CE - 110010315000202205889011SENTENCIA20230302144749

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05889-01

Accionante: ERMEN LUIS NÚÑEZ MARTÍNEZ

Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / reparación directa / privación injusta de la libertad / defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2022 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación negó el amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

El señor Ermen Luis Núñez Martínez , actuando en nombre propio , interpuso acción de tutela en contra de la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

Accionante: Ermen Luis Núñez Martínez

C de esta corporación, con fundamento en los siguientes:ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

Accionante: Ermen Luis Núñez Martínez

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1. HECHOS

1.1. El 9 de marzo de 2005 la Fiscalía 5° de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento preventiva contra el señor Ermen Luis Núñez Martínez por posible participación en el grupo armado ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia.

1.2. Con posterioridad, esto es, el 19 de mayo de 20 05, la Fiscalía 24 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la anterior medida de aseguramiento impuesta al hoy accionante.

1.3. Indicó el demandante que el 25 de ju lio de 2006 la Fiscalía 52 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario declaró la preclusión de la investigación dentro del proceso penal n.° 1890E por el delito de concierto para delinquir adelantado en su contra.

1.4. Por lo anterior, manifestó que instauró el medio de control de reparación directa, proceso que por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, dependencia judicial, que el 4 de septiembre de 2014

reparación directa, proceso que por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión, dependencia judicial, que el 4 de septiembre de 2014 resolvió acceder de manera parcial a las súplicas de la demanda y en consecuencia condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de 35 SMLMV por daños morales y $ 15.669.574 por concepto de perjuicios materiales.

1.5. Inconformes con l o anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación , el cual fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, a través de la sentencia del 23 de febrero de 2022 mediante la cual resolvió revocar la decisión y, en suACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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3 lugar, negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no fue un daño antijurídico, porque cumplió con los requisitos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Manifestó que la decis ión objeto de censura adolece de defecto fáctico, toda vez que el ad quem al momento de proferir la sentencia no tuvo en cuenta como prueba los argumentos esgrimidos por la

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Manifestó que la decis ión objeto de censura adolece de defecto fáctico, toda vez que el ad quem al momento de proferir la sentencia no tuvo en cuenta como prueba los argumentos esgrimidos por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso penal n.° 1890/4015705.

Asimismo, alega que hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida el 29 de noviembre de 2021 por la Sección Tercera de esta corporación bajo radicado 18001 - 23-31-001-2006-00178-01, en la que se estableció la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de los requisitos legales para imponer la medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se tutelen los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso defensa y contradicción, a la igualdad, el acceso a la administración de justicia, como también otro derecho fundamental que se encuentra violado, como el desconocimiento del precedente judicial, como es la sentencia de unificación en el libelo tutelar.

2. Se anule o deje sin efectos la sentencia de fecha 23 de febrero de 2022, notificada el 11 de mayo de 2022, sin tomar en cuenta el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, la cual fue proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado […], radicado bajo el N° 25000-23-26-0002009-00306-ACCI ÓN DE TUT E L A

lo resuelto por el superior, la cual fue proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado […], radicado bajo el N° 25000-23-26-0002009-00306-ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

Accionante: Ermen Luis Núñez Martínez

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4 01 (53278), actor Ermen Luis Núñez Martínez, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – acción de reparación directa (segunda 2ª instancia).

3. Se ordene a la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado , Mag.

Pon, JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS (Segunda Instancia) a proferir la sentencia que en derecho corresponda.»

4. INFORMES

Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y a la Fiscalía General de la Nación como tercero interesado en las resultas del proceso.

4.1. La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación , a través del consejero ponente de la decisión, solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional o en su defecto se niegue

4.1. La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación , a través del consejero ponente de la decisión, solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional o en su defecto se niegue el amparo , por que al accionante en el trámite del proceso se le garantizaron los derechos fundamentales.

Por otra parte, indicó que no era factible llegar a las mismas conclusiones de la investigación penal, porque el medio de control de reparación directa se trata de un proceso independiente y autónomo que persigue una finalidad distinta.

En cuanto al desconocimiento de precedente jurisprudencial , señaló que la sentencia enunciada por el actor no era aplicable al caso concreto, porque la regla de unificación vinculante está circunscrita al reconocimiento y monto de los perjuicios morales en casos de privación injusta, así como tampoco existía semejanza en los supuestos de hecho.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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4.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó se declare improcedente la presente acción de tutela, por cuanto no cumple particularmente el requisito de subsidiariedad , así como tampoco demostró un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.

improcedente la presente acción de tutela, por cuanto no cumple particularmente el requisito de subsidiariedad , así como tampoco demostró un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.

De otro lado , indicó que no hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022 negó el amparo constitucional, al considerar que la autoridad judicial hizo un análisis integral y razonado de las pruebas obrantes en el expediente para definir el asunto y determinar que la detención preventiva del señor Ermen Luis Núñez Martínez, como presunto partícipe del delito de concierto para delinquir, cumplió los requisitos exigidos en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000.

Bajo ese contexto, precisó que proceso de reparación directa no necesariamente sigue la suerte de lo decidido en la investigación penal, teniendo en cuenta la finalidad disímil que persigue cada uno, por lo que, a pesar de existir una decisión favorable para el accionante en materia penal, ell o no implica per se que prosperen de manera automática las pretensiones en materia contencioso administrativo, ni la configuración de un defecto fáctico en el caso de negarse las pretensiones indemnizatorias.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

Accionante: Ermen Luis Núñez Martínez

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6 Igualmente, señaló que no hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que, para el caso concreto, la autoridad judicial accionada observó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y, en ejercicio de la autonomía judicial, concluyó que la medida de aseguramiento dictada e n contra del hoy accionante no resultó irracional ni desproporcionada y, además, se ajustó a las circunstancias y elementos con los que contaba el funcionario judicial al momento de imponerla.

6. IMPUGNACIÓN

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II.CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar:

¿La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, al proferir la sentencia del 23 de febrero de 2022, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por el señor Ermen Luis Núñez Martínez , incurrió en defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial?

Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias

por el señor Ermen Luis Núñez Martínez , incurrió en defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial?

Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptualACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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7 del defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial ; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese

poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cum plimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias qu e allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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8 independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucional es fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia consti tucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la pr esentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señal ado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales,

En ese orden, la doctrina constitucional ha señal ado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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9 2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los d erechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, qu e la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado»,

carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, qu e la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de ejecutoria de la decisión ( 11 de mayo de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela ( 8 de noviembre de 2022).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico y desconocimiento de precedente jurisprudencial en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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10 Sobre el particular la Corte Constitucional 3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa,

10 Sobre el particular la Corte Constitucional 3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 5, que se pres enta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»6.

3 Véase: Sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 20 11, T-456 de 2010, T -567 de 1998, T -456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.

3 Véase: Sentencias SU -632 de 2017, SU -195 de 2012, T -143 de 20 11, T-456 de 2010, T -567 de 1998, T -456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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11 En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

2.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicam ente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad

solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicam ente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma7.

En ese sentido, el precedente judicial 8 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igual dad en la aplicación del derecho9.

En ese orden, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido 10. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más

7 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 8 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 9 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 10 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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12 importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”11.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para

los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales13, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del

11 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 12 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T589 de 2007.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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T589 de 2007.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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13 derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial14.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 23 de febrero de 2022 por medio de la cual la Sección Tercera , Subsección C de esta corporación, en sede de apelación, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Ermen Luis Núñez Martínez durante el lapso comprendido entre el 9 de marzo de 2005 y el 19 de mayo del mismo año.

Por su parte, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado negó el amparo constitucional, al considerar que la autoridad judicial accionada hizo un análisis integral y razonado del material probatorio arribado al plenario, que le permitió determinar que la detención preventiva del señor Ermen Luis Núñez Martínez, como presunto partícipe del delito de concierto para delinquir, cumplió los requisitos exigidos en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000.

preventiva del señor Ermen Luis Núñez Martínez, como presunto partícipe del delito de concierto para delinquir, cumplió los requisitos exigidos en los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000.

Asimismo, indicó que no hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial porque el ad quem observó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 que le permitió inferir que la medida de aseguramiento dictada en contra del hoy accionante no resultó irracional ni desproporcionada y, además, se ajustó a las circunstancias y elementos con los que contaba el funcionario judicial al momento de imponerla.

14 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2022 -05889 -01

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En el escrito de impu gnación la parte accionante, insistió en que la accionada incurrió en defecto fáctico al desconocer los argumentos esgrimidos por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso penal y que hubo desconocimiento del pre cedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación el 29 de noviembre de 2021.

Superior de Bogotá dentro del proceso penal y que hubo desconocimiento del pre cedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación el 29 de noviembre de 2021.

Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente, se observa que la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, al proferir la providencia del 23 de febrero de 2022 , consideró lo siguiente:

«(…) En este caso, está acreditado que la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de las funciones de investigación e instrucción de la acción penal previstas en el artículo 250 de la Constitución Política vigente en esa época, impuso medida de aseguramient o de detención preventiva en contra de Ermen Luis Núñez Martínez como presunto responsable del delito de concierto para delinquir, por medio de resolución escrita expedida el 9 de marzo de 2005. (…) En este sentido, a pesar de comportar una limitación al derecho de la libertad, la medida de aseguramiento de detención preventiva es una actuación prevista por la normatividad procesal penal y, por ende, si las autoridades que la ordenan y practican respetan los requisitos y términos legales, se considera una medida legítima.

En consecuencia, se deben examinar los requisitos contenidos en la normatividad penal aplicable, examen que ya se dijo, remite a la normativa que en la materia se encuentra plasmada en las Leyes 599 y 600 de 2000, la que ha de ser interpr etada conjunta y armónicamente.

En el caso concreto, se imputó al Señor Ermen Núñez el delito de concierto para

plasmada en las Leyes 599 y 600 de 2000, la que ha de ser interpr etada conjunta y armónicamente.

En el caso concreto, se imputó al Señor Ermen Núñez el delito de concierto para delinquir, con base, en primer lugar, en la declaración de Luis Althaona quien explicó que era miembro de una organización ilegal que operaba en la ciudad de Barranquilla que