CE - 110010315000202205832011SENTENCIA20230313164145

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Radicación 11001-03-15-000-2022-05832-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05832-01

Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial que confirmó parcialmente la sentencia apelada y condenó al ente universitario accionante a reconocer y pagar un retroactivo pensional / inexistencia de los defectos fáctico, material o sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial / independenc ia y autonomía del juez natural

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera , proferida el 14 de diciembre de 2022 , que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la Universidad Nacional de Colombia, Fondo Pensional, por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se le tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.2

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Como consecuencia de lo anterior , solicitó que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, proferida el 5 de octubre de 2022, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 3342 050 2019 00416 01 , que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia expedida el 2 de marzo de 2021 por el Juzgado Cincuenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, y, en su lugar, se ordene emitir una decisión de reemplazo en la que se declare la prescripción del retroactivo pensional reconocido en favor de la señora Blanca Aurora Rodríguez de Rojas por el periodo comprendido del 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013, y, en consecuencia, se absuelva al Fondo Pensional de la Universidad Nacion al de

de Rojas por el periodo comprendido del 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013, y, en consecuencia, se absuelva al Fondo Pensional de la Universidad Nacion al de pagar la condena allí impuesta.

1.1.2. Los hechos

La entidad accionante, en síntesis, narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. La señora Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, a través de apoderado judicial, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos, de una parte, por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia , a través de los cuales le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vej ez y, de otra , por la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones— (en adelante Colpensiones) en los que se abstuvo de concederle la indemnización sustitutiva.

1. El Juzgado Cincuenta Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 2 de marzo de 2021, declaró probadas las excepciones de mérito y negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue apelada por la demandante; el recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , el 5 de octubre de 2022, en el sentido de «CONFIRMAR y REVOCAR la sentencia de primera instancia […] y […] orden[ó] reconocer y pagar a la señora Blanca Aurora Rodrígu ez de Rojas, […] el retroactivo pensional correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013 con actualización», pese a que dichas mesadas se encontraban prescritas.3

correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013 con actualización», pese a que dichas mesadas se encontraban prescritas.3

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1.1.3. Los defectos invocados

El ente accionante, indicó que la autoridad judicial accionada le vulneró los derechos fundamentales antes referidos, comoquiera que al revocar lo decidido por el a quo incurrió en una vía de hecho «ahora denominada por la H. Corte Constitucional como “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”» , en atención a las siguientes circunstancias:

1. Se encuentra probado en el proceso que la señora Blanca Aurora Rodríguez de Rojas radicó múltiples solicitudes de reconocimiento y pago de pensión de jubilación; la primera de ellas , presentada el 11 de marzo de 2009, la cual fue resuelta por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia en forma negativa, mediante el Oficio CPS -0871 de l 25 de agosto de 2009, por tanto, es a partir de dicha reclamación que se interrumpió el término de prescripción de las mesadas requeridas; en consecuencia, los tres años para iniciar las acciones ju diciales pertinentes fenecieron, sin que ella las ejecutara, el 25 de agosto de 2012. Sin embargo, la señora Blanca Aurora Rodríguez continuó insistiendo en la petición prestacional y, por ende,

en consecuencia, los tres años para iniciar las acciones ju diciales pertinentes fenecieron, sin que ella las ejecutara, el 25 de agosto de 2012. Sin embargo, la señora Blanca Aurora Rodríguez continuó insistiendo en la petición prestacional y, por ende, provocó la generación de diversos actos administrativos durante los años 2009 a 2019, que fueron objeto de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la demanda instaurada el 9 de se ptiembre de 2019, cuando ya se había materializado el fenómeno de la prescripción.

1. Conforme con lo anterior, en el presente caso debió declarar probada la excepción de prescripción, alegada como argumento de defensa en la contestación de la demanda.

1. La sentencia cuestionada inobservó lo previsto en los artícul os 41 del Decreto 3135 del 1968 y 103 del Decreto 1848 de 1969, según los cuales «Las acciones que emanan de los derechos laborales y prestacionales, prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles» y la reclamación del titular, interrumpe dicho término por una sola vez y por un lapso igual. A esta conclusión llegó el Consejo de Estado, Sección Segunda , en las sentencias proferidas el 2 de julio y el 17 de agosto de 2015.4

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1.2. Actuación procesal

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela y , dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. Como terceros interesados en las resultas del proceso , vinculó a la señora Blanca Aurora Rodríguez Rojas, a Colpensiones y al Juzgado Cincuenta Administrativ o Oral del Circuito de Bogotá y negó la solicitud de suspensión provisional.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B

El magistrado Alberto Espinosa Bolaños intervino en condición de ponente de la providencia reprochada y solicitó, en primera medida, que se declare la improcedencia de la acción de tutela, comoquiera que con el pedimento constitucional lo que pretende la parte accionante es generar una tercera instancia al insistir en un debate que ya fue resuelto en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o, en su defecto , se nieguen las pretensiones solicitadas, dado que los vicios para afirmar su procedibilidad no se demostraron y, por consiguiente, no se incurrió en la violación de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión censurada fue debidamente sustentada y razonada, con fundamento en los

afirmar su procedibilidad no se demostraron y, por consiguiente, no se incurrió en la violación de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión censurada fue debidamente sustentada y razonada, con fundamento en los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, los hechos y las pruebas allegadas al proceso.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—

La directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones, peticionó desvincular a la entidad del trámite tutelar por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es posible considerar que tiene responsabilidad en la5

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transgresión de los derechos alegados como desconocidos, pues lo pretendido excede su competencia.

1.4.2. Los demás vinculados guardaron silencio durante el término de traslado de la acción de tutela, pese a haber sido notificados en debida forma.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2022, negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por Colpensiones y declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:

2022, negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por Colpensiones y declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:

1. En cuanto a la solicitud de desvinculación en el trámite de la acción de tutela elevada por Colpensiones, no es posible acceder a ello, en tanto que al figurar esa administradora pensional como demandada en el proceso de origen, debía ser notificada de la existencia de la presente demanda, dado el interés directo que le asiste en las resultas de la controversia.

1. Los argumentos que la actora planteó como fundamento de la presunta vulneración de los derechos deprecados, son iguales a los que formuló como defensa al dar contestación al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, respecto a la excepción de prescripción.

1. La providencia objeto de reproche, sí tuvo en cuenta cada una de las peticiones que la demandante elevó ante el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia para el reconocimiento de la pensió n de jubilación, así como cada uno de los actos administrativos a través de los cuales, para negar la prestación, ésta supeditó tal derecho a la revocatoria de la indemnización sustitutiva otorgada por Colpensiones.

1. Lo planteado en la presente acci ón de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, que haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración a los derechos fundamentales invocados por6

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relevancia constitucional, que haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración a los derechos fundamentales invocados por6

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la actora, pues, se fundamenta en los reproches que formuló en el proceso ordinario y que fueron resueltos por el juez natural, sin que se vislumbre actuación arbitraria que habilite la intervención del operador constitucional.

1.6. impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, para que, en su lugar, se declare procedente el amparo solicitado. Como sustento de la inconformidad reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y sobre lo resuelto por el a quo. En síntesis mencionó lo siguiente:

1. La decisión de primera ins tancia se aleja de la realidad y avala la posición errónea del tribunal accionado, pues pasa por alto la normatividad que regula la interrupción de la prescripción y su configuración, que para el caso concreto se dio por una sola vez el 11 de marzo de 2009, lo cual no puede ser objeto de interpretación. . ii) El asunto bajo estudio, tiene la relevancia constitucional necesaria para que sea concedido el amparo ius fundamental solicitado, dado que la sentencia del 5 de octubre de 2022 no dio aplicación a las normas que regulan la prescripción de mesadas

. ii) El asunto bajo estudio, tiene la relevancia constitucional necesaria para que sea concedido el amparo ius fundamental solicitado, dado que la sentencia del 5 de octubre de 2022 no dio aplicación a las normas que regulan la prescripción de mesadas pensionales contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y las Leyes 90 de 1946 y 100 de 199 3, conforme a lo que sobre el requisito de procedibilidad en mención ha expresado la Corte Constitucional en las Sentencias SU 918 de 2013 y SU 453 de

2019. Así, se encuentra debidamente justificada la procedencia de la acción de tutela dirigida contra una providencia judicial.

1. La decisión impugnada va en contravía del orden constitucional y reafirma la violación de los derechos reclamados respecto a la sentencia cuestionada, en atención a lo acreditado en proceso ordinario de donde resulta claro que la reclamación inicial efectuada el 11 de marzo d e 2009, interrumpió el término de pr escripción por «una única vez»; por tanto, lo resuelto, no corresponde a los parámetros legales y jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha establecido respecto a la mentada figura.7

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1. No es cierto que con la presente acción de tutela se pretenda abrir una tercera instancia respecto a la configuración de la prescripción de mesadas pensionales, pues la Universidad Nacional no hizo uso del recurso de apelación contra la sentencia de

1. No es cierto que con la presente acción de tutela se pretenda abrir una tercera instancia respecto a la configuración de la prescripción de mesadas pensionales, pues la Universidad Nacional no hizo uso del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia dictada en el med io de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la decisión del a quo respecto a la no desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones , contemplado en el ordinal primero de la sentencia del 14 de diciembre de 2022 no fue objeto de reproche en el escrito de impugnación, la Sala se referirá solamente a las inconformidades expuestas frente al ordinal segundo de la mencionada providencia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 5 de octubre de 2022 ,

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 5 de octubre de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 3342 050 2019 00416 01 , promovido por la señora Blanca Aurora8

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Rodríguez de Rojas . En caso afirmativ o, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en las causales de procedibilidad defectos fáctico, sustantivo o material, y desconocimiento del precedente jurisprudencial y, por ende , si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del ente universitario accionante.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prev ista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus dere chos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus dere chos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.9

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En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la

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En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre c ausales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente

infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidado so, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

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El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 5 de octubre de 2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001

de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 5 de octubre de 2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 3342 050 2019 00416 01

2.5.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, en tanto que la decisión censurada fue proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.3. Se presentó con inmediatez , comoquiera que la sentencia cuestionada data del 5 de octubre de 2022 y la acción de tutela se instauró el 3 de noviembre de ese

3 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).11

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año5, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de

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año5, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo señalado por la primera instancia, la invocada protección a los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, fueron justificados razonablemente por la accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de los defectos fáctico , sustantivo o material y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales es peciales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es decir, q ue la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:

providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es decir, q ue la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) e l defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo , como son los casos en

5 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue radicada el 3 de noviembre de 2022. 6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.12

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que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucion ales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que a fecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación , que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la leg itimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente , hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución , que se