CE - 110010315000202205905011SENTENCIA20230424095711

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

Accionante: REINERIA CERÓN CÁRDENAS Y OTRA

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

Accionantes: REINERIA CERÓN CÁRDENAS Y OTRA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la parte actora no se advierte la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 26 de enero de 2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Reineria Cerón Cárdenas, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad L.M.A.C., por intermedio de apoderado judicial,

Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Reineria Cerón Cárdenas, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad L.M.A.C., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia , a la “tutela judicial efectiva, confianza leg ítima, seguridad jurídica” y “reparación integral”, los cuales estimó vulnerados a partir del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre 27 de 2022, que confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicación 11001-33-36-033-2019-00084-01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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La parte actora relató que, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2021, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá de sestimó las pretensiones de la demanda de reparación directa que instauró contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de obtener

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios causados por la destrucción de un bien inmueble de su propiedad, por efecto de la avenida torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017, por considerar que el daño no era imputable a la administración , pues se había producido por una situación ambiental extraordinaria, esto es, por una fuerza mayor.

Las demandantes apelaron la anterior decisión y, mediante el fallo de octubre 27 de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la confirmó, aclarando que lo hacía al no haber encontrado acreditado el daño antijurídico, pues las fotografías aportadas no demostraban que el inmueble que en éstas aparecía perteneciera a las demandantes, ni que en el bien de su propiedad hubiera existido una construcción que estuviera afectada por el referido fenómeno natural.

La solicitud de amparo sostiene que en este caso se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en especial, el de relevancia constitucional, porque se debate sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Con el fin de sustentar la supuesta vulneración del debido proceso, señaló:

“Respecto del derecho al debido proceso es menester señalar que mediante la presente acción se inv olucran las garantías de la cosa juzgada, el juez natural y la presunción de inocencia . En efecto, la construcción de la

“Respecto del derecho al debido proceso es menester señalar que mediante la presente acción se inv olucran las garantías de la cosa juzgada, el juez natural y la presunción de inocencia . En efecto, la construcción de la supuesta culpa de la víctima, en el caso de la privación injusta de la libertad, se me vulneraron estos derechos constitucionales, en tanto y en cuanto tuvieron como base ciertas conductas que ya habían sido valoradas por el juez penal para declararme inocente” (Subrayas de la Sala).

Señalaron, además, que en la demanda de reparación directa se alegó que las omisiones de las entidades demandadas habían constituido gravesRadicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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violaciones a los derechos humanos, cuestión que no fue tenida en cuenta por el tribunal al dictar la sentencia de segunda instancia. En especial, la Fiscalía General de la Nación manifestó en ese momento cursaban avanzadas investigaciones por la presunta responsabilidad penal de los funcionarios de los entes territoriales involucrados, e informó que en el asunto se planteaba la siguiente hipótesis delictiva:

“La presente investigación se originó frente a la presunta acción u omisión de las autoridades administrativas Municipales y Departamentales, frente al desbordamiento de varios ríos, Mulato, Taruca y Sangoyaco, debido a las fuertes lluvias se originó una avalancha de agua, lodo, y piedras que arrasó

de las autoridades administrativas Municipales y Departamentales, frente al desbordamiento de varios ríos, Mulato, Taruca y Sangoyaco, debido a las fuertes lluvias se originó una avalancha de agua, lodo, y piedras que arrasó varios sectores provocando la destrucción de viviendas, puentes, vehículos, infraestructura vial y vidas humanas”.

Lo anterior, según las demandantes, demuestra que las sentencias objeto de tutela estarían incurriendo en ocultamiento de la responsabilidad por hechos que deben “analizarse desde la perspectiva de las graves violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de la Ciudad de Mocoa”, ocasionadas por el abandono estatal al que estaban sometidos.

En cuanto al fondo del asunto, dijeron que el tribunal incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta : (i) el expediente de la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra algunos funcionarios de las entidades territoriales a causa de los hechos del 31 de marzo de 2017 ; (ii) las pruebas aportadas en medio magnético, que daban cuenta d e que las autoridades demandadas conocían e l riesgo inminente de avalancha ; (iii) las pruebas aportadas por la Universidad Nacional de Colombia, el Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación , relacionadas con la posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de algunas autoridades frente a los hechos materia de la demanda, y (iv) el Registro Único de Damnificados (RUD)1, que acreditaba su condición de afectadas por el fenómeno natural.

la posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria de algunas autoridades frente a los hechos materia de la demanda, y (iv) el Registro Único de Damnificados (RUD)1, que acreditaba su condición de afectadas por el fenómeno natural.

1 En adelante esta providencia hará referencia a este registro simplemente por la sigla RUD.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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Señalaron además que la decisión desconoció el principio de carga dinámica de la prueba, pues no tuvo en cuenta que ellas, en su condición de damnificadas, no estaban en igualdad de condiciones frente al aparato estatal para demostrar la responsabilidad administrativa reclamada.

Por otro lado, alegaron que el tribunal incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, pues no tuvo en cuenta los pronunciamientos de la Subsección B de la Sección Tercera de esa corporación , que sí accedieron a las pretensiones indemnizatorias por los hechos del 31 de marzo de 2017, esto es, las sentencias dictadas bajo los radicados 1100133-36-031-2019-00075-01 (M. P. Franklin Pérez Camargo ), 11001-3343-063-2019-00157-01 y 11001-33-43-063-2019-00101-01 (en ambas

M. P. Clara Cecilia Suárez Vargas), y 11001-33-36-031-2019-00047-01,

(M. P. Jorge Armando Gaviria López).

M. P. Clara Cecilia Suárez Vargas), y 11001-33-36-031-2019-00047-01,

(M. P. Jorge Armando Gaviria López).

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, ponente del fallo del 27 de octubre de 2022, manifestó que la Sala sí realizó una valoración integral a los medios de prueba y concluyó que no estaba acreditado el daño antijurídico, esto es, que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera sido destruido por la avenida torrencial . Además, precisó que e ste elemento de la responsabilidad no podía acreditarse con la inclusión en el RUD.

También alegó que la sentencia no incurrió en desconocimiento del precedente, pues se expidió con fundamento en la autonomía judicial y se basó en el material probatorio que se aportó en este caso, a partir del cual no se demostró el daño antijurídico reclamado, decisión que resulta acorde con el criterio que sostuvo la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencias de octubre 21 de 2021, radicación 2019 -00105 (M. P. Javier Tobo Rodríguez) y marzo 17 de 2022, radicación 2019-00132 (M. P. Juan Carlos Garzón Martínez).Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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2.2. El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá relató las actuaciones que se llevaron a cabo a lo largo del proceso de reparación directa y alegó que en ambas instancias se analizaron to das las pruebas allegadas al expediente y se concluyó que no había lugar a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas.

2.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , por intermedio de apoderado, reiteró las razones por las cuales el tribunal denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Así mismo, sostuvo que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, pues los hechos que se imputan en la tutela corresponden únicamente a la actividad de la administración de justicia.

2.4. El departamento de Putumayo , por intermedio de apoderada, alegó que la tutela es improcedente porque el debate judicial ya se encuentra agotado y no puede ser reabierto por el solo hecho de que el tribunal haya resuelto de manera distinta en otros asuntos similares. Agregó que, además , la parte actora deja de lado que , en otros casos relativos a los mismos hechos, esa corporación también ha denegado las pretensiones porque no ha encontrado acreditado el daño antijurídico.

Advirtió que en este caso no se configuró la responsabilidad de la administración porque la avenida torrencial constituyó un evento

pretensiones porque no ha encontrado acreditado el daño antijurídico.

Advirtió que en este caso no se configuró la responsabilidad de la administración porque la avenida torrencial constituyó un evento extraordinario causado por las altas precipitaciones que se presentaron en un corto periodo, es decir, por fuerza mayor. Adicionalmente, en este caso no se demostraron los daños alegados por las demandantes y el solo hecho de estar registrado en el RUD no es prueba de éstos.

Por último, expuso que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales de las demandantes, sino que, por el contrario, la autoridad judicial les respetó las garantías procesales. Además, reseñó que de los 110 procesos que cursan por estos hechos, se han denegado las pretensiones en 25 sentencias de primera instancia, al encontrar configurada la fuerza mayor o por la falta de acreditación del daño.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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2.5. El alcalde de Mocoa alegó que la sentencia cuestionada se ciñó a las pruebas obrantes en el expediente, las cuales demostraron la ruptura del nexo causal entre el daño y la responsabilidad del Estado, pues el siniestro constituyó un hecho imprevisible e irresistible.

Por último, citó varios procesos en los que los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Nariño han denegado las pretensiones de demandas de reparación directa que se presentaron por los mismos hechos.

Por último, citó varios procesos en los que los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Nariño han denegado las pretensiones de demandas de reparación directa que se presentaron por los mismos hechos.

2.6. El director general de Corpoamazonía dijo que en este caso se había configurado la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor, por lo que no era posible imputar responsabilidad por los daños reclamados por las actoras, tal como lo señaló la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso con radicado 11001-33-43-063-2019-00105-01. Al respecto, advirtió que la UNGRD en un informe y el IDEAM en un concepto manifestaron que el desastre había sido imprevisible e irresistible.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 26 de enero de 2023 , el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente el amparo en relación con los cargos por falta de valoración de las pruebas que se orientaban a demostrar el elemento de la imputabilidad del daño, pues no son pertinentes para discutir la ratio decidendi de la sentencia del 27 de octubre de 2022, si se tiene en cuenta que ésta denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa porque no se demostró el daño antijurídico.

Analizó de fondo el defecto fáctico por falta de valoración del RUD, pues estimó que esta prueba sí tenía relación con el daño antijurídico. Empero, concluyó que la inclusión en ese registro no demostraba la destrucción del bien inmueble ni el daño moral alegado. Tampoco consideró configurado el

estimó que esta prueba sí tenía relación con el daño antijurídico. Empero, concluyó que la inclusión en ese registro no demostraba la destrucción del bien inmueble ni el daño moral alegado. Tampoco consideró configurado el desconocimiento de la carga dinámica de la prueba, porque la parte actora era quien se encontraba en mejor posición para acreditar la destrucción del bien inmueble.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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Por último, dijo que la providencia cuestionada no incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, pues las providencias invocadas no eran precedente obligatorio para la autoridad judicial accionada.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que el reproche que la tutela hace frente al fallo del 27 de octubre de 2022 radica en que éste incurrió en una evidente contradicción porque primero señaló que la parte actora había probado ser damnificada por el siniestro del 31 de marzo de 2017 , pero luego sostuvo que no estaba acreditado que el bien inmueble afectado fuera de su propiedad.

Insistió en que las pruebas documentales aportadas demuestran que la tragedia era previsible para las autoridades demandadas, y adujo que la prueba de la propiedad del inmueble solo debía ser valorada al momento de reconocer los perjuicios materiales, los cuales, de todos modos, no

tragedia era previsible para las autoridades demandadas, y adujo que la prueba de la propiedad del inmueble solo debía ser valorada al momento de reconocer los perjuicios materiales, los cuales, de todos modos, no constituyeron la única pretensión de la demanda. En tal sentido, sostuvo que “Centrarse solamente en decir que el señor ANACONA DELGADO (sic), no era el dueño del inmueble para denegar las pretensiones de la demanda, es una completa violación flagrante a sus derechos fundamentales”.

Finalmente, insistió en que la providencia atacada incurrió en desconocimiento del precedente y destacó que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a diferencia de la Subsección A, sí efectuó un análisis completo de las pruebas allegadas en asuntos idénticos, y que sostener que no se configura el defecto simplemente porque se trata de jueces distintos, contribuye a prolongar la vulneración de sus derechos fundamentales.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1ºRadicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Reineria Cerón Cárdenas, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad L.M.A.C., interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UNGRD, Corpoamazonía, el departamento de Putumayo y el mu nicipio de Mocoa, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la destrucción de un bien inmueble de su propiedad, ocasionada por una avenida torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 20172.

5.2.2. El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda por considerar que el daño no era imputable a la administración, pues se produjo por una fuerza mayor. Las demandantes apelaron la a nterior decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia el 27 de octubre de 2022, la confirmó, pero por no encontrar acreditado el daño antijurídico, alegando que no se demostró que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera sido afectado por el fenómeno natural.

5.2.3. Los actores interpusieron acción de tutela contra esa decisión.

demostró que el inmueble de propiedad de las demandantes hubiera sido afectado por el fenómeno natural.

5.2.3. Los actores interpusieron acción de tutela contra esa decisión.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el

2 Al proceso le correspondió la radicación 11001-33-36-033-2019-00084-01.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 3, indicó que un asunto so metido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden

indicó que un asunto so metido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más r ecientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 4, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso la parte actora invocó los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la “tutela judicial efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica” y “reparación integral”, que estimaron vulnerados por el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre 27 de 2022, que confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicación 11001-33-36-033-2019Tribunal Administrativo de Cundinamarca en octubre 27 de 2022, que confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa con radicación 11001-33-36-033-20193 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 4 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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00084-01, relacionada con los daños sufridos por un inmueble a raíz de la avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto y, luego, los analizará con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional a plica para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de

para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia s judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada impo rtancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues s i no lo hace , corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019 5, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que

5.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU -573 de 2019, la Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción

5 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022 6 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos ad elantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2022 05905 01

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suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial proponga un deb ate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU -215 de 2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU -573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia const