CE - 110010315000202205920011SENTENCIA20230317100553

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05920-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

LOS ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO FUERON OBJETO

DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

ACCIONADA. NO SE CONF IGURÓ LA COSA JUZGADA Y LA

TEMERIDAD.

DERECHOS FUNDAMENTALES : DIGNIDAD, VIDA, SALUD,

SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, DEFENSA, IGUALDAD,

DEBIDO PROCESO, TRABAJO Y PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 19 de enero de 202 3, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -“SUBSECCIÓN B” - DEL CONSEJO DE ESTADO1 rechazó la acción de tutela por considerar que se configuró el fenómeno jurídico de la temeridad.

1 En adelante la Sección Tercera.2

ESTADO1 rechazó la acción de tutela por considerar que se configuró el fenómeno jurídico de la temeridad.

1 En adelante la Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05920 01

Actor: JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, a la defensa, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y a la protección laboral reforzada , los cuales consideró vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2, la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA3 y el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA 4 al proferir la providencia de 14 de agosto de 2019, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-015-2016-00216-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 2 de mayo de 2006 ingresó a la Policía Nacional

único de radicación 11001-33-35-015-2016-00216-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 2 de mayo de 2006 ingresó a la Policía Nacional

2 En adelante el Tribunal. 3 En adelante el Ministerio. 4 En adelante el Tribunal Médico Laboral.3

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como miembro del nivel ejecutivo en el grado de patrullero.

Indicó que el 3 de noviembre de 2012, estando en actos del servicio sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó lesiones en sus miembros inferiores , por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Aseguró que con ocasión a las lesiones el 4 de abril de 2014 , fue valorado por la junta médica laboral que concluyó con un diagnóstico de la pérdida de la disminución de la capacidad laboral del 9.5%.

Indicó que , posteriormente, el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL a través de Acta núm. 7912-TML15-2-498 MDNSG-TML41.1 de 6 de octubre de 2015 modificó la decisión inicial y determinó una incapacidad permanente parcial del 17 .0%, declarándolo no apto para la prestación del servicio y no recomendando su reubicación laboral.

octubre de 2015 modificó la decisión inicial y determinó una incapacidad permanente parcial del 17 .0%, declarándolo no apto para la prestación del servicio y no recomendando su reubicación laboral.

Afirmó que mediante Resolución núm. 05638 de 14 de diciembre de 2015, el Director de la Policía Nacional lo retiró del servicio por disminución de la capacidad sicofísica.

Debido a lo anterior, manifestó que promovió demanda en ejercicio4

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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MINISTERIO y el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que lo calificaron como no apto para la actividad policial y lo retiraron del servic io activo.

Señaló que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO

QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ5 que, en sentencia de 7 de febrero de 2018, accedió a las pretensiones y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Subrayó que el MINISTERIO inconforme con lo anterior, interpuso

administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Subrayó que el MINISTERIO inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 14 de agosto de 2019, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

Contra la anterior decisión formuló un recurso extraordinario de revisión ante el TRIBUNAL que, mediante auto de 29 de abril de 2022, lo rechazó por extemporáneo.

5 En adelante el Juzgado.5

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que se le han vulnerado de manera arbitraria y caprichosa el deber de reconocerle una pensión de invalidez o por lo menos reubicarlo laboralmente, garantizándole la estabilidad laboral reforzada y la protección Constitucional en razón a la p érdida de la capacidad laboral.

Señaló que ha recibido por parte de las accionadas u n trato cruel e inhumano, vulnerando sus derechos y los de su familia al negarle la posibilidad de continuar vinculado a la institución policial, por lo que consideró como de extrema urgencia la prevalencia del derecho sustancial.

I.4.- Pretensiones

inhumano, vulnerando sus derechos y los de su familia al negarle la posibilidad de continuar vinculado a la institución policial, por lo que consideró como de extrema urgencia la prevalencia del derecho sustancial.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1. Se conceda el amparo de tutela solicitado a los derechos fundamentales violados de mi mandante.

2. Se ordene a la entidad tutelada que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de tutela, procedan a reintegrar al servicio activo al señor Patrullero (RA) JHON ALEXANDER AVILA BORJA , cancelándole todos los emolumentos dejados de percibir entre el momento de su retiro6

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y el de su reintegro, declarando que no existe solución de continuidad en la prestación del servicio entre tal lapso.

3. Se ordene a la entidad tutelada que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de tutela, una vez se produzca el reintegro al servicio activo de la señora Patrullero

(RA) JHON ALEXANDER AVILA BORJA , se realice su reubicación laboral provisional en labores administrativas según su (sic) condiciones de salud.

se produzca el reintegro al servicio activo de la señora Patrullero (RA) JHON ALEXANDER AVILA BORJA , se realice su reubicación laboral provisional en labores administrativas según su (sic) condiciones de salud.

4. Se ordene a la entidad tutelada que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a proferido el fallo de tutela, el TRIBUNAL MEDICO-LABORAL DE REVISION MILITAR Y POLICIAL proceda a valorar las lesiones sufridas por el Policial, y, en caso de emitir decisión definitiva, de encontrar que se mantiene un porcentaje de disminución de la capacidad laboral inferior al 50%, emita la recomendación de reubicación laboral expresado las condiciones en que la misma ha de cumplirse según la decisión de amparo que corresponde a la estabilidad laboral reforzada y protección especial de la persona discapacitada, incluyendo su derecho a tener una pensión de invalidez o por lo menos la reubicación laboral.

5. Se hagan las demás declaraciones a que haya lugar sobre cualquier tipo de derecho fundamental que se estime vulnerado o amenazado […]”. (Negrilla pertenece al texto)

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor, toda vez que la decisión cuestionada se fundamentó en el análisis factico y jurídico que se efectuó en la oportunidad procesal pertinente. No obstante, señaló que se somete al juicio de valoración que se realice dentro del asunto objeto de tutela.7

que se efectuó en la oportunidad procesal pertinente. No obstante, señaló que se somete al juicio de valoración que se realice dentro del asunto objeto de tutela.7

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I.5.2.- El MINISTERIO DE DEFENSA -SECRETARÍA GENERALTRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA manifestó que el presente mecanismo constitucional resulta improcedente al considerar que el actor incurrió en una actuación temeraria, por cuanto en el año 2016 interpuso una acción de tutela contra esa entidad por los mismos hechos y con las mismas pretensiones.

Afirmó que la mencionada solicitud de amparo fue conocida en primera instancia por “[…] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda – Subsección E, bajo el radicado 23-001-25000-23-42-000-2016-00814-00, el cual, mediante sentencia del 23 de febrero de 2016, declaró improcedente la acción de tutela del accionante y en Segunda Instancia por el Consejo de Estado – Sala de Contencioso Administrativo – Sección Primera, quien mediante sentencia del 5 de mayo de 2016 confirmo el fallo de Primer Instancia […]”.

Finalmente, aseguró que el actor no cumpl ió con el requisito de inmediatez, por cuanto la vulneración relacionada con las decisiones

quien mediante sentencia del 5 de mayo de 2016 confirmo el fallo de Primer Instancia […]”.

Finalmente, aseguró que el actor no cumpl ió con el requisito de inmediatez, por cuanto la vulneración relacionada con las decisiones proferidas por el organismo laboral se formula siete (7) años después de su expedición.8

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I.6.- Interviniente

I.6.1. El JUZGADO manifestó que durante el transcurso del trámite procesal de la primera instancia , a las partes se les garantizó el debido proceso.

Asimismo, indicó que la decisión emitida por su Despacho fue proferida a la luz de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 19 de enero de 2023, la SECCIÓN TERCERA rechazó la acción de tutela al considerar que el actor incurrió en una actuación temeraria.

Afirmó que, respecto a la identidad de objeto, lo pretendido por el actor coincide con aquello que fue deprecado por él en la acción de tutela núm. 2016 -00814-00/01, tramitada y resuelta por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 23 de febrero de 2016, confirmada

tutela núm. 2016 -00814-00/01, tramitada y resuelta por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 23 de febrero de 2016, confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en fallo de 5 de mayo de 2016.9

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Igualmente, aseguró que frente a la identidad de causa el actor presentó el mecanismo constitucional invocando la presunta vulneración de los derechos fundamen tales relacionados con el debido proceso, el trabajo, la salud, el mínimo vital, la seguridad social, la igualdad y la dignidad, por los mismos hechos, esto es, la expedición del Acta núm. 7912 -TML-15-2 498 MDNSG -TML 41.1 proferida por el Tribunal Médic o Laboral que no recomendó su reubicación laboral y la Resolución 05638 de 2015 que ordenó su retiro de la institución.

Manifestó que frente a la identidad de partes se encontró demostrada la relación del actor con el Tribunal Médico Laboral y la Dirección General de la Policía Nacional.

Asimismo, consideró que si bien se tuvo como parte la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la presunta vulneración de los derechos fundamentales se predica

Dirección General de la Policía Nacional.

Asimismo, consideró que si bien se tuvo como parte la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la presunta vulneración de los derechos fundamentales se predica únicamente a partir de las competencias del Tribunal Médico Laboral y la Dirección General de la Policía Nacional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al señalar que10

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la decisión de tutela representa una vía de hecho revictimizante pues, a su juicio, la decisión de rechazar la acción constitucional lo ubica en un estado de indefensión al ser una persona discapacitada y en manifiesta vulnerabilidad.

Igualmente, resaltó que no existe temeridad en cuanto la acción de tutela objeto de estudio es autónoma e independiente, pues las razones jurídicas son completamente diferentes a la presentada con antelación.

En ese sentido, solicitó revocar la decisión impugnada y, en su lugar, amparar los derechos deprecados dando prevalencia al derecho sustancial.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

sustancial.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 202111

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso12

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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuesti ón de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistem a jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere i nterpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere i nterpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría13

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como mecan ismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la p rotección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derech os fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que

especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.14

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del cont enido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 14 de agosto de 2019 proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-015-2016-00216-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos15

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fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio del actor, de manera arbitraria y caprichosa se omitió el deber de reconocerle una

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fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio del actor, de manera arbitraria y caprichosa se omitió el deber de reconocerle una pensión de invalidez o por lo menos reubicarlo laboralmente, garantizándole la estabilidad laboral reforzada y la protección constitucional en razón a la pérdida de la capacidad laboral.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de enero de 2023, rechazó la acción de tutela al considerar que el actor incurrió en una actuación temeraria.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo, al señalar que representa una vía de hecho revictimizante, pues la decisión de rechazar la acción constitucional lo ubica en un estado de indefensión al ser una persona en situación de discapacidad y en manifiesta vulnerabilidad.

Por lo anterior, la Sala en primer lugar debe determinar si el señor JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA incurrió en una actuación temeraria al solicitar el amparo de los derechos fundamentales deprecados dentro de la presente acción de tutela y, de no ser así , en segundo lugar, examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias16

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Actor: JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA

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judiciales, para luego establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos invocados.

• De la temeridad

La presentación sucesiva6 o simultánea7 de varias acciones de tutela sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha estudiado la existencia de dos figuras a sabe r: la cosa juzgada y la temeridad.

Al respecto, en sentencia T -560 de 2009, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del juez constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) que de ejecutoriada la sentencia emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta

6 La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente. 7 La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.17

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05920 01

Actor: JHON ALEXANDER ÁVILA BORJA

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realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide no seleccionar para revisión el asunto9.

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea, con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que considere que dicha actuación:

“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia […]”.10

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones. Así en sentencia T -614 de 2015, con ponencia del

8 "Por el cual se