de conformidad con la parte motiva de esta providencia, por no superarse el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR, la acción de tutela respecto de los demás cargos propuestos por la parte accionante.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1° de noviembre de 20222, Freddy Fernando Lozano Lozano , por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3: (sic para toda la cita) “PRIMERA: Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA es responsable de la Vulneración y puesta en peligro de los Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, PRECEDENTE JUDICIAL Y DEMAS QUE DE OFICIO CONSIDERE LA HONORABLE CORPORACIÓN de mi poderdante FREDDY FERNANDO LOZANO LOZANO .

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterio r, se sírva ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, dejar sin efecto ni valor jurídico la providencia del 29 de septiembre de 2022 proferidas dentro del Medio de Control de Reparación Directa, adelantado por mi representado FREDDY FERNANDO LOZANO LO ZANO en contra de la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA

por mi representado FREDDY FERNANDO LOZANO LO ZANO en contra de la NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LA

1 Páginas 24 y 25 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 29. 2 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea. Samai, índice 2. 3 Páginas 38 y 39 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por ser estos violatorios de los derechos fundamentales de mi representado.

TERCERA: Con las atribuciones que le otorga, el ser juez Constitucional, sírvase a ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, emitir un nuevo pronunciamiento, ajustado a Derecho, donde se acojan los Precedentes Jurisprudenciales aquí relacionado .”4 (sic para toda la cita)

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 2 de octubre de 2013 , el señor Fredy Fernando Lozano Lozano, fue capturado junto con otras personas, en el municipio de Carmen de Apicalá, por agentes de la Policía Nacional, cuando trasportaba ganado en un camión sin el correspondiente permiso para esa actividad. Se le acusó del delito de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de

agentes de la Policía Nacional, cuando trasportaba ganado en un camión sin el correspondiente permiso para esa actividad. Se le acusó del delito de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. En los antecedentes del caso se lee que, el 3 de octubre de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Girardot realizó la audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. El señor Lozano Lozano fue imputado por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Posteriormente, la fiscal delegada solicitó la preclusión del proceso ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del investigado. El 5 de febrero de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Melgar con Funciones de Conocimiento precluyó la investigación penal y ordenó la inmediata libertad del señor Lozano Lozano con fundamento en la causal 5 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal5. Esta determinación fue recurrida por el representante del Ministerio Públic o, pero la autoridad judicial de segunda instancia declaró inadmisible el recurso y dejó en firme la decisión de preclusión. El hoy accionante estuvo privado de la libertad entre el 2 de octubre de 2013 y el 7 de febrero de 2014. 2.2. Como consecuencia de lo anterior, Fredy Fernando Lozano Lozano y otros promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama

y el 7 de febrero de 2014. 2.2. Como consecuencia de lo anterior, Fredy Fernando Lozano Lozano y otros promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial y, por consiguiente, se le condenara al pago de los perjuicios derivados de la privación de la libertad con ocasión al escenario fáctico descrito. 2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, bajo el radicado Nro. 73001-3333-005-2017-00078-00/01. Mediante sentencia del 11 de mayo de 2022 , el juez accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que la privación de la libertad del señor Lozano Lozano fue injusta. En consecuencia, condenó a las demandadas a la indemnización de perjuicios morales.

4 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Samai, índice 2. 5 ARTÍCULO 332. CAUSALES. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos : (…) 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Como fundamento de su decisión, expuso que se acreditó que la causal que fundamentó la decisión de preclusión fue la ausencia de intervención del

www.consejodeestado.gov.co 3 Como fundamento de su decisión, expuso que se acreditó que la causal que fundamentó la decisión de preclusión fue la ausencia de intervención del imputado en los hechos investigados. Asimismo, destacó que no se acreditó la configuración de la causal de la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad del Estado. 2.4. Las partes del proceso recurrieron esta decisión. En sentencia del 29 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el fallo de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora. En la parte motiva de la providencia se expuso que, la imposición de la medida de aseguramiento, vista desde la óptica del régimen subjetivo de responsabilidad, estuvo debidamente fundamentad a en el marco pr ocesal penal aplicable y en l a evidencia física y medios de convicción con los que contaba el juez al momento de adoptar la decisión. En consecuencia, expuso que la privación de la libertad fue proporcional, razonable y necesaria. De otra parte, indicó que, aún analizado el asunto bajo el régimen objetivo, lo cierto es que tampoco se encuentra comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado, porque las pruebas del proceso dan cuenta de la configuración de causales eximentes de responsabilidad.

3. Fundamentos de la acción 3.1. El señor Freddy Fernando Lozano Lozano alegó que la sentencia del 29 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado (pero no individualizó la sentencia ), según el cual solo al juez penal le asiste competencia para

septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado (pero no individualizó la sentencia ), según el cual solo al juez penal le asiste competencia para pronunciarse sobre los actos pre procesales posiblemente constitutivos de delito. En consecuencia, la competencia del juez de la repara ción directa se centra en el análisis de los actos procesales con miras a determinar la posible configuración del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado. En esta línea agregó que, el Tribunal accionado solo estaba facultado para analizar desde el punto de vista civil, si la conducta del procesado materializó dolo o culpa grave y hubiere sido la causa de la imposición de la medida cautelar. 3.2. También señaló que, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en desconocimiento del precedente horizontal y, en consecuencia, en desconocimiento de su derecho a la igualdad, porque, previamente, había fallado un caso idéntico, pero en sentido favorab le a las pretensiones de la parte actora. Al respecto, relacionó la sentencia del 31 de agosto de 2020, proferida por esa misma corporación dentro del proceso de reparación directa nro. 73001-3333-004-2017-00012-01, donde fue accionante el señor Cristian Mauricio Lozano Rojas, capturado en los mismos hechos. Destacó que en ese fallo el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó el régimen objetivo de responsabilidad y condenó a las demandadas. 3.3. Finalmente, indicó que el Tribunal accionado también erró al ap licar las sentencias C-037 de 1996 y SU072 de 2018, para decidir el caso particular,

responsabilidad y condenó a las demandadas. 3.3. Finalmente, indicó que el Tribunal accionado también erró al ap licar las sentencias C-037 de 1996 y SU072 de 2018, para decidir el caso particular, pues lo correcto era que la litis se resolviera bajo el amparo de la jurisprudencia vigente al momento en que se radicó la demanda, esto es: el año 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 3 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador de la primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Freddy Fernando Lozano Lozano contra el Tribunal Administrativo del Tolima. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros, al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué; a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación ; y a los señores

Mateo Alejandro Lozano Barrios, Valerie Lozano Barrios, Lida Trinidad Barrios Esquivel, Buenaventura Lozano Andrade, Isabel Lozan o Lozano, Elizabeth Lozano Lozano, Juan Manuel Collazos Lozano, Ana María Mendoza Lozano, William Felipe Mendoza Lozano, Geraldina Mendoza Lozano y Karina Andrea Lozano Lozano. Todos estos, sujetos procesales dentro del proceso radicado bajo el Nro. 73001-33-33-005-2017-00078-00/0. También, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

Lozano Lozano. Todos estos, sujetos procesales dentro del proceso radicado bajo el Nro. 73001-33-33-005-2017-00078-00/0. También, dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del CGP y que se surtieran las notificaciones de rigor. 4.2. El Tribunal Administrativo d el Tolima , por conducto del ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se niegue la solicitud de amparo constitucional, porque la sentencia se fundamentó en el marco normativo y jurisprudencial aplicable y vigente y en los medios de prueba que fueron aportados al proceso. Luego, no se concretó vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor. Manifestó que, en aplicación, de la jurisprudencia contenciosa (sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 46.947) y constitucional (C-037 de 1996 y SU072 de 2018), se adelantó de manera motivada el análisis de la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, concluyendo que la privación de la libertad no fue injusta. En esa lín ea, advirtió que se acreditó que las autoridades del proceso penal contaron con medios de convicción que permitían inferir razonablemente la autoría del imputado en las conductas delictivas por las que se le investigó y justificaba la imposición de la medida de aseguramiento. Precisó que la sentencia de la Corporación en la que fundamenta el desconocimiento del precedente horizontal fue emitida por una Sala de Decisión diferente a la que resolvió el caso particular. 4.3. La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, por conducto

desconocimiento del precedente horizontal fue emitida por una Sala de Decisión diferente a la que resolvió el caso particular. 4.3. La Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, por conducto del Director Seccional de Administración Judicial de Tolima, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, porque la pretensión del actor es reabrir un debate jurídico ya concluido en el proceso de reparación directa. A más de lo anterior, dijo que no se concretó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional. 4.4. En auto del 24 de noviembre del 2022, el despacho ponente de primera instancia ofició al Tribunal Administrativo del Tolima para que remitiera en medio digital el expediente ordinario con radicado No. 73001-33-33-004-201700012-00 correspondiente al medio de control de reparación directa adelantado por Cristian Mauricio Lozano y otros contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

5. Providencia impugnada En sentencia del 19 de enero de 2023 , la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con el alegato de que seRadicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 desconoció el precedente derivado del análisis de las conductas preprocesales del señor Freddy Lozano Lozano , debido a que no se individualizó ni id entificó el mencionado precedente judicial.

www.consejodeestado.gov.co 5 desconoció el precedente derivado del análisis de las conductas preprocesales del señor Freddy Lozano Lozano , debido a que no se individualizó ni id entificó el mencionado precedente judicial. En lo demás, el a quo negó el amparo constitucional, pues consideró que la sentencia acusada estuvo debidamente sustenta da en la aplicación razonable del marco jurisprudencial vinculante y vigente, esto es: la sentencia SU 072 de 2018 y la sentencia C-037 de 1996. Dijo que en el momento en que se radicó la demanda de reparación direct a no había un criterio uniforme sobre la determinación del régimen jurídico de responsabilidad aplicable a los casos de privación de la libertad de las personas . Luego, no ha bía lugar a reprochar la aplicación abrupta de una tesis jurisprudencial. Finalmente, indic ó que no se concretó el defecto por desconocimiento del precedente horizontal, comoquiera que la sentencia que relacionó el accionante, en la que se fallaron en sentido favorable las pretensiones del señor Mauricio Lozano Rojas, fue proferida por una Sala de Decisión diferente a la que resolvió el caso del señor Freddy Fernando Lozano. Comoquiera que las dos autoridades judiciales que emitieron las sentencias objeto de comparación son de la misma categoría, debe darse prelación al principio de autonomía e independencia judicial.

6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia con fundamento en las siguientes consideraciones: 6.1. Indebido entendimiento de la aplicabilidad y vigencia del precedente judicial.

El actor reprocha que el a quo hubiera señalado que corresponde a los

fundamento en las siguientes consideraciones: 6.1. Indebido entendimiento de la aplicabilidad y vigencia del precedente judicial. El actor reprocha que el a quo hubiera señalado que corresponde a los usuarios de la administración de justicia soportar las cargas del cambio imprevisto del precedente judicial . Entonces, concluye que la Sección Quinta del Consejo de Estado erró al declarar la improcedencia de este cargo, por falta de relevancia constitucional. Indicó que para que el Tribunal Administrativo del Tolima pudiera fallar el caso particular en aplicación de un precedente diferente al vigente al momento de la radicación de la demanda , debió indicar las razones que motiva ban la aplicación de la nueva tesis jurisprudencial, así como exponer por qué esta nueva tesis contenía una mejor interpretación del marco jurídico y por qué era más beneficiosa para la seguridad jurídica y a la igualdad. Como sustento de su alegato relacionó la sentencia del 1° de diciembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2022-05790-00 y la sentencia del 4 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado ( Exp. 57279) y con ponencia del magistrado Orlando Santofimio Gamboa. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no tuvo en cuenta la aplicación indiscriminada del pre cedente que realizó el Tribunal accionado y que vulneró el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que se predica de la administración de justicia en el ordenamiento jurídico colombiano y en el bloque de constitucionalidad (arts. 8

realizó el Tribunal accionado y que vulneró el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que se predica de la administración de justicia en el ordenamiento jurídico colombiano y en el bloque de constitucionalidad (arts. 8 y 25 de la CADH). También mencionó una sentencia de la Secció n Tercera del Consejo de Estado, proferida el 4 de mayo de 2011, relativa a la aplicación del precedente en el tiempo, pero no la identificó. 6.2. El Tribunal Administrativo del Tolima desconoció el precedente horizontal dado que en el fallo del señor Cristian Mauricio Lozano Rojas, proceso de reparaciónRadicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 directa nro. 73001 -33-33-004-2017-00012-00/01, se condenó al Estado en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, pero el caso particular, a pesar de ser idéntico, se resolvió en aplicación del régimen subjetivo de responsabilidad. 6.3. La autoridad judicial accionada violó el precedente judicial al fundamentar su determinación en la valoración de la conducta preprocesal del investigado, invadiendo la competencia propia del juez penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 6, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judi ciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 9 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judic ial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el

mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judic ial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) d efecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)

defecto orgánico, ii) d efecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

3. Planteamiento del problema jurídico El accionante fundamentó su impugnación en el desconocimiento del precedente judicial relativo a: (i) la imposibilidad que le asiste al juez administrativo de cimentar la exoneración de responsabilidad del Estado en la conducta pre procesal del investigado, dado que ello se traduce en la usurpación de las competencias del juez penal; (ii) la indebida elección del régimen de responsabilidad bajo el cual debía resolverse el caso particular, pues correspondía aplicar el régimen objetivo de responsabilidad comoquiera que era la tesis jurisprudencial vigente al momento de interposición de la demanda (año 2017); (iii) la vulneración del derecho a la igualdad dado el desconocimiento del precedente horizontal, cuyo parámetro es la sentencia

responsabilidad comoquiera que era la tesis jurisprudencial vigente al momento de interposición de la demanda (año 2017); (iii) la vulneración del derecho a la igualdad dado el desconocimiento del precedente horizontal, cuyo parámetro es la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el caso del señor Cristián Mauricio Lozano (exp.2017-00012-00/01). Entonces, la Sala debe establecer, si el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2022 , en el marco del medio de control de reparación directa sub examine , incurrió en defecto por desconocimiento del precedente h orizontal y vertical y, en consecuencia, si vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Fredy Fernando Lozano Lozano. Para resolver el problema jurídico, la Sección, en primer lugar, se referirá a los principales fundamentos jurisprudenciales y fácticos de la sentencia acusada. Posteriormente, analizará si se concretó el desconocimiento del precedente horizontal. Finalmen te, se determinará si el Tribunal accionado resolvió el caso particular en aplicación de un precedente judicial que no cumplía con el requisito de vigencia para tal fin.

4. La ratio de la sentencia del 29 de septiembre de 2023 se fundamentó en el análisis de la razonabilidad de la medida de aseguramiento 4.1. El Tribunal Administrativo del Tolima inició por explicar que , las posturas jurisprudenciales actuales del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional

(SU-072 de 2018 y C -037 de 1996) sostienen que es posible analizar el elemento de antijuridicidad en casos de privación injusta de la libertad bajo el

jurisprudenciales actuales del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional (SU-072 de 2018 y C -037 de 1996) sostienen que es posible analizar el elemento de antijuridicidad en casos de privación injusta de la libertad bajo el régimen objetiv o, cuando (i) el hecho no existió; y (ii) la conducta era objetivamente atípica. Dijo que, en los demás evento s, el estudio de la antijuridicidad del daño queda ba supeditado a la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento. También relacionó las reglas de decisión establecidas en otras providencias y que estimó relevantes a efectos del análisis de la responsabilidad del Estado por eventos de privación injusta de la libertad, entre ella, la sentencia del 4 de diciembre de 2020 (Exp. 50.944), con ponencia del magistrado Ramiro Pazos en el que, se propuso la siguiente metodología para el estudio de eventos de privación injusta de la libertad: (i) identificar la existencia del daño; (ii) analizar la razonabilidad de la medida de a seguramiento desde la perspectiva de responsabilidad subjetiva de falla en el servicio ; (iii) en caso de que no se acredite la falla en el servicio, analizar la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo de responsabilidad; (iv) en todos los casos, analizar la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; (v) y, en caso de condena, liquidar perjuicios.

10 “Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente:

de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; (v) y, en caso de condena, liquidar perjuicios.

10 “Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, 15 de agosto de 2018, radicado 66001 -23-31-000-2010-00235-01 (46947), y la sentencia Sección Tercera, Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez, calendada el 6 de agosto de 2020, que reemplazo la sentencia antes anunciada, en cumplimiento de la sentencia de tutela (radicado 11001-03-15-000-2019-00169-01).”Radicado: 11001-03-15-000-2022-05793-01

Demandante: Fredy Fernando Lozano Lozano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 4.2. Acto seguido, el Tribunal indicó que la investigación penal en contra del señor Lozano Lozano culminó con preclusión de la investigación con fundamento en la ausencia de intervención del imputado en el hecho i nvestigado, previa solicitud de la Fiscalía 37 Seccional. En la providencia que declaró la preclusión el Juzgado Penal del Circuito de Melgar con Funciones de Conocimiento, manifestó: “Sobre los hechos explica que ocurrieron el 2 de octubre de 2013 a las 6 de la mañana, los imputados llegaron a la finca leche y miel, irrumpieron con armas de fuego con las que intimidaron a sus moradores y al administrador, apoderándose de 30 semovientes

los imputados llegaron a la finca leche y miel, irrumpieron con armas de fuego con las que intimidaron a sus moradores y al administrador, apoderándose de 30 semovientes avaluados en la suma de 30 millo