CE - 110010315000202205946011SENTENCIA20230322115720

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: KENY GALVÁN MORALES Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – procede estudio de fondo respecto del defecto fáctico porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales; además, se identificó y sustentó la causal específica alegada / DEFECTO FÁCTICO – se configura en este caso, porque la autoridad judicial no valoró ninguna de las pruebas testimoniales y documentales aportadas para acreditar el perjuicio moral de los hermanos de crianza.

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 5 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de noviembre de la presente anualidad 1, los señores Keny Galván Morales, Yineth Alejandra Gómez González (quien actúa en nombre propio y en

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de noviembre de la presente anualidad 1, los señores Keny Galván Morales, Yineth Alejandra Gómez González (quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo Juan Sebastián Galván Gómez), Valeria Alejandra Galván Gómez, Abel Ignacio Galván Prado, Bertha María Galván de Ravelo y Ronald y Bertha Ravelo Galván, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 3 de febrero de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia 2 administración de justicia, con ocasión de la sentencia de reemplazo proferida el 25 de abril de 2022, en el proceso de reparación directa con radicado 13001-33-33007-2015-00505-01. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben

textualmente):

1. Declarar que a mis representados se les violentó el Debido Proceso, y el Acceso a la Administración de Justicia , con violación directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto y Defecto Fáctico, en que incurrió en su Fallo la Honorable Sala del Tribunal Administrativo de Bolívar con ponencia del señor Magistrado LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ, y por

Constitución, defecto procedimental absoluto y Defecto Fáctico, en que incurrió en su Fallo la Honorable Sala del Tribunal Administrativo de Bolívar con ponencia del señor Magistrado LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ, y por ende se Amparen de manera inmediata los Derechos Fundamentales conculcados con el accionar jurídico de ese operador judicial.

2. Como consecuencia de lo anterior declaren ustedes la invalidez de la sentencia de Segunda Instancia (Sentencia de Reemplazo), Proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de fecha 18 de marzo de 2022, notificada el día 25 de Abril de 2022 , dentro del Proceso de Reparación Directa de KENY

GALVÁN MORALES Y OTROS contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTROS. Radicado bajo el No. 130013333007201500505.-

3. Como consecuencia de tal subversión de Derechos Fundamentales por parte del Tribunal Admin istrativo de Bolívar se profiera Sentencia por parte de ustedes, donde se restablezcan los Derechos Fundamentales vulnerados y se confirme en su totalidad la Sentencia emanada del Juez Séptimo Administrativo de Cartagena; o se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar, que restablezca, dentro de un plazo perentorio, a partir de la notificación del fallo de tutela, los derechos fundamentales conculcados y profiera sentencia donde se confirme en su integridad el fallo del Aquo.-

4. Se le informe a los tutelados que será sancionada según las voces de los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991, en el evento de incumplir con lo

confirme en su integridad el fallo del Aquo.-

4. Se le informe a los tutelados que será sancionada según las voces de los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991, en el evento de incumplir con lo ordenado por el fallo de tutela.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Keny Galván Morales fue investigado por la comisión de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, razón por la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mompox le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva entre el 7 de enero y el 11 de junio de 2011, fecha última en la que fue puesto en libertad por vencimiento de términos.

Posteriormente, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, mediante sentencia del 25 de septiembre de 2013, absolvió al señor Galván Morales.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia

3 Por lo anterior, el señor Keny Galván Morales y otros instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para que dichas entidades fueran declaradas patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados de la privación de l a libertad a la que aquel fue sometido.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, mediante sentencia del 20 de

patrimonialmente responsables de los perjuicios derivados de la privación de l a libertad a la que aquel fue sometido.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, mediante sentencia del 20 de febrero de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a la s entidades demandadas al pago de los perjuicios reclamados.

Contra la anterior decisión, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Bolívar, en providencia del 18 de marzo de 2022 2 , modificó la sentencia de primera instancia, para, en su lugar, (i) negar los perjuicios morales reconocidos a los señores Ronald Ravelo Galván y Bertha Ravelo Galván y (ii) reducir los montos de los otros demandantes, conforme a lo establecido en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 (exp. 46681) , dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado; en lo demás , confirmó la providencia apelada.

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, la parte actora solicitó su corrección; petición que fue resuelta de manera favorable en providencia del 31 de mayo de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial:

1.3.1 Violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto , puesto que el Tribunal se pronunció sobre aspectos que no fueron apelados, razón por la cual transgredió el contenido de los artículos 230 de la Constitución Política y

1.3.1 Violación directa de la Constitución y defecto procedimental absoluto , puesto que el Tribunal se pronunció sobre aspectos que no fueron apelados, razón por la cual transgredió el contenido de los artículos 230 de la Constitución Política y 328 del Código General del Proceso, este último relativo a la competencia del superior en los recursos de apelación.

2 Esta sentencia fue dictada en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 7 de febrero de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en el que se revocó la sentencia del 11 de octubre de 2021 , proferida por esta Subsección , y se concedió el amparo solicitado por los demandantes.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia

4 Sostuvo que el tema ha sido objeto de diferentes pronunciamientos por las «altas Cortes», en el sentido de afirmar que el marco de competencia del juez de segunda instancia está constituido por las referencias conceptuales y argumentativas presentadas contra la decisión apelada, por ende, los demás aspectos o puntos diferentes a los planteados por el recurrente están excluidos del debate ante el superior, sin perjuicio de los casos autorizados por la Constitución y la ley.

Insistió en que la sentencia abordó «tópicos que jamás y nunca fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por la entidad condenada Rama Judicial», dado que el recurso de apelación se interpuso bajo el argumento de que debía revocarse la sentencia por haberse configurado la causal de responsabilidad consistente en el

recurso de apelación interpuesto por la entidad condenada Rama Judicial», dado que el recurso de apelación se interpuso bajo el argumento de que debía revocarse la sentencia por haberse configurado la causal de responsabilidad consistente en el hecho del tercero, puesto que la actuación de la Fiscalía General de la Naci ón rompió el nexo de causalidad entre lo decidido por el funcionario judicial y el daño alegado; y, en cambio, el Tribunal modificó los valores reconocidos y excluyó a dos beneficiarios, sin que ello se hubiera solicitado en la apelación.

1.3.2. Defecto fáctico, toda vez que las pruebas aportadas fueron valora das en forma caprichosa , pues los perjuicios morales de los hermanos de la víctima se acreditaron «de manera contundente», y el Tribunal desconoció la existencia de la familia de crianza y el sufrimiento de sus integrantes, incluido, el de los hermanos.

Cuestionó que el Tribunal negara los perjuicios de los hermanos por falta de prueba, cuando ese aspecto no fue objeto del recurso de apelación, pero, además, desconoció las pruebas documentales y testimoniales que no fueron objetadas por las demandadas, consistentes en las declaraciones extrajuicio y los testimonios según los cuales Berta y Ronald Ravelo Galván son hermanos de crianza de Keny Galván Morales, que tenían claros vínculos, cercanía, que vivían en el mismo hogar y resultaron afectados , como se deduce de los testimonios de Cayetano Herrera Rangel, Glennys Rojas Padilla y Nubia Gal ván Prado, al igual que de las declaraciones extrajuicio aportadas con la demanda, pruebas que ni siquiera fueron mencionadas por el Tribunal.

Rangel, Glennys Rojas Padilla y Nubia Gal ván Prado, al igual que de las declaraciones extrajuicio aportadas con la demanda, pruebas que ni siquiera fueron mencionadas por el Tribunal.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, admitió la acción de tutela instaurada contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y ordenó vincular a la directora ejecutiva deRadicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia

5 Administración Judicial y al fiscal general de la Nación , como terceros con interés. Allí también se dispuso que fueran notificados , a fin de que rindieran el informe correspondiente.

2.2. El magistrado ponente de la decisión cuestionada sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en la solicitud de amparo , por cuanto la sentencia contiene un análisis jurídico, fáctico y probatorio del debate propuesto.

Respecto de la violación del artículo 328 del CGP, afirmó que , aunque «es cierto que por regla general, la competencia del superior está delimitada por los motivos de inconformidad plasmados en la apelación», dicha premisa no es absoluta, pues, excepcionalmente, el juez puede pronunciarse sobre u n aspecto de la apelación cuando «sea manifiestamente contrario a la ley» o se afecte el patrimonio público

de inconformidad plasmados en la apelación», dicha premisa no es absoluta, pues, excepcionalmente, el juez puede pronunciarse sobre u n aspecto de la apelación cuando «sea manifiestamente contrario a la ley» o se afecte el patrimonio público «(como reconocer perjuicios a quien no tiene derecho o en cuantía superior a la prevista en la ley o la jurisprudencia […])»; además, si se impugna un aspecto global de la sentencia, el juez de segunda instancia está facultado para revisar todo aquello que esté intrínsecamente relacionado con el recurso.

2.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó ser desvinculada del trámite de la tutela, por considerar que no tiene injerencia en ninguna de las decisiones tomadas por las autoridades judiciales.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 5 de diciembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo.

En síntesis, e l a quo sostuvo que la tutela no cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia quedó ejecutoriada el 2 de mayo de 2022, mientras que la tutela se radicó el 9 de noviembre de 2022, esto es, 6 meses y 7 días después.

Precisó que, aun cuando la parte actora pidió la corrección de la sentencia, el 29 de abril de 2022 , esto es, «después de su ejecutoria», los reparos de la tutela se refieren a la revocatoria de los perjuicios morales que fueron reconocidos en la primera instancia, al igual que a la disminución de los montos indemnizables, y no

de abril de 2022 , esto es, «después de su ejecutoria», los reparos de la tutela se refieren a la revocatoria de los perjuicios morales que fueron reconocidos en la primera instancia, al igual que a la disminución de los montos indemnizables, y no a la omisión en la enunciación de dos de los demandantes que fue lo solicitado en la corrección. Por ende, adujo, para efectos de la inmediatez e s relevante la ejecutoria de la sentencia y no la del auto que la corrigió.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia

6

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión , con fundamento en que sí se cumplió el requisito de inmediatez, puesto que la sentencia objeto de la pretensión de amparo fue notificada el 25 de abril de 2022 y el 29 de abril siguiente se solicitó su corrección, la cual fue resuelta en auto del 31 de mayo de 2022, notificado el 8 de julio de 2022. De modo que, en su criterio, a partir de la ejecutoria de esa última decisión es que se cuenta el plazo razonable de seis meses para la interposición de la demanda de tutela.

Agregó que, el 14 de sept iembre de 2022, la parte actora presentó una acción de tutela que se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-04958-00, proceso en el que se dictó fallo el 21 de octubre de 222, notificado el 3 de noviembre siguiente; mediante el cual se declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la

el que se dictó fallo el 21 de octubre de 222, notificado el 3 de noviembre siguiente; mediante el cual se declaró improcedente el amparo por falta de legitimación en la causa por activa, to da vez que no se aportaron lo poderes otorgados por los accionantes, situación que también debía ser considerada para analizar la razonabilidad del plazo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 5 de diciembre de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación , se examinará si el a quo acertó al considerar incumplido el requisito de inmediatez. De darse una respuesta positiva, habrá de confirmarse la decisión por las mismas razones ; en caso contrario, se analizarán los demás requisitos generales de procedencia y, solo en el evento de que se cumplan, se definirá si deben ampararse o no los derechos fundamentales, previo análisis de los defectos procedimental, de violación directa de la Constitución y fáctico atribuidos a la sentencia que definió el proceso de reparación directa con radicado 13001-33-33-007-2015-00505-01.

2. Análisis de la SalaRadicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia 7 2.1. De la Inmediatez

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia 7 2.1. De la Inmediatez

El requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros « que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable»3; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella4; y previene el abuso del derecho, al « evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»5.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general « un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»6.

Para esta Subsección 7 , se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión 8, en los casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasi ón del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes,

casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasi ón del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente improcedentes,

3 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T890 de 2006, T -905 de 2006, T -1009 de 2006, T -1084 de 2006, T -825 de 2007, T -299 de 2009, T691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras. 6 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-0315-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.

7 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo. 8 El artículo 302 del CGP establece que «[l]as providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean profe ridas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuel va los interpuestos».Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia 8 pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitu des podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.

Hechas estas precisiones, la Sala advierte que no comparte el razonamiento del a quo, en cuanto afirmó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, pues, tal y como lo sostiene la parte actora en el escrito de impugnación, la sentencia objeto de tutela, dictada el 18 de marzo de 2022, se notificó el 25 de

inmediatez, pues, tal y como lo sostiene la parte actora en el escrito de impugnación, la sentencia objeto de tutela, dictada el 18 de marzo de 2022, se notificó el 25 de abril de ese mismo año y el 29 de abril siguiente, esto es, dentro del término de ejecutoria —y no por fuera de este , como se afirma en la nota de pie página 9 del fallo de primer grado — la parte actora solicitó su corrección, la cual fue definida favorablemente en providencia del 31 de mayo de 2022, notificada el 8 de julio de l mismo año.

Así pues, dado que dentro del término de ejecutoria de la sentencia se elevó una solicitud de corrección, en criterio de esta Sala, estamos en presencia de uno de los eventos en los cuales el plazo razonable se cuenta con fundamento en la solicitud adicional y posterior a la providencia, en tanto que la misma sí tiene relación con la cuestión litigiosa, al punto que la parte resolutiva omitió de manera inicial incluir a dos de los demandantes, a quienes, de hecho, se les redujo el perjuicio moral y cuya decisión también ha sido atacada en sede constitucional.

De suerte que, ante la diligencia de la parte demandante de solicitar la corrección de la sentencia tan pronto le fue notificada, no resulta acertado desligar ese hecho y la corrección para establecer que se trata de decisiones diferentes , cuando la sentencia es una sola y la parte actora que es un solo extremo procesal se integra por diversas personas todas las cuales se mostraron agraviadas con la decisión.

Como la providencia que corrigió la sentencia se notificó el 8 de julio de 2022 y la demanda de tutela se radicó el 9 de noviembre de 2022, es claro que se hizo dentro

Como la providencia que corrigió la sentencia se notificó el 8 de julio de 2022 y la demanda de tutela se radicó el 9 de noviembre de 2022, es claro que se hizo dentro del plazo razonable, pues no transcurrieron más de seis meses entre uno y otro suceso.

En consecuencia, la Sala tiene por satisfecho el requisito de inmediatez y procederá a analizar los demás presupuestos generales de procedencia de la tutela. De acreditarse, como se anticipó, examinará de fondo los defectos alegados.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia 9 2.2. Requisitos generales de procedibilidad restantes

2.2.1 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

Conviene precisar que , si bien el 14 de septiembre de 2022 el apoderado de los accionantes interpuso acción de tutela (rad. 11001-03-15-000-2022-04958-00), aquella se declaró improcedente por falta de legitimación en la causa por activa, dado que el apoderado no aportó los respectivos poderes para ejercer dicho mecanismo constitucional.

Por ende, esa decisión no hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y material frente a los aquí demandantes en torno al debate de fondo, razón por la cual es procedente continuar con el examen de los demás presupuestos, toda vez que, además, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva.

2.2.2. La subsidiariedad9

procedente continuar con el examen de los demás presupuestos, toda vez que, además, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva.

2.2.2. La subsidiariedad9

En la demanda de tutela se afirma que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en violación directa de la Constitución y en un defecto procedimental absoluto, porque desconoció los límites competenciales fijados en el artículo 32810 de la Ley 1564 de 2012, por cuanto al desatar el recurso de apelación abordó temas que no fueron objeto de reparos por el apelante único, al punto de que redujo el valor de la condena en favor de los demandantes y negó a los señores Ronald y Bertha Ravelo Galván los perjuicios morales que les fueron reconocidos en la sentencia de primera instancia.

9 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e). 10 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere

decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en raz ón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.Radicación: 11001-03-15-000-2022-05946-01

Demandante: Keny Galván Morales y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Sentencia de tutela de segunda instancia

10 Pues bien, cuando se acusa una sentencia de decidir aspectos ajenos al debate judicial y, particularmente, de que en la alzada el superior resolvió sobre temas que no fueron propuestas por el apelante único y que tampoco se encuentran dentro de los casos autorizados en la ley, estamos frente a un típico escenario propio de la congruencia, pues en las decisiones ultra y extra petita se concede más de lo pedido o se resuelve sobre elementos diferentes a los que demarcan el thema decidendum.

De manera que, si en criterio del demandante hubo exceso en el ejercicio de la competencia del Tribunal para resolver la apelación de la sentencia nos encontramos en el terreno de la congruencia, y para discutir el desconocimiento de esta máxima, los demandantes cuentan con el recurso extraordinario de re visión

competencia del Tribunal para resolver la apelación de la sentencia nos encontramos en el terreno de la congruencia, y para discutir el desconocimiento de esta máxima, los demandantes cuentan con el recurso extraordinario de re visión previsto en el artículo 24811 de la Ley 1437 de 2011, específicamente bajo la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», que incluye el vicio por incongruencia, según lo ha definido esta Corporación. En ese sentido, la Sala Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo señaló:

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia.

[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le c ondena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronun cia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que

desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

11 «Artículo 248. Procedencia. El