CE - 110010315000202205917011SENTENCIA20230413154736

Demandante: María Del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05917-01

Demandante: MARÍA DEL CARMEN TRIANA GARCÍA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO

Temas:

Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 27 de enero de 2023 , dictada por el Consejo de Estado , Sección Tercera, Subsección C mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 8 de noviembre de 2022 al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, la señora María del Carmen Triana García , por medio de apoderado judicial , ejerció acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Tribunal

buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, la señora María del Carmen Triana García , por medio de apoderado judicial , ejerció acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de que sean amparados sus fundamentales “de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la reparación integral, a la igualdad, a la equidad y al mínimo vital”.

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 12 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que confirmó la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Triana García, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereir a en el proceso de reparación directa con radicado 66001-33-33-005-2016-00367-00/021.

1 Interpuesto por los señores Reinaldo Triana García, Enriqueta Vélez Chaparro, Nicolás Triana Vélez, Leidy Alejandra Triana Vélez, Derling Lizeth Triana Vélez, María del Carmen García, Jairo Triana García, Leonardo Triana García, José Roberto Triana García y María del Carmen Triana García contra la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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1.2. Pretensión

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1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“se dejen sin efectos los apartes de esas providencias que afectan el reconocimiento del Derecho de la Señora María del Carmen Triana García como hermana de la víctima directa y consecuencialmente con esto, se valoren conjuntamente las pruebas allegadas al plenario que sin duda alguna permiten inferir el parentesco que une a la accionante con la víctima, señor Reinaldo Triana García, y de paso que quede saneada la falencia documental que nos ocupa y de esa forma se proceda a reconocerle como perjudicada, repararla de manera integral, emitiendo una nueva sentencia debidamente motivada bajo los parámetros que se indiquen al amparar el derecho de la accionante”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 23 de septiembre de 2014, el señor Reinaldo Triana García fue arrollado por una ambulancia de propiedad del Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, la cual era conducida por un funcionario de dicha entidad. Lo anterior le causó deformidad física en el rostro, hiposmia postraumática y perturbación fu ncional de su mandíbula.

5. Por tanto, el señor Triana García y otros2 interpusieron demanda en ejercicio

deformidad física en el rostro, hiposmia postraumática y perturbación fu ncional de su mandíbula.

5. Por tanto, el señor Triana García y otros2 interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia , con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados por dicho suceso.

6. Mediante sentencia del 25 de febrero de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira accedió parcialmente a lo pretendido y ordenó la indemnización de la mayoría de los actores; no obstante, consideró que la señora María del Carmen Triana García carecía de legitimación en la causa por activa para el reclamo de la respectiva compensación , por lo que no se le reconocieron perjuicios a su favor . Esto, debido a que no se allegó el soporte probatorio necesario para acreditar que era la hermana de la víctima.

7. Al respecto, el juez de primera instancia señaló que en lo que respectaba a la legitimación en la causa de la accionante, fue aportada una certificación expedida por el Notario Único de Girardot que únicamente daba cuenta del libro y folio en que quedó registrado su nacimiento sin mencionar quiénes eran sus padres. Precisó

2 Enriqueta Vélez Chaparro, Nicolás Triana Vélez, Leidy Alejandra Triana Vélez, Derling Lizeth Triana Vélez, María del Carmen García, Jairo Triana García, Leonardo Triana García, José Roberto Triana García y María del Carmen Triana García.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

Vélez, María del Carmen García, Jairo Triana García, Leonardo Triana García, José Roberto Triana García y María del Carmen Triana García.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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que para demostrar el parentesco se exige el registro civil de nacimiento como prueba solemne.

8. Inconformes con ello, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación. En relación con la exclusión de la indemnización a la señora Triana García, señaló el extremo demandante que en el expediente reposaba un documento notarial presentado con la demanda que certificaba que ella se encontraba registrada en la Notaría Única del Círculo de Girardot, en el libro 113, folio 209 de registros de nacimiento.

9. Agregó que ello “hace simetría con los apellidos de sus otros hermanos y que, por señalamiento de insuficiente que se le otorgó con la sentencia , debía igualmente, ser objeto de requerimiento o impulso oficioso” . Añadió que el juez debió orden ar a dicha notaría que certificara o corroborara “la veracidad de esa información, existencia del registro o de que establezca quiénes son los padres de la señora”.

10. Por medio de fallo del 12 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda modificó parcialmente la sentenci a en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad de la entidad y la f alta de legitimación en la causa

la señora”.

10. Por medio de fallo del 12 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda modificó parcialmente la sentenci a en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad de la entidad y la f alta de legitimación en la causa de la señora Triana García y varió el monto de los perjuicios morales reconocidos a los demás demandantes.

11. En relación con la situación de la tutelante, resaltó que el certificado expedido por el notario único de Girardot no acreditaba quiénes eran sus padres, por lo que se incumplía la carga probatoria de demostrar el grado de consanguinidad con el señor Reinaldo Triana y, po r tanto, no operaba la presunción del daño moral a su favor. Esto, pues se omitió “aportar el registro civil de nacimiento, prueba solemne para probar dicha relación”.

12. Lo anterior, lo sustentó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y siguientes del Decreto 1260 de 1970 y con lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a la solemnidad probatoria en materia de acreditación de parentesco. Al respecto, concluyó que los demandantes no podían pretender subsanar dicha omisión “mediante el recurso de apelación o solicitando una prueba de oficio”.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora expuso que las demandadas al proferir las sentencias cuestionadas por medio de las cuales se excluyó a la señora Triana García de la reparación de perjuicios incurrieron en desconocimiento del precedente, defecto fáctico, defecto procedimental y violación directa de la Constitución.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

reparación de perjuicios incurrieron en desconocimiento del precedente, defecto fáctico, defecto procedimental y violación directa de la Constitución.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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14. Alegó que las autoridades judiciales debieron solicitar pruebas de oficio con el fin de corroborar el parentesco entre la accionante y el señor Reinaldo Triana, por lo que tuvieron que requerir al notario emisor del certificado aportado para que diera cuenta de la “ elaboración imperfecta del registro y de una vez, obtener la información faltan te y necesaria de los padres de la registrada y así, finalmente determinar que corresponde a la de la hermana de la víctima”.

15. Sostuvo que la irregularidad por parte de la Notaría Única de Girardot que expidió el documento aportado no debía sobreponerse al derecho sustancial de la tutelante, debido a que existían medios para subsanar el yerro notarial; añadió que,

no obstante, se había optado por dar:

prevalencia al exceso ritual manifiesto, sobre el derecho sustancial que como hermana le debe ser amparado en igualdad de condiciones con quienes les fue reconocido por su hermandad y que su no reconocimiento se debió a un documento mal elaborado por una notaría

16. Indicó que las accionadas contaban con otras pruebas que acreditaban el parentesco entre la señora Triana García y la víctima, tales como la declaración del

documento mal elaborado por una notaría

16. Indicó que las accionadas contaban con otras pruebas que acreditaban el parentesco entre la señora Triana García y la víctima, tales como la declaración del señor Ferney Jaramillo Guevara , por medio de la cual identificó a l a demandante como hermana del señor Reinaldo Triana. Enfatizó en que, al igual que sus otros hermanos, se vio afectada por las lesiones y padecimientos de su familiar y debido a que dicho testimonio se constituía como una prueba adicional que no fue tachada de falsa ni objetada, debía ser tenida en cuenta para esclarecer el parentesco.

17. Finalmente, aseguró que se desconoció el precedente de las sentencias T113 de 2019, SU -035 de 2018, T -237 de 2017 de la Corte Constitucional y la providencia del 11 de septiembre de 2017 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con radicado 11001-03-15-000-2017-01959-00. Lo anterior, sin hacer referencia al contenido de tales fallos y su relación con el caso estudiado.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

18. Mediante auto del 1 0 de noviembre del 2022 , el despacho ponente de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado : i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira como autoridades judiciales accionadas; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia , a los señores Reinaldo Triana García, Enriqueta

Administrativo del Circuito Judicial de Pereira como autoridades judiciales accionadas; iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia , a los señores Reinaldo Triana García, Enriqueta Vélez Chaparro, Nicolás Triana Vélez, Leidy Alejandra Triana Vélez, Derling Lizeth Triana Vélez, María del Carmen García, Jairo Triana García, Leonardo Triana García y José Roberto Triana García y, iv) reconoció personería jurídica al señor Luis Carlos José Peña Rodríguez como apoderado de la demandante.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

19. Por medio de escrito enviado el 1 8 de noviembre de 202 2 al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial accionada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción o, en su defecto, que se negaran las pretensiones formuladas.

20. Aseguró que lo pretendido por la parte actora es reabrir una controversia que ya fue zanjada por el juez natural de la causa y que lo formulado en la tutela corresponde a una simple inconformidad frente a la decisión censurada. Reiteró lo señalado en la providencia de segunda instancia del proceso de reparación directa en relación con la falta de legitimación en la causa de la demandante.

corresponde a una simple inconformidad frente a la decisión censurada. Reiteró lo señalado en la providencia de segunda instancia del proceso de reparación directa en relación con la falta de legitimación en la causa de la demandante.

21. Concluyó que en el fallo cuestionado se llevó a cabo un estudio detallado de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que rigen el asunto en concreto.

22. A pesa r de haber sido debidamente notificados, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y los terceros vinculados guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. Por medio de sentencia proferida el 27 de enero de 2023, notificada el 27 de febrero del mismo año, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia del amparo solicitado al considerar que la tutela interpuesta no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.

24. Observó que la accionante pretendió que se valorara nuevamente el material probatorio obrante en el expediente del trámite ordinario con el objetivo de que se accediera a la pretensión de que se le otorgara la res pectiva indemnización al ostentar, supuestamente, la calidad de hermana de la víctima directa del daño ocasionado.

25. Expuso que, en concordancia con lo desarrollado por el tribunal accionado, el documento allegado por la demandante no indicaba quiénes eran sus padres, por lo que no era posible inferir el parentesco alegado. Agregó que en el proceso de reparación directa se puso de presente que el documento idóneo para acreditar la

el documento allegado por la demandante no indicaba quiénes eran sus padres, por lo que no era posible inferir el parentesco alegado. Agregó que en el proceso de reparación directa se puso de presente que el documento idóneo para acreditar la cercanía era el registro civil de nacimiento, según el Decreto 1260 de 1970 y que, sin embargo, aquel no fue aportado por la parte actora, con lo que incumplió su carga.

26. Puso de presente que las facultades oficiosas del juez para el decreto de pruebas no pueden suplir la falencia probatoria de los interesados, pues esto seDemandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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traduciría en un desequilibro en la igualdad procesal a la que tienen derecho las partes del proceso.

27. En este orden de ideas, arguyó que resultaba claro que la finalidad de la señora Triana García era utilizar la acción constitucional como una instancia adicional y, de tal forma, hacer prevalecer su interpretación de las pruebas sobre las conclusiones a las que llevó el Tribunal Administrativo de Risaralda.

28. Enfatizó en que, en atención al principio de autonomía judicial y a la naturaleza excepcionalísima de la tutela contra providencia judicial, no basta con manifestar inconformidades respecto de decisi ones adoptadas por los jueces competentes o simplemente alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia del mecanismo.

naturaleza excepcionalísima de la tutela contra providencia judicial, no basta con manifestar inconformidades respecto de decisi ones adoptadas por los jueces competentes o simplemente alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia del mecanismo.

29. Concluyó que la procedencia de esta acción no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pue sto que con ella no se puede pretender que el juez constitucional lleve a cabo un juicio de corrección de la decisión que se cuestiona.

1.8. Impugnación

30. A través de correo electrónico enviado el 1.º de marzo de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Triana García impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara para que, en su lugar, se accediera al amparo de sus derechos.

31. Argumentó que el juez constitucional actuó “bajo parámetros de formalismos procedimentales e interpretativos que no pertenecen a estos trámites” pues procedió “como si el escenario judicial continuara siendo el contencioso, generando un defecto en la técnica jurídica que se implementa”.

32. Arguyó que “la flexibilización y a la vez la agudeza” que debe seguirse para “identificar las falencias en est a dinámica constitucional que busca purificar las providencias judiciales, no opera si se sigue usando la misma metodología que normalmente ejerce un juez de la república sin potestades constitucionales”. Esto, puesto que en el estudio de una vulneración d e derechos fundamentales se debe operar “con un filtro idóneo especial alineado a normas supranacionales que se

normalmente ejerce un juez de la república sin potestades constitucionales”. Esto, puesto que en el estudio de una vulneración d e derechos fundamentales se debe operar “con un filtro idóneo especial alineado a normas supranacionales que se incorporan a nuestra carta magna”.

33. Señaló que la vulneración alegada radica en las deficiencias que surgieron como consecuencia del actuar de un ente notarial que expidió un documento sin el cumplimiento de las reglas de notariado y registro “siendo un instrumento con molde propio y que debe sujetarse a parámetros regulativos de la superintendencia que lo regula”. Puso de presente que este aspecto formal debe ser regulado judicialmente, pues se trata de una falla de origen funcional del Estado, motivo por el cual “es alDemandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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poder jurisdiccional al que le corresponde el deber de enmendar en pro de sus competencias”.

34. Sostuvo que si el juez, en el estudio que hace del parentesco, encuentra anomalías e irregularidades que atropellan el derecho de quien accede a la justicia, debe ejercer las potestades que legal y jurisprudencialmente se le han otorgado y, con ello, está en la obligación de “actuar ef ectivamente, no como un ejecutor legal por sí mismo, sino como un constructor de la verdad real y de las certezas que busca”.

35. Adujo que “los defectos que se producen por los funcionarios de la notaría

por sí mismo, sino como un constructor de la verdad real y de las certezas que busca”.

35. Adujo que “los defectos que se producen por los funcionarios de la notaría que expiden el documento incompleto no pueden mantene rse y menos permitirse” ya que los ciudadanos no deben soportar cargas por errores de las entidades “que solo le corresponden al empleado de la notaría e incluso al mismo notario”.

36. Agregó que, al advertir dicha falencia del documento aportado, el juez debió comprobar que el yerro “no es de la autoría del reclamante de la indemnización y que en el plenario encuentra pruebas parentales afines que le ayuden a establecer los lasos familiares, como en este caso ocurrió”. Insistió en que con un testimonio practicado el 1.º de agosto de 2018 se acreditó que la señora María del Carmen Triana García era hermana de la víctima directa del daño.

37. Puso de presente que con su impugnación no pretende “varia r los lineamientos jurisprudenciales”; no obstante, indicó que lo que busca:

es que se haga un enfoque causal específico, cuando de la transgresión que se alega la irregularidad la genera un ente notarial en la expedición de su producto y no el reclamante, que además de aportar el formulario de registro refuerza su parentesco con la declaración de un testigo (…) de manera que, si la parte contraria no tachó ni contrainterrogó al declarante en ese sentido, no le corresponde al juez, en uso d e su autonomía, devaluar la prueba y menos oponerse a la tarifa legal que para la estimación de perjuicios inmateriales se construyó por el Consejo de Estado con el precedente que emitió en el año 2014

corresponde al juez, en uso d e su autonomía, devaluar la prueba y menos oponerse a la tarifa legal que para la estimación de perjuicios inmateriales se construyó por el Consejo de Estado con el precedente que emitió en el año 2014 para establecer el nexo familiar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte accionada contra la sentencia del 27 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 27 de enero de 2027, por la Sección Tercera , Subsección C del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

de primera instancia proferida el 27 de enero de 2027, por la Sección Tercera , Subsección C del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

40. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente

problema:

● ¿El Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en los defectos alegados, al proferir la sentencia del 12 de mayo de 2022 en el trámite de reparación directa con radicado 66001-33-33-005-2016-00367-00/02, mediante el cual modificó parcialmente el fallo de primera instancia y confirmó la negativa frente al reconocimiento de los perjuicios alegados por la señora María del Carmen Triana García?

41. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, iii) caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

43. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, s in que se

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, s in que se analice el fondo del asunto.

44. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

45. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

46. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia de la acción constitucional, dado que carece de relevancia constitucional puesto que no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20226.

2.4.1.1 Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

SU-215 de 20226.

2.4.1.1 Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios en materia de relevancia constitucional

47. En este fallo de unificación , la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, c uando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que tambi én son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este

6 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: María del Carmen Triana García Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-05917-01

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instrumento como u na instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

49. Refirió que las finali