CE - 110010315000202205950011SENTENCIA20230228095814

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 15 de diciembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

I. ANTECEDENTES

La solicitud

en forma digital.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial , porque, a su juicio, al proferir la providencia judicial de 24 de agosto de 202 2, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 680011102000201700473-01, vulner ó sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, el 3 de abril de 2017, el señor Eric Alain Bertossa presentó una queja disciplinaria en su contra, por lo cual en audiencia le fueron imputados los siguientes cargos: i) numeral 4.° del artículo 35 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20072, toda vez que no entregó unas sumas de dinero que eran de su cliente; ii) numeral 1 .° del artículo 37 de la Ley 1123, porque no adelantó los trámites de gestión de la cédula de extranjería del quejoso ante la Unidad Administrativa de Migración Colombia; iii) numeral 9 .° del artículo 33 de la norma de la referencia, por elaborar un contrato que no era real en detrimento de intereses ajenos ; iv) numeral 8.° del artículo 28 y numeral 1.° del artículo 35 de la Ley 1123, comoquiera

por elaborar un contrato que no era real en detrimento de intereses ajenos ; iv) numeral 8.° del artículo 28 y numeral 1.° del artículo 35 de la Ley 1123, comoquiera que realizó un cobro excesivo de unos honorarios; y v) numeral 10.° del artículo 28 y numeral 1.° del artículo 37 de la ley mencionada supra, en la medida en que se limitó a presentar la denuncia penal por hurto, pero no estuvo atento a su trámite.

4. Indicó que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander3, mediante sentencia de 30 de octubre de 2020, lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la

2 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”. 3 Actualmente Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

profesión por tres años y le impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. Manifestó que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , mediante

sentencia de 24 de agosto de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2020, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado LEONARDO HERRERA ANA YA, por las faltas establecidas en los artículos 35

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado LEONARDO HERRERA ANA YA, por las faltas establecidas en los artículos 35 numerales 1 y 4, 37 numeral 1 y 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar:

1. DECRETAR la terminación del procedimiento en favor del abogado HERRERA ANAYA, en relación con las faltas previstas en los artículos 37 numeral 1. 33 numeral 9 y 35 numeral 1 –atribuida en concursode la Ley 1123 de 2007 (cargos segundo, tercero y cuarto). Por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria por la violación del deber contenido en el artículo 28 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, y la comisión de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4 ibidem, respectivamente.

3. IMPONER como sanción definitiva, un (1) año de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las consideraciones de esta sentencia […]”.

5.1. La Comisión, como fundamento de su decisión, consideró lo siguiente:

“[…] Cualquier irregularidad que se pretenda imputar se encontraría prescrita, debido a que hasta esa data el profesional hubiese podido actuar ante la Unidad Administrativa de Migración Colombia, y desde la misma a hoy, han transcurrido más de (5) años –se configuró el 9 de junio de 2021sin que se adopte decisión definitiva

a que hasta esa data el profesional hubiese podido actuar ante la Unidad Administrativa de Migración Colombia, y desde la misma a hoy, han transcurrido más de (5) años –se configuró el 9 de junio de 2021sin que se adopte decisión definitiva en el presente asunto, siendo procedente decretar la extinción de la acción disciplinaria, conforme lo establece el del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 […]”.

[…]

“[…] En estricto apego a la imputación fáctico -jurídica declarada por la primera instancia, el momento temporal se remonta al 8 de octubre de 2015, lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, permite afirmar que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, toda vez que desde el día de su consumación ya han transcurrido más de (5) años, y en consecuencia, resulta procedente disponer la terminación del procedimiento ante el acaecimiento del citado fenómeno procesal (Arts. 24 y 103 de la Ley 1123 de 2007)” […]”.

[…]

“[…] Resultarán aplicables en este caso los artículos 23 numeral 2 y 24 de la Ley 1123 de 2007, dando lugar a decretar la terminación del procedimiento en favor del abogado LEONARDO HERRERA ANAYA, frente a la falta prevista en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, atribuida en concurso”.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

[…]

“[…] para esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial está debidamente probado en el dossier, que el abogado no entregó en la menor brevedad posible a quien

Actor: Leonardo Herrera Amaya

[…]

“[…] para esta Comisión Nacional de Disciplina Judicial está debidamente probado en el dossier, que el abogado no entregó en la menor brevedad posible a quien correspondía, los dineros recibidos en virtud de la gestión al cliente y de esa manera, incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, debiéndose confirmar en esta decisión.

Finalmente, en punto a la dosificación de la sanción, no se accederá al petitum del defensor, de aplicar la mínima sanción de censura, pues no existen criterios de atenuación de los previstos en el artículo 45 literal b) de la Ley 1123 de 2007. Sin embargo, será modificada debido a que se ordenará la terminación de procedimiento de tres (3) faltas disciplinarias y se confirmará por una […]”.

[…]

“[…] Serán confirmados los criterios aplicados por el a -quo del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, consistentes en la trascendencia social de la conducta (numeral 1, literal A), la modalidad (numeral 2, literal A), el perjuicio causado (numeral 3, literal A), las circunstancias en que se cometió la falta (numeral 4, literal A) y los motivos determinantes del comportamiento (numeral 5, literal A) teniendo en cuenta que se trata de la comisión de una falta disciplinaria –contra la honradezcalificada a título de dolo, la cual conllevó a una defraudación económica del quejoso […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

de dolo, la cual conllevó a una defraudación económica del quejoso […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Señor Magistrado con todo respeto solicito por medio de esta acción constitucional de tutela pretendo que no sean vulnerados mis derechos Constitucionales, derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, en armonía con el principio de primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos 13, 29 229 y 228 de la Constitución Política y al Precedente Constitucional, que están siendo vulnerados en este caso por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Contra la

providencia COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL […]”.

[…]

“[…] Se REVOQUE la PROVIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIA L, SENTENCIA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL por la violación de mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, en armonía con el principio de primacía del derecho sustancial, consagrados en los artículos 13, 29 229 y 228 de la Constitución Política y al Precedente Constitucional, que están siendo vulnerados en este caso por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Contra la providencia emanada el 24 de noviembre de 2021 y notifi cada el 30 -112021 […]”.

[…]25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

2021 […]”.

[…]25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

“[…] Se tutele mi derecho fundamental al Derecho a la Defensa y al Debido Proceso.

Como consecuencia, se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela acate las normas conforme a la normatividad y la jurisprudencia Colombiana.

Que se ordene ARCHIVAR EL P ROCESO DISCIPLINARIO DE LA REFERENCIA

POR PRESCRIPCIÓN […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que la autoridad demandada incurrió en “[…] defecto sustantivo y defecto fáctico […]”. Para tal efecto, hizo referencia al contenido de los artículos 24 y 103 de la Ley 1123 de 22 de enero de 2007.

8. El actor transcribió toda la sentencia T -069 de 10 de febrero de 1999 proferida por la Corte Constitucional. A continuación, mediante un cuadro, indicó los

problemas jurídicos que se propusieron en :

• “[…] Consulta 559 de 2002 Procuraduría General de la Nación […]”. - “[…] Sentencia 948 de 2002 Corte Constitucional […]”. - “[…] Fallo 4430 de 2005 Consejo de estado […]”. - “[…] Concepto 64 de 2006 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil […]”. - “[…] Fallo 662 de 2006 Consejo de Estado […]”. - “[…] Sentencia 709 de 2010 Corte Constitucional […]”. - “[…] Fallo 1314 de 2012 Consejo de Estado […]”.

Civil […]”. - “[…] Fallo 662 de 2006 Consejo de Estado […]”. - “[…] Sentencia 709 de 2010 Corte Constitucional […]”. - “[…] Fallo 1314 de 2012 Consejo de Estado […]”. - “[…] Sentencia 282 de 2012 Corte Constitucional […]”. - “[…] Fallo 582 de 2014 Consejo de Estado […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 16 de noviembre de 2022: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente y a los magistrados integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, “[…] al presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y al señor Eric25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

Alain Bertossa […]”, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar la acción de tutela,

por las siguientes razones:

“[…] El suscrito magistrado recuerda, que el tipo disciplinario consistente en no entregar a quien corresponda los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, por el que finalmente terminó sancionado el togado, en sus elementos normativos envuelve una conducta de ejecución permanente, cuya comisión cesa cuando se

entregar a quien corresponda los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional, por el que finalmente terminó sancionado el togado, en sus elementos normativos envuelve una conducta de ejecución permanente, cuya comisión cesa cuando se perfecciona o verifica la entrega de lo que el abogado está obligado y mantiene en su poder.

En efecto, la falta del numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, va de la mano a manera de correlato, con el deber que impone a todos los abogados de obrar con honradez en sus relaciones profesionales, por lo que para el derecho disciplinario resulta relevante y de suyo afectante, c uando sin razón se omite la entrega de los dineros, bienes o documentos que haya recibido por virtud o con relación a una gestión profesional.

De allí que el verbo rector fundamental va inmerso en la expresión: “No entregar a quien corresponda…”, con una proyección ejecutiva que de cara al principio de acto, mantendrá la comisión de la falta mientras no se haya cumplido con el deber, independientemente que la misma conducta objeto de análisis, pueda constituir un acto de apoderamiento o apropiación indebid a, que de manera autónoma sería de eventual interés para el derecho penal como delito, y cuyo momento consumativo lógicamente no va atado al de la falta, dado el interés jurídico que cada una de estas manifestaciones del ius puniendi estatal protege […]”.

[…]

“[…] Con fundamento en lo indicado, resultaba de plano inviable decretar la prescripción de la falta a la honradez imputada al accionante -Art 35.4 C.D.A.-, pues probatoriamente se pudo establecer que recibió en virtud de la gestión profesional

“[…] Con fundamento en lo indicado, resultaba de plano inviable decretar la prescripción de la falta a la honradez imputada al accionante -Art 35.4 C.D.A.-, pues probatoriamente se pudo establecer que recibió en virtud de la gestión profesional $17.000.000,oo y no los entregó a su cliente, manteniéndolos en su poder […]”.

11. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander allegó copia del expediente digital dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 680011102000201700473-01.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

La sentencia impugnada

12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, profirió sentencia, en primera instancia, el 15 de diciembre de 2022, por medio de la cual

resolvió lo siguiente:

“[…] 1º) Declárase improcedente la acción de tutela formulada por el señor Leonardo Herrera Anaya, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De entrada, la Sala advierte en cuanto a los supuestos defectos sustantivo y fáctico que basta con remitirse al acápite de “fundamentos de la vulneración” para inferir que carecen de relevancia constitucional por cuanto la parte demandante no cumplió con la carga mínima para explicar de manera clara y suficiente las razones por las que consideró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en tales reparos, pues no precisó ni identificó cuál fue la norma presuntamente desconocida

cumplió con la carga mínima para explicar de manera clara y suficiente las razones por las que consideró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en tales reparos, pues no precisó ni identificó cuál fue la norma presuntamente desconocida o aplicada erróneamente, así como tampoco indicó cuales fueron las pruebas que se omitieron valorar o se valoraron de manera incorrecta, lo cual torna improcedente este mecanismo constitucional […]”.

[…]

“[…] Cuando se trata de tutela contra providencias judiciales se requiere que se satisfaga un mínimo de argumentación para que se justifique un estudio de fondo del asunto, sin embargo, en este caso, esa carga no se cumplió en relación con los defectos invocados, pues, como se indicó en precedencia, la parte actora se limitó a transcribir una providen cia de la Corte Constitucional en la cual se ampararon los derechos de la parte actora porque la demandada no se pronunció frente a los argumentos relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria, pero no precisó concretamente los motivos por lo s que consideró que se causaron los defectos o que el caso expuesto en esa providencia guardaba similitud con el suyo para que el juez de tutela pudiera cotejarla y establecer si en efecto la autoridad judicial accionada incurrió en una causal especifica de procedibilidad […].

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado . Para tal efecto, reiteró lo expuesto en el escrito de

tutela y manifestó lo siguiente:

“[…] Inexplicablemente se observa que la Sala que hizo parte de la decisión,

Tercera del Consejo de Estado . Para tal efecto, reiteró lo expuesto en el escrito de tutela y manifestó lo siguiente:

“[…] Inexplicablemente se observa que la Sala que hizo parte de la decisión, desconoció el Artículo 28 de la Constitución Política y el Precedente Constitucional y lo manifestado en el Artículo 24 del Código Disciplinario del Abogado Ley 1123 de 2007.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

“TRANSCRIBO LO CORRESPONDI ENTE AL ESCRITIO A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA SOLICITADO ante los señores Magistrados de la CORTE CONSTITUCIONAL. LA CUAL CON SUS ANEXOS Y PDFS HACEN PARTE DEL ACERVO PROBATORIO EL CUAL NO FUE TENIDO EN CUENTA PARA

DECRETAR LA SENTENCIA Y LA DECLARARLA IMPROCEDENTE.” […]”.

[…]

“[…] Considero que con la presente sentencia, aún no se me ha dado la protección de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, y al acceso a la administración de justicia los que fueron vulne rados por la autoridad judicial tutelada, así mismo a la legislación ley 1123 de 2007, y al desacato del precedente constitucional, toda vez que la actividad la legislación del artículo 24 de la 1123 de 2007 estaba vigente en el momento en que se profirió la sentencia de primer grado y de la misma manera el precedente constitucional, simplemente no se hizo la sumatoria por parte de los tutelados desde el año 2015 al año 2022. […]”.4

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

grado y de la misma manera el precedente constitucional, simplemente no se hizo la sumatoria por parte de los tutelados desde el año 2015 al año 2022. […]”.4

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 Transcripción literal del texto 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 Transcripción literal del texto 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad ; v) marco norm ativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad ; v) marco norm ativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó 10 como parámetros a seguir los señalados en la

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-0132825

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-0132825

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objet o de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo térmi no, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

generales y, en segundo térmi no, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidado sa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 14, al referirse al requisito general de relevancia constitucional,

consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 15]; por otro, evita q ue la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

14 Ut supra página 6. [15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”25

Núm. único de radicación: 110010315000202205950-01

Actor: Leonardo Herrera Amaya

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que