CE - 110010315000202205819011SENTENCIA20230331095809

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05819-01

Demandante: Didier Esther Navas Altahona

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05819-01

Demandante: Didier Esther Navas Altahona Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, y otro

Tema: Acción de tutela por no individualizarse correctamente al responsable de cumplir la orden de tutela y por la indebida notificación del trámite incidental de desacato. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad, con respecto al primer cargo, y ausencia de defecto procedimental, frente al segundo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la acción de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Didier Esther Navas Altahona promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, requirió declarar la nulidad2

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absoluta de todo lo actuado dentro del incidente de desacato con número de radicado 08001 33 33 002 2021 00124 00/01.

1.1.2. Hechos de la solicitud

La accionante, en síntesis, narró como hechos relevantes, los siguientes:

1. La señora Leticia Esther Antequera Schoonewolf instauró incidente de desacato en contra de la empresa Salud Total EPS y de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por el incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela proferido el 7 de julio de 2021.

1. El 14 de octubre de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla sancionó por desacato a los representantes legales de las empresas mencionadas, o a quien hiciera sus veces, con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, ante la falta de acatamiento del proveído mencionado.

de Barranquilla sancionó por desacato a los representantes legales de las empresas mencionadas, o a quien hiciera sus veces, con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, ante la falta de acatamiento del proveído mencionado.

1. El 18 de noviembre de igual anualidad el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión A, en grado jurisdiccional de consulta, modificó la anterior providencia, en el sentido de aclarar que era solo ella, Didier Esther Navas Altahona, como representante legal de Salud Total EPS, quien había incurrido en desacato y contra quien se impondría la sanción.

1. El 3 de febrero de 2022 solicitó la nulidad de todo lo actuado en el trámite incidental, entre otras cosas, por no haberle notificado como personal natural el auto de apertura del incidente de desacato , máxime si el 17 de septiembre de 2021 renunció a la empresa Salud Total EPS y por no haberse individualizado a la persona encargada de cumplir lo ordenado en el fallo de tutela.

1. En e l mes de marzo radicó una acción de tutela, la cual fue declarada improcedente el 28 de abril de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decisión que fue confirmada y adicionada el 23 de junio de igual año por la Sección Prime ra de esa corporación, en el sentido de instar al Juzgado3

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Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla a resolver el incidente de nulidad formulado dentro del proceso de desacato.

1. El 10 de octubre de la misma anualidad el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquill a negó lo peticionado, al considerar que no existía ninguna irregularidad procesal, puesto que la secretaria de ese despacho judicial notificó en debida forma el auto del 25 de agosto de 2021 y, adicionalmente, la accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, toda vez que presentó informe sobre el acatamiento de la sentencia de tutela.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia e incurrieron en defecto procedimental absoluto , por las siguientes razones:

1. El Juzgado no individualizó a la persona encargada de cumplir la orden impuesta en un fallo tutela, comoquiera que dentro de sus funci ones no se encontraba la de acatar estas decisiones , situación que fue agravada por el Tribunal al modificar el auto del 14 de octubre de 2021 y sancionarla por desacato, pese a que desde el 17 de septiembre de 2021 no ostenta la representación legal de la EPS Salud Total.

1. No fue vinculada ni notificada como persona natural del auto de apertura del

de septiembre de 2021 no ostenta la representación legal de la EPS Salud Total.

1. No fue vinculada ni notificada como persona natural del auto de apertura del incidente que fue decidido en su contra y tampoco de las decisiones que resolvieron el incidente de desacato , pues, para el momento en que le fue impuesta la sanción, ya no se encontraba vinculada a la empresa mencionada, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción.

1. Si las dependencias judiciales la hubiesen notificado debidamente, habría tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa que como persona natural le asiste, pero, solo fue informada por terceros de la existencia de la sanción que le fue impuesta en el trámite incidental.4

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1.2. Actuación procesal

El 8 de noviembre de 2022 el despacho sustanciador admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, y del Juzgado Segundo Administrati vo del Circuito Judicial de Barranquill a. Adicionalmente, vinculó, como terceros interesados en el resultado del proceso, a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a la empresa Salud Total EPS y a la señora Leticia Esther Antequera Schoonewolf. En consecuencia, les otorgó un término de dos días para que rindieran informe sobre los hechos y pretensiones objeto de la presente acción.

EPS y a la señora Leticia Esther Antequera Schoonewolf. En consecuencia, les otorgó un término de dos días para que rindieran informe sobre los hechos y pretensiones objeto de la presente acción.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

El juez Eugenio Rafael Fonseca Ovalle solicitó negar por improcedente la acción de la referencia, con fundamento en lo siguiente:

1. En el fallo de tutela, objeto del trámite incidental, el despacho judicial identificó claramente al sujeto o persona obligada a cumplir la orden, pues esta iba dirigida al representante legal de Salud Total o, a quien hiciera sus veces.

1. El 25 de agosto de 2021, fecha en la que se inició el incidente de desacato , la señora Didier Esther Navas Altahona era la representante legal de la EPS precitada, por lo que no transgredió ninguna garantía ius fundamental.

1. En la providencia del 10 de octubre de 2022, mediante la cual resolvió la solicitud de nulidad, están expuest as las razones y fundamentos jurídicos para negar las pretensiones de la acción de la referencia ; proveído que quedó debidamente ejecutoriado, en atención a que la peticionaria no interpuso recurso alguno contra esa decisión.5

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1. De las actuaciones surtidas dentro del inc idente de desacato, puede establecerse que no incurrió en ninguna irregularidad de las que aduce la accionante, sino que, por el contrario, el trámite incidental estuvo ceñido a la ley.

1.3.2. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A.

El magistrado Luis Carlos Martelo Maldonado rindió el informe solicitado , en los siguientes términos:

1. No desconoció los derechos fundamentales de la señora Didier Esther Navas Altahona, puesto que la decisión adoptada, en grado de consulta, se basó en un estudio minucioso de las norma s, los elementos probatorios obrantes en el expediente y los derroteros trazados por el tribunal de cierre en asuntos contenciosos administrativos.

1. De otra parte, la acción de tutela no puede convertirse en otra instancia de las decisiones judiciales, pues su procedencia está condicionada a que estas últimas riñan con los principios constitucionales previstos en los artículos 228 y 230 de l texto superior, constituyan una vía de hecho y vulneren derechos fundamentales, situaciones no se advierten en la decisión objeto de tutela, por lo que solicitó denegar o rechazar por improcedente el mecanismo de amparo.

1.3.3. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

La directora de Acciones Constitucionales, Malky Katrina Ferro Ahcar, solicitó la

o rechazar por improcedente el mecanismo de amparo.

1.3.3. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

La directora de Acciones Constitucionales, Malky Katrina Ferro Ahcar, solicitó la desvinculación de esa entidad, por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que aquella no es la responsable de la acción u omisión que generó la vulneración de los derechos fundamentales reclamados y, además, ninguna de las pretensiones se dirige contra ella.

1.4. Sentencia impugnada6

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El 26 de enero de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, por los siguientes argumentos:

1. El debate propuesto en esta sede constitucional no tiene como génesis la posible vulneración de derechos fundamentales, sino lo que busca es ventilar nuevamente los a spectos que le fueron resueltos desfavorablemente a la accionante en la providencia que negó la nulidad solicitada, comoquiera que los argumentos allí esgrimidos guardan similitud con los aquí expuestos.

1. La parte actora no id entificó la providencia judicial respecto de la cual alega la supuesta vulneración iusfundamental, condición mínima que se requiere cuando se promueve una acción de tutela contra una decisión proferida en el marco de un

1. La parte actora no id entificó la providencia judicial respecto de la cual alega la supuesta vulneración iusfundamental, condición mínima que se requiere cuando se promueve una acción de tutela contra una decisión proferida en el marco de un trámite judicial. Adicionalmente, si en gracia de discusión , se considerara que la providencia judicial objetada es el auto de l 10 de octubre de 2022 , que resolvió la nulidad solicitada por la accionante, se concluye que la intención de dar continuidad a la discusión zanjada sobre la notific ación de los representantes legales de entidades en el marco del trámite de desacato.

1. Las providencias del 10 de agosto de 2021, mediante el cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla requirió a Salud Total EPS para que rindiera informe previo de cumplimiento, y del 25 de agosto de 2021, por medio de la cual se inició el incidente de desacato, fueron notificadas a la accionante el 11 y 26 de agosto de 2021 a la dirección suministrada por la EPS para ese fin , esto es

notificacionesjud@saludtotal.com.co, fechas para las que la accionante fungía como representante legal de la entidad, tanto así que es quien suscribe la contestación del mencionado requerimiento previo y el documento denominado «respuesta al incidente de desacato».

1.5. Impugnación

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia , con fundamento en lo s argumentos expuestos en el escrito de tutela y, adicionalmente, en lo siguiente:7

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argumentos expuestos en el escrito de tutela y, adicionalmente, en lo siguiente:7

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1. El fallador de primera instanci a no tuvo en cuenta que fue sancionada como persona natural por lo que debió notificarle en debida forma esa decisión y no a través de su antiguo empleador.

1. No busca la nulidad de las actuaciones surtidas por los accionados, sino lo que pretende es la protección de sus derechos fundamentales, debido a que no fue vinculada ni notificada al trámite incidental.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, d e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia . En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental en

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia . En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental en el incidente de desacato con número de radicado 08001 33 33 002 2021 00124 00/01 y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia de la accionante.

2.3. Procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato

El análisis de solicitudes de amparo donde se involucre el cuestionamiento de decisiones adoptadas en trámites de desacato, parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros m edios de impugnación destinados a controvertir lo8

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resuelto por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada de quien es el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas1. Esto, por cuanto el auto que pone fin a un incidente de desacato no es susceptible de apelación2 y porque en casos donde la decisión consiste en sancionar al conminado, el grado jurisdiccional de consulta se surte ―por mandato legal― de manera obligatoria3

En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dado paso a su estudio siempre

al conminado, el grado jurisdiccional de consulta se surte ―por mandato legal― de manera obligatoria3

En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dado paso a su estudio siempre que (i) el trámite incidental haya finalizado, esto es, que el auto que le pone fin esté debidamente ejecutoriado; (ii) que los argumentos en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela contra este sean coherentes y no se contradigan, esto es, que no se presenten asuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es en el incidente de desacato, ni se pidan o presenten pruebas que no fueron origina lmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente4 y, (iii) que se reúnan las condiciones generales de procedencia de la acción de tutela y al menos una de las causales específicas de procedibilidad para solicitar el amparo.

Superado el análisis de procedencia, el fallador constitucional debe limitarse a estudiar (i) si se respetó el debido proceso; (ii) si el juez que decidió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo proferida, cuyo incumplimiento define; y (iii) si la sanción impuesta ―si fuere el caso― no es arbitraria, sin que, por otra parte, pueda reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela, donde se produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido de aquella5.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

1 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2014.

concedida o el alcance y contenido de aquella5.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

1 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2014. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 1996. 3 Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998. 4 Ibidem 5 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005.9

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La jurisprudencia constitucional 6 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20057, en la que se hace distinción en tre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el

constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate d e una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez de be hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se fijaron como causales específicas de procedibilidad , aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada, los cuales consisten en: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo,

motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo,

6 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 7 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia, el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derech os fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia , pues, en criterio de la accionante, las autoridades accionadas no individualizaron correctamente al

vulneración de los derech os fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción y acceso a la administración de justicia , pues, en criterio de la accionante, las autoridades accionadas no individualizaron correctamente al responsable de cumplir el fallo de tutela y tampoco le notificaron en debida forma el auto que abrió el incidente de desacato , eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar lesivos los intereses de aquella.

2.5.2. Se cumple la exigencia de inmediatez, por cuanto la última providencia en el proceso incidental fue emitida el 10 de octubre de 2022 y la acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 2 de noviembre de igual anualidad , esto es, en el término de los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.3. La exigencia de subsidiaridad será analizada de manera puntual en el acápite de «Análisis del caso concreto» comoquiera que debe determinarse si la accionante agotó los mecanismos defensa que tenía a su alcance para plantear los reparos que hoy expone en esta sede, con respecto a la incorrecta individualización de la persona encargada de cumplir la orden objeto del trámite incidental.

2.5.4. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.5. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza.11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05819-01

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fundamentales.

2.5.5. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza.11

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2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 8 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto , que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimi ento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal

sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que preci samente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente , hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica u na ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constituci ón, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política.

8 Mediante sentencia C -590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.12

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específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.12

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2.7. Marco normativo y jurisprudencial de la causal de procedibilidad de defecto procedimental

Ha dicho la Corte Constitucional con respecto al defecto procedimental 9, que este puede ser de dos tipos:

Primero, carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto.

Segundo, por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. Aquí el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda.

2.8. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del incidente de

derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda.

2.8. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del incidente de desacato con número de radicado 08001 33 33 002 2021 00124 00/01 , la Sala establece:

2.8.1. La señora Leticia Esther Antequera Schoonewolff interpuso acción de tutela contra Salud Total EPS y/o la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) para que se protegieran sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, a los derechos adquiridos y al mínimo vital.

9 Sentencia T-213 de 201213

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2.8.2. El 7 de julio de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla resolvió lo siguiente:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social a la accionante LETICIA ESTHER ANTEQUERA SCHOOLNEWOLFF […] vulnerados por las autoridades accionadas, SALUD TOTAL EPS y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia de tutela […].

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al representante legal de SALUD TOTAL EPS o quien haga sus veces , para que dentro del término de cuarenta y ocho (48)

razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia de tutela […].

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al representante legal de SALUD TOTAL EPS o quien haga sus veces , para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir d