CE - 110010315000202205906011SENTENCIA20230410101841

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05906-01

Accionante: DEIVIS ESTHER PEÑA PÉREZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la sentencia de 9 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Deivis Esther Peña Pérez presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

y al trabajo , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-39-000-2016-00590-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Comentó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra d el municipio de Astrea (Cesar) y de la Registraduría Nacional del Estado Civil , «[…] con el fin de que se reconociera el contrato realidad por haberme desempeñado como auxiliar administrativo de la Registraduría Municipal de Astrea-Cesar, desde el día 02 de febrero de 2009 hasta el día 31 de diciembre de 2015, a través de la suscripción de diez (10) contrato de prestación de servicio […]».2

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

2.2. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que, en sentencia de 5 de abril de 2018, declaró la existencia del contrato realidad, luego de considerar que dentro del proceso se demostró los elementos esenciales del contrato de trabajo.

2.3. Expuso que la decisión anterior fue revocada por la Subsección accionada,

declaró la existencia del contrato realidad, luego de considerar que dentro del proceso se demostró los elementos esenciales del contrato de trabajo.

2.3. Expuso que la decisión anterior fue revocada por la Subsección accionada, mediante sentencia de 19 de mayo de 2022.

2.4. Manifestó que en la anterior decisión se incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales porque «[…] el accionado fijó una tarifa legal referente a una prueba distinta a la documental, en este caso sin hacer mención a la testimonial, puesto en el proceso que origina la presente acción de tutela, no se escucho (sic) declaración de testigo, dado que se demo stró que al cargo al que fui contratada hacia parte de la planta de personal de la Registraduria (sic) Nacional del Estado Civil, código: 5120, Grado: 4, Nivel: Asistencial, cargo que se suplió mediante contrato de prestación de servicio […]».

2.5. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, en tanto no valoró los distintos medios de pruebas allegados oportunamente al proceso contencioso, tales como: «[…] los contratos de prestación de servicio, el convenio interadministrativo, el manual de funciones de la entidad Registraduria Nacional, los decretos de escala salarial del cargo o funciones que desarrollaba la demandante, certificado laboral de la demandante, respuesta a la reclamación administrativa entrega por la Delegada Departamental de la Registraduria Nacional, un registro civil Id Documento: 11001031500020220590600005025010009 de defunción donde funge la demandante como Registradora Municipal encargada, la respuesta de la Registraduria Nacional de fecha 23 de octubre de 2017 donde dice que la

civil Id Documento: 11001031500020220590600005025010009 de defunción donde funge la demandante como Registradora Municipal encargada, la respuesta de la Registraduria Nacional de fecha 23 de octubre de 2017 donde dice que la demandante “estuvo vinculada entre los años 2009 a 2015en la registraduria Municipal del estado Civil del Municipio de strea -Cesar, por convenio interadministrativo previo contrato de prestación de serivio con la alcaldía municipal”, Copia de la Respuesta de fecha 25 de octubre de 2017 por parte del Delegado Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil […]». (sic en toda la cita)

2.6. Aseveró que también se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, debido a que : «[…] reiteradamente la jurisprudencia y el mismo derecho probatorio, enseña que si de los medios suasorios allegados al plenario es posible llegar a una conclusión, analizando en debida forma las pruebas obrantes, se puede configurar el supuesto de hecho, por lo que para en nuestro caso, exhorto un trato similar y congruente a la jurisprudencia esbozada por este honorable

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓ N,

Bogotá, D.C., en sentencia del tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en donde ha dejado claro que los documentos pueden constituir prueba suficiente para declarar configurado el elemento de la subordinación […]».3

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

declarar configurado el elemento de la subordinación […]».3

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Primera: Se me protejan mis derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, conculcado por el defecto factico o sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial; la violación al derecho fundamental a la IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, vulnerados por el fallo de segunda instancia de fecha 19 de mayo de 2022, proferida por la SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “A” DEL CONSEJO DE ESTADO, consejero ponente doctor GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, dentro del medio de control Nulidad y Restablecimient o del Derecho, seguida por la accionante, DEIVIS ESTHER PEÑA PEREZ en contra del MUNICIPIO DE ASTREA-CESAR y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, bajo el radicado: 20001 -23-39-000-2016-00590-01 Exp. (38732018).

Segunda: Como consecuencia de lo anterior,

a). Sírvase dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de mayo de 2022, dictada por la SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A DEL CONSEJO DE ESTADO, CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, dentro del proceso contencioso administ rativo No. 20001 -2339-000-2016-00590-01.

SUBSECCION A DEL CONSEJO DE ESTADO, CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ, dentro del proceso contencioso administ rativo No. 20001 -2339-000-2016-00590-01.

Expediente: 3873-2018

b). Consecuentemente sirva ORDENAR a la SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso contencioso administrativo No. 20001 -23-39-000-2016-00590-01, dictar nueva sentencia ajustada a las pruebas obrante dentro del proceso, el precedente jurisprudencial y el recurso de apelación de la demandante, dentro de un término de cuarenta (40) días, conforme al artículo 120 del C.G.P. […]. (sic en toda la cita)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 11 de noviembre de 2022 , admitió la acción de tutela de la referencia , asimismo, vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al municipio de Astrea como terceros con interés en los resultados de este proceso.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:4

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , por conducto del consejero ponente de la providencia que motivó la interposición de este mecanismo constitucional, rindió informe en el que advirtió que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, habida cuenta que : «[…] al resolver el caso la Sala de Subsección valoró en su conjunto el material probatorio aportado al expediente y tuvo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso […]».

5.2. Explicó que, de las pruebas documentales allegadas al proceso contencioso, no se podía concluir que: «[…] la señora Deivis Esther Peña Pérez estuviera sometida de forma permanente y continuada a las órdenes de un superior […]», razón por la cual se revocó la sentencia apelada por no haberse acreditado el elemento asociado con la subordinación.

5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio del jefe de la oficina jurídica de la entidad, solicitó su desvinculación dentro del presente trámite, al considerar que no tiene competencia para atender las pretensiones de amparo.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 9 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.

Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional.

7. Al respecto, la autoridad judicial de primera instancia consideró que la actora utilizó la acción de tutela «[…] como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 20012339-003-2016-00590-00, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que el presente asunto sí reviste de relevancia constitucional, en la medida en que la Subsección accionada incurrió «[...] en una flagrante violación al debido proceso, que contiene el principio de legalidad, habida cuenta que ningún Juez de la República puede fallar sino conforme a las leyes preexistente, muchos menos si fueron derogada o sacadas del ordenamiento [...]».

9. Enfatizó que el asunto de la referencia goza de relevancia constitucional porque la autoridad accionada fundamentó su decisión en que no se logró demostrar el elemento de la subordinación, por el simple hecho de que no se aportó al proceso contencioso pruebas testimoniales, pese a que, de los documentales obrantes en el5

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

plenario, se extraía con claridad el cumplimiento del referido elemento, tal como lo

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

plenario, se extraía con claridad el cumplimiento del referido elemento, tal como lo consideró el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir el fallo de primera instancia.

10. A partir de lo anterior, aseguró que la Subsección accionada al resolver su caso aplicó el sistema de valoración de la prueba de “la tarifa legal”, el cual está proscrito, «[…] obviando el sistema de la sana critica [...]».

11. Advirtió que: «[…] la presente acción no busca desnaturalizar la tutela, ni convertirla en una tercera instancia, sino para que por fin se zanje una postura subjetiva de algunos jueces, que pese a existir contundentes pruebas documentales que acreditan la existencia de un contrato realidad, se cierran en cuanto el único medio probatorio de estos procesos, es el testimonio, como lo realizó la sala accionada, que incluso dentro del fallo tutelado, incurre en una contradicción o error de análisis probatorio, puesto trasunta las funciones de la demandante establecida en los contratos, las cuales no se pueden realizar de manera autónoma e independiente [...]».

12. Por último, señaló lo siguiente: «[...] si la honorable Sala me logra derruir que las anteriores funciones u obligaciones, no configuran una relación laboral o de dependencia, no solo respetare sino que compartiré el fallo, de lo contrario, las funciones que realizaba la demandante NUNCA, pueden ser realizada de manera autónoma e independiente, para eso no es necesario llevar un testigo, porque el Juez no se encuentra cercenado mentalmente, para inferir o razonar acerca de esa

funciones que realizaba la demandante NUNCA, pueden ser realizada de manera autónoma e independiente, para eso no es necesario llevar un testigo, porque el Juez no se encuentra cercenado mentalmente, para inferir o razonar acerca de esa funciones, bajo la óptica de la sana critica [...]».

13. Con fundamento en las anteriores premisas, la actora solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

VIII.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-39000-2016-00590-01, vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción

4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05906-01

Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

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Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad

procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. La ciudadana Deivis Esther Peña Pérez presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad

6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05906-01

Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

y al trabajo , cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-39-000-2016-00590-01.

proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 20001-23-39-000-2016-00590-01.

VIII.4.1. Del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

25. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.

26. Ahora bien, en las acciones de tutela contr a providencias judiciales11, el referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.

27. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para

la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]. (destaca la Sala de Decisión)

9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). 11 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En

y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial. 12 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. 13 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05906-01

Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

28. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran

los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige a dvertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a est e requisito, la accionante no explicó cómo la

(…) a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a est e requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

(…) b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, l o cierto es que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…) c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular . Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican

de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener l a protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios. (…) d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales […]. (Negrillas de la Sala)

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05906-01

Accionante: Deivis Esther Peña Pérez

29. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la S