CE - 110010315000202205900001SENTENCIA20221207154922

Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

Demandado: Consejo de Estado Sección Tercera

Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2022-05900-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05900-00

Demandantes: GUILLERMO BARBOSA PINEDA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por los señores Guillermo Barbosa Pineda, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Ricardo Alberto Salgado Dominguez, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial referenciada en procura de la salvaguarda de sus

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la autoridad judicial referenciada en procura de la salvaguarda de sus derechos fundamentales d e acceso a la administración de justicia y al debido proceso1.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron quebrantadas porque a la fecha de la presentación de esta acción constitucional el Consejo de Estado, Sección Ter cera, Subsección C no se hab ía pronunciado frente al trámite de impugnación que seguía en la acción de tutela presentada por l os

1 El escrito fue radicado el 8 de noviembre de 2022 en el buzón web de recepción de tutelas dispuesto por la Rama Judicial y, posteriormente, enviado al correo electrónico de la Secretaría General secgeneral@consejodeestado.gov.co.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionantes contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B2.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

Respetuosamente solicitamos amparar el debido proceso en conexidad con acceso a la administración de justicia y, en consecuencia

ORDENE al Magistrado Ponente que profirió la Sentencia 11001 -0315-000-2022Respetuosamente solicitamos amparar el debido proceso en conexidad con acceso a la administración de justicia y, en consecuencia

ORDENE al Magistrado Ponente que profirió la Sentencia 11001 -0315-000-202202002-00 de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “C”, dar trámite al recurso de impugnación contra el fallo de primera instancia. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La parte actora interpuso acción de tute la contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Fiduciaria la Previsora S.A., y la sociedad Asesores en Derecho S.A.S., con representación del patrimonio autónomo PANFLOTA por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital . Esto frente a la negativa de las referidas entidades de reconocer y pagar sus correspondientes bonos pensionales3.

5. El 2 de noviembre de 2016, el Tribunal Administr ativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B rechazó por improcedente la anterior acción de tutela al establecer que los accionantes tenían a su alcance otros medios de defensa judicial.

En sentencia del 9 de febrero de 2017 , el Consejo de Estado, Sección Cuarta revocó la anterior decisión para, e n su lugar, ampar ar los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

(…) Ordenar a la persona que ejerza como mandataria con representación de la CIFM hoy liq uidada o del Patrimonio Autónomo de Panflota, que abra actuación

invocados por la parte actora. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

(…) Ordenar a la persona que ejerza como mandataria con representación de la CIFM hoy liq uidada o del Patrimonio Autónomo de Panflota, que abra actuación administrativa tendiente a recibir los documentos necesarios para establecer el tiempo laborado por los demandantes en un plazo razonable que no exceda de tres meses.

Ordenar a la referida m andataria que, transcurrido ese término, dentro de los treinta (30) días siguientes, analice la situación particular de cada uno de los ex trabajadores

2 Acción de tutela identificada con el radicado n.º 11001-03-15-000-2022-02002-00. 3 Identificada con el radicado n.º 25000-23-36-000-2016-02189-00Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que presenten documentación, y de acuerdo con los resultados de este análisis, determine el bono pensional que les corresponda.

Establecido el bono pensional de cada uno, la Mandataria referida deberá reportar al Patrimonio Autónomo PANFLOTA administrado por la Fiduprevisora S.A. dicha información, con el fin de que esa entidad transfiera el valor actualiza do de los aportes a los que haya lugar a COLPENSIONES. Para ello, la Fiduprevisora S.A. deberá realizar las gestiones pertinentes ante la Federación Nacional de Cafeteros –

información, con el fin de que esa entidad transfiera el valor actualiza do de los aportes a los que haya lugar a COLPENSIONES. Para ello, la Fiduprevisora S.A. deberá realizar las gestiones pertinentes ante la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, con el fin de que se gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes impartidas. (sic a toda la cita)

(…)

6. El 27 de junio de 2018, los accionantes de la referida acción de tutela interpusieron incidente de desacato porque consideraron que las entidades accionadas en ese proceso de tutela habían i ncumplido lo ordenado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta en la sentencia del 9 de febrero de 2017.

7. El 2 de agosto de 2018 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B sancionó al representante legal de la sociedad A sesores en Derecho S.A.S , con representación del patrimonio autónomo PANFLOTA por no haber cumplido la orden relativa a la determinación del bono pensional. Sin embargo, la sanción fue revocada en grado jurisdiccional de consulta en el sentido de declarar el cumplimiento parcial de la sentencia del 9 de febrero de 2017.

8. El 28 de febrero de 2021, el a poderado de los accionantes solicitó la vinculación de COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. Además , insistió en el incidente de desacato por la desatención de la sentencia 9 de febrero de 2017.

9. Mediante auto del 4 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de

incidente de desacato por la desatención de la sentencia 9 de febrero de 2017.

9. Mediante auto del 4 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B abrió incidente de desacato y solicitó a l as entidades accionadas un informe que diera cuent a del cumplimiento de la sentencia del 9 de febrero de 2017. No obstante, el referido tribunal no ha decido de fondo el asunto.

10. Inconformes con lo anterior, los accionantes instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarc a, Sección Tercera, Subsección B . Con esta nueva solicitud de amparo pretenden que se dé trámite al referido incidente de desacato.

11. En sentencia del 19 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente el amparo solicitado porque consideró que el tribunal accionado no hab ía incurrido en una dilación injusti ficada y que, en consecuencia, no se habría configurado el fenómeno de la mora judicial.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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12. Por esta razón, el 15 de septiembre de 2022, el extremo demanda nte impugnó la sentencia de primera instancia. Sin embargo , a la fecha de presentación de esta

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12. Por esta razón, el 15 de septiembre de 2022, el extremo demanda nte impugnó la sentencia de primera instancia. Sin embargo , a la fecha de presentación de esta acción de tutela, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C no había adelantado las gestiones necesarias para que se surtiera el trámite de la impugnación.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. Los señores Guillermo Barbosa Pineda, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Ricardo Alberto Salgado Dominguez, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López consideraron que es evidente la vulneración a sus derechos fundamentales. Esto porque el despacho ponente de ese proceso de tutela no se ha pronunciado sobre a la impugnación por ellos presentada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, el magistrado sustanciador admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada. Además, dispuso la vinculación de: i) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; ii) la Secretaría General de esta Corporación y iii) a la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

15. Asimismo, r equirió a la Secretaría General del Consejo de Estado para que rindiera informe sobr e las actuaciones surtidas con ocasión del expediente de tutela identificado con radicado No. 11001-03-15-000-2022-02002-00.

rindiera informe sobr e las actuaciones surtidas con ocasión del expediente de tutela identificado con radicado No. 11001-03-15-000-2022-02002-00.

1.6. Intervención

1.6.1 Secretaría General del Consejo de Estado

16. Por intermedio del secretario general, Juan Enrique Bedoya Escobar, rindió el informe que le fue requerido mediante el auto admisorio de esta acción constitucional y en este señaló que, tal como lo manifiestan los accionantes, el escrito de impugnación fue recibido por la Corporación el 15 de septiembre de 2022 . N o obstante, advirtió que había sido remitido al buzón cegral@notificacionesrj.gov.co, el cual está dispuesto solo para efectos de notificaciones o comunicaciones por parte del despacho judicial – Secretaría General del Consejo de Estado.

17. Expuso que, en el correo mediante el cual notificó la sentencia proferida el 19 de agosto de 2022, le fue indicado a las partes e intervinientes -de manera expresaque “las solicitudes y demás documentos que se rem itan por medios electrónicos deberán allegarse al buzón judicial secgeneral@consejodeestado.gov.co”.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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18. Finalmente, agregó que, tras la verificación del buzón

cegral@notificacionesrj.gov.co, remitió, el 24 de noviembre de 2022 , el memorial de

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18. Finalmente, agregó que, tras la verificación del buzón

cegral@notificacionesrj.gov.co, remitió, el 24 de noviembre de 2022 , el memorial de impugnación al despacho del consejero Guillermo Sánchez Luque, magistrado ponente de la decisión de primera instancia, para su conocimiento y trámites pertinentes.

19. Por otra parte, pe se a la notificación realizada , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por los señores Guillermo Barbosa Pineda, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Ricardo Alberto Salgado Dominguez, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López . Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

21. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

22. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 4, en los artículos 1, 10, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales5.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 5 Corte Constitucional, Sentencia T -793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas

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23. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 6, la Sala advierte que los tutelantes son los titulares de los derechos fundamentales que reclama n, en consideración a que alegaron la demora en el trámite de impugnación frente a la acción de tutela que presentaron.

tutelantes son los titulares de los derechos fundamentales que reclama n, en consideración a que alegaron la demora en el trámite de impugnación frente a la acción de tutela que presentaron.

24. Por otro lado, se observa que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C se encuentra legitimado en la causa por pasiva , por ser la autoridad que supuestamente ha demorado la impugnación de la tutela presentada por l os actores.

2.3. Problema jurídico

25. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, e l informe y argumentos esgrimidos por la secretaría General del Consejo de Estado, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso

en concreto:

• ¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en la present e solicitud de amparo teniendo en cuenta que el trámite de impugnación, del cual la parte actora alegó demora, ya fue adelantando por la parte demandada?

26. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) la naturaleza d e la acción de tutela; ii) la carencia actual de objeto por hecho superado; y iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

27. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela p ara reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

28. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un per juicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

6 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido a plicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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2.5. De la carencia actual de objeto

29. La Sala ha explicado en varias ocasiones 7 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

30. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental

instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

30. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la v ulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de lo s derechos fundamentales.

31. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

32. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20168, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación act ual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se

protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.9

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T -494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundament al como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine - que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

7 Ver, por ejemplo: Co nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro , Rad. 2017 -00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00. 8 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016. 9 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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Subsección C

transcribe literalmente: Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la q ue se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente10 (Negrita propia del texto).

33. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.11

34. En palabras de la Corte Constitucional:

cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.11

34. En palabras de la Corte Constitucional:

(…) la primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda reali zar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)12.

35. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo cas o se vulneraron o no los derechos fundamentales.

36. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la deci sión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.13

37. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se

ocurre luego de que se ha proferido la deci sión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.13

37. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la

10 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 2019. 12 Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2016. 13 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, 14 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundame ntales planteada en la demanda . Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir

Corte en sede de Revisión, 14 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundame ntales planteada en la demanda . Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situac ión que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. 15 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 16.17 (Negrita y subrayado fuera de texto).

38. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe p ronunciar para formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta

Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derec ho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo18.

No obstante lo an terior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya

ya no se encuentra en riesgo18.

No obstante lo an terior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita19, pronunciarse sobre la vuln eración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 20. Dicho análisis puede comprender: i) obs ervaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición21; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de pro tección objetiva 22.23 (Negrita y subrayado fuera del texto).

14 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el debe r de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”. 15 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: Ver sentencia T-612 de 2009. 16 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: Sentencia T-170 de 2009. 17 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010. 18 Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2012.

se transcribe literalmente: Sentencia T-170 de 2009. 17 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010. 18 Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2012. 19 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009. 20 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008. 21 Corte Constitucional. Sentencia SU-225 de 2013. 22 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008. 23 Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016.Demandantes: Guillermo Barbosa Pineda y otros

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39. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha s ostenido el Tribunal Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete e