CE - 110010315000202205846001SENTENCIA20221216165711

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05846-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: GERMÁN HUMBERTO VILLAREAL PINO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN

LO CONCERNIENTE A LA PRESUNTA AFECTACIÓN DEL DERECHO

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE

DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO, NO SE INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA

COMOQUIERA QUE YA FUERON ENTREGADAS LAS COPIAS

SOLICITADAS.

DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1 y su

SECRETARÍA2.

1 En adelante el Tribunal. 2 En adelante la Secretaría.2

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Actor: GERMÁN HUMBERTO VILLAREAL PINO

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I – ANTECEDENTES

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor GERMÁN HUMBERTO VILLAREAL PINO, actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicit ó la protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA al incurrir en una presunta mora judicial injustificada, por cuanto no se le han expedido las primeras copias solicitadas los días 8 de febrero y 9 de junio de 2022, vía electrónica, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00627-00 en el que actuó como apoderado del señor

AUGUSTO OLMEDO CARRILLO RODAS.

I.2. Hechos

Indicó que el pasado 7 de diciembre de 2021, el TRIBUNAL profirió sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor AUGUSTO OLMEDO CARRILLO RODAS contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al cual le fue asignado el número único de radicación3

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Actor: GERMÁN HUMBERTO VILLAREAL PINO

Magisterio, al cual le fue asignado el número único de radicación3

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2019-00627-00.

Sostuvo que el fallo no fue objeto de recursos, por lo que obrando en calidad de apoderado del señor AUGUSTO OLMEDO CARRILLO RODAS, el 8 de febrero de 2022 solicitó ante la SECRETARÍA del TRIBUNAL copia auténtica de la sentencia con radicado 201900627-00, además de la constancia de ejecutoria, para lo cual anexó copia del pago del arancel judicial junto con la autenticación de las copias.

Afirmó que al no obtener respuesta a la solicitud inicial, el 9 de junio de 2022 solicitó nuevamente a la SECRETARÍA del TRIBUNAL la entrega de las primeras copias con la respectiva constancia de ejecutoria.

Señaló que, para la fecha de presentación de la acción de tutela , la SECRETARÍA no había resuelto de fondo las peticiones referidas.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de l actor, la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial injustificada, pues, transcurrió 8 meses y 16 días sin que la SECRETARÍA le expidiera las copias solicitadas.4

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judicial injustificada, pues, transcurrió 8 meses y 16 días sin que la SECRETARÍA le expidiera las copias solicitadas.4

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I.4. Pretensiones

El actor solicita que se ampare el derecho fundamental invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, entregar en un término no mayor a 48 horas, las copias auténticas con la respectiva constancia de ejecutoria, del fallo emanado del Honorable Tribunal Administrativo de Santander, de fecha 7 de diciembre del 2021, con radicado 68001233300020190062700 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.6. Intervinientes

I.6.1.-El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y su consecuente desvinculación del trámite constitucional.5

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declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y su consecuente desvinculación del trámite constitucional.5

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I.6.2.- El FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAGpese a haber sido notificad o en debida forma, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en di scusión, como el alcance del contenido de la sentencia.6

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sentencia.6

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La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el d erecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en r elación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un

procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares7

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por la acción u omi sión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es parte demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201 900627-00, objeto de debate, le asiste interés como tercer o interesado en las resultas de la acción de tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o8

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particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual estimó vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada, por cuanto no se le han expedido las primeras copias solicitadas los días 8 de febrero y 9 de junio de 2022, vía electrónica, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00627-00.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad judicial accionada vulner ó el derecho fundamental invocado , pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".9

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hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales y en, especial, la solicitud de copias.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20084, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-0051700, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por

4 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.10

resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por

4 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.10

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cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) 5, la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado: “El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con act uaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T -377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y

5 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.11

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5 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores Consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.11

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otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”

(Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ

GALINDO)”. [...]”.

La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia

(Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ

GALINDO)”. [...]”.

La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia T-192 de 15 de marzo de 2007 6, precisó que dicho trámite se encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil -CPC-, lo que indica que la decisión de expedir copias está regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de petición7.

6 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. 7 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.12

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Señaló la referida sentencia:

“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso judicial, el debi do proceso y el acceso a la administración de justicia

Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada

justicia

Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada a su entrega, por el carácter reservado de esos documentos. Claro está que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, las autoridades administrativas y judiciales pueden obtener la información que requieran en desarrollo de sus competencias, asumiendo la obligación de mantener la reserva de los documentos que lleguen a conocer en virtud de esta prerrogativa.

En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes - a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas p ropias de cada juicio (artículo 29 C.P.).”

Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo

C.P.).”

Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”

Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que13

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prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito, etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.

En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin

actividad jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).

[…]

Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión de expedir las copias al estar regulada por el ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas en las cuales su resolución se contrae a la aplicación de las normas propias de los actos de la administración.

Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.” Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de copias que formuló la accionante se debió tramitar de conformidad con las norma s antes citadas, por ser un trámite específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la demandante […].” (Negrillas fuera del texto original).

conformidad con las norma s antes citadas, por ser un trámite específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la demandante […].” (Negrillas fuera del texto original).

Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra sometida al ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en el14

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artículo 114 del Código General del Proceso 8 -CGP-, antes artículo 115 del CPC.

Consecuente con lo anterior, como quedó visto, la expedición de las copias de la sentencia de primera instancia que requiere el actor corresponde a un trámite judicial , por lo que la Sala declarará improcedente el amparo respecto de l derecho fundamental de petición, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Sin perjuicio de lo anterior , la Sala determinará si la parte demandada incurrió en una mora injustificada en la entrega de las copias solicitadas o, si se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, según se desprende del escrito allegado por el actor.

8 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

8 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.

3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.

4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.

5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).15

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Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 17 de noviembre de 2017 9 -según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 17 de noviembre de 2017 9 -según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse incurrido en una mora judicialprocede la Sala a analizar si en el sub examine se acreditó la mora judicial injustificada.

En efecto, la Sala advierte que, de acuerdo con el escrito allegado por el actor el pasado 29 de noviembre de 2022, las solicitudes de 8 de febrero y 9 de junio de 2022 ya fueron resueltas, toda vez que el 4 de noviembre de 2022, estando en trámite la presente acción de tutela, le fueron entregadas las co pias solicitadas, así lo señaló el interesado10:

“[…] SEGUNDO. Aunado a lo anterior, respetuosamente me permito manifestar ante el Honorable Consejo de Estado, que la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander, el 4 de noviembre del 2022, procedieron a entrega las copias auténticas y la constancia de ejecutoria del proceso con radicado 68001233300020190062700, siendo la parte demandante el señor

AUGUSTO OLMEDO CARRILLO RODAS […]”

9 Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad d el Tribunal Administrativo del Huila.

11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela; Demandado: Sala Cuarta de Oralidad d el Tribunal Administrativo del Huila. 10 Índice No. 13, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2022-05846-00 https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000 20220584600110010316

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05846-00

Actor: GERMÁN HUMBERTO VILLAREAL PINO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En ese entendido, para la Sala es evidente que el TRIBUNAL a través de su Secretaría atendió la solicitud de l actor efectuando la entrega de las copias solicitadas, razón por la cual se advierte que las circunstancias fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia actual de objeto desarrollado por