CE - 110010315000202205879011SENTENCIA20230420103354

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05879-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU

LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS

ENDILGADOS. PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE POR APORTES.

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES : IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,

MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 3 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -“SUBSECCIÓN C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05879 01

Actora: MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA

1 En adelante la Sección Tercera.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ GARCÍA , actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por el JUZGADO 28 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 2 y la SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “E”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3, al proferir las sentencias de 14 de diciembre de 2021 y 8 julio de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-028-2020-00325-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que laboró como docente al servicio del Estado vinculada

al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

2 En adelante el Juzgado 3 En adelante la Sección Segunda.3

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05879 01

al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

2 En adelante el Juzgado 3 En adelante la Sección Segunda.3

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MAGISTERIO4 desde el 4 de abril de 1988.

Sostuvo que mediante la Resolución núm. 1964 de 20 de marzo de 2014, el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión de jubilación a partir del 17 de abril de 2013.

Adujo que presentó solicitud ante el FOMAG, con el fin de que se le reconociera y pagara la totalidad de los factores salariales devengados al momento del retiro definitivo del servicio, además, de aquellos factores a los que no se les hubiese realizado los descuentos de seguridad social.

Arguyó que med iante la Resolución núm. 5336 de 12 de junio de 2019, el FOMAG negó el ajuste de la reliquidación y omitió la inclusión de los factores solicitados.

Aseguró que como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el reajuste de la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados.

4 En adelante el Fomag.4

derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el reajuste de la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados.

4 En adelante el Fomag.4

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Señaló que a la demanda le fue asignado el número úni co de radicación 11001-33-35-028-2020-00325-01 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en sentencia de 14 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 8 de julio de 2022, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la existencia de los actos presuntos producto del silencio administrativo negativo y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la s providencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo , al efectuar una interpretación inapropiada de la Ley 812 de 20035.

Señaló que las decisiones judiciales cuestionadas revisten una vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

Señaló que las decisiones judiciales cuestionadas revisten una vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

5 "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".5

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Igualmente, sostuvo que la s decisiones también incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación los días 9 de abril de 2014 y 4 de agosto de 2010, en las que se efectuó un estudio jurídico acerca de la inclusión de todos los factores devengados.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los. elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCION SEGUNDA­ SUBSECCION "E" de fecha 08 de Julio del 2 022, mediante la cual CONFIRMA la sentencia 14 de Diciembre del 2021 proferida por el Juzgado Veintiocho

SECCION SEGUNDA­ SUBSECCION "E" de fecha 08 de Julio del 2 022, mediante la cual CONFIRMA la sentencia 14 de Diciembre del 2021 proferida por el Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda la cual NEGO LA RELIQUIDACIÓN

PENSIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATJVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "E" a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión del señor MAR ÍA VICTORIA GONZ ÁLEZ GARC ÍA, incluyendo TODOS los factores sa lariales devengados en especial

PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA ESPECIAL.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social de los factores salariales que se

tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las cuales no6

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se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437

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se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: Que se condene en costas a las entidades demandadas de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala si es el caso oficiar al Juzgado Veintiocho (28) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá - Sección Segunda para que allegue en su integralidad: 11001-33 35-028-202000325-01, en dado caso de que el expediente administrativo haya sido devuelto al juzgado de origen […]”. (Negrilla pertenece al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que el amparo invocado resulta improcedente, por cuanto las pretensiones están encaminadas a generar una tercera instancia con el fin de discutir puntos y procedimientos propios del proceso ordinario que fueron debidamente resueltos en segunda instancia.

Igualmente, indicó que la actora no demostró la configuración de los defectos indicados, razón por la que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

I.5.2.- El JUZGADO indicó que el despacho judicial no desconoció los derechos fundamentales invocados, por cuanto se otorgaron los7

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autónomo del FOMAG.

Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y su desvinculación de la presente acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

I.6.3.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL manifestó que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto la parte actora pretende revivir en sede constitucional una discusión jurídica que fue resuelta por el Juzgado y el Tribunal en la que se resolvió denegar la reliquidación pensional.

Resaltó que […] la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para intentar revivir discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa o pleitos y demandas perdidas, má xime cuando la accionante gozó de todas las garantías procesales dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso […].

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 3 de febrero de 2023, la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró9

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satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

Para tal efecto, sostuvo que la actora en sede de tutela pretende discutir únicamente la interpretación del juez natural respecto de los factores salariales que deben incluirse en el ingreso base de liquidación, por ende el mecanismo constitucional procura reabrir un debate de orden legal que ya fue resuelto por el juez natural de la causa.

Finalmente, concluyó que no se satisface el requisito de relevancia constitucional, por cuanto […] las alegaciones de la acción tuitiva tienen como único fin que se revisen los factores salariales con base en los cuales se reliquidó la pensión de jubilación de la accionante […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que la tesis adoptada en la Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado, parte de las normas que regulan las pensiones de los empleados públicos y no señalan en forma taxativa los factores que conforman la base de liquidación pensional lo que no impide la inclusión de otros conceptos10

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pensional lo que no impide la inclusión de otros conceptos10

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devengados habitualmente por el trabajador y que hacen parte de su salario.

Insistió en que su situación particular no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad respecto de las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 y 9 de abril de 2014, pues, a su juicio, […] es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, co mo contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé e independientemente si se realizaron cotizaciones sobre dichos factores […].

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,11

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,11

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A., formularon petición de desvinculación en la presente acción de tutela.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gr egorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa12

pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa12

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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con el lo no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de t utela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los

tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de t utela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realiza r la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A. actuaron como parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 -33-35-028-2020-00325-01, objeto del13

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presente estudio , en calidad de terceras, les asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella14

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella14

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De all í que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la15

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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas l as decisiones judiciales

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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas l as decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la d octrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos s e genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que l a haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto

planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ant e esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.16

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afe cta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 14 de diciembre de 2021 y 8

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 14 de diciembre de 2021 y 8 julio de 2022, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento17

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del derecho identificado con el número único de radicación 1100133-35-028-2020-00325-01.

A las citadas providencias la actora atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Los disensos de la actora radican en que las decisiones adolecen del defecto material o sustantivo , al efectuar una interpretación inapropiada de la Ley 812 de 2003.

Señaló que la decisión judicial cuestionada reviste una vía de hecho que vulnera sus derechos fundamentales, por cuanto debió optarse por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en el desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación los días 9 de

por la norma más favorable al trabajador o sus beneficiarios.

Igualmente, sostuvo que la decisión incurrió en el desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en las sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación los días 9 de abril de 2014 y 4 de agosto de 2010, en las que se efectuó un estudio jurídico acerca de la inclusión de todos los factores devengados.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la18

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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y aseguró que en su situación particular no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad respecto de las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 y 9 de abril de 2014 , pues, a su juicio, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 14 de diciembre de 2021 proferida

factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 14 de diciembre de 2021 proferida por el JUZGADO, como la dictada el 8 julio de 2022 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem , toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si e l caso cump