CE - 110010315000202205907011SENTENCIA20230328082415

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero1

Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 27 de enero de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Naydú Bohórquez Olivero , obrando como agente oficioso de Euver Bohórquez Olivero, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31

1 Quien actúa como agente oficioso del señor Euver Bohórquez Olivero.2

Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31

1 Quien actúa como agente oficioso del señor Euver Bohórquez Olivero.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

de marzo de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del recurso extraordinario de revisión identificado con el número único de radicación 11001-03-25-000201500875-00, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que , el señor Euver Bohórquez Olivero presentó demanda contra el Municipio de Leticia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declar ara la nulidad de la Resolución núm. 0146 del 5 de marzo de 2012 y del Oficio DAM 0603 del 18 de abril de 2012, por medio de los cuales fue declarado insubsistente su nombramiento en el carg o de asesor, código 105, grado 01 ; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reintegrara al cargo que ocupaba al momento de su desvinculación o a otro de igual o mayor jerarquía.

4. El Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito de Leticia profirió sentencia de primera instancia el 8 de agosto de 2013, negando las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

primera instancia el 8 de agosto de 2013, negando las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia el 4 de julio de 20 14, confirmando en su integridad lo resuelto en la sentencia proferida por el Juzgado Único Administrativo Oral del Circuito de Leticia el 8 de agosto de 2013.

6. El señor Euver Bohórquez Olivero presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de julio de 2014.

7. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

“[…] PRIMERO.- DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Euver Bohórquez Olivero, contra el fallo de 4 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente ordinario al Tribunal de origen […]”.

8. Consideró que:

“[…] La Sala resalta que el propósito del demandante en el proceso ordinario y del presente recurso extraordinario de revisión es que se ordene su reintegro al servicio

Tribunal de origen […]”.

8. Consideró que:

“[…] La Sala resalta que el propósito del demandante en el proceso ordinario y del presente recurso extraordinario de revisión es que se ordene su reintegro al servicio y el pago de las prestaciones dejadas de percibir desde que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento en el cargo asesor, código 105, grado 01, el cual es un empleo de libre nombramiento y remoción.

Igualmente, se destaca que en el proceso ordinario se decretaron las pruebas pedidas por actor, las cuales fueron recaudadas por los jueces de instancia, quienes en el marco de su autonomía funcional dieron el alcance probatorio a aquellas debidamente allegadas y controvertidas. Sin embargo, de su análisis y valoración, el Juzgado y el Tribunal concluyeron que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto enjuiciado.

Ahora, el accionante alega que el documento de fecha 28 de febrero de 2013 no pudo ser allegado en la etapa probatoria del proceso ordinario pues se encontraba en los archivos del municipio demandado; sin embargo, Sala observa que tal prueba no estaba oculta, escondida o pérdida; ya que, bastaba con que el accionante elevara un derecho de petición para tener acceso a la hoja de vida de su reemplazo en el cargo.

También se reitera que la jurisprudencia de esta Corporació n ha establecido que para sustentar esta causal no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”, de quien pretende beneficiarse con el documento, aunado al hecho de que la obra de la parte contraria debe probarse, esto es, aportando elementos qu e lleven

para sustentar esta causal no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”, de quien pretende beneficiarse con el documento, aunado al hecho de que la obra de la parte contraria debe probarse, esto es, aportando elementos qu e lleven fehacientemente a la conclusión de que fue por dicha causa, lo cual no se observa en el caso concreto.

Por demás, la Sala encuentra que el ad quem, al analizar la hoja de vida de la señora Mercy Luz Bernal Lores, concluyó lo siguiente:

“no se o bserva que con el nombramiento de la se ñora Bernal Lores se hubiese actuado con fines diferentes del buen servicio, toda vez que la misma cumplía con la formación académica y experiencia para el ejercicio del cargo, máxime si se tiene en cuenta que el señ or Bohórquez Olivero obtuvo el título de abogado el 1 de diciembre de 2006, y la tarjera profesional de abogado de la señora Bernal Lores, data del 29 de septiembre de 1992 (fl 13 cuaderno 3), y desde esa época ha ejercido cargos como asesor jurídico de en tidades públicas, defensor público, abogado asesor, jefe de control interno disciplinario, entre otros, mientras que el señor Bohórquez Olivero, si bien ha ejercido cargos como asesor jurídico de las entidades públicas y personería delegado en lo penal, su experiencia profesional es menos de la que tiene la señora Bernal, por cuanto la misma, para el año 2012, cuando fue nombrada en reemplazo del actor, contaba con 19 años de experiencia profesional aproximadamente, mientras que el actor solo tenía 5, por tal razón, no es dable decir que existió un desmejoramiento en el servicio, si se tiene en cuenta que la persona4

nombrada en reemplazo del actor, contaba con 19 años de experiencia profesional aproximadamente, mientras que el actor solo tenía 5, por tal razón, no es dable decir que existió un desmejoramiento en el servicio, si se tiene en cuenta que la persona4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

que lo reemplazó tenía mucha más experiencia profesional que el actor y cumplía a cabalidad con el perfil para ocupar el cargo para el cual fue designada”.

En ese orden de ideas, se tiene que el documento referido por el accionante no tiene la entidad relevante o decisiva de la cual se hubiere derivado una decisión diferente a la ya dispuesta por los falladores de instancia, pues, como se dijo, estos consideraron que los funcionarios de libre nombramiento y remoción se pueden desvincular del servicio en pro del interés general, teniendo en cuenta que el nominador puede ejercer su facultad discrecional dentro de los límites que imponen los principios de razonabilidad y proporcionalidad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA. Se tutelen los derechos de mi Hermano (sic) Euver Bohorquez Olivero, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, y al Bloque de Constitucionalidad.

SEGUNDA. Se tutelen los derechos invocados en la presente acción impetrada, donde se deje sin efecto el fallo del Consejo de Estado Sala de lo Con tencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente: César

SEGUNDA. Se tutelen los derechos invocados en la presente acción impetrada, donde se deje sin efecto el fallo del Consejo de Estado Sala de lo Con tencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, con radicado: 11001-03-25-00-2015-00875-00, mediante decisión de fecha 31 de marzo de 2022.

TERCERA. Asimismo que se corrija la sentencia del 31 de marzo de 2022, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B, en lo posible sea otra sala, bajo reparto y así sé de cumplimiento a lo ordenado por sus despacho […]”.

10. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico , en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la iii) causal de error inducido.

Actuación

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 11 de noviembre de 2022; i) resolvió tener como agente oficioso de Euver Bohórquez Olivero, a Naydú Bohórquez Olivero, ii) admitió la acción de tutela, ii i) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y iv) vinculó al Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y al Municipio de Leticia en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.5

Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y al Municipio de Leticia en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado adujo que el actor “[…] pretende revivir el debate probatorio que discurrió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, haciendo énfasis en los puntos de la controversia relacionados con el decreto de pruebas […]”.

13. El Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia consideró que:

“[…] Planteo la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según reiterada jurisprudencia del consejo de estado y de la corte constitucional. Lo anterior en desarrollo de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

En efecto, al admitirse la acción de tutela en el presente caso se puede constituir en una tercera instancia en cuanto que la tutela pretende una nueva revisión de su caso y una modificación de las providencias dictadas […]”.

14. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Municipio de Leticia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante

Cundinamarca y el Municipio de Leticia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de enero de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Euver Bohórquez Olivero, por intermedio de Naydú Bohórquez Olivero, en calidad de agente oficiosa, por las razones expuestas en esta providencia […]”.

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que:

“[…] En relación con la configuración del defecto por desconocimiento del precedente se observa que, tal como fue mencionado anteriormente, el accionante hizo referencia a 2 providencias y trascribió apartes de estas. No obstante, no hizo alusión a los lineamientos establecidos por estas y los cuales, supuestamente, fueron desconocidos.

17. En ese orden, vale la pena analizar las subreglas jurisprudenciales invocadas, para así observar si la autoridad judicial accionada efectivamente las desconoció. En primer lugar, cabe resaltar que, en ambas son providencias, el objeto principal consistió en determinar las reglas de aplicación de la causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión relacionada con el surgimiento de documentos que no fue posible presentar ante el juez natural del asunto.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

18. En lo que respecta a los apartes t rascritos de las Sentencias de 29 de abril de

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

18. En lo que respecta a los apartes t rascritos de las Sentencias de 29 de abril de 2015, Rad. 25000 -23-26-000-1999-00319-01, y 29 de noviembre de 2019, Rad. 52001-23-31-000-2005-00329-01, estos se pueden resumir en las siguientes reglas: a) la prueba debe ser documental, b) el documento debe ser recobrado, es decir, no puede ser nuevo o posterior a la sentencia, c) el motivo por el cual este no puedo ser aportado debe responder a razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, y d) debe tener el potencial de incidir de forma tal que pueda sustentar una decisión distinta. De modo que, según el aparte trascrito, la procedencia del recurso de revisión por la causal en cuestión está sujeta a la satisfacción de todos los requisitos de manera conjunta […]”.

[…]

“[…] 20. En conc lusión, no hay ninguna subregla o lineamiento establecido por las providencias aludidas que haya sido desconocida por la providencia enjuiciada y, por el contrario, lo que salta a la vista es que el sentido del fallo estuvo determinado por las mismas.

21. 2) Ahora, respecto al defecto fáctico, si bien el accionante alegó 3 supuestos distintos: desconocimiento del acervo probatorio, valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas y basar la decisión en pruebas obtenidas con violación del debido proceso; lo cierto es que en el desarrollo argumentativo se observa un solo

distintos: desconocimiento del acervo probatorio, valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas y basar la decisión en pruebas obtenidas con violación del debido proceso; lo cierto es que en el desarrollo argumentativo se observa un solo reproche que, encausado como defecto fáctico, materializa un cuestionamiento sobre la actividad probatoria adelantada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que posteriormente suscitó el recurso extraordinario de revisión.

22. En efecto, el accionante aseguró que la prueba que sustentó la interposición del recurso de revisión fue solicitada y decretada por el Juzgado único Administrativo de Leticia, pero esta nunca se valoró al momento de proferir sentencia, lo cual se puede apreciar en la siguiente manifestación de la parte actora (se trascribe): “Aquí se puede observar en el plenario enunciada, la hoja de vida Doctora Mercy Luz Bernal, fue decretada y solicitada a la Alcaldía de Leticia, mediante oficio del Juzgado de primera instancia, pero esta prueba como se puede ver en los argumentos de la sentencia de primera instancia, no se valoró, no se comparó, no llevó a debate jurídico por las partes (…)”. En ese sent ido, infiere el accionante que la situación sí se encuadra dentro del supuesto contemplado en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, pues la ausencia de un pronunciamiento específico sobre el documento en cuestión demuestra que este estaba oculto.

23. Al respecto, la Sala considera que no hay razón alguna para realizar esa inferencia y, por el contrario, observa que el simple hecho de que la prueba hubiese sido pedida y practicada comprueba que esta ni siquiera se encontraba oculta […]”.

[…]

23. Al respecto, la Sala considera que no hay razón alguna para realizar esa inferencia y, por el contrario, observa que el simple hecho de que la prueba hubiese sido pedida y practicada comprueba que esta ni siquiera se encontraba oculta […]”.

[…]

“[…] Finalmente, la parte actora también alegó la configuración de un defecto por error inducido, pues mencionó que la decisión enjuiciada se había basado en la Sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la contradicción, al decidir con base pruebas y argumentos que no fueron objeto de discusión en el trámite de la primera instancia.

26. Al respecto, basta destacar que la Sentencia de aludida, que resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, está en firme e hizo tránsito a cosa juzgada, de modo que no le compete al juez de la revisión entra r a determinar la validez de las decisiones judiciales previas por fuera del marco dado por la propia causal de revisión alegada […]”.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Aquí se puede observar las VÍAS DE HECHO, por DEFECTO FÁCTICO:

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar de los hechos

Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Aquí se puede observar las VÍAS DE HECHO, por DEFECTO FÁCTICO:

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar de los hechos alegados de las partes.

La valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas.

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso.

Según los argumentos en la sentencia de fecha 31 de marzo de 2022 por el: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda -Subsección B: Va en contra vía (sic) con los preceptos dados en las jurisprudencias antes enunciadas.

De acuerdo a lo afirmado en la parte de la Sentencia recurso extraordinario de revisión en el párrafo tercero, página 10:

Igualmente, se destaca que en el proceso ordinario se decretaron las pruebas pedidas por actor, las cuales fueron recaudadas por los jueces de instancia, quienes en el marco de su autonomía funcional dieron el alcance probatorio a aquellas debidamente allegadas y controvertidas.

Desde la audiencia inicial de fecha 17 de junio de 2013, a quo, negó dos pruebas muy importantes, que estaban consagradas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del demandante entre ellas:

(…4.2.6. Que se oficie a la oficina de investigaciones disciplinarias del municipio de Leticia o quien haga sus veces a fin de que se certifique sobre las actuaciones evacuadas por parte del (sic) HECTOR NORIEGA FLOREZ durante el tiempo que estuvo encargado de la oficina de investigaciones disciplinarias que remplazo (sic)

Leticia o quien haga sus veces a fin de que se certifique sobre las actuaciones evacuadas por parte del (sic) HECTOR NORIEGA FLOREZ durante el tiempo que estuvo encargado de la oficina de investigaciones disciplinarias que remplazo (sic) de EUVER BOHORQUEZ, con ocasión de la resolución 167 de 2012) […]”.

[…]

“[…] Aquí se puede observar en el plenario enunciada, la hoja de vida Doctora Mercy Luz Bernal fue decretada y solicitada a la Alcaldía de Leticia, mediante oficio del Juzgado de primera instancia, pero esta prueba como se pude (sic) ver en los argumentos de la sentencia de primera instancia, no se valoró, no se comparó, no llevó a debat e jurídico por las partes, se puede ver en los alegatos de las partes […]”.

[…]

“[…] En tal sentido documento oficio CD -145 03 28 de febrero de 2013 No. 0269, firmado por ella y enviado al Alcalde de la época José Ignacio Lozano Guzmán, dicho documento reposa en la hoja de vida que fue decretada en audiencia de pruebas de la primera i nstancia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estaba oculta, no se debatió por las partes del proceso, como se puede apreciar en el fallo de la instancia de la demanda […]”.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

[…]

“[…] A pesar que en audiencia inicial del 17 de junio de 2013, por el Juzgado Único Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Leticia -Amazonas, se decretaron

[…]

“[…] A pesar que en audiencia inicial del 17 de junio de 2013, por el Juzgado Único Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Leticia -Amazonas, se decretaron las pruebas legalmente aportadas y solicitadas por las partes (folio 12 -13) para su respetivo recaudo en audiencia de pruebas de fecha 16 de julio de 2013, la cual se desarrolló en dos secciones (16 y 22 de julio/ 117 a 120 y 124 a 127 respetivamente en razón a suspensión para agotar debidamente el recaudo de pruebas, entre ellas.

Las pruebas:

9-Copia de la Hoja de vida del actor Euver Bohórquez Olivero (1s. 1-335 c2) 11-Copia de la hoja de vida de remplazo en el cargo en cuestión Doctora Mercy Luz Bernal (ls.1-90 c3)

Copia de la hoja de vida de remplazo en el cargo en cuestión Doctora Dian Paola Laguado (fis. 1-21 c4)

La cual no fueron controvertidas, analizadas, ni puestas en juicio, en la audiencia en mención por las partes, por otra parte, el abogado de la parte demandante en sus alegatos de concusión (Que se anexo en líneas anteriores) no se refirió a ellas, como también la parte demandada.

Por otra parte, el Juzgado Único Administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Leticia -Amazonas, en su decisión de fecha 8 de agosto de 2013. (Como quiera que ya se anexo en pronunciamientos anteriores), aquí el despacho no se refirió a las pruebas antes enunciadas.

Leticia -Amazonas, en su decisión de fecha 8 de agosto de 2013. (Como quiera que ya se anexo en pronunciamientos anteriores), aquí el despacho no se refirió a las pruebas antes enunciadas.

Y es tan así que el abogado, del demandante en su recurso de apelación y sustentación, no se refiere a estas pruebas antes precitas, para demostrar los argumentos expuesto en la demanda, por lo tanto, se (Anexa en doce folios la apelación)

Por tal motivo, y en consecuencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección "C, en su decisión del 4 de julio de 2014, que se observa en los folios 16, 17 y 18, ha desconocido el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO, para las partes involucradas en el proceso que se llevó a debate por la primera instancia, asimismo vulnero el DERECHO DE CONTRADICIÓN, ya que las partes no lo ejercieron en primera instancia y la segunda instancia, se toma el atrevimiento, de argumentar, criterios que no fueron debatidos conforme al orden jurídico, lo cual estos argumentos fueron contaminantes, de la cual no se podía subsanar por el demandante, que contra la decisión no procede recurso

Ahora bien, los argumentos configurados por el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca Sección "C” en los folios 16.17 y 18 de la decisión del 4 de julio de 2014, causo daño jurídico el demandante y

ERROR INDUCIDO, al Consejo de Estado, Salo de lo Contenciosos (sic) Administrativo Sección Segunda – Subsección B, en la decisión del 31 de marzo de 2022, conforme a los argumentos antes precipitados […]”2.

Administrativo Sección Segunda – Subsección B, en la decisión del 31 de marzo de 2022, conforme a los argumentos antes precipitados […]”2.

2 Transcripción literal del texto de la impugnación.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 5 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, e n los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias j udiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, iv) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

fundamental al debido proceso, iv) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05907-01

Actor: Naydú Bohórquez Olivero

providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez co nstitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derech