CE - 110010315000202205829011SENTENCIA20230317080814

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16 ) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales –

ACOLFUTPRO1

Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la parte actora no se advierte la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados y el debate se centra en un asunto de mera legalidad que pretende reabrir el debate resuelto po r el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por los representantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO en contra del fallo de l 15 de diciembre de 2022 , dictado por la Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

I.1. Los señores Carlos Francisco González Puche, en su condición de Director Ejecutivo, y Luis Alberto García Suárez, en su calidad de Secretario General de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, promovieron acción de tutela en contra de

Director Ejecutivo, y Luis Alberto García Suárez, en su calidad de Secretario General de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, promovieron acción de tutela en contra de la Sección Quinta de esta Corporación, con el fin de que le fuera protegido sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia judicial del 18 de agosto de 2022, mediante la cual confirmó el numeral primero y revocó los numerales segundo y tercero de la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de cumplimiento con radica do núm. 2500023410002022-00243-01, interpuesta por los accionantes en contra del Ministerio del Deporte, con el fin de que ejerza sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los estatutos y reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol -FCFy la División Mayor del Fútbol Colombiano -DIMAYOR-.

1 Presentada por el Director Ejecutivo y el Secretario GeneralRadicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO

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Como pretensiones solicitaron: (i) declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de ACOLFUTPRO, al aplicar el Decreto 1085 de 2015, para decidir el recurso de apelación, incurriendo así en una vía de hecho por defecto sustancial en la sentencia del 18 de agosto de 2022.

(ii) Declarar que la accionada vulneró el derecho fundamental al debido

2015, para decidir el recurso de apelación, incurriendo así en una vía de hecho por defecto sustancial en la sentencia del 18 de agosto de 2022.

(ii) Declarar que la accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al abstenerse de valorar todas las pruebas allegadas al proceso que daban cuenta que el Ministerio del Deporte incumplió sus funciones de inspección, vigilancia y control, al no revisar y aprobar los estatutos y reglamentos expedidos por la FCF y de la DIMAYOR, incurriendo así en una vía de hecho por defecto fáctico en la sentencia del 18 de agosto de 2022.

(iii) Solicitó se deje sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir un nuevo fallo en el que se apliquen debidamente los artículos 34 y 37 (numeral 3) del Decreto Ley 1228 de 1995, el numeral 30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 2019, el artículo 2º del Decreto 1227 de 1995 y el numeral 30 del artículo 2º del Decreto 1670 de 2019, y se aprecien las demás pruebas que acreditan que el Ministerio del Deporte incumplió con la debida inspección, vigilancia y control de los estatutos y reglamentos de la FCF y de la DIMAYOR.

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, se adelantó acción de cumplimiento con radicado núm. 25000-23-41-000-2022-00243-00, iniciada por los señores Carlos Francisco Gonzales Puche, en su calidad de Director Ejecutivo, y Luis

Subsección “A”, se adelantó acción de cumplimiento con radicado núm. 25000-23-41-000-2022-00243-00, iniciada por los señores Carlos Francisco Gonzales Puche, en su calidad de Director Ejecutivo, y Luis Alberto García Suárez, Secretario General, de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, en contra del Ministerio del Deporte2, de quien sostiene no ha cumplido sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de la -FCFy de la DIMAYOR, pues no ha revisado y analizado el contenido de los estatutos sociales de la -FCFpara determinar si los aprueba o no.

II.2. Mediante sentencia del 17 de junio de 2022, el Tribunal resolvió Negar la pretensión de cumplimiento del numeral 3° del artículo 37 del Decreto Ley 1228 de 1995. Asimismo, declaró el incumplimiento del artículo 34 del Decreto Ley 1228 de 1995, en concordan cia con lo dispuesto en el numeral 30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 2019 y numeral 30 del artículo 2 del Decreto 1670 de 2019, por parte del Ministerio del Deporte. En consecuencia, ordenó al Ministerio del Deporte que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control

2 Lo pretendido con la acción de cumplimiento era que el Ministerio del Deporte el acatamiento de los artículos: i) 34, 37.3 del Decreto 1228 de 1995; ii) 4.30 de la Ley 1967 de 2019 , iii) 2º del Decreto 1227 de 1995 y;

1. 34, 37.3 del Decreto 1228 de 1995; ii) 4.30 de la Ley 1967 de 2019 , iii) 2º del Decreto 1227 de 1995 y; iv) 2.30 del Decreto 1670 de 2019 y, en consecuencia, ejerza la debida inspección, vigilancia y control sobre los estatutos y reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol –FCFy la División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR-.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO 3 correspondientes a “Aprobar sus estatutos, reformas y reglamentos”, adopte las decisiones que en derecho corresponda, en r elación con los estatutos y códigos disciplinarios de la Federación Colombiana de Fútbol y de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Finalmente declaró improcedente la acción de cumplimiento frente al artículo 2 del Decreto Ley 1228 de 1995.

II.3. Inconformes con la anterior decisión, los accionantes y el Ministerio del Deporte interpusieron recurso de apelación.

II.4. El 18 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación. Confirmó el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que negó el cumplimiento del numeral 3º del artículo 37 del Decreto Ley 1228 de 1995; y revocó los numerales segundo y tercero, negando las pretensiones de la demanda.

II.5. Inconformes con la anterior decisión, los accionantes presentaron acción de tutela, al considerar que la providencia proferida por el ad quem

los numerales segundo y tercero, negando las pretensiones de la demanda.

II.5. Inconformes con la anterior decisión, los accionantes presentaron acción de tutela, al considerar que la providencia proferida por el ad quem incurrió en defecto sustantivo y fáctico , vulnerando sus derechos fundamentales al acceso a la administrac ión de justicia y al debido proceso.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 10 de noviembre de 2022 , el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la accionada , vincul ó a las diligencias a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Ministra del Deporte, al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, y ordenó que se remitiera copia magnética del expediente correspondiente al proceso de acción de cumplimiento con radicación 25000 -23-41-000-2022-0024300/01 que se adelantó en contra del Ministerio del Deporte.

Dentro del término el accionado presentó sus argumentos frente a los hechos y pretensiones expuestas en la tutela, así:

II.2. Sección Quinta del Consejo de Estado , el magistrado ponente manifestó que lo pretendido por los accionantes es reabrir un debate finalizado en el cual no se presentó vulneración de las garantías constitucionales y lo que realmente se advierte es su descontento con la decisión.

El asunto carece del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, lo cual impide el estudio de fondo de los defectos alegados.

constitucionales y lo que realmente se advierte es su descontento con la decisión.

El asunto carece del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, lo cual impide el estudio de fondo de los defectos alegados.

Precisó que el ordenamiento jurídico prevé un trámite específico para la aprobación de los estatutos de las federaciones de l Sistema Nacional del Deporte, dentro de las que se encuentran la FCF y la Dimayor ; además, señaló que el deber contenido en el numeral 3 del artículo 37 del DecretoRadicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO 4 1228 de 1995 se refiere a la aprobación de todos los estatutos, reformas y reglamentos de las federaciones, sin hacer distinción sobre cuáles están sujetos a aprobación por parte del Ministerio del Deporte.

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 15 de diciembre de 2022 , la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela respecto al defecto sustantivo y negó el defecto fáctico alegado, según las siguientes

consideraciones:

Sobre el defecto sustantivo alegado, la Sala señaló que dicho planteamiento está relacionado con las razones que ya habían sido expuestas por la parte actora en la acción de cumplimiento y analizadas en el curso de ese proceso por parte del juez natural de la causa, relacionadas con el alcance de los artículos referidos del Decreto 1085 de 2015 y el deber de las federaciones deportivas nacionales, para el caso la FCF y Dimayor,

el curso de ese proceso por parte del juez natural de la causa, relacionadas con el alcance de los artículos referidos del Decreto 1085 de 2015 y el deber de las federaciones deportivas nacionales, para el caso la FCF y Dimayor, de inscribir sus estatutos y el Código Disciplinario Único de la FCF ante el Ministerio del Deporte.

Concluyó la sala en lo concerniente al defecto sustantivo, que la parte actora pretendía emplear la acción de tutela como un recurso que permitiera revivir la discusión sobre la interpretación de los artículos 2.6.2.2. y 2.6.2.3 del Decreto 1085 de 2015 y con ello crear una instancia adicional para obtener una decisió n favorable a sus intereses, a pesar de que tales desacuerdos no atañen a una discusión de raigambre constitucional, que ya fue decidida por el juez natural de la causa y que resulta insuficiente para sustentar la relevancia constitucional.

Agrego que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar varios elementos, entre ellos que la acción de tutela no se use para volver sobre lo discutido en el proceso ordinario, esto es, que no se use co mo una instancia adicional a este, puesto que dicho mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o discrepancia que un actor tenga frente a una determinada decisión judicial.

Seguidamente, en lo que ataña con el defecto fáctico señaló la Sala que en la sentencia cuestionada la autoridad judicial demandada sí hizo un análisis de todas las pruebas que fueron aportadas por las partes al proceso

judicial.

Seguidamente, en lo que ataña con el defecto fáctico señaló la Sala que en la sentencia cuestionada la autoridad judicial demandada sí hizo un análisis de todas las pruebas que fueron aportadas por las partes al proceso ordinario, en particular del oficio de respuesta proferido el 20 de agosto de 2021 por el Ministerio del Deporte para dar respuesta a la petición elevada por Acolfutpro.

Consideró la Sala respecto al punto anterior, que para la autoridad judicial demandada ese hecho no tuvo mayor incidencia para resolver la controversia que le fue planteada, por cuanto su tesis se centró en que Acolfutpro no probó que los estatutos de la FCF, el Estatuto del Jugador de la Federación C olombiana de Fútbol, el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, los Estatutos de la División Mayor delRadicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO

5 Fútbol Colombiano y el documento Declaraciones, Autorizaciones, Derechos y Deberes, fueron inscritos o remitidos al Ministerio del Deporte, por lo cual dedujo que no era posible exigirle a esa cartera ministerial el cumplimiento de sus obligaciones legales para determinar la aprobación de aquellos documentos.

Finalmente, advirtió que no se evidenció que la autoridad accionada omitiera analizar alguna de las pruebas aportadas por la actora al proceso de acción de cumplimiento o que fundara su decisión exclusivamente en las competencias legales del Ministerio del Deporte ; por el contrario, fue la valoración integral del expediente la que le permitió concluir que la autoridad ministerial demandada no recibió los documentos cuya revisión

de acción de cumplimiento o que fundara su decisión exclusivamente en las competencias legales del Ministerio del Deporte ; por el contrario, fue la valoración integral del expediente la que le permitió concluir que la autoridad ministerial demandada no recibió los documentos cuya revisión exigió la demandante, por lo cual no era posible declararla en incumplimiento de sus deberes legales.

V. IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, al considerar que la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela frente al defecto sustantivo al no haber superado el requisito de relevancia constitucional por haber planteado una discusión eminentemente legal, es equivocado, debido a que la aplicación de un fundamento jurídico que no es procedente a un caso concreto tiene un efecto directo en el sentido de la decisión judicial y, por lo tanto, trascendencia constitucional.

En cuanto a la decisión de negar las pretensiones por no haberse encontrado configurado el defecto fáctico, reiteraron los argumentos expuestos en el punto anterior.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

VII.2. ANÁLISIS DE LA SALA.

Según lo dispuesto por los actores en su impugnación, señalaron que el caso concreto sí reviste de relevancia constitucional, comoquiera que se ven afectados sus derechos fundamentales al no acceder a las pretensiones de la acción de cumplimiento, al no exigirle al Ministerio del Deporte el cumplimiento de su función de vigilancia, inspección y control de los estatutos, reformas y reglamentos expedidos por la FCF y la DIMAYOR, debe la Sala examinar si se cumple con este requisito.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO

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VII.2.1. Procedencia de la Acción de Tutela

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

VII.2.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 3, indicó que un asunto sometido al estudio del jue z de tutela tiene relevancia constitucional cuando se “ plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

relevancia constitucional cuando se “ plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En consecuencia, le corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

VII.2.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de

desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth Ga rcía González). 4 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO 7 constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrars e en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse e n aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse e n aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C –590 de 2005, la Corte precisó que “ los fundam entos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019 5, el alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 20226, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

VII.2.2. Caso concreto

la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

VII.2.2. Caso concreto

5 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU103 de 2022. 6 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protec ción de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO

8 (i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional gire en torn o al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las razones por las cuales el ciudadano considera q ue la providencia atacada los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o, en otras palabras,

el ciudadano considera q ue la providencia atacada los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o, en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

En cuanto al debido proceso y acceso a la administración de justicia, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU 103 del 17 de marzo de 2022 7, al estudiar el requisito de relevancia en relación con estos derechos, explicó:

“[…] 112. Asimismo, reiterando l a sentencia T -244 de 2007, afirmó la Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta constitucional, supone un desc onocimiento de sus elementos esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la decisión judicial, el derech o a la independencia e imparcialidad del juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al acceso a la administración de justicia, supone una vulneración algunos de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que “el acceso a la

sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo anterior, teniendo en cuenta que “el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”.

113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del debido proceso con fundamento en una simple relación de los hechos del caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus

7 M.P.: Alejandro Linares Cantillo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO 9 elementos. En la mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no satisfac er el requisito de relevancia constitucional.

Constató que la tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del accionante en su faceta constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente económica, c onsistente en la inconformidad la actora con el laudo arbitral emitido en su contra.[…]”. [Se destaca]

faceta constitucional, sino que planteaba una controversia estrictamente económica, c onsistente en la inconformidad la actora con el laudo arbitral emitido en su contra.[…]”. [Se destaca]

En un pronunciamiento anterior, esto es, en el año 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU 1288, explicó, con fundamento en la sentencia SU 573 de 2019, lo siguiente frente al derecho fundamental al debido proceso y el requisito de relevancia constitucional:

“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU -573 de 2019 esta Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]”.

Bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU -215 ambas de 2022, se tiene que no está acreditada la exigencia de la relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin justificar las razones por las cuales estima que la providencia atacada lo afectó; pues, en criterio de la Corte Constitucional, “ se exige demostrar,

a invocar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin justificar las razones por las cuales estima que la providencia atacada lo afectó; pues, en criterio de la Corte Constitucional, “ se exige demostrar, de manera razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos”9, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los derechos al debido proceso o del acceso efectivo a la administración de justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia controvertida en la acción de tutela.

La jurisprudencia de la Corte Const itucional ha definido el derecho al debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trá mite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre

8 M.P.: Cristina Pardo Schlesinger. 9 Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).Radicado: 11001-03-15-000-2022-05829-01

Accionante: ACOLFUTPRO 10 e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o

decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de